De Forbes Mèxico
En
el hipotético caso de que el jefe del Ejecutivo dimitiera, su sucesor
probablemente saldría de las mismas filas que su partido gobernante, el
PRI. Pero un cambio de mandatario no sería suficiente para una
mejora en la situación que atraviesa el país.
El
presidente Enrique Peña Nieto cumplió dos años de haber tomado posesión
en un contexto que su gobierno no había previsto. La desaparición de 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de
septiembre, a manos del grupo criminal Guerreros Unidos, con la
complicidad de la policía municipal de Iguala, detonó una crisis
política y social que movilizó a varios sectores de la población.
Además
de los crecientes cuestionamientos (a nivel nacional e internacional)
al gobierno y su capacidad para ofrecer justicia a los desaparecidos y
sus víctimas, un reclamo se hace más fuerte en las marchas y protestas:
la renuncia del presidente.
Bajo estas circunstancias,
¿la salida del jefe del Ejecutivo es factible? El Artículo 86 de la
Constitución mexicana dice que “el cargo de Presidente de la República
sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la
Unión, ante el que se presentará la renuncia”.
Aunque la
Constitución no precisa a qué se refiere como “causa grave”, la renuncia
del presidente sería muy complicada, debido a que los hechos ocurridos
en Iguala, Guerrero, fueron a nivel municipal y estatal, pero no
federal, subraya Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política del
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.
Lo
cierto, también, es que desde este suceso las acciones del presidente
están bajo un mayor escrutinio de varios sectores de la sociedad, algo
que hace mucho más difícil ejercer el poder.
De las reformas a Iguala
En
2013 y la primera mitad de 2014, el gobierno de Peña recibía elogios
por parte de la prensa internacional y especializada por la batería de
reformas estructurales aprobadas. El 11 de agosto pasado, sólo 47 días
antes de los hechos de Iguala, el mandatario promulgó las leyes
secundarias de la reforma energética.
Pero la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la violencia como el
principal factor de riesgo para el crecimiento económico, según los
especialistas consultados por el Banco de México (Banxico) en su última
encuesta, han puesto en jaque su gobierno bajo serios cuestionamientos.
El presidente cayó 23 lugares en la Lista anual Forbes de las personas más poderosas del mundo. El mandatario se ubicó en el lugar 60, cuando el año pasado estuvo en el 37.
El
jefe del Ejecutivo tuvo la caída más estrepitosa en la lista junto al
taiwanés Terry Gou, CEO de Hon Hai Precision, proveedor de Apple, quien
bajó en la lista del puesto 48 al 71.
Forbes
señaló que la probable participación del ex alcalde de Iguala en la
desaparición de los normalistas y el descubrimiento de fosas comunes “ha
enfurecido a los mexicanos, lo que provocó una campaña masiva exigiendo
la renuncia del presidente”.
¿Y si renuncia..?
El
Artículo 86 de la Constitución establece que el presidente sólo puede
renunciar “por causa grave”, que calificará el Congreso de la Unión.
“Sería
complicado que haya una causa grave en este sentido, porque, en cierta
medida, el tema se originó en el municipio, y luego en el estado, pero
no necesariamente en la Federación, por lo que sería difícil que el
Congreso encontrara una causa grave”, explica Gustavo López Montiel,
profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad
de México.
El Artículo 108 constitucional dice que el
presidente, durante el tiempo en su cargo, solamente podrá ser acusado
“por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
La
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos contempla como
responsabilidad del presidente, así como de todos los funcionarios e
integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, la presentación de su
declaración patrimonial.
Las facultades y obligaciones
del jefe del Ejecutivo están estipuladas en el Artículo 89
constitucional, y las más importantes son:
- Difundir y ejecutar las leyes que realicen los senadores y los diputados.
- Designar a secretarios de Estado; ministros de la Suprema Corte; procurador de la República; a los oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, entre otros.
- Tiene la obligación de resguardar la seguridad de la nación, interior y defensa exterior de la Federación.
- Declarar la guerra en nombre de los mexicanos.
- Conducir la política exterior y celebrar tratados internacionales con otros países.
- Conceder absoluciones a los reos sentenciados por delitos de conformidad con las leyes aplicables.
Pero, en el hipotético caso de que el presidente renunciara, el Artículo 84 constitucional contempla dos escenarios:
De
haber dimitido Peña Nieto antes del 1 de diciembre, el Congreso, si
estuviera en sesiones se habría constituido en colegio electoral y
nombraría “en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un
presidente interino; el mismo Congreso expedirá, dentro de los 10 días
siguientes al de la designación de presidente interino, la convocatoria
para la elección del presidente que deba concluir el periodo respectivo,
debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale
para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses,
ni mayor de 18”.
¿Y si el presidente renuncia en los últimos cuatro años de su mandato?
Si
el Congreso está en sesiones, designaría a un presidente sustituto para
terminar el periodo. De no estar en sesiones, la Comisión Permanente
nombraría a un presidente provisional y convocaría a sesiones
extraordinarias para designar a un presidente interino y convocar a
elecciones presidenciales en un plazo no menor de 14 meses ni mayor de
18.
El 42% de los diputados que integran la LXII
Legislatura en el Congreso son del partido gobernante, el PRI, por lo
que la designación de un nuevo presidente probablemente saldría de estas
filas.
Pero, ¿la renuncia del actual mandatario daría un cambio a la actual situación que atraviesa el país?
“El
problema no es el presidente, sino las condiciones y la forma en que el
crimen organizado se infiltró en las instituciones de gobierno, más
allá de quien esté. Como vimos, en Guerrero renunció el gobernador, pero
eso no implicó que cambiara la situación. No es suficiente con que el
gobierno renuncie sin que haya un conjunto de acciones que tengan que
ver con la restitución del Estado de derecho”, opina López Montiel, del
Tec.
¿Su poder ya no será el mismo?
Aunque
una eventual dimisión de Peña Nieto sea muy poco probable, también es
cierto que la capacidad de su gobierno para ejercer el poder se vea
reducida. Esto no es exclusivo de México, sino que más gobiernos
alrededor del mundo se están viendo con limitaciones, explica el
internacionalista venezolano Moisés Naím en su libro El fin del poder (Debate, 2013).
“El
poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil
de perder. Eso ocurre en todas partes del mundo. Pero no sólo ocurre
geográficamente, sino en todas las actividades humanas”, afirmó en entrevista con Forbes México el pasado 24 de febrero.
¿Por
qué el poder, como tradicionalmente lo conocemos, está perdiendo
fuerza? El ex director ejecutivo del Banco Mundial lo atribuye a tres
determinantes, las cuales llama ‘revoluciones’: la del Más (mayor población y acceso a servicios e información); la de la Movilidad (las fronteras son menos importantes) y la de la Mentalidad (que ha hecho cambiar la forma de pensar de la gente).
Esta
última es más perceptible a través de la tecnología y las redes
sociales, en las que se muestran las motivaciones. “Las tecnologías son
instrumentos, y los instrumentos requieren usuarios. Los usuarios tienen
motivaciones y dirección. Están usando estas nuevas capacidades para
moverse en cierta dirección y no en otra”, dice Naím.
En opinión de López Montiel, del Tec, a la organización colectiva aún le falta mucho por delante para ser un contrapeso.
Muy
probablemente el presidente Peña Nieto concluya su mandato, pero tal
vez su ejercicio del poder, después de Ayotzinapa, ya no será igual.
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