AYOTZINAMA: Una cartografìa de la violencia

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domingo, junio 07, 2015

El cártel partidista se resquebraja

De Proceso


El sistema multipartidista construido a lo largo del siglo pasado desapareció absorbido por la “cartelización” de los partidos mayoritarios –apadrinada y alimentada por las grandes televisoras–: la fusión de agrupaciones que defienden  los mismos intereses y privilegios y que gobierna en la actualidad. Pero en esta elección aparecieron contrapesos: el surgimiento de candidatos independientes, el fortalecimiento de Morena,  la tecnología telefónica y las redes sociales que permiten que cada ciudadano registre y divulgue masivamente los crímenes y corruptelas de la casta gobernante.


Nuevamente una elección intermedia es un parteaguas (la otra fue en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados) en la historia de la democracia mexicana: El cártel de partidos, formado por PRI, PAN, PRD y el satélite tricolor PVEM, se resquebraja ante la emergencia de las candidaturas independientes –particularmente para el gobierno de Nuevo León y la alcaldía de Guadalajara– y el nacimiento de un nuevo partido (Morena) que amenaza convertirse en la tercera fuerza política nacional.
La historia contemporánea de México muestra que el régimen del partido hegemónico, con diferentes etapas, duró de 1929 a 1989, cuando el PRI ganaba (también con marcadas diferencias: en algunas ocasiones con votos y en otras, con fraudes descarados) todas las elecciones importantes y mantenía el control de más de 70% del Congreso.
En 1989, después de que la elección de 1988, la de Carlos Salinas de Gortari, fue duramente cuestionada, finalmente el PRI –o mejor dicho, Salinas de Gortari– reconoció su derrota en Baja California, primer gobierno ganado por el blanquiazul tras medio siglo de vida.
De 1989 a 1997 se vivió la etapa del partido dominante; es decir, el PRI mantenía la mayoría en ambas cámaras y gobernaba 29 de las 32 entidades federativas; además de Baja California, sólo perdió Guanajuato en 1991 –este último, a través de la denominada concertacesión a un panista distinto al que había sido el abanderado de dicho partido– y Jalisco en 1995.
De 1997 a 2007, a pesar del decepcionante gobierno de Vicente Fox y de la ausencia de la anhelada reforma del Estado, se vivió la ilusión de que podía transitarse hacia una democracia pluripartidista que realmente empoderara al ciudadano.
Pero el momento electoral que se vivió, sobre todo en la contienda de 2000, también marcó la entronización de la televisión como el medio indispensable para lograr el posicionamiento de un candidato y un partido. El triunfo de Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio, no puede explicarse sin analizar su estrategia de comunicación, la cual le permitió que la población lo percibiera como el triunfador del primer debate televisivo y convertir un error (su empecinamiento de que se celebrara ese día, con la inacabable repetición de “hoy, hoy, hoy…”) en su grito de batalla.
“Telecracia”
Conscientes de su poder, los dueños de las empresas del duopolio televisivo lo hicieron valer para “crear” e impulsar políticos a quienes llevaron a ganar diversas posiciones (curules en todos los órganos legislativos, nacional y estatales; y gobiernos municipales, estatales y hasta la Presidencia de la República) que les permitieron lograr la aprobación de la llamada Ley Televisa y canalizar cuantiosos recursos de las arcas públicas (de todas las instancias de gobierno: municipios, estados, federación y grupos parlamentarios) a las cuentas de las televisoras, por el pago de promocionales y publicidad encubierta en todo tipo de espacios.
La contienda electoral de 2006 dejó clara la presencia de dos proyectos alternativos de nación: uno, abanderado por el candidato panista, Felipe Calderón, que básicamente postulaba la prolongación de las políticas neoliberales vigentes desde mediados de los ochenta; y otro, del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, que reivindicaba la universalización de algunas políticas sociales y la revisión de la política económica.
La presencia de las dos opciones polarizó la contienda y al país, que prácticamente se dividió en dos (norte-sur, pobres-ricos, panistas-perredistas) y provocó la cuestionable y preocupada participación de empresarios, cámaras empresariales y organizaciones sociales corporativas, que en muchos casos sintieron amenazados sus privilegios y prebendas.
La intromisión del presidente, los empresarios, las televisoras y el sindicato oficial de maestros; el resultado electoral que se definió por escaso medio punto porcentual entre el primero y el segundo lugares; y la controvertida actuación de las autoridades electorales fueron una carga que Calderón no pudo quitarse de encima durante su mandato.
Todos estos factores evidenciaron todavía más las limitaciones de la legislación electoral y detonaron la primera reforma político-electoral, después de que el PRI perdió el dominio del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo e incluso se convirtió en tercera fuerza política en 2006.
Lamentablemente la reforma concretada en 2007, en vez de buscar ensanchar los derechos políticos, civiles y sociales de la población mexicana o establecer controles institucionales que permitieran acabar con las redes clientelares y corporativas –lo lógico en un régimen que pretendía transitar del autoritarismo a la democracia–, marcó el inicio del cártel de partidos, los que se confabularon para cerrar el paso a nuevos actores políticos y preservar e incrementar sus privilegios y prerrogativas, y dejó abiertas las puertas para que todos los actores externos que favorecieron el triunfo de Calderón recibieran sus recompensas.
La cartelización de los partidos con mayores preferencias electorales se concretó a partir de obligarlos a ganarse el registro en las elecciones intermedias; incrementar desorbitadamente el financiamiento público para ellos –pese a que la mercadotecnia de la reforma fue su disminución–; autorregular millones de promocionales en radio y televisión; concentrar todos los poderes en las cúpulas directivas nacionales; cancelar o revertir la posibilidad de las candidaturas no partidistas en las entidades federativas; y asegurarse el control del Instituto Federal Electoral, mediante la preservación del procedimiento que les permitía repartirse proporcionalmente las designaciones de los consejeros electorales, de acuerdo con su porcentaje de votación, y por consiguiente, el número de diputados.
La mesa estaba puesta para que Televisa proyectara a Enrique Peña Nieto a Los Pinos, y así lo concretaron en la elección de julio de 2012. Mas la ambición les ganó. Extendieron los impactos de su cartelización a la acción legislativa: las cúpulas partidistas y el equipo de Peña Nieto firmaron el Pacto por México; para efectos prácticos anularon la labor legislativa del Congreso de la Unión y la utilizaron para votar los acuerdos tomados previamente en la mesa de negociación, aunque eso significara un alto costo para el erario, por la necesidad de comprar voluntades de los legisladores, como documentó ampliamente este semanario (Proceso 1970 y 1978, entre otros).
Contrapeso ciudadano
La cartelización de los partidos y su intromisión en áreas ajenas a su vocación provocaron su alejamiento de la ciudadanía y la agudización de la falta de democracia interna, lo que aunado al exponencial crecimiento de las redes sociales y los instrumentos inteligentes permitió –pese a las televisoras y la mayoría de los medios masivos– incidir en la opinión pública a través de la divulgación de los abusos de poder, conflictos de interés, actos de corrupción y sus vicios y perversiones.
Mientras tanto, en mayo de 2014 se promulgó una nueva legislación electoral que, entre otras cosas, prevé las llamadas candidaturas independientes. Nuevamente, como sucedió en 1996 en la última reforma político-electoral del periodo del partido dominante, se tuvo que ceder ante la creciente demanda ciudadana.
Pero entre otras cosas, con las que no contaban, está el hecho de que los partidos ignoraron que la “telecracia” ya estaba llegando a su fin; los teléfonos inteligentes y las redes sociales ocuparon su lugar. Ya habían anunciado sus alcances cuando lograron la renuncia de Humberto Benítez, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, por los abusos de su hija Andrea; y la de David Korenfeld, titular de la Comisión Nacional del Agua, por sus propios excesos, entre otros eventos.
O cuando habían logrado burlar el cerco de las televisoras y de la mayoría de los medios masivos en la difusión del irregular proceso que otorgó el contrato del tren México-Querétaro, en el cual participaba la Constructora Higa; en el escándalo de la “Casa Blanca” de Las Lomas, de Angélica Rivera, esposa del presidente; en el asunto de la casa del secretario de Hacienda, Luis Videgaray; en la ejecución extrajudicial de Tlatlaya; en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en los asesinatos masivos y a mansalva en Michoacán, por citar únicamente algunos de los casos cuya difusión masiva se ha detonado en las redes sociales y ha abatido los niveles de aceptación y confianza hacia el gobierno.
El reparto de los tiempos de radio y televisión establecido en la legislación castiga a los partidos de reciente registro, pues únicamente participan en la distribución de 30% igualitario, con lo cual la relación entre el número de promocionales que difunde uno de estos partidos y el PRI, que es el que más porcentaje de votación recibió en la elección de 2012, es de uno a 10. Todavía es peor en el caso de los candidatos independientes, pues participan como si fueran un solo partido de reciente registro y dividido entre el número de elecciones y el número de candidatos en cada una de ellas, en partes iguales, así que la relación todavía es mayor.
Pero al margen de esta desigual distribución de los espacios comerciales, el tratamiento en los noticieros de las televisoras fue todavía más desigual. En Nuevo León, diversos organismos intermedios y de la sociedad civil decidieron monitorear el tiempo que las televisoras locales dedicaba a cada candidato al gobierno y, al dar a conocer los resultados del mismo al final de las campañas, establecieron que la relación del tiempo que recibieron en las tres principales emisoras de Nuevo León fue de 1.6 a 1 entre Ivonne Álvarez, candidata tricolor, y Jaime Rodríguez, independiente.
Sin embargo, el estudio no señala la tendencia de la información que difundieron –y una buena parte del tiempo que dedicaron al candidato independiente fue para denostarlo (Proceso 2009)– ni el tiempo destinado a la candidata tricolor para promoverla. De manera que si se contabilizara, al menos, el saldo del tiempo positivo menos el negativo, la relación se incrementaría varias veces.
Particularmente Televisa y Multimedios (empresa propietaria del diario Milenio y de diversas televisoras y radiodifusoras locales y regionales, además del canal de cable Milenio) hicieron su mejor esfuerzo por catapultar la candidatura de Ivonne Álvarez y frenar el crecimiento de las preferencias electorales de Jaime Rodríguez, como habían hecho en 2009 con la elección de Rodrigo Medina como gobernador de Nuevo León, y en 2012 con la presidencial de Enrique Peña Nieto. Ambos creados, promovidos e impulsados por las televisoras.
Los candidatos independientes y los partidos políticos de reciente registro compitieron en condiciones absolutamente inequitativas; pero es tal el hartazgo ciudadano ante los excesos y errores de los actuales gobernantes, cobijados por el “cártel de partidos”, que los limitadísimos márgenes que les concedieron y la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación resultaron suficientes para herir de muerte a la “telecracia” y al “cártel de partidos”.
El resultado electoral modifica la correlación de fuerzas en la Cámara de Dipu­tados y por lo mismo, los eventuales alcances de los acuerdos de las cúpulas partidistas integrantes del cártel. Y el triunfo de candidatos independientes tendrá impactos en la relación federación-estados-municipios.
Pero la noticia del fin de la “telecracia” y el mensaje enviado por la ciudadanía deben modificar sustancialmente la vida interna de los partidos políticos, pues ya no podrán ser las cúpulas partidistas o los dueños de las televisoras los que elijan a los futuros gobernantes y construyan su candidatura a partir de su presencia en las pantallas de televisión, sin importar sus habilidades, conocimientos, valores y actitudes; ahora tendrán que esmerarse en la selección y escuchar a sus militantes y simpatizantes antes de imponer sus decisiones, ya que más temprano que tarde el ciudadano tendrá el poder de castigarlos en las urnas.
De este modo, como en 1997, lo más importante son las alarmas que se encienden y las eventuales respuestas que éstas generen de parte de la ciudadanía y los actores políticos. Finalmente, lo cierto e innegable es que la ciudadanía tiene a su disposición nuevos instrumentos para impulsar los cambios en el sistema político mexicano que permitan finalmente comenzar la transición a la democracia. 2018 está a la vuelta de la esquina y los dirigentes del cártel de partidos y los concesionarios de las televisoras saben que su tiempo se agota.

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