De La Jornada-Editorial
Tras una larga sesión
que se prolongó hasta la madrugada de ayer, la Cámara de Diputados
aprobó el paquete de reformas constitucionales en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión elaboradas conjuntamente por la
Presidencia de la República y los tres principales partidos políticos
con representación en el Congreso....
Es de saludar el hecho de que en el dictamen aprobado no hayan
prosperado las presiones ejercidas por las televisoras para eludir
algunas de las condiciones de mayor apertura y competitividad que se
derivan de la reforma. Particularmente improcedente habría sido que se
aceptara la pretensión de excluir a los sistemas de televisión satelital
de la obligación de retransmitir gratuitamente las señales de
televisión abierta –como lo planteaba una reserva formulada por el
diputado priísta Héctor Gutiérrez de la Garza–, medida que habría
representado una ventaja para el grupo Televisa y sus empresas filiales
frente a sus competidoras. Otro acierto de los legisladores es la
inclusión de criterios para identificar actores dominantes en el ámbito
de las señales radiodifundidas, habida cuenta que los incluidos en el
dictamen original aplicaban exclusivamente para el terreno de las
telecomunicaciones y hacían que la ley pareciera un traje a la medida
para limitar a las compañías de Carlos Slim y favorecer, de esa manera, a
los consorcios de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
No obstante esos avances, la reforma reviste aspectos criticables
tanto en la forma como en el fondo. Entre los primeros, es de señalar
que durante el proceso de negociación se pudo observar una suplantación
de la discusión parlamentaria por el llamado Pacto por México: en
efecto, la aprobación de una veintena de reservas al dictamen final fue
previamente acordada por representantes de los tres principales partidos
políticos, lo que hizo de su presentación en el pleno y el subsecuente
debate meros formalismos. En contraste, durante la sesión legislativa
fue notorio el rechazo de la mayoría integrada por priístas, panistas y
perredistas a las reservas formuladas por las fuerzas políticas no
pertenecientes al Pacto por México, muchas de las cuales ni siquiera
fueron debatidas. Tal dinámica no es una buena señal de cara a los
procesos de discusión legislativa venideros en materia energética y
fiscal.
En lo sustantivo, la reforma mantiene un acento claramente
mercantilista y de apertura indiscriminada de mercados, lo que no
necesariamente garantiza la diversificación y la democratización de los
medios de comunicación. Tal como fue aprobada, la reforma en
telecomunicaciones priva de condiciones favorables para el acceso a
concesiones de radio y televisión a actores no empresariales –que
resultan, en consecuencia, poco competitivos en términos comerciales,
pero relevantes en el ámbito social– como las universidades, los
gobiernos estatales y municipales y las comunidades indígenas. En el
caso de estas últimas fue particularmente manifiesta la oposición de las
fuerzas partidistas a reconocer en la ley su derecho a acceder a las
distintas tecnologías de radiodifusión, así como la obligación del
Estado para garantizar que esas señales sean usadas para fomentar el
respeto
de los valores del pluriculturalismo, plurilingüismo y multietnicidad.
No menos grave es que en el dictamen avalado en San Lázaro se haya eliminado el
derecho de las audiencias–contemplado en el artículo 6 del proyecto original y referido a aspectos como el derecho de réplica y la participación ciudadana en los contenidos de los medios públicos–, decisión que resulta inconsistente con la afirmación de que el fin último de esta reforma es el beneficio de los ciudadanos.
El mayor riesgo que se corre con la aprobación de estas
modificaciones constitucionales es que terminen por ser un vehículo para
el reacomodo de los poderes oligárquicos que controlan hoy el ámbito de
las telecomunicaciones, pero no para una verdadera apertura y
competencia en ese sector. Es necesario demandar que en los tramos
faltantes del proceso legislativo correspondiente –la discusión en el
Senado de la República y la elaboración de las leyes secundarias– estas y
otras fallas se atiendan y corrijan.
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