De la Jornada
Una de ellas, la solicitud de acceso al 27 batallón de infantería, con sede en Iguala
Una de ellas, la solicitud de acceso al 27 batallón de infantería, con sede en Iguala
Sin concretarse, recomendaciones para unificar las seis causas abiertas por el caso Ayotzinapa
Conferencia de prensa de expertos de la CIDH. En la imagen, Francisco
Cox, Carlos Beristáin, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Claudia PazFoto María Meléndrez Parada
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Martes 30 de junio de 2015, p. 3
Martes 30 de junio de 2015, p. 3
De las solicitudes de información sobre el caso
Ayotzinapa presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) ante autoridades de distintas dependencias, 47 por
ciento siguen pendientes de resolución. Entre ellas figura la petición
de acceso al 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, para que los
especialistas puedan entrevistar a los militares que estuvieron en
alguna de las varias escenas de los hechos del 26-27 de septiembre.
También están pendientes algunas recomendaciones claves, como la que
se hizo desde hace un mes de acumular y unificar en un solo expediente
de la Procuraduría General de la República (PGR) las seis causas
abiertas, las cuales están dispersas en 15 juzgados diferentes. Lo
anterior, con el fin de que los jueces que conozcan el caso puedan tener
a la vista todas las pruebas y los indicios que se presenten.
Ayer, en conferencia de prensa donde se conoció el cuarto informe de
la misión, miembros del GIEI precisaron que la PGR les aseguró que sí
van a solicitar la acumulación de todos los procesos abiertos y les
prometió que se permitirá que los expertos internacionales colaboren
‘‘con criterios de valoración y tipificación de delitos’’ en este
proceso de concentración de todos los expedientes en uno solo.
Nuevas líneas de búsqueda
Además, anunciaron que la Policía Federal (PF) se
comprometió con los padres y madres de los normalistas desaparecidos, y
con los estudiantes de Ayotzinapa que sobrevivieron a los ataques, a
abrir nuevas líneas de búsqueda.
Informaron que la última semana de mayo se reunieron con José Luis
Abarca, el ex presidente municipal de Iguala, y su esposa María de los
Ángeles Pineda, ambos encarcelados. No adelantaron detalles de estas
entrevistas, pero indicaron que “se están analizando y comparando sus
testimoniales con los medios probatorios del expediente. Las
conclusiones se van a incluir en el reporte final’’.
También han vuelto a los penales donde están recluidos los demás
imputados por la desaparición de los 43 y precisaron que son al menos 40
los casos –de entre 102 procesados– en los que han reportado torturas y
malos tratos durante los interrogatorios. La PGR y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH)les han informado que ‘‘ya investigan’’
la probable presencia de tortura en los procedimientos.
En resumen, informaron que han presentado más de 100 solicitudes de
información; 30 por ciento han sido cumplidas de forma completa, 24 de
forma parcial y 47 por ciento están pendientes. Anunciaron que en breve
presentarán nuevas solicitudes importantes. Revelaron que cuentan con
declaraciones de nuevos testigos presenciales en los casos de los tres
normalistas asesinados.
En la cuarta etapa de los trabajos del grupo de expertos, los cinco
especialistas que realizan una investigación por mandato de la
Organización de Estados Americanos (OEA) recorrieron en las semanas
recientes diez escenarios donde se desarrollaron los hechos del 26 y 27
de septiembre del año pasado.
Acompañados por peritos y expertos en criminalística de campo y
planimetría, inspeccionaron el basurero de Cocula y la ribera del río
San Juan, así como las casas de seguridad de grupos delincuenciales aseguradas
por la policía, las casetas de las carreteras de la zona, la central de
autobuses de Iguala, los escenarios en la avenida Juan N. Álvarez y el
Periférico, donde se produjeron los dos ataques y se encontraron los
tres cuerpos de los estudiantes asesinados. También visitaron las sedes
de seguridad pública y policía municipal, además del hospital particular
Cristina (donde un grupo de jóvenes fue retenido momentáneamente por
soldados del 27 batallón de infantería) y las inmediaciones del Palacio
de Justicia.
Destacaron, entre otros datos, que no pudieron ni podrán realizar una inspección de los cinco autobuses que fueron tomados la
noche del 26 de septiembre por los normalistas, y que fueron atacados
esa misma noche por elementos de la policía municipal y del crimen
organizado, porque –dijeron– los vehículos ‘‘ya fueron remodelados,
reparados y están operando normalmente’’.
Con ello revelaron que ni la PGR ni la Procuraduría de Justicia de
Guerrero resguardaron piezas de evidencia que pudieron haber sido
vitales para el esclarecimiento de los hechos.
Con la información colectada contrastarán los elementos que
configuran la versión oficial de los hechos y que, por lo menos a la
salida de Jesús Murillo Karam a fines de febrero, anticipaba como
‘‘verdad histórica’’ lo que describió como una acción criminal de
delincuentes organizados en complicidad con las autoridades municipales,
que mataron, incineraron y arrojaron al río a los jóvenes, sin dejar
rastros posibles de identificar o confirmar.
La procuradora Arely Gómez se reunirá con paterfamilias
Los cinco integrantes del GIEI anticiparon, por otra
parte, que en los próximos días –la fecha aún está por definirse– la
procuradora general de la República, Arely Gómez, sucesora de Murillo
Karam, sostendrá la primera reunión frente a frente con los familiares
de los normalistas desaparecidos y los alumnos sobrevivientes de
Ayotzinapa desde que asumió el cargo a principios de mayo. La reunión
será a iniciativa de los padres de las víctimas.
Ayer, a la conferencia de prensa acudieron los cinco expertos: las ex
fiscales de Guatemala Claudia Paz y Paz y de Colombia Ángela Buitrago;
los juristas Alejandro Valencia (Colombia) y Francisco Cox (Chile), y el
experto en materia de derechos humanos Carlos Martín Beristáin, de
España.
Presentaron un informe de 10 puntos, entre los cuales destacaron como
clave la diligencia en la central de autobuses de Iguala, de la cual
derivan una conclusión que difiere de la versión oficial. Sostienen que
la llegada de los normalistas de Ayotzinapa a la terminal, en el centro
de la ciudad, ‘‘no fue planificada previamente’’ y que la decisión de
los jóvenes de llegar ahí ‘‘se debió a circunstancias no previstas de
antemano’’.
En cuanto a las tajantes negativas previas de las secretarías de la
Defensa Nacional (Sedena)y de Gobernación de acceder a la solicitud de
los expertos para entrevistarse con los militares del 27 batallón de
infantería de Iguala (perteneciente a la 35 Zona Militar), los
investigadores informaron que ayer recibieron un comunicado del gobierno
mexicano que informa que ‘‘el Estado continúa analizando la procedencia
de la solicitud’’, y donde reconoce que en su calidad de coadyuvante
del caso Ayotzinapa, el GIEI sí tiene facultades para ‘‘sugerir al
Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros del 27
batallón hicieron en calidad de testigos’’. Tres meses atrás, la
delegación interamericana había aclarado que no pretende que la PGR sea
intermediaria de las entrevistas y que busca hablar directamente con los
soldados, los que ya prestaron testimonio y los que aún no lo han
hecho.
Respecto de la versión de la Sedena que a una solicitud de
información expresa reveló que uno de los estudiantes desaparecidos era
miembro activo del Ejército, indicaron que solicitaron confirmación a
las autoridades militares. ‘‘Aún no la tenemos. Pero sí pedimos respeto a
ese muchacho y a su familia, que como normalista merece el mismo trato
que el resto de los 43 desaparecidos’’.
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