Periodistas de América
Latina, EU y Europa respaldan la demanda contra el Estado mexicano por
obstrucción y denegación de justicia, luego de la aniquilación de un
juicio por la libertad de expresión, tras el despido de Carmen Aristegui
de MVS.
DECLARACIÓN DE MEDELLÍN
APOYO A DEMANDA DE LA PERIODISTA MEXICANA CARMEN ARISTEGUI ANTE LA CIDH
Los periodistas abajo firmantes reunidos en Medellín, Colombia, en ocasión del Festival de Periodismo Gabriel García Márquez 2015,
más otros colegas de distintos países que se han sumado, hemos decidido
suscribir junto al equipo de reporteros, redactores, comentaristas y
productores mexicanos, encabezado por nuestra colega Carmen Aristegui,
una demanda contra el Estado mexicano por obstrucción y denegación de justicia. Lo hacemos en calidad de peticionarios, acorde a lo que establece el artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ese equipo periodístico fue el ganador del Premio Gabriel García
Márquez 2015 en la categoría Cobertura, porque un jurado internacional
independiente, integrado por destacados profesionales, todos reconocidos
como maestros de la profesión en el continente, consideró que “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” es el trabajo que mejor reúne los requisitos de excelencia y ética profesional entre 337 postulaciones de toda Iberoamérica.
La información recogida en Medellín por todos los firmantes nos permite decir que esta es la historia:
En noviembre de 2014 un grupo de periodistas mexicanos, entre los que
se encuentran Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta,
Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, culminaron una importante
investigación periodística que tomó varios meses en torno a una
millonaria residencia en posesión del Presidente de México Enrique Peña Nieto,
avaluada en más de 7 millones de dólares y cuya propiedad legal estaba
registrada a nombre de un próspero contratista del gobierno mexicano. La
residencia, ubicada en Lomas de Chapultepec, la zona de más amplia
plusvalía en la Ciudad de México, fue diseñada por un renombrado
arquitecto al gusto y necesidades del hoy Presidente de la República.
La investigación reveló que antes, durante y después de la construcción de esa casa, ocupada por Peña Nieto, el grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario
legal de la casa, fue beneficiado con contratos millonarios de
reparticiones del Estado, algunos obtenidos en cuestionados procesos de
licitación y otros por asignación directa. La investigación demostró que
los contratos millonarios en obras públicas del empresario Hinojosa
Cantú, amigo del Presidente, habían crecido de manera considerable
precisamente durante las gestiones políticas del mandatario.
En el desarrollo de esa investigación, los periodistas solicitaron
información del tema a la presidencia de México -vía Ley de
Transparencia y Acceso a la Información- para incorporarla al reportaje.
La respuesta del gobierno mexicano fue no entregar ninguna información
sobre las interrogantes planteadas por los periodistas, y poner en
conocimiento del contenido de esa investigación a los concesionarios de
la radio donde trabajaba ese equipo periodístico.
Los empresarios Joaquín, Ernesto y Alejandro Vargas, propietarios del grupo MVS Comunicaciones,
concesionario del espacio radiofónico, fueron presionados por el poder
político, que buscó impedir que los periodistas dieran a conocer en sus
frecuencias esta investigación. De hecho, los dueños de MVS
Comunicaciones pidieron ex profeso a la directora del grupo
periodístico, Carmen Aristegui, que esa información fuera omitida de sus
frecuencias. El argumento principal que expusieron fue que divulgar un
reportaje de ese calibre pondría en riesgo su relación con el gobierno y
los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarios para la
operación de sus frecuencias concesionadas, particularmente la
relacionada con la banda 2.5 para explotar Internet de alta velocidad y
la más rentable.
En ese contexto, los periodistas enfrentaron el dilema de aceptar la
censura y guardar el reportaje en sus cajones para no afectar
millonarios intereses empresariales, o bien buscar una salida alterna
que les permitiera mantener al aire su programa y, a la vez, garantizar
una amplia cobertura para un tema de claro interés público. Eligieron la
segunda opción. Convocaron a colegas corresponsales de los más
importantes medios de comunicación internacionales y les adelantaron el
contenido del reportaje “La casa blanca de Enrique Peña Nieto” que fue difundido simultáneamente en el sitio web “Aristegui Noticias”, en la revista Proceso, en los diarios La Jornada y Reforma, y en el sitio web “Sin Embargo”.
El reportaje nunca fue difundido en las frecuencias de Noticias MVS.
Aún así, esa empresa escaló un conflicto artificial hasta llegar al
punto de pretender sustituir el modelo de libertad editorial,
contemplado en el contrato suscrito por la periodista Aristegui y la
empresa MVS Comunicaciones, por uno de control editorial y censura
previa. El intento de imponerle al equipo de “Noticias MVS, primera emisión”,
nuevos mecanismos de censura y control de contenidos, fue rechazado por
el equipo de ese noticiero radiofónico. El desenlace de ese episodio
significó el despido fulminante y masivo de todo ese equipo. Esa ruptura
también significó que la empresa de comunicación desconociera
unilateralmente los términos del contrato suscrito con la directora del
informativo.
En 2009, Carmen Aristegui había suscrito un contrato civil con la
empresa MVS Comunicaciones, en el cual se establece que la periodista
es directora y responsable de los contenidos editoriales del noticiero
radiofónico “Noticias MVS, primera emisión”. En dicho contrato se
incorporó un código de ética mediante el cual se asumen compromisos
mutuos entre la periodista y la empresa de comunicación frente a su
audiencia. También se incluyó un árbitro al cual se recurriría en caso
de un diferendo editorial que no pudiera ser resuelto a la luz de la
interpretación de ese código de ética.
Ese modelo de avanzada en la regulación de la relación profesional
entre periodista y concesionarios, basado en la libertad editorial,
funcionó durante seis años y permitió a los periodistas desarrollar un
trabajo profesional e independiente que generó contenidos editoriales
que, a juzgar por su creciente audiencia, fueron altamente apreciados.
Ese exitoso modelo editorial resultó también un rentable modelo de
negocios.
En respuesta a la violación de contrato y censura cometidos por MVS Comunicaciones contra los periodistas,
miles de oyentes y algunas organizaciones no gubernamentales
relacionadas con la libertad de expresión, no solo se manifestaron en la
calle y recolectaron firmas de apoyo a los periodistas, sino que
promovieron recursos legales para buscar el amparo de la justicia ante
la arbitraria acción que los sacó abruptamente del aire. El público, que
había establecido lazos de identificación y pertenencia con el
noticiero, reclamó su derecho a ser tomado en cuenta. A su vez, la
periodista buscó el amparo de la justicia para tratar de revertir el
golpe de censura.
Simultáneamente, en un documento firmado por 114 organizaciones se hizo pública la “preocupación
sobre acciones de censura previa, sobre la utilización de medios
indirectos para restringir la libertad de expresión y sobre la
implementación de medidas de control editorial para eliminar la
pluralidad informativa y la difusión de información crítica”.
El juicio de amparo interpuesto por Carmen Aristegui fue admitido en primera instancia por el juez Fernando Silva García,
lo que encendió las alarmas no solo del poder político. En efecto, la
posibilidad de que ese juicio prosperara puso en alerta a la industria
concesionada de radio y televisión ante el peligro de que un juicio
devele las malas prácticas editoriales en esa industria. Fue así como la
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión le pidió al
juez que escuchara sus argumentos sobre por qué el amparo demandado por
Aristegui no debía ser acogido. La presión ejercida sobre el Poder
Judicial fue de antología. No se permitió siquiera que el juicio se
realizara ya que un tribunal colegiado, que actuó en sentido contrario a
la jurisprudencia aplicable, dio el tiro de gracia a un proceso con el
que se buscaba dilucidar un punto crucial para la libertad de
expresión y de información: dirimir si las empresas privadas de
comunicación concesionarias de un bien propiedad de la Nación, tienen
derecho a censurar o imponer modelos editoriales contrarios a la
libertad editorial y a lo que establece el marco de la ley.
“La denegación de justicia a una periodista que pedía amparo por un
hecho de censura y violación a sus derechos fundamentales no sólo es una
aberración jurídica, sino un signo muy preocupante de regresión
autoritaria en este país. El juez podía darnos o no la razón, pero
teníamos derecho -mis abogados y yo- a que se nos escuchara y a
presentar nuestras pruebas y alegatos”, afirmó Carmen Aristegui. “La
justicia nos cerró la puerta. Nos dejaron, literalmente, en la
banqueta”, señaló el connotado jurista Javier Quijano, representante del
cuerpo de abogados que lleva el caso, al conocer la sentencia.
Aniquilar de esa forma la posibilidad de un juicio por la libertad de
expresión impidió, entre otras cosas, que se analizara y resolviera
sobre uno de los alegatos jurídicos principales: que en un litigio por
censura, la empresa de comunicación no puede ser tratada como si fuera
solo un ente empresarial, sino como autoridad responsable, dado que, con
sus acciones, viola el derecho fundamental de la libertad de expresión.
Un grupo empresarial que explota un bien propiedad de la Nación y
opera con frecuencias concesionadas, está obligado a cumplir la ley como
el Estado mismo. Al practicar la censura y hacer mal uso de la
concesión que le brindó el Estado, debe responder ante la justicia como
autoridad responsable y no solo como empresarios que amordazan a los
periodistas.
En este caso, la periodista buscó el amparo de la justicia para
tratar de revertir el golpe de censura que la había sacado del aire a
ella y a todos los periodistas de su equipo. Desde el poder político y
el poder empresarial concesionado de la radio y la televisión se ejerció
una fuerte presión para que un juicio de esta naturaleza no se llevara a
cabo. Los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, Pablo Domínguez Peregrina, María Elena López Rosas y Marco Antonio Bello Sánchez fueron los encargados de enterrar el juicio de amparo al denegar justicia a la periodista mexicana.
Esa es la razón principal por la cual firmamos esta “Declaración de Medellín“,
convencidos de dar esta batalla por nuestras libertades, y sabedores de
que en el continente en el que vivimos estamos poblados de historias de
censura, auto censura y graves ataques a la libertad de expresión. Es
tiempo de que los periodistas y las audiencias no solo sepamos que
tenemos derechos refrendados por leyes y constituciones, sino que
debemos encontrar los caminos para que esos derechos se respeten y los
hagamos valer.
Medellín, 2 de octubre de 2015.
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