De Hugo Sadh
En los últimos años el estado de Veracruz
ha llamado la atención a nivel nacional por convertirse en uno de los
peores para ejercer la libertad de expresión. Sin embargo, en últimos
meses, no sólo esta situación ha provocado que la entidad concentre las
miradas y genere preocupación.
Diversas organizaciones han catalogado a
esta entidad gobernada por Javier Duarte, como un foco rojo al que es
necesario atender de manera urgente, debido a la presencia de fenómenos
que afectan a la sociedad y su calidad de vida, tales como la
inseguridad o violencia.
En este tenor, en recientes fechas se dio
a conocer que Veracruz lidera la cifra de desapariciones forzadas en la
república. De acuerdo con los datos de la Procuraduría General de la
República (PGR), esta entidad es la que presenta el mayor número de
casos en los que funcionarios ordenan desaparecer a personas, lo que
equivale que una de cada cuatro desapariciones forzadas en el país es
emprendida por autoridades veracruzanas.
Al respecto, activistas de la entidad han
denunciado que el gobierno veracruzano ha iniciado un operativo de
persecución y hostigamiento en contra de aquellos que no estén de
acuerdo con las acciones emprendidas por Duarte y su gobierno.
Para Julián Ramírez, integrante de la
Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide”, hoy en día en
Veracruz se vive un contexto generalizado de violencia en donde toda la
sociedad está expuesta al riesgo de “levantones”, balaceras o
agresiones, mismos fenómenos que no han parado desde hace un par de
años.
En lo referente, Ramírez detalla que si
bien el clima de violencia es generalizado para toda la sociedad, el
acoso sistemático se concentra en periodistas, líderes sociales,
activistas, defensores de derechos humanos, y como se dejó ver
recientemente, estudiantes y académicos.
Recordó que en lo que va del gobierno de
Duarte, 12 periodistas han perdido la vida por decir la verdad, casos en
donde el móvil del asesinato ha estado relacionado con su actividad
periodística y en los que autoridades se han visto involucradas en los
ataques.
De acuerdo a Ramírez, la persecución y
hostigamiento contra luchadores sociales se ha visto puntualmente en la
ciudad de Xalapa, donde reside el gobierno del estado. Explicó que por
lo menos desde 2011, se ha avisto una tendencia de persecución en contra
de la población estudiantil que se manifiesta.
En lo referente recordó el caso del 20 de
noviembre de 2012, cuando después de una manifestación de jóvenes en
Plaza Lerdo, se presentaron detenciones arbitrarias, en donde se mantuvo
incomunicados a los detenidos. De igual forma citó el caso de la
manifestación de maestros y estudiantes el 13 de septiembre de 2013,
hecho que terminó en un acto represivo por parte del gobierno.
“Tenemos detenciones arbitrarias un 20 de
noviembre de 2012, o la golpiza brutal durante la movilización
magisterial y el desalojo de Plaza Lerdo un 13 de septiembre de 2013,
ambos acabaron con recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos por decir poco, leves, que ayudan a mantener ahí un precedente
de la agresión sistemática a los movimientos estudiantiles. Después de
aquel desalojo se detuvo a los compañeros, hubo incomunicación, ha
habido golpizas, detenciones arbitrarias, intentos de sembrar drogas y
armas a compañeros estudiantes, a parte del constante clima de acoso y
persecución”, manifestó.
Ramírez detalló que el gobierno del
estado, en ese afán de perseguir a los movimientos estudiantiles, ha
fabricado una serie de hechos calificados como “vandálicos” para tratar
de involucrar a los jóvenes activistas y justificar su persecución, con
lo cual criminaliza la protesta.
En lo referente, citó el caso de los
ataques contra instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en
Xalapa, en donde las autoridades responsabilizaron directamente a
estudiantes de la comisión de estos hechos. Ramírez expresó que esta
situación generó sospechas, por lo cual se cree que fue el pretexto para
criminalizar y perseguir a estudiantes.
“El procurador (Luis Ángel Bravo
Contreras) y (Arturo) Bermúdez Zurita, Secretario de Seguridad de
Veracruz han estado acusando directamente a los estudiantes de la unidad
de Humanidades, un centro de mucha movilización política en el estado,
de haber sido los responsables de una serie de ataques a las
instalaciones del INE de Xalapa. Los compañeros habían declarado tener
nula participación en este tipo de eventos, y de hecho se nos hace
sumamente sospechoso y creemos que están siendo utilizados para
criminalizar y perseguir a estudiantes y activistas y para atemorizar a
todo un sector de la población”, comentó.
De igual forma se refirió a la existencia
de la “lista negra” elaborada por el INE, la Policía Federal y el
gobierno de Duarte, en donde se incluyen los nombres de personas
consideradas como peligrosos para el orden público. “En este documento
se cataloga a distintos activistas y estudiantes como peligro para la
sociedad, se les colocan etiquetas y se les hace una ficha, hace pública
una lista negra y se hace girar a nivel estatal. Aquí compañeros que
son académicos de la universidad, defensores de recursos, llegan hasta
los absurdos de decir que por ser de izquierda estaban promoviendo el
boicot electoral”, manifestó.
En este contexto demandó el ataque que se
presentó el pasado 5 de junio a 8 estudiantes de la Universidad de
Xalapa. Dijo que este se enmarca en el panorama de persecución del
gobierno priista en Veracruz.
Giovvana Mazzoti,
integrante de la Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide”,
indicó que en Veracruz la delincuencia y el crimen son fenómenos con un
alto grado incidencia, esto a pesar de que la corporación policías de
aquella entidad se presume como la 2da mejor equipada del país.
“Están ocurriendo crímenes de lesa
humanidad cada día, mismo que quedan sin seguir, sin atender, sin decir,
sin nombre ni rostro que se quedan en una nota periodística, en una
movilización”, manifestó.
Mazzoti mencionó la agresión del pasado 5
de junio a un grupo de jóvenes en Xalapa, y aseguró que este caso es un
ejemplo paradigmático que da cuenta de la colusión de fuerzas
policiacas con grupos parapoliciacos.
“En la descripción de los hechos, podemos
ver como se da esa colusión de grupos policiacas y parapoliciacas, que
se han creado en Veracruz (…) en la ciudad de Xalapa se ha creado un
estado de sitio en la práctica (…) Estamos cansados de quedarnos sin
hacer nada, por eso estamos dispuestos a llegar a las últimas
consecuencias de este caso, porque es un caso paradigmático de la
colusión que existe en el estado de Veracruz entre las fuerzas
policiacas y las fuerzas parapoliciacas”, sentenció.
En lo referente Mazzoti pidió a las
organizaciones nacionales e internacionales apoyo para dar seguimiento a
los casos y fenómenos que se están viviendo en aquella entidad
colindante con el Golfo, pues, enfatizó, no existe tal en Veracruz.
Ignacio Córdoba,
estudiante víctima de agresión el pasado 5 de junio en Xalapa, detalló
que hoy en día estudiantes y sociedad veracruzana vive inmersa en un
clima generalizado de extrema violencia.
Manifestó que los actos de agresión, como
del que fue víctima, no son algo nuevo en el estado y se vienen
presentando desde por lo menos de 3 años a la fecha. Declaró que este
ataque se enmarca en una jornada electoral caracterizada por la
militarización y la violencia contra movimientos en varios estados de la
república.
“Denunciamos el ataque dirigido por
nuestra condición de universitarios y activistas. Alertamos que en el
estado se emprendió una campaña de persecución, señalamiento, amenazas y
violencia contra activistas y defensores de derechos humanos, muestra
de ello la lista negra emitida por las autoridades de la entidad, en la
que criminaliza a universitarios, docentes y activistas acto que en sí
mismo es represivo violenta los derechos humanos y tiende a sembrar un
atmosfera de miedo en un amplio sector de la población para
desmovilizar cualquier muestra de descontento contra el gobierno
represivo de Duarte”, dijo. (revoluciontrespuntocero)
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