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viernes, julio 01, 2016

El poder de Duarte se debilita en una semana negra, incluso con el PRI y sus diputados en Veracruz

De Sin Embargo Mx

El Congreso de Veracruz, integrado principalmente por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, está siendo el cobijo bajo el cual el priista se está refugiando para, mediante ciertos nombramientos de funcionarios, disminuir la posibilidad de que la siguiente administración pueda someterlo a la acción de la justicia. Aunque esta semana la dirigencia del tricolor aseguró que no respaldará ningún acto fuera de la legalidad, de acuerdo con especialistas, fue solo una estrategia luego de perder la gubernatura de la entidad y, mientras no haya voluntad política ni contrapeso, se complica que Duarte sea cuestionado por la ley.

 

Foto: Cuartoscuro.
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Foto: Cuartoscuro.

 
Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante seis años contó con la lealtad política del Congreso local, cuya mayoría es del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su partido. Al poco tiempo de terminar su administración, ante la imposibilidad de negociar con el mandatario siguiente –quien lo demandó por enriquecimiento ilícito–, acude a este cobijo para blindarse ante la justicia. La falta de contrapeso y voluntad política, así como el pacto de impunidad entre actores políticos, afirman politólogos, dificultará que el priista sea juzgado por los señalamientos de corrupción que lo rodean, a pesar de que esta semana el tricolor se distanció de él –más por el costo electoral que le causó, que por los señalamientos en su contra-.
Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, coincide con Miguel Ángel Yunes Linares, el Gobernador electo, y con otros panistas que afirman que la Reforma Constitucional en materia anticorrupción enviada por Duarte de Ochoa al Congreso estatal es una estrategia para librarse de la justicia.
Esta propuesta legislativa prevé la creación del Fiscal Anticorrupción y del Contralor General, quienes serán designados por el Congreso estatal, controlado por el PRI y sus partidos satélite locales. Asimismo retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados.
“Son medidas que sí van encaminadas a blindar su salida tratando de asegurar que no se le hagan juicios por las acusaciones que hay en su contra por corrupción, por desvío de recursos, por mal uso de presupuesto”, dijo a SinEmbargo Acuña Murillo. “Durante seis años fue el único poder en su estado. Ni su partido ni sus gobernados pudieron ponerle un alto a su forma de hacer política, bastante nociva para la población. Entonces en lugar de negociar su salida, lo que está haciendo es tratar de blindarse a partir de un Congreso que está bajo su control”, agregó.


Marco Leopoldo Arellano Toledo, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también lo considera así.
“No dudo que sea una estrategia de blindarse luego de que tiene que entregar el Gobierno en unos meses más adelante. Proponer un Fiscal anticorrupción con cinco años de duración me parece un exceso y un despropósito”, expuso. “En el Congreso estatal que tiene mayoría de su partido fundamentalmente muchos de los parlamentarios locales se beneficiaron de favores políticos que el propio Duarte concedió, entonces hay una lealtad política hacia el Gobernador. Es un ejemplo de que no ha llegado la democracia a algunos estados. La rendición de cuentas es mínima, el tráfico de influencias es máximo, no hay un contrapeso contra el Poder Ejecutivo y los órganos de transparencia no funcionan en ese estado”.


El jueves, el Congreso de Veracruz pospuso la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad, quien se preveía fuera Francisco Portilla Bonilla. El tema fue retirado del dictamen del día ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser discutido en el pleno. Dentro del recinto Legislativo grupos de personas protestaron con pancartas con la leyenda “#QueNoSeEscapeDuarte”.
“El grave problema que tiene México es el enorme pacto de impunidad entre partidos políticos, entre gobernantes y sus partidos. Se ve difícil [que sea juzgado], pero ya es hora”, aseguró Ivonne Acuña.
Para que Javier Duarte pise la cárcel, declaró Arellano Toledo, “tiene que haber voluntad política del PRI, de los partidos políticos y del Congreso federal para empujar que haya vigilancia y un estricto apego a la ley para que, en caso de comprobarse delitos, Duarte sea juzgado una vez salga de su mandato”.
No obstante, aunque a mitad de semana la dirigente interina del PRI nacional, Carolina Monroy del Mazo, afirmó que “el partido de ninguna manera habrá de respaldar un solo acto u omisión contrario a la legalidad” y que no es “ético” ni “correcto” promover una Fiscalía Anticorrupción a modo, se trató de un pronunciamiento tibio más encaminado a no seguir perdiendo preferencia electoral, consideraron los expertos. En las elecciones del mes pasado, el PRI perdió la gubernatura de Veracruz luego de ocho décadas de tenerla en sus manos.

“Se pronunciaron yo diría que tímidamente porque esto amerita medidas más fuertes. Lo que el PRI está haciendo es darle el privilegio de la duda, pero lo que quieren es protegerse por lo que pasó en las elecciones. Me parecen pronunciamientos tibios. No dicen más allá de lo que es lógico: claro que nadie está por encima de la ley, pero es una afirmación muy general que no está calificando lo que está pasando con este Gobernador”, aseguró la académica de la Universidad Iberoamericana.
Para el politólogo de la UNAM, “el PRI tiene que mostrar un verdadero cambio y mostrarse abierto a la opción de procesarlo en dado caso que tenga un delito que se le demuestre. Es momento de que el PRI tome distancia de este Gobernador; este tipo de personajes son justo los que le han restado preferencia electoral y le han incrementado las antipatías en este proceso electoral de 2016”.
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PAN ACUSA A DUARTE POR AGRESIÓN 
El miércoles pasado, integrantes de los 400 Pueblos agredieron con piedras la camioneta donde se transportaban el presidente nacional del Partido Aacción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés; el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el panista Santiago Creel Miranda.
Fue una trifulca que dejó vidrios rotos y al menos dos heridos –un escolta, quien tuvo que ser hospitalizado con una herida en la cabeza, y un trabajador del grupo legislativo del PAN–.
El ataque se dio afuera del Congreso del Estado luego de que los panistas pidieron a los diputados locales evitar que Javier Duarte designe a modo un Fiscal anticorrupción.
Los 400 Pueblos se caracterizan por manifestarse en las calles bailando en truzas generalmente en contra de Yunes Linares, a quien acusan de represión contra los campesinos cuando fue Secretario de Gobierno en la administración del ex mandatario estatal Patricio Chirinos Calero.
“Asesino de campesinos”, gritaban. “Represor”, repetían los cientos de protestantes antes de que los agredidos abordaran el vehículo. El líder campesino, César de Ángel, argumentó que Yunes los provocó.
Sin embargo, el líder del blanquiazul, Ricardo Anaya, señaló en su cuenta de Twitter que fueron “brutalmente agredidos por enviados de Javier Duarte”, quien a su vez se deslindó. “En nada tiene que ver conmigo o con el Gobierno de Veracruz”, respondió el priista por la misma red social.
“Eso ya fue un exceso en el supuesto de que haya sido él. Ya está perdiendo piso”, opinó la politóloga Acuña.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN condenó el ataque y por medio de un comunicado de prensa aseguró que esos hechos “son la mejor muestra de la desesperación de Javier Duarte, quien sabe que tendrá que rendir cuentas ante la justicia por todos los posibles delitos cometidos durante su gestión”.

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