Denuncian que el Plan
Frontera Sur del gobeirno federal, ha aumentado el número de detenciones
y deportaciones llevadas a cabo en todo el país.
(Foto: Archivo / Cuartoscuro)
Diversas organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional México denunciaron que un grupo de entre 110 a 120 migrantes en Sonora fueron atacados el pasado 2 de junio, lo que generó un saldo de 3 muertos.
En un comunicado, las organizaciones firmantes destacan los
testimonios de 13 centroamericanos sobrevivientes del ataque y denuncian
que el Plan Frontera Sur, que entró en vigor desde julio de 2014, ha aumentado el número de detenciones y deportaciones llevadas a cabo en todo el país.
La mañana del martes 2 de junio, un grupo de entre 110 a 120
migrantes viajaban a la frontera de Sonora con Arizona, EEUU, cuando
fueron atacados por dos hombres vestidos de militar con armas de fuego
largas.
Así relatan los hechos 13 centroamericanos sobrevivientes del ataque,
en testimonios ofrecidos recientemente a representantes de
organizaciones civiles. Según el relato, los y las migrantes –
incluyendo varias mujeres y por lo menos dos niños- se trasladaban en 5
vehículos hasta la frontera y después de varias horas de viaje, uno de
los vehículos se descompuso y el grupo paró para descansar. En ese
momento apareció un sujeto armado que encañonó a varios y les ordenó
tirarse al suelo para luego abrir fuego de manera indiscriminada contra
todos y todas.
Este incidente provocó que muchas personas empezaran a correr y a
dispersarse. Algunos sobrevivientes relatan que vieron a varios de sus
compañeros de viaje caer al suelo por las balas, pero por su huida no
lograron ver de cuantas personas se trataban. Algunos se percataron
también de la llegada de un segundo hombre armado que disparó contra
ellos. Los y las sobrevivientes coinciden en sus testimonios que los
agresores venían vestidos con botas de militar, camuflaje y una
carrillera de armas cruzando su cuerpo; algunos refieren que también
traían una gorra verde tipo militar en la cabeza.
´´Fue el peor día de mi vida,´´ dijo un migrante menor de 17 años que
sobrevivió el ataque. Después de huir, las personas caminaron por más
de diez horas sin agua en el desierto. “Yo solo quería llegar a Estados
Unidos para darle una mejor vida a la familia, no hay de que vivir en
nuestros países” refieren varios y “ahorita lo único que quiero, después
de haber vivido esto es abrazar a la familia,’ refirieron otros.
El día jueves 4 de Junio la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Sonora reportó haber rescatado a los migrantes y hallado tres
cuerpos en el lugar de los hechos, así como cuatro vehículos, dos de
ellos calcinados. A casi dos semanas del acontecimiento, es muy
preocupante no contar con información sobre la investigación de este
evento. Preocupa, además, la falta de información sobre el posible
paradero de las otras personas que viajaban en el grupo y no fueron
rescatadas, incluyendo posiblemente a varias mujeres y un niño, ya que
las condiciones del desierto en esa zona son muy extremas.
En días recientes, medios de comunicación publicaron detalles de un
operativo llevado a cabo en Caborca, Sonora, por la Policía Federal y el
Instituto Nacional de Migración para detener a migrantes y traficantes
en la zona, buscando en hoteles y domicilios particulares. Es importante
que estos operativos se enfoquen en la investigación del ataque del 2
de junio y no pongan en riesgo a personas migrantes que se encuentran en
una situación vulnerable.
Impera la necesidad de una intervención de la Procuraduría General de
la Republica en el caso, debido a la presencia de grupos
delincuenciales en la zona desértica de Sonora y la posibilidad de su
participación en este hecho, y por otra parte por los indicios del
vestimento militar de los agresores. De igual manera, las organizaciones
civiles firmantes están sumamente preocupados por la falta de
información y orientación que las y los sobrevivientes han recibido por
parte del Instituto Nacional de Migración. Los y las migrantes señalaron
que no les explicaron con claridad que por ser víctimas de un delito
grave en México deberían recibir una tarjeta que regula su estancia por
razones humanitarias para poder obtener atención médica y emocional.
Tampoco les explicaron la diferencia entre una deportación y un retorno
asistido y han podido tener poca comunicación con sus familias.
Asimismo, las autoridades pidieron firmar documentos donde renuncian los
migrantes a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser
deportados.
Organizaciones de protección a migrantes pudieron entrevistar a las
13 víctimas migrantes, explicarles sus derechos y entregarles ropa y
tarjetas telefónicas para comunicarse con sus familias hasta 9 días
después del incidente. Las organizaciones han solicitado la intervención
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos para garantizar el respeto a los derechos
de los y las sobrevivientes. Las organizaciones expresan preocupación
por la falta de información sobre el procedimiento que se está llevando a
cabo para la identificación de los cuerpos, siendo este una pieza clave
en la investigación. A pesar de que se ha solicitado la determinación
de identificación de los restos a través de la Comisión Forense
–mecanismo que opera la PGR y organizaciones de la sociedad civil- hasta
el momento no se ha obtenido respuesta.
El ataque armado ocurrido en Sonora en contra de personas migrantes
es una muestra más de la violencia que sufren miles de centro americanos
en su tránsito por el país fomentado por una política migratoria que
deja a sobrevivientes sin protección y acceso a la justicia. Además, es
relevante señalar que el Plan Frontera Sur, en vigor desde julio de
2014, ha aumentado el número de detenciones y deportaciones llevadas a
cabo en todo el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
un comunicado del 10 de junio, expresó que este Plan ha significado un
´´endurecimiento de las acciones contra personas migrantes en México´´ y
que “las personas migrantes y sus defensores continúan siendo objeto de
agresiones en el país”.
Las organizaciones firmantes exigen una investigación exhaustiva ante
este acontecimiento y garantías de protección para las víctimas.
FIRMAS:
Amnistía Internacional
Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia A.C.,
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar Centro de Análisis e Investigación
Instituto para las Mujeres en la Migración
SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados
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