De La Jornada
Caso Alberto Patishtán
Masacre de Simojovel
Crónica de una matanza de policías (casi) olvidada
Siete uniformados fueron emboscados y asesinados el 12 de junio de 2000
Se acusó al EPR, a paramilitares y a zapatistas
Una semana después se detuvo al profesor Alberto Patishtán
El indígena Salvador López fue culpado también por la PGJE
Un anciano camina por las calles del municipio El Bosque, en Chiapas,
de donde es originario el profesor Alberto Patishtán GómezFoto Moysés Zúñiga Santiago
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Sábado 23 de marzo de 2013, p. 2
Sábado 23 de marzo de 2013, p. 2
San Cristóbal de las Casas, Chis. 22 de marzo.
La notoriedad alcanzada por la lucha de Alberto Patishtán Gómez para
conseguir su libertad ha impedido que el crimen que dio origen a su
personal desgracia de 12 años en prisión (y 48 más que le faltan, según
su sentencia) fuera olvidado, lo cual de seguro contraría a muchas
autoridades, al menos estatales, desde 2000 hasta el presente, tras
cuatro gobernadores de, literalmente, todos los partidos. ¿Qué sucedió
la mañana del 12 de junio de 2000 en el paraje Las Lagunas de Las Limas,
Simojovel? ¿Cuál pudo ser el móvil de los perpetradores? ¿Qué estaba
sucediendo ahí por esos días?
El asesinato de siete policías –el comandante estatal Francisco Pérez
Morales, cinco agentes bajo sus órdenes y el comandante municipal de El
Bosque, Alejandro Pérez Cruz–, representaba un hecho de enorme
gravedad. Hoy tal vez nos hemos acostumbrado a noticias de ese calibre,
pero en ese entonces, incluso para el Chiapas militarizado y
paramilitarizado, resultaba extraordinario. Ocupó por supuesto todos los
titulares periodísticos del día siguiente.
En tres semanas más se celebrarían los comicios en los que el PRI
habría de perder la Presidencia, y en agosto la gubernatura. El
presidente Ernesto Zedillo, histórica y personalmente involucrado con el
desarrollo de la guerra contra los indígenas de Chiapas, en general, y
de los de El Bosque, en particular, se disponía a visitar la entidad el
martes 13 para inaugurar una carretera en la selva Lacandona, pero
suspendió la gira. El candidato priísta a gobernador, Sami David, hizo
lo propio. El Ejército federal envió centenares de efectivos, ocupó el
lugar de la emboscada, la cabecera municipal, los caminos, e incursionó
enseguida en las comunidades zapatistas. Sin embargo, la primera
hipótesis de la Secretaría de la Defensa Nacional fue que podía tratarse
de
una célula del Ejército Popular Revolucionario (EPR)(La Jornada 13/06/2000), algo que sorprendió pues ni entonces, ni nunca, éste tuvo presencia en la zona.
Más creíble pareció la hipótesis, el mismo día, de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), esa sí con
presencia histórica en la región: pudieron ser
paramilitares del Mira(aunque visto en perspectiva, el grupo paramilitar en El Bosque, temible y letal, era conocido como Los Plátanos por el nombre de la comunidad donde se asentaban, junto con policías judiciales, desde donde habían salido el 10 de junio de 1998 para participar en la masacre de zapatistas en Unión Progreso; en Los Plátanos, este reportero presenció, meses antes de la emboscada, una
quema mediáticade plantíos de mariguana con la pretensión, a la postre fallida, de culpar al EZLN).
La policía federal habló inicialmente de narcotraficantes; no era
ningún secreto el trasiego de mariguana procedente de Huitiupán.
La masacre fue un lunes. El sábado previo los zapatistas habían
conmemorado el segundo aniversario de la ocurrida en Unión Progreso y
Chavajeval y el encarcelamiento de las autoridades autónomas de San Juan
de la Libertad. Diego Cadenas, entonces joven abogado del Frayba,
declaró a La Jornada el día de la emboscada que ese 10 de
junio, cuando viajaba a Unión Progreso para participar en los actos
religiosos por el segundo aniversario de la masacre de 1998, en los
retenes militares de Puerto Caté y San Andrés Larráinzar los militares
le dijeron que estaban
suspendidas las garantías individuales. No era sí.
Dos días después, un comando de entre 10 y 15 individuos, con
parapetos construidos y armas de alto poder, emboscó eficazmente la pick up
verde oscuro en que se trasladaban, procedentes de Simojovel, ocho
policías y el chofer oficial del ayuntamiento de El Bosque, menor de
edad e hijo del alcalde Manuel Gómez Ruiz. Gravemente heridos, el joven
Rosemberg Gómez Pérez, quien conducía el vehículo con los dos
comandantes en la cabina, y el agente de Seguridad Pública Belisario
Gómez Pérez en la góndola con sus compañeros de corporación, habrían
sido dados por muertos por los atacantes, y al sobrevivir devendrían los
únicos testigos presenciales.
La Jornada informaba también que en lo que iba de 2000, esta era
la octava emboscada; los ataques ya habían dejado 20 muertos y un número igual de lesionados. Los policías caídos en Las Lagunas fueron Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodríguez Félix, Arbey Vázquez Gómez y Francisco Pérez Mendoza. Dos de ellos todavía hoy son recordados por sendas cruces de cemento en la curva donde fueron acribillados. Se contaron 85 impactos de AK-47 y R-15.
El EZLN se deslinda e investiga
Al día siguiente de la emboscada, el Comité Clandestino
Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN se pronunció con
un breve comunicado: “De acuerdo con los datos, el ataque fue realizado
con tácticas de narcotraficantes, paramilitares o militares. El uso del
llamado ‘tiro de gracia’ es recurrente en estos grupos armados. El
ataque se realizó en una zona saturada de tropas gubernamentales
(Ejército y policía), en la que es muy difícil que se pueda movilizar un
grupo armado sin ser detectado y sin la complicidad de las autoridades.
El grupo atacante contaba con información privilegiada sobre los
movimientos y número de personas emboscadas. Dicha información sólo
podría ser obtenida por gente del gobierno o cercana a él”.
La comandancia rebelde señalaba: “El EZLN está investigando para
esclarecer la identidad y motivos del grupo atacante. Todo apunta a que
fueron del gobierno (o con el auspicio gubernamental) las personas que
realizaron la agresión, ya que así tendrían el pretexto para aumentar la
militarización en Chiapas, y para justificar el ataque a comunidades
zapatistas o al EZLN. Es de notar que este hecho refuerza el clima de
inestabilidad con el que amenaza el candidato oficial si no gana.
Franca provocación o no, el hecho violento es ya un argumento para aumentar la presencia militar en todo el estado, incluso en zonas muy alejadas del lugar de la agresión, añade el comunicado (13/6/2000), detallando que
en las últimas horas se han reforzado aún más los cuarteles federales de Guadalupe Tepeyac, en Las Margaritas; Cuxuljá, en Ocosingo; Caté, en El Bosque, y las cabeceras municipales de Simojovel y El Bosque. Así mismo se ha incrementado el número de aeronaves artilladas y de sus sobrevuelos en las zonas Altos, selva y norte. Y finalmente,
el EZLN se deslinda de este acto y hace un llamado a la opinión pública para que no se deje engañar.
La captura de Patishtán
No obstante, el gobierno estatal de Roberto Albores
Guillén, a través de su procurador Eduardo Montoya Liévano, impulsó
enseguida la hipótesis de que los atacantes pudieron ser zapatistas, en
presunta venganza por la masacre contra ellos ordenada por el propio
Albores Guillén dos años atrás, aunque tambien reconoce que pudieron ser
asaltantes. El convoy atacado, se dijo, patrullaba para
combatir gavilleros.
Alberto Patishtán Gómez durante una revisión médica en el Hospital de
La Vida, en septiembre de 2012. El profesor indígena se encuentra preso
en el penal número 5 de San Cristóbal de las CasasFoto Moysés Zúñiga Santiago
El senador Carlos Payán Velver, miembro de la Cocopa, propuso
que la instancia legislativa viajara a la entidad, pues la situación era
grave y crítica. El diputado Gilberto López y Rivas, también de la Cocopa, señaló que aquello tenía visos de
una provocación de los paramilitares que se fomentan desde el gobierno mismo del estado(La Jornada 14/6/2000).
En la misma fecha, Víctor Manuel Pérez López, dirigente de la CIOAC,
reveló que el gobierno de Chiapas armó y financió en 1997 a
disidentes del Partido del Trabajopara combatir al fugaz gobierno municipal de dicho partido y la CIOAC.
Cualquiera en la zona sabe quiénes son, dijo, y que
una vez cumplido el objetivode devolver al PRI la alcaldía, estos
se dedicaron al asalto y el narcotráfico. Actúan, añadió,
en completa impunidad, en pleno día, aun cuando militares y policías realizan patrullajes frecuentes.
Para entonces, en dos emboscadas previas, habían sido asesinadas cuatro personas, según la CIOAC
bases zapatistas. El 13 de enero, en el camino a Chavajeval, fue asesinado Martín Sánchez Hernández por encapuchados fuertemente armados, y luego, el primero de febrero, Rodolfo Gómez Ruiz, Lorenzo Pérez Hernández y Martín Gómez. Todos tzotziles.
Diputados del PRD y el PAN acusaron de negligencia al secretario de
Gobierno Mario Lescieur Talavera, y dijeron que la emboscada serviría de
pretexto para el arribo de más elementos de la Policía Federal
Preventiva. Los tanques, helicópteros y artillería del Ejército federal
ya habían llegado.
El episodio se salía de cauce. Urgía un control de daños. El gobierno
creyó lograrlo, así que el presidente Zedillo pudo viajar el 19 de
junio a Marqués de Comillas para inaugurar su carretera. Ese mismo día,
en la cabecera municipal de El Bosque, el Ejército y la PFP capturaron,
sin mostrar orden de aprehensión, al maestro Alberto Patishtán Gómez. Un
grupo de pobladores, identificados como miembros del PRI,
visiblemente conmocionados(La Jornada, 20/6/2000), solicitaron la intervención del Congreso estatal, sostuvieron que el detenido era inocente,
se deslindaron de los hechos violentos del 12 de junio, y argumentaron no estar armados ni pertenecer a ningún grupo paramilitar. No les hicieron caso, antes bien los amenazaron.
Patishtán permaneció un mes ilegalmente
arraigadoen el hotel Safari de Tuxtla Gutiérrez. Sus familiares, amigos y correligionarios ocuparon la presidencia municipal y demandaron la liberación del profesor. Ni siquiera su propio partido los respaldó. Y no sólo eso. El entonces diputado priísta Ramiro Miceli Maza, compadre del alcalde, o sea padrino de bautizo del joven Rosemberg, resultó pieza clave para amedrentarlos e inculpar al maestro y líder comunitario, quien terminó encarcelado en el penal de Cerro Hueco.
También aquel 19 de junio, al pronunciarse respecto a los inminentes comicios del 3 de julio de 2000, el subcomandante Marcos
escribió: “Mientras tanto, acá estamos temblando. Y no porque el
‘croquetas’ Albores haya contratado al Alazraki para que le ‘levante’ su
imagen (probablemente Albores ya busca chamba en la promoción de
alimento para perros), ni por los seiscientos mil dólares que le va a
pagar (con dinero destinado originalmente a ‘resolver las condiciones de
pobreza y marginación de los indígenas chiapanecos’, Zedillo dixit).
Tampoco por los ladridos del ‘cachorro’ Montoya Liévano (más que ahora
está nervioso porque ya se está descubriendo que fueron sus ‘muchachos’
–es decir, sus paramilitares– los responsables del ataque a la Seguridad
Pública en El Bosque, el pasado 12 de junio). No, estamos temblando
porque estamos empapados por la lluvia. Y es que, entre helicópteros y
tormentas, no encuentra uno buen techo”.
Ahora contra los zapatistas
El 10 de julio siguiente, pasados los comicios federales,
un mes después de la emboscada, la policía estatal detuvo en Bochil a
dos bases de apoyo del EZLN residentes de Unión Progreso, acusándolos de
participar en el crimen. Ello, aunque la Procuraduría General de la
República sostenía que los atacantes habían sido un grupo de priístas
disidentes, entre ellos Patishtán; estos cruzaban acusaciones con el
alcalde Manuel Gómez Pérez, a quien impugnaban desde meses atrás por su
escandalosa corrupción.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tenía sus propias líneas de investigación.
Recurriendo a la policía destacada en Los Plátanos, que sabe de eso, las autoridades sembraron magras evidencias de delito en dos indígenas de Unión Progreso(La Jornada, 15/7/2000). Uno de ellos, Salvador López González, torturado e interrogado sin traductor, firmó una declaración inculpatoria ad hoc y fue encarcelado. En prisión se encontró con su coacusado: Patishtán. Sin conocerse siquiera, ambos cargaron con todo el peso de la emboscada.
La Jornada informó desde Unión Progreso: “El destacamento
policiaco que detuvo a los zapatistas ha tenido a la vista, durante
largo tiempo, los cultivos de mariguana que hay en Los Plátanos. La
violencia interna en esa población, controlada por un conocido grupo
paramilitar, ha servido siempre de pretexto para acusar y atacar a los
vecinos zapatistas. Según el representante de Unión Progreso, ‘nos
acusan de lo que ellos hacen’. El Ejército federal ha ingresado a Los
Plátanos para destruir estos plantíos, los únicos detectados en la
región. Al menos en dos ocasiones, aunque sin detenidos”.
Salvador y su hermano Manuel
fueron agarradosel 10 de julio; sus familiares declararon:
Los de Seguridad Pública (SP) los golpearon, descalzaron y desnudaron, y dejaron inconciente a Salvador. Con los detenidos se encontraban un niño (
que lloraba mucho) y un adolescente, quienes
vinieron a avisar que a los compañeros se los habían llevado.
Como los captores no eran de Bochil sino de El Bosque,
alquilaron la cárcel un rato. Enseguida los detenidos fueron remitidos a Cerro Hueco.
Los de la SP les pusieron un puñito de mariguana y un puñito de balay les robaron 28 cajas de refrescos. Manuel sería pronto liberado.
Exactamente un mes atrás, el 10 de junio, horas antes de la matanza
de policías, la SP acantonada en Los Plátanos interceptó una camioneta
de Unión Progreso. El chofer era el mismo Salvador.
Lo interrogaron sobre una lista de nombres. Desde entonces querían culpar a los compañeros, declaró un representante de su comunidad:
No sabemos cuántos están en la lista. A lo mejor estamos acusados todos. (Curiosamente, casi con las mismas palabras habían expresado su respectivo temor los correligionarios de Patishtán cuando éste fue detenido).
Con dos chivos expiatorios tan disímbolos como Alberto y Salvador, el caso comenzaba a ser
resuelto, o al menos olvidado por los medios nacionales.
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