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jueves, julio 09, 2015

Ex General Gallardo: Abatir, para un militar, es matar; así lo usó II Informe de EPN: Prodh

De Sin Embargo:Mx

PROMO-TLATLAYA
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- El ex General Brigadier del Ejército mexicano y actual asesor de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, Francisco Gallardo, dijo hoy que el caso Tlatlaya es un crimen de Estado. Para un militar, el término “‘abatir’ significa para un militar matar, aniquilar, anular”, señaló. Consideró que el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, debe ser investigado.


Ex General, doctor en Administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue preso político entre 1993 y 2002.
Dijo a diversos medios de comunicación, luego de una conferencia sobre el riesgo de invertir en materia de hidrocarburos en México, que en los documentos militares es común ver documentos con la orden “abatir”, pese a que se diga que el término no se refiere a matar.
Gallardo dijo que resulta irónico que incluso la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestiona a la Sedena “qué significa abatir”.
Insistió en que ese término “significa para un militar matar, aniquilar, anular”.
Ejemplificó que, a diferencia, si se le pregunta a un marino, “pues es abatir las velas. Si le preguntas a un panadero, es abatir la masa para el pan, pero para un militar, es matar”.
El ex General declaró además que por el caso de Tlatlaya, y también por otros donde hay abusos y delitos cometidos por elementos del Ejército, se deben investigar a los altos mandos militares, incluyendo incluso al mismo presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas.
El también académico de la UNAM destacó que también hay responsabilidad del Congreso de la Unión, en especial de la Cámara de Diputados, que aprobó el movimiento de tropas militares en territorio nacional.
Finalmente indicó que la presencia del Ejército en las calles “ya hizo crisis”, por lo que se deben de llevar a cabo acciones “como por ejemplo la reforma profunda de las Fuerzas Armadas que yo la propuse hace 21 años, que fue el cuerpo del delito por el cual estuve encarcelado 9 años”.
El General Francisco Gallardo sostuvo que el caso Tlatlaya es un crimen de Estado. Foto: Cuartoscuro
El General Francisco Gallardo sostuvo que el caso Tlatlaya es un crimen de Estado. Foto: Cuartoscuro
GOBIERNO USÓ “ABATIR” POR “MATAR”: PRODH
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) dijo en un comunicado que el termino “abatir”, como sinónimo de muerte,  ha sido utilizado no sólo en la orden militar que se dio en el caso Tlatlaya, sino que además se ha empleado con el mismo sentido en comunicados de las Fuerzas Armadas de México, en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, e incluso en el Segundo Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
El pasado 2 de julio el Centro Prodh hizo público un informe en el que reveló que “abatir delincuentes en horas de oscuridad”,  fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014.
Al respecto, Amnistía Internacional dijo que no ha encontrado ningún caso en el que “abatir” gente no se refiera al hecho de matar. “Hay motivos razonables para creer que la instrucción militar alentó a las ejecuciones extrajudiciales”, manifestó.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) dijo que las pruebas presentadas por el Centro Prodh muestran que los soldados fueron enviados en una misión para eliminar a los criminales.
“El mensaje no podía ser más claro: los soldados fueron instruidos para eliminar o matar, presuntos delincuentes, con total desprecio por los derechos humanos y el debido proceso”, dijo Maureen Meyer de WOLA.
Un día después de hacerse público el informe, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, dijo en respuesta al informe  del Centro de Derechos Humanos, que abatir no necesariamente significa matar.
“Me parece que lo que si es indispensable revisar completamente la instrucción a la que se ha venido haciendo referencia [...] el término ‘abatir’ tiene muchas acepciones y ninguna es privar de la vida, pero un documento como éste, y lo entienden los abogados, tiene que ser interpretado de manera sistemática”, sostuvo Campa.
El sábado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo que en las órdenes operativas que se giraron ese día al personal castrense en todo momento se privilegió que los militares actuaran con apego a la ley vigente que contempla “el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
Destacó que el informe en cuestión “contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones del Rosario, Estado de México, con 38 indicaciones que buscan proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas, además de privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.
Sin embargo, el Centro difunde una nueva infografia, que se suma a la aclaración que hizo al Gobierno federal el pasado viernes, en la que detalla por qué ordenar abatir propicia violaciones a los derechos humanos en el contexto militar.
“’Abatir delincuentes’ no surge del diccionario sino de su uso por parte del Ejército en un contexto de guerra no declarada”, reitera.
TlatlayaPromo
La organización recuerda que en el caso Tlatlaya, la palabra “abatir” se utilizó desde la Orden de Relevo y Designación de Mando de la Unidad Militar involucrada: “Las tropas deberán operar en la noche de forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.
Luego, aparece también en el primer reporte después de los hechos ocurridos en la bodega ubicada en la localidad de San Pedro Limón: “En el radiograma emitido por el Teniente al mando, refiere sobre el desarrollo de los hechos: ‘Resultando abatidos 21 personas del sexo masculino, 1 del sexo femenino…’”.
Además, el término fue utilizado en el expediente del caso:
“Policía Ministerial Militar: En el Informe rendido por el Policía Ministerial Militar refiere que ‘Una vez controlada la situación, procedió a revisar el interior de la bodega, percatándose que se encontraban varios delincuentes abatidos (22 civiles muertos, 21 del sexo masculino y 1 femenino), armamento y tres camionetas.
Ministerio Público Militar: Cuando el Ministerio Público Militar recaba la declaración de los soldados, hace referencia a los hechos ocurridos en la madrugada del 30 de julio, en los que según su dicho ‘personal militar fue agredido por elementos de la delincuencia organizada, repeliendo la agresión habiendo abatido a veintidós civiles…
Juez Militar: En la parte correspondiente a la individualización del tipo de infracción al deber militar que corresponde al Teniente de Infantería, el Juez Sexto Militar adscrito a la I Región Militar señala que: ‘[S]i bien como se mencionó se encontraban en desventaja numérica respecto a sus agresores, cierto es también que el haberlos sorprendido dentro de la bodega señalada, dicho inmueble contaba solamente con una salida frontal, la que no podían cruzar sin la posibilidad de ser lesionados o privados de la vida, colocándose los ahora inculpados en ese tenor en situación de ventaja, habiendo abatido a los civiles a que se ha hecho referencia’”.
El Centro ejemplifica que el termino “abatir”, como sinónimo de muerte, ha sido utilizado durante el sexenio pasado de Felipe Calderón Hinojosa, y el actual de Enrique Peña Nieto, entre los años 2006 y 2014, en 12 comunicados y boletines de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en cinco de la Secretaría Armada de México (Semar).
“Encontramos que el término ‘abatir’ se utiliza en al menos 20 ocasiones para aludir a la muerte de personas identificadas como presuntos delincuentes en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, tan sólo en boletines relacionados con operaciones de las fuerzas armadas en los dos sexenios más recientes”, dijo el Centro en un comunicado.
Detalló que de los 12 comunicados de la Sedena que mencionan esta acepción del término “abatir” y sus derivados en un total de 15 ocasiones, 11 son Comunicados Nacionales y 1 de Mandos Territoriales.  Esos documentos corresponden a los años 2010, 2011 y 2012.
En cuanto a los comunicados de la Semar, en el mismo sentido, el término se utilizó en 5 ocasiones en 5 comunicados durante los años 2011, 2012, 2014 y 2015. Los comunicados de esta Secretaría correspondientes a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y hasta noviembre de 2012.
El término se utilizó también en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, en que se lee:
“Hasta hace poco la estrategia de seguridad tuvo como pilares el combate frontal a las organizaciones delictivas, así como el abatimiento, la aprehensión y eventual extradición de sus líderes”.
Incluso, ha sido utilizado por el propio Presidente Enrique Peña Nieto en su Segundo Informa de Gobierno:
“En total de los 122 objetivos relevantes de la delicuencia organizada, el Gobierno de la República neutralizó a 84 (capturó 71 y 13 abatido, al resistirse con violencia a las acciones de la ley (…)”.
Finalmente, el Centro Prodh agrega que incluso el término “abatir”, como ejecución,  ha sido utilizado a través de los años por las autoridades mexicanas. Por ejemplo, en el contexto de la Guerra Sucia, cuando el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), documentó que la Dirección Federal de Seguridad informó de la muerte de Lucio Cabañas en los siguientes términos:
“El personal de tropa dio demostraciones de júbilo al conocer que en ese encuentro cayó abatido Lucio Cabañas Barrientos”.
Finalmente, ejemplifica la organización, la palabra ha sido utilizada en el mismo sentido, en las operaciones de otras Fuerzas Armadas de la Región:
“En Colombia, la denuncia de los falsos operativos se inicia a partir de que la Directiva Ministerial Permanente 29/2005 que prevé incentivos económicos, entre otras cosas, para el ‘abatimiento de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley o cabecillas del narcotráfico”.

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