AYOTZINAMA: Una cartografìa de la violencia

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jueves, septiembre 10, 2015

Solalinde ahonda en el caso Ayotzinapa


De Ìndice Polìtico

Estado de los ESTADOS

Escrito por Índice Político en . Publicado en Lilia Arellano
 
“El optimismo hace que lo pésimo sea tolerado
con deportiva resignación”: Jorge Saldaña
  • Economía ficción
  • Incongruencias del paquete económico
  • Gastos billonarios Vs. pobreza extrema
  • Intocables salarios de la alta burocracia
  • Solalinde ahonda en el caso Ayotzinapa
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Septiembre 9, 2015.- Pese a que en todos los bolsillos de los mexicanos -y en ellos se incluyen los de todas las clases sociales- no están en su mejor momento, que se sabe de una crisis económica nacional severa que se une a la internacional que de una manera o de otra repercute, el Paquete Económico 2016 considera un presupuesto de 4 billones 746 mil 946 millones de pesos, mismo que es superior al autorizado para 2015. Sabedores del desempleo existente, lo cual redunda también en una baja en la recaudación fiscal que se une al cierre de cientos, miles de empresas medianas, pequeñas, inclusive de micro negocios que tenían cuotas tributaria fijas, de la baja en los precios del petróleo, de la exigencia de los sectores poderosos por obtener condonaciones y reducciones en los porcentajes que deben liquidar al fisco, no se sabe cómo o de donde sacarán el dinero que hoy dicen necesitar.
Orgullosos se han manifestado de que se incluya un recorte al gasto programable de 97 mil millones de pesos, que agregados a los ciento 124 mil millones de pesos del ajuste preventivo de enero, sumarán al cierre del próximo año una disminución equivalente a 1.15 por ciento del PIB., 221 mil millones de pesos. También enmarcan una reducción de 120 mil millones de pesos a las entidades que dependen directamente del Ejecutivo Federal. La reducción más significativa es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que pasaría de gastar 130 mil millones de pesos en 2015, a 97 mil millones en 2016; una reducción del 25 por ciento. La Secretaría de Agricultura tendría una disminución de 18 mil millones de pesos en su gasto, 19 por ciento menos que en 2015; La Secretaría de Educción ejercería 15 mil millones menos que este año, es decir 4.8 por ciento menos; la Secretaría de Salud ejercería 6.7% menos con 129 mil millones de pesos el año entrante.
Todos estos ajustes no contemplan las nóminas de ejecutivos, como daremos a conocer más adelante por lo que se verán afectados las renglones que si impactan a la sociedad. Otra de las interrogantes se sitúa en los ingresos petroleros que dicen serán el próximo año de 862 mil 800 millones de pesos, es decir, 30 por ciento menos a lo esperado para 2015, que era de un billón 232 mil 700 millones de pesos. Es una pérdida de recursos, respecto de lo previsto, de 369 mil millones de pesos. Aunque en este terreno, dicho sea de paso, se cumple el dicho: “el papel aguanta todo”, ya que mantienen un cálculo de 50 dólares por barril cuando en el presente la cotización es de solo 39.50 dólares y se advierte que el precio seguirá a la baja. Así que habrá de esperarse que este proyecto de ingresos tenga otros ajustes que, para variar, repercutan severamente en el área educativa, de salud, de vivienda y otros de primer orden.
Se dijo una y otra vez que no habría aumentos en impuestos, pero nada se advirtió sobre los servicios y otros renglones que incluyen la gasolina, el diesel, la electricidad, los peajes y todo aquello que resista incrementos, ya que en esos renglones aplicarán los “ajustes periódicos y graduales” que se requieran dicen que para recaudar sin impactar abruptamente los niveles de inflación. Con ello queda claro que seguirán manteniendo una política contra la pobreza que lo único que logre sea librar el visto bueno de las instituciones que otorgan créditos al presentar porcentajes controlados.
ALTOS SALARIOS
El próximo año, se mantendrán los altos salarios de los funcionarios del gobierno federal, senadores y diputados, presidentes de órganos autónomos, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los ministros seguirán siendo los servidores públicos mejor pagados del país, con ingresos de 6 millones 766 mil 428 mil pesos al año, y los consejeros de la Judicatura en segundo lugar, con 4 millones 303 mil 897 pesos. Aunque el presidente Enrique Peña Nieto ganará 5 mil 39 pesos menos, su salario anual será de 2 millones 989 mil 128 pesos. Los senadores ganarán cada uno un millón 925 mil 945 pesos; y cada uno de los diputados tendrán ingresos por un millón 432 mil 997 pesos.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, tendrá un sueldo anual de 2 millones 948 ml 346 pesos; el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, y sus compañeros tendrán un sueldo anual de 2 millones 987 mil 547 pesos; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, tendrá un salario de 2 millones 907 mil 481 pesos; Alejandra Palacios Prieto, de la Comisión Nacional de Competencia Económica, 2 millones 477 mil 851 pesos; el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Oswaldo Contreras, 2 millones 208 mil 283 pesos; y la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, 2 millones 400 mil 980 pesos.
PRESENTACION APROVECHADA
La expectativa que creó la presentación del proyecto de Paquete Económico 2016 sirvió como cortina de humo de una información más que relevante dada a conocer por el padre Alejandro Solalinde, en la que establece que la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fue llevada a cabo por el Estado en complicidad con las distintas fuerzas del orden. El hecho es de la mayor trascendencia ya que se deriva de declaraciones de seis personas que le proporcionaron detalles sobre la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014. Entre estos destaca que un grupo pequeño de normalistas habría sido quemado en Iguala; que hubo dos y hasta más ataques contra los estudiantes; y, lo más sobresaliente, que en los ataques hubo presencia de la Policía Federal y elementos del Ejército, además de que varios de los desaparecidos estaban relacionados con tráfico de droga.
Solalinde, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012 por su labor en defensa de los migrantes, subraya que “es un hecho que fueron policías reglamentados, con armas reglamentadas, con uniformes, quienes dieron la orden de desaparición”. En una entrevista con Grupo Imagen Multimedia, recuerda que desde el año pasado se habló de un quinto camión, incluso de más camiones involucrados en el caso. También repasó las declaraciones del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien “decía que venían en camino 12 cuerpos de Iguala; de los que habían participado en el evento…. En ese momento no le dimos ninguna importancia pero después, recapitulando, nos preguntamos dónde están y quienes eran esos cuerpos, porque ya no se supo de ellos”.
“Otro punto que tocó el ex procurador en ese momento fue que se sabía que los estudiantes llevaban droga, mencionó la posibilidad de que alguno de los estudiantes fuera de Los Rojos”, añadió. Según Solalinde, los lugareños de Iguala insisten en que un grupo pequeño de jóvenes fue quemado, incluso unos todavía estaban vivos al momento de la incineración. También destaca que el informe por parte de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes coincide en que la desaparición fue parte del Estado, Policía Federal y elementos del Ejército.
Desde hace casi un año, durante el XI Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, Solalinde sostiene que los normalistas están muertos y que incluso algunos fueron quemados vivos. En declaraciones a periodistas extranjeros dijo que “estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber”. Reveló que sus informaciones provienen de testigos, de los mismos policías, que tienen miedo de hablar, así como de jóvenes que fueron testigos del primero y segundo ataque. “Como vieron que algunos de los jóvenes estaban heridos, otros cayeron también. A los que cayeron se los llevaron, agentes del Estado, quienes los balearon, los atacaron como si fueran un ejército y no estudiantes pobres, de una normal rural”.
Solalinde dijo entonces que mantenía contacto con estudiantes que sobrevivieron a los hechos violentos del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, La versión defendida por las autoridades es que en la desaparición de los jóvenes participaron policías e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. La Procuraduría General de la República debería ahondar en los señalamientos del padre Solalinde, abrir las líneas de investigación correspondientes a los miso, y dejar de defender la mentira histórica de Murillo Karam.
En tanto, en el Senado de la República, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) defendió su informe, según el cual los 43 normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula y recomendaron solicitar la colaboración de Estados Unidos y autoridades internacionales para determinar si hay una conexión con el tráfico de heroína de Iguala a Chicago. A su vez, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, dijo que, a nombre de los padres, quieren que los expertos de la CIDH se queden en el país por tiempo indefinido hasta asegurar la verdad del caso Ayotzinapa.
DE LOS PASILLOS
Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que encontró que en las cárceles federales, estatales y militares es recurrente la violación a las garantías individuales. Señaló que la violencia al interior de estos espacios de reclusión se relaciona con diversos factores derivados de las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento y en las deficiencias en las acciones para prevenir este tipo de incidentes. En los centros federales no hay suficiente personal para garantizar la seguridad interna, advirtió. Si se le agrega que en los de alta seguridad hay muertes por sobredosis de droga y crímenes con armas de fuego y blancas el problema va mucho, pero mucho más alla.

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