De Proceso
El sistema multipartidista construido a lo largo del siglo
pasado desapareció absorbido por la “cartelización” de los partidos
mayoritarios –apadrinada y alimentada por las grandes televisoras–: la
fusión de agrupaciones que defienden los
mismos intereses y privilegios y que gobierna en la actualidad. Pero en
esta elección aparecieron contrapesos: el surgimiento de candidatos
independientes, el fortalecimiento de Morena, la
tecnología telefónica y las redes sociales que permiten que cada
ciudadano registre y divulgue masivamente los crímenes y corruptelas de
la casta gobernante.
Nuevamente una elección intermedia
es un parteaguas (la otra fue en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría
en la Cámara de Diputados) en la historia de la democracia mexicana: El
cártel de partidos, formado por PRI, PAN, PRD y el satélite tricolor
PVEM, se resquebraja ante la emergencia de las candidaturas
independientes –particularmente para el gobierno de Nuevo León y la
alcaldía de Guadalajara– y el nacimiento de un nuevo partido (Morena)
que amenaza convertirse en la tercera fuerza política nacional.
La
historia contemporánea de México muestra que el régimen del partido
hegemónico, con diferentes etapas, duró de 1929 a 1989, cuando el PRI
ganaba (también con marcadas diferencias: en algunas ocasiones con votos
y en otras, con fraudes descarados) todas las elecciones importantes y
mantenía el control de más de 70% del Congreso.
En
1989, después de que la elección de 1988, la de Carlos Salinas de
Gortari, fue duramente cuestionada, finalmente el PRI –o mejor dicho,
Salinas de Gortari– reconoció su derrota en Baja California, primer
gobierno ganado por el blanquiazul tras medio siglo de vida.
De
1989 a 1997 se vivió la etapa del partido dominante; es decir, el PRI
mantenía la mayoría en ambas cámaras y gobernaba 29 de las 32 entidades
federativas; además de Baja California, sólo perdió Guanajuato en 1991
–este último, a través de la denominada concertacesión a un panista
distinto al que había sido el abanderado de dicho partido– y Jalisco en
1995.
De 1997 a 2007, a pesar del decepcionante
gobierno de Vicente Fox y de la ausencia de la anhelada reforma del
Estado, se vivió la ilusión de que podía transitarse hacia una
democracia pluripartidista que realmente empoderara al ciudadano.
Pero
el momento electoral que se vivió, sobre todo en la contienda de 2000,
también marcó la entronización de la televisión como el medio
indispensable para lograr el posicionamiento de un candidato y un
partido. El triunfo de Vicente Fox, candidato de la Alianza por el
Cambio, no puede explicarse sin analizar su estrategia de comunicación,
la cual le permitió que la población lo percibiera como el triunfador
del primer debate televisivo y convertir un error (su empecinamiento de
que se celebrara ese día, con la inacabable repetición de “hoy, hoy,
hoy…”) en su grito de batalla.
“Telecracia”
Conscientes
de su poder, los dueños de las empresas del duopolio televisivo lo
hicieron valer para “crear” e impulsar políticos a quienes llevaron a
ganar diversas posiciones (curules en todos los órganos legislativos,
nacional y estatales; y gobiernos municipales, estatales y hasta la
Presidencia de la República) que les permitieron lograr la aprobación de
la llamada Ley Televisa y canalizar cuantiosos recursos de las arcas
públicas (de todas las instancias de gobierno: municipios, estados,
federación y grupos parlamentarios) a las cuentas de las televisoras,
por el pago de promocionales y publicidad encubierta en todo tipo de
espacios.
La contienda electoral de 2006 dejó clara la
presencia de dos proyectos alternativos de nación: uno, abanderado por
el candidato panista, Felipe Calderón, que básicamente postulaba la
prolongación de las políticas neoliberales vigentes desde mediados de
los ochenta; y otro, del candidato de la Coalición por el Bien de Todos,
Andrés Manuel López Obrador, que reivindicaba la universalización de
algunas políticas sociales y la revisión de la política económica.
La
presencia de las dos opciones polarizó la contienda y al país, que
prácticamente se dividió en dos (norte-sur, pobres-ricos,
panistas-perredistas) y provocó la cuestionable y preocupada
participación de empresarios, cámaras empresariales y organizaciones
sociales corporativas, que en muchos casos sintieron amenazados sus
privilegios y prebendas.
La intromisión del presidente,
los empresarios, las televisoras y el sindicato oficial de maestros; el
resultado electoral que se definió por escaso medio punto porcentual
entre el primero y el segundo lugares; y la controvertida actuación de
las autoridades electorales fueron una carga que Calderón no pudo
quitarse de encima durante su mandato.
Todos estos
factores evidenciaron todavía más las limitaciones de la legislación
electoral y detonaron la primera reforma político-electoral, después de
que el PRI perdió el dominio del Congreso de la Unión y el Poder
Ejecutivo e incluso se convirtió en tercera fuerza política en 2006.
Lamentablemente
la reforma concretada en 2007, en vez de buscar ensanchar los derechos
políticos, civiles y sociales de la población mexicana o establecer
controles institucionales que permitieran acabar con las redes
clientelares y corporativas –lo lógico en un régimen que pretendía
transitar del autoritarismo a la democracia–, marcó el inicio del cártel
de partidos, los que se confabularon para cerrar el paso a nuevos
actores políticos y preservar e incrementar sus privilegios y
prerrogativas, y dejó abiertas las puertas para que todos los actores
externos que favorecieron el triunfo de Calderón recibieran sus
recompensas.
La cartelización de los partidos con
mayores preferencias electorales se concretó a partir de obligarlos a
ganarse el registro en las elecciones intermedias; incrementar
desorbitadamente el financiamiento público para ellos –pese a que la
mercadotecnia de la reforma fue su disminución–; autorregular millones
de promocionales en radio y televisión; concentrar todos los poderes en
las cúpulas directivas nacionales; cancelar o revertir la posibilidad de
las candidaturas no partidistas en las entidades federativas; y
asegurarse el control del Instituto Federal Electoral, mediante la
preservación del procedimiento que les permitía repartirse
proporcionalmente las designaciones de los consejeros electorales, de
acuerdo con su porcentaje de votación, y por consiguiente, el número de
diputados.
La mesa estaba puesta para que Televisa
proyectara a Enrique Peña Nieto a Los Pinos, y así lo concretaron en la
elección de julio de 2012. Mas la ambición les ganó. Extendieron los
impactos de su cartelización a la acción legislativa: las cúpulas
partidistas y el equipo de Peña Nieto firmaron el Pacto por México; para
efectos prácticos anularon la labor legislativa del Congreso de la
Unión y la utilizaron para votar los acuerdos tomados previamente en la
mesa de negociación, aunque eso significara un alto costo para el
erario, por la necesidad de comprar voluntades de los legisladores, como
documentó ampliamente este semanario (Proceso 1970 y 1978, entre
otros).
Contrapeso ciudadano
La
cartelización de los partidos y su intromisión en áreas ajenas a su
vocación provocaron su alejamiento de la ciudadanía y la agudización de
la falta de democracia interna, lo que aunado al exponencial crecimiento
de las redes sociales y los instrumentos inteligentes permitió –pese a
las televisoras y la mayoría de los medios masivos– incidir en la
opinión pública a través de la divulgación de los abusos de poder,
conflictos de interés, actos de corrupción y sus vicios y perversiones.
Mientras
tanto, en mayo de 2014 se promulgó una nueva legislación electoral que,
entre otras cosas, prevé las llamadas candidaturas independientes.
Nuevamente, como sucedió en 1996 en la última reforma político-electoral
del periodo del partido dominante, se tuvo que ceder ante la creciente
demanda ciudadana.
Pero entre otras cosas, con las que
no contaban, está el hecho de que los partidos ignoraron que la
“telecracia” ya estaba llegando a su fin; los teléfonos inteligentes y
las redes sociales ocuparon su lugar. Ya habían anunciado sus alcances
cuando lograron la renuncia de Humberto Benítez, titular de la
Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, por los abusos de su
hija Andrea; y la de David Korenfeld, titular de la Comisión Nacional
del Agua, por sus propios excesos, entre otros eventos.
O
cuando habían logrado burlar el cerco de las televisoras y de la
mayoría de los medios masivos en la difusión del irregular proceso que
otorgó el contrato del tren México-Querétaro, en el cual participaba la
Constructora Higa; en el escándalo de la “Casa Blanca” de Las Lomas, de
Angélica Rivera, esposa del presidente; en el asunto de la casa del
secretario de Hacienda, Luis Videgaray; en la ejecución extrajudicial de
Tlatlaya; en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en
los asesinatos masivos y a mansalva en Michoacán, por citar únicamente
algunos de los casos cuya difusión masiva se ha detonado en las redes
sociales y ha abatido los niveles de aceptación y confianza hacia el
gobierno.
El reparto de los tiempos de radio y
televisión establecido en la legislación castiga a los partidos de
reciente registro, pues únicamente participan en la distribución de 30%
igualitario, con lo cual la relación entre el número de promocionales
que difunde uno de estos partidos y el PRI, que es el que más porcentaje
de votación recibió en la elección de 2012, es de uno a 10. Todavía es
peor en el caso de los candidatos independientes, pues participan como
si fueran un solo partido de reciente registro y dividido entre el
número de elecciones y el número de candidatos en cada una de ellas, en
partes iguales, así que la relación todavía es mayor.
Pero
al margen de esta desigual distribución de los espacios comerciales, el
tratamiento en los noticieros de las televisoras fue todavía más
desigual. En Nuevo León, diversos organismos intermedios y de la
sociedad civil decidieron monitorear el tiempo que las televisoras
locales dedicaba a cada candidato al gobierno y, al dar a conocer los
resultados del mismo al final de las campañas, establecieron que la
relación del tiempo que recibieron en las tres principales emisoras de
Nuevo León fue de 1.6 a 1 entre Ivonne Álvarez, candidata tricolor, y
Jaime Rodríguez, independiente.
Sin embargo, el estudio
no señala la tendencia de la información que difundieron –y una buena
parte del tiempo que dedicaron al candidato independiente fue para
denostarlo (Proceso 2009)– ni el tiempo destinado a la candidata
tricolor para promoverla. De manera que si se contabilizara, al menos,
el saldo del tiempo positivo menos el negativo, la relación se
incrementaría varias veces.
Particularmente Televisa y
Multimedios (empresa propietaria del diario Milenio y de diversas
televisoras y radiodifusoras locales y regionales, además del canal de
cable Milenio) hicieron su mejor esfuerzo por catapultar la candidatura
de Ivonne Álvarez y frenar el crecimiento de las preferencias
electorales de Jaime Rodríguez, como habían hecho en 2009 con la
elección de Rodrigo Medina como gobernador de Nuevo León, y en 2012 con
la presidencial de Enrique Peña Nieto. Ambos creados, promovidos e
impulsados por las televisoras.
Los candidatos
independientes y los partidos políticos de reciente registro compitieron
en condiciones absolutamente inequitativas; pero es tal el hartazgo
ciudadano ante los excesos y errores de los actuales gobernantes,
cobijados por el “cártel de partidos”, que los limitadísimos márgenes
que les concedieron y la expansión de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación resultaron suficientes para herir de
muerte a la “telecracia” y al “cártel de partidos”.
El
resultado electoral modifica la correlación de fuerzas en la Cámara de
Diputados y por lo mismo, los eventuales alcances de los acuerdos de
las cúpulas partidistas integrantes del cártel. Y el triunfo de
candidatos independientes tendrá impactos en la relación
federación-estados-municipios.
Pero la noticia del fin
de la “telecracia” y el mensaje enviado por la ciudadanía deben
modificar sustancialmente la vida interna de los partidos políticos,
pues ya no podrán ser las cúpulas partidistas o los dueños de las
televisoras los que elijan a los futuros gobernantes y construyan su
candidatura a partir de su presencia en las pantallas de televisión, sin
importar sus habilidades, conocimientos, valores y actitudes; ahora
tendrán que esmerarse en la selección y escuchar a sus militantes y
simpatizantes antes de imponer sus decisiones, ya que más temprano que
tarde el ciudadano tendrá el poder de castigarlos en las urnas.
De
este modo, como en 1997, lo más importante son las alarmas que se
encienden y las eventuales respuestas que éstas generen de parte de la
ciudadanía y los actores políticos. Finalmente, lo cierto e innegable es
que la ciudadanía tiene a su disposición nuevos instrumentos para
impulsar los cambios en el sistema político mexicano que permitan
finalmente comenzar la transición a la democracia. 2018 está a la vuelta
de la esquina y los dirigentes del cártel de partidos y los
concesionarios de las televisoras saben que su tiempo se agota.
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