(Foto: Cuartoscuro/Presidencia)
De un solo trago quiso el gobierno mexicano pasarse las críticas a su gestión en materia de Derechos Humanos.
Todo junto para pasar la crisis rápido, desde la sesión del consejo
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 14 de septiembre, hasta el 7
de octubre, en que finalizó la visita del Alto comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Entre estas fechas se presentó el
informe del Grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e
involuntarias, se cumplió un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se conmemoró un aniversario más del 2 de octubre y se tuvo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Todo indica que el gobierno prefirió hacer las invitaciones al Alto y
a la CIDH en estas fechas para juntar todo, que se aglutinen las
críticas, responder como lo han venido haciendo,
aguantar algunas columnas de opinión, parecer abiertos en el exterior
aunque se agiten las aguas en el interior y pasar la hoja sin grandes
cambios.
Los señalamientos, así como el diagnóstico, fueron muy similares. El
Alto señaló que las autoridades han sido intolerantes ante la crítica y
recordó de manera muy diplomática “en lugar de matar al mensajero,
enfoquémonos en el mensaje…Todos estamos de su lado. Todos queremos
ayudar a México”, su advertencia a la clase política fue clara: “ignorar lo que sucede en México no debe ser opción para los políticos”.
Muchas gracias por su visita pero ya váyase, parece haber sido la
respuesta oficial. Después de comprometerse (solo de dientes para
afuera) a colaborar con el sistema internacional de protección de los
derechos humanos, Peña Nieto afirmó que lo mismo ocurre en todo el
mundo, ¿de qué mundo hablará? Nuestra crisis se compara o se ve rebasada
en cifras solo con Siria, Somalia, República Centroafricana, Sudán y
otros países con conflictos serios.
De qué colaboración hablará Peña Nieto si en los últimos meses su gobierno ya desestimó los informes de la CIDH,
del Comité contra la desaparición forzada, del Relator sobre tortura,
del Relator sobre ejecuciones extrajudiciales, de distintas
organizaciones no gubernamentales, de la prensa y de expertos
nacionales, entre otros.
Pero en el exterior hay que dar otra cara. Las
palabras del subsecretario Roberto Campa en la sesión del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas retratan otro país, resaltó que el
Estado mexicano reconoce en el sistema internacional de Derechos Humanos
una herramienta de gran utilidad para avanzar en la promoción y
protección y que es con la colaboración con organismos internacionales,
otros países y la sociedad civil que se podrán generar estrategias
innovadoras y adecuadas.
Para tranquilidad de este gobierno, puede decir que tampoco es el primero que incumple,
que dice que hará y no hace nada. La CIDH realizó en 1998 un informe
sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Para sorpresa, más
bien no tanta, en casi dos décadas los problemas continúan, hoy mucho
más graves. Algunos puntos en este informe:
682. La aparición de nuevos grupos armados disidentes de distinto tipo, ha
provocado no solo el recrudecimiento de prácticas de control por las
fuerzas de seguridad, sino además el sometimiento indiscriminado de
organizaciones y dirigentes sociales. Actualmente la militarización se
extiende a varios Estados, justificándose con argumentos de combate al
tráfico de drogas y la delincuencia. Sin embargo, esa presencia ha
traído consigo el aumento de denuncias de violaciones a los derechos de
la población civil, inclusive su derecho a la vida.
686. A pesar de los esfuerzos y en particular de diversas
iniciativas del Estado para depurar las fuerzas de seguridad, siguen
existiendo denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, ocurridas bajo los rubros de lucha contra la guerrilla,
el narcotráfico o la delincuencia común.
687. La inexistencia dentro de la legislación nacional de un tipo
penal que describa dentro de su presupuesto de hecho la desaparición
forzada, contribuye a la incapacidad estatal de prevenir y sancionar esa
práctica.
688. La tortura y los tratamientos crueles, siguen siendo utilizados por algunos sectores de las fuerzas de seguridad…
730. Que fortalezca la autonomía e independencia del Ministerio Público.
759. Que adopte las medidas necesarias para sancionar a los
responsables de delitos cometidos contra personas que ejercen el derecho
a la libertad de expresión, incluyendo la investigación rápida,
efectiva e imparcial de las denuncias relacionadas con el hostigamiento a
periodistas, defensores de derechos humanos, y miembros de
organizaciones sociales.
Si en realidad pretenden ser un gobierno responsable y a la altura de
la crisis que enfrentamos deben partir de reconocer que el Estado es
quien ha recibido críticas, no solo este gobierno federal, que el Estado
no puede o no quiere resolverlo, que la asistencia internacional es
necesaria, que descalificar a quien presenta diagnósticos no cambia la
realidad, que el discurso no resuelve, que las plumas a modo empeoran la situación
al tapar o maquillar la realidad, que callar voces críticas en la
prensa y movimientos sociales es parte central del problema, que la
cooperación internacional no pone a la soberanía en juego, que reconocer
el problema es el primer paso hacia una posible solución, que la
responsabilidad es de los 3 poderes y de los 3 niveles de gobierno, que
no es un asunto de partidos políticos ni de elecciones, que es
insostenible, que la impunidad y la corrupción crónicas son insultantes,
que no se ha hecho gran cosa, que no se tiene un diagnóstico claro y
efectivo, que el dolor y el desgarramiento social por la falta de
verdad-justicia-reparación es enorme, que no son casos aislados, que no
es como en “todo el mundo”, que más de 150 mil muertos en 9 años es un
horror, que más de 25 mil desaparecidos debería poner en jaque a
cualquier gobierno, que la tortura es generalizada, que las graves
violaciones a los Derechos Humanos en nuestro país son crímenes de lesa humanidad (sí, así, de ese tamaño), que ya no se aguanta mucho más …
La responsabilidad de “patear” hacia adelante el problema es criminal, son responsables tanto este gobierno como varios del pasado, miles de víctimas se acumularán por la inacción.
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