Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Foto: Yerania Rolón |
XALAPA,
Ver. (apro).- En medio de una aguda crisis económica, el gobernador
priista Javier Duarte envió al Congreso un paquete de iniciativas con
proyecto de decreto que prevé elevar de 2 a 3% el impuesto sobre
erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, gravamen que
impactará negativamente a burócratas y a los sectores turístico y
empresarial.
En la exposición de motivos, Duarte justifica la
medida al aducir que es necesario “robustecer la recaudación de las
contribuciones estatales”, en aras de “asegurar los subsidios” al
Instituto de Pensiones del Estado (IPE), a la Universidad Veracruzana
(UV) y para “acelerar el calendario de pago” a contratistas y
proveedores.
La iniciativa ya fue turnada para su análisis y discusión a la Comisión Permanente.
No obstante, los diputados recibieron este paquete de iniciativas en un
Anexo A, el cual fue separado de la Gaceta Legislativa, su lectura
dispensada y la distribución del documento de siete hojas no se entregó a
reporteros como normalmente se acostumbra.
En el anexo, Duarte
apela a que se trata de una política pública “responsable”, pues “amplía
la perspectiva de estado” en los ingresos de participaciones federales.
En los últimos 18 meses es ya una constante que líderes de cámaras
empresariales, contratistas y constructores reclamen pagos, pues se han
quejado de una parálisis económica gubernamental.
Además, en la
primera semana de octubre se cumple un año de que 40 mil adultos mayores
dejaron de recibir de parte del DIF una pensión vitalicia trimestral de
2 mil 500 pesos.
Peor aún, pues para evadir dicho pago, el
propio organismo asistencial y la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) pretextaron una depuración del padrón de beneficiarios.
Apenas el fin de semana, Duarte de Ochoa admitió una deuda millonaria
con integrantes del magisterio, correspondientes a rezonificación,
prestaciones y bonos, donde el priista aseguró que en octubre el
gobierno estatal se pondrá al corriente con esos pagos.
Ayer
líderes empresariales de la Cámara Nacional de Comercio y del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) se reunieron en el puerto de Veracruz para
fustigar la “homologación” de 2% a la nómina, pues aseguraron que es un
“gravamen disfrazado” que acarreará el despido de empleados, el aumento
de precios y la no atracción de inversiones.
En una carta enviada a Apro,
organizaciones de mujeres y ONG exigen al gobierno de Duarte que pague
los adeudos para programas de la igualdad de género que ya fueron
depositados por la Federación.
Organizaciones como Red Nacional
Género y Economía, Red de Mujeres Sindicalistas, Mujeres en Acción
Sindical AC, Especialistas en Género, Salud y Construcción de Bienestar,
Corpórea SC y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario
fustigan al gobierno estatal por el incumplimiento y violación a
derechos laborales y humanos de profesionistas y grupos civiles que
trabajan en favor de las mujeres.
“El gobierno de Javier Duarte
de Ochoa sigue sin explicar qué hizo con los recursos federales
destinados, en 2014, al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IMV) para
promover la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación
de la violencia contra las mujeres. Con contratos firmados y habiendo
concluido satisfactoriamente las metas del proyecto ‘Política estatal:
Igualdad sustantiva para las mujeres veracruzanas’, las consultoras –que
subsidiaron todos los gastos– exigen el pago de los adeudos”, claman en
la misiva.
Otro de los ejemplos de la parálisis económica es que
varias de las principales obras de infraestructura ya fueron
“concesionadas” a grandes corporativos internacionales, entre ellas la
conclusión del túnel sumergido, que fue delegada al grupo Carso, del
multimillonario Carlos Slim, mientras que el viejo Sistema de Agua y
Saneamiento (SAS) fue concesionado al gigante brasileño Odebrecht, una
vez que el organismo público se declaró en quiebra.
El diputado
de la Comisión de Hacienda, el panista Julen Rementería, ironizó hace
unos días en que “fácilmente se llenaría el estadio Luis ‘Pirata’ de la
Fuente” si se juntaran todos aquellos que reclaman pagos al gobierno de
Javier Duarte.
El tema de la deuda y los problemas financieros
que ha acarreado a la vida productiva de la entidad han sido abordados
en el semanario Proceso en los números 2019 (“Duarte malbarata y hunde a su estado”) y 2023 (“Un gobierno de pesadilla”).
Los tres senadores de la entidad, José y Héctor Yunes, del PRI, y
Fernando Yunes, del PAN, han hecho pronunciamientos en el sentido de que
en 58 meses del gobierno de Duarte la entidad se encuentra al borde del
“colapso financiero”.
Incluso Yunes Landa –visible aspirante a
suceder a Duarte– ya acudió a la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) a exigir una “revisión” del ejercicio y aplicación de los recursos
de los servidores públicos más cercanos al mandatario priista.
Ayer, Javier Duarte se quejó en Córdoba, en rueda de prensa, de que “no
es mago, el dinero tiene que aparecer de algún lado, tenemos que actuar
con responsabilidad”, expuso.
Más adelante fustigaría a los reclamantes de pago: “A nadie le gusta pagar impuestos, pero sí reclamar obras”.
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