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La tensión vuelve a Guerrero en vísperas de nueva jornada de protestas por los 43
febrero 25,
México, 25 feb (EFE).- El choque entre maestros y policías en el
puerto de Acapulco, que dejó un muerto y una docena de heridos, subió la
tensión en el estado de Guerrero en vísperas de una nueva jornada de
protestas por la desaparición de 43 estudiantes hace cinco meses.
El maestro jubilado que falleció a causa de los incidentes de este
martes es Claudio Castillo Peña, de 65 años, tenía una discapacidad para
caminar, informó a Efe el abogado de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales.
“Fue golpeado salvajemente por la Policía y eso provocó su muerte”,
dijo el letrado, quien es uno de los promotores de la movilización del
jueves en la capital mexicana para conmemorar cinco meses de la
desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros en
Iguala.
Consideró que “hubo un uso irracional y excesivo de las fuerzas
policiacas” durante la protesta que realizaron integrantes de la
Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero
(Ceteg) cerca del aeropuerto de Acapulco. “No había necesidad de
asesinar a una persona; ellos ya tenían controlada la situación”,
expresó.
Rosales también informó que de 106 personas que fueron detenidas en
la noche del martes en el choque entre los maestros y policías, 99
fueron liberadas en las últimas horas.
La muerte del maestro caldeó los ánimos de la Ceteg, que este
miércoles realizó por varias horas una toma de la Autopista del Sol, que
comunica la capital mexicana con Acapulco, para condenar la muerte de
Castillo.
Ayer martes, después de un bloqueo de varias horas de la vía que
conduce hacia el aeropuerto de Acapulco por parte de integrantes de la
Ceteg, y de un infructuoso diálogo con las autoridades, un grupo de
manifestantes impactó un autobús contra la valla de agentes federales
que resguardaban el acceso a la terminal aérea.
Manuel Salvador Rosas, integrante de la Ceteg, dijo en entrevista con Radio Formula
que el sindicato se deslinda “totalmente de ese camión que llegó a
embestir no sólo a los cuerpos de granaderos de la Policía Federal, sino
a las compañeras que se encontraban haciendo la valla para evitar caer
en provocaciones”.
Los agentes respondieron a la agresión con el uso de toletes y gas
lacrimógeno contra los manifestantes, lo que derivó en un enfrentamiento
en el que los maestros utilizaron palos, tubos y piedras.
Los incidentes de Guerrero se registraron cuando están por cumplirse
cinco meses de la desaparición de 43 estudiantes a manos, según
investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), de
autoridades corruptas y el cártel Guerreros Unidos el 26 de septiembre
del año pasado en el municipio de Iguala.
Familiares de las víctimas realizarán en la capital mexicana una
marcha que partirá este jueves a las 16:00 horas desde el Ángel de la
Independencia hacia la casa Presidencial de Los Pinos.
Rosales indicó que la intención es que se reproduzca el acto en todas las gubernaturas estatales y los municipios del país.
Asimismo, los familiares tienen programado para el viernes en la
capital mexicana un encuentro con funcionarios del Gobierno para
coordinar el acceso a los cuarteles militares para corroborar que los
desaparecidos no se encuentren allí.
El encuentro estaba programado para este martes en Acapulco, pero fue
cancelado por el Gobierno debido a las manifestaciones en Guerrero.
“Estamos a la espera de que la reunión pueda tener lugar para poder
verificar a cuántos cuarteles se va a realizar, pero como se sabe se ha
venido posponiendo una y otra vez”, dijo Rosales.
Asimismo, dijo no saber si hay condiciones para realizar la reunión el viernes tras el enfrentamiento en Acapulco.
El Gobierno mexicano aceptó hace ya varias semanas la petición de los
familiares de que se les permitiera buscar a los jóvenes en cuarteles
militares, aunque después aclaró que el acceso sólo sería al cuartel del
27 Batallón de Infantería, en Iguala.
Los padres reclaman al Gobierno que investigue el supuesto papel del
Ejército en los hechos del 26 de septiembre, en los que también murieron
seis personas y otras 25 resultaron heridas en ataques a tiros
perpetrados por policías locales que también detuvieron a los 43 jóvenes
y presuntamente los entregaron a Guerreros Unidos.
El Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de fuerzas
federales y la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) se
ha negado a abrir una línea de investigación en ese sentido.
La PGR aseguró en enero que comprobó científicamente que los jóvenes
fueron asesinados y sus restos incinerados en un basurero por miembros
de Guerreros Unidos, pero los familiares no creen en esta versión y
mantienen su búsqueda. EFE
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