De Plumas Libres
Xalapa, Ver. El caso del asesinato de la periodista Regina Martínez podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a las inconsistencias del caso, una de ellas la acusación a Jorge Alberto Hernández Silva,
alias “El Silva”, a quien el autoridades de Veracruz inculpó de
coparticipación y se le han violentado sus derechos humanos, dijo en
rueda de prensa la abogada del caso Diana Coq Toscanini.
En rueda de prensa en conocido café de Xalapa, la abogada expuso que
en base al estudio de la causa penal y averiguación previa integrada con
motivo del asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en abril
del 2012 , “El Silva, considero que es inocente”.
A decir de Coq Toscanini, existe una grabación de
“El Silva” en la que hace declaraciones señalando a altos funcionarios
que influyeron en su detención y en la forma que fue torturado.
Al respecto, agregó que a El Silva se le han violentado sus derechos pues se le tiene completamente incomunicado
y aislado. Jamás le han hecho pruebas pertinentes para conocer en qué
etapa se encuentra la enfermedad que padece, pues no se sabe si es
portador de VIH o ya padece la enfermedad como tal, el SIDA.
“No se le ha proporcionado en el Centro de Readaptación Social de
Pacho Viejo la atención por parte de los Centros Ambulatorios de
Prevención y Atención del SIDA”.
La abogada refirió también que con la detención de El Silva, las
autoridades veracruzanas suspendieron incluso la búsqueda del otro
coacusado, “El Jarocho”.
Asimismo, en este hecho se centró la averiguación en torno al caso
Regina, dejando de lado su actividad periodística como aspecto
importante en torno a su homicidio.
Coq Toscanini indicó que “desde un principio la cadena de custodia
está muy mal realizada por parte de la Fiscalía, ya que de todas las que
se hicieron, ninguna coincide”.
“Regina Martínez tenía una fuerte lesión en la mejilla, provocándole la exposición del maxilar inferior, era lógico que no se tratara de una mordida humana como se manejó durante tanto tiempo”.
La abogada enfatizó que prepara una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una vez agotando esa instancia, procederá a interponer la respectiva queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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