De La Polìtica
• Arturo Reyes Isidoro
Más allá del interés público que despertó su caso, incluso del morbo
de sus enemigos y malquerientes, que los tiene y muchos, de la
trascendencia histórica y del escándalo mediático, creo que como
ciudadanos no tenemos nada que reconocer hasta ahora al Gobierno
Federal, el de Enrique Peña Nieto, porque se hayan suspendido ayer los
derechos partidistas de Javier Duarte de Ochoa y seis personas más,
cuatro de ellos exfuncionarios del Gobierno del Estado y dos notarios
públicos, y que se amenace ahora con expulsarlos en forma definitiva del
PRI.
Ciertamente, creo que lo que más debe afectar a Duarte es la carga
histórica que lo acompañará por el resto de sus días y que heredará a
sus descendientes de haber sido el primer gobernador de Veracruz en
funciones al que su propio partido sancionó por violaciones estatutarias
y presuntos actos de corrupción, como si no tenía ya suficiente con ser
el primer gobernador del estado que en 86 años perdió la elección de su
sucesor y quien entregará el gobierno a la oposición, peor para él, a
su más odiado enemigo.
Finalmente, lo de ayer no pasa de ser un hecho interpartidista, de
alcance limitado, con repercusión, en todo caso, sólo para los priístas.
La penalización contra Duarte, lo más severo que tiene es que es moral,
esto es, que lo ha exhibido públicamente, pero, ya se sabe, los
políticos están curtidos, tienen la piel muy gruesa por lo que todo se
les escurre y dejan que la toalla del tiempo los seque y hasta los
limpie, para regresar a las andadas de nuevo como si nada hubiera
sucedido. Tienen la cara dura, se dice luego. No fue, pues, más que un
acto cosmético.
Aparte del escándalo, ¿en qué beneficia a Veracruz y a los
veracruzanos la sanción partidista? En nada. El clamor general es que la
Procuraduría General de la República (PGR) –de la Fiscalía General del
Estado (FGE) no se espera nada porque su titular es un títere del propio
gobernador, impuesto en el cargo para encubrirlo– investigue a fondo
las denuncias y actúe en contra de los responsables del saqueo que han
sufrido las finanzas del estado, que los castigue ejemplarmente para
impedir que se propague más el cáncer de la corrupción en la entidad,
pero también que los obligue a resarcir el daño patrimonial que han
causado a las arcas de Veracruz.
Porque si les suspenden sus derechos como priístas pero se van
impunemente a disfrutar de la riqueza mal habida a costa de los
impuestos que pagamos todos los veracruzanos no sería más que una burla
más del gobierno de Enrique Peña Nieto al pueblo de Veracruz.
Pero, además, habrá que estar atentos y no dejar que se trate de
desviar la atención con esta sanción, porque lo verdaderamente
importante es que no sólo se investigue y se castigue a los responsables
del caso de las empresas fantasmas, el desvío de recursos que ello
implicó y la consiguiente evasión de impuestos, sino que también se
actúe por las denuncias que ha presentado la Auditoría Superior de la
Federación ante la PGR por un cuantioso daño patrimonial.
Hasta ahora, pues, nada hay que reconocer al régimen priísta con el
caso Veracruz. Dejemos a un lado el árbol del escándalo mediático sin
mayor trascendencia para los intereses de los veracruzanos y vayamos al
bosque de la verdadera corrupción que tiene sumida en una profunda
crisis económica y como consecuencia de ella de seguridad y social al
estado. Sólo sanción estatutaria y expulsión de su partido, no. Castigo,
cárcel y reparación del daño, sí.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI fue muy cuidadosa
sobre los señalamientos con base en los cuales tomó su determinación.
Generalizó. Mencionó que se afecta la imagen de ese partido, que hubo
violaciones estatutarias y que hay presuntos actos de corrupción. Lo que
se me dijo anoche es que se actuó con base en las investigaciones del
SAT por el caso de las empresas fantasmas, pero para nada en las
acusaciones que ha hecho el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes
Linares.
Se entendería, así, que no quieren darle ningún crédito pese a que su
presión influyó, y que los priístas quieren agenciarse todos los
méritos.
Sobre los otros sancionados, dos son exsecretarios de despacho,
Arturo Bermúdez Zurita, de Seguridad Pública, y Gabriel Deantes Ramos,
del Trabajo; un exsubsecretario, José Antonio Chara Manzur Beltrán, de
Finanzas, quien últimamente era delegado federal de Economía; y un
exdirector, Juan Carlos Rodríguez García, del Jurídico de la Sedesol
estatal cuando el titular era el actual coordinador de Comunicación
Social, Alberto Silva Ramos, así como dos notarios públicos: Israel
Ramos Mange, de Alvarado, y Daniel Cordero Gálvez, de Nogales.
Yunes pide a Meade apoyo para Veracruz
Ajeno al escándalo, por su parte el Gobernador electo Miguel Ángel
Yunes Linares aprovechó ayer una reunión de los once gobernadores del
PAN encabezados por su dirigente nacional Ricardo Anaya con el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, para
solicitarle trato especial para Veracruz dada la grave crisis económica
que enfrenta y que le van a heredar.
Lo que se sabe es que el nuevo gobernador se pasa al menos tres días
de la semana en la capital del país haciendo gestiones para rescatar al
estado. Hace varias semanas, un funcionario de la administración estatal
me confió que sabían que Miguel Ángel ya se reunió en privado con el
presidente Peña Nieto, aunque me dijo que no tenían el lugar preciso.
Por ahora, lo importante es que se ha reunido y ha hecho gestiones ya
con el que paga y distribuye recursos, que Veracruz y los veracruzanos
están urgidos de que lleguen apoyos, aunque está más que claro que al
actual gobierno ya no le darán ni un quinto más, por lo que la esperanza
se cifra en el que viene.
Ingobernabilidad en Xalapa
Representantes de los maestros que la mañana del lunes bloquearon
distintas avenidas de Xalapa dieron a conocer que para este martes se
contempla continúen las manifestaciones ante la negativa del Gobierno
del Estado a liquidarles todo lo que les debe.
Sus acciones afectarían las entradas a Xalapa y avenidas estratégicas
de la capital. Estos bloqueos son el mejor testimonio público de la
ingobernabilidad que hay ya en varios puntos del estado. El gobierno no
paga pero tampoco contiene el daño que se hace a terceros. Cuando no son
ellos mismos los que propician el desmadre con grupúsculos como el
llamado 400 Pueblos, no resuelven los problemas para evitar el cierre de
vialidades.
Los veracruzanos de Xalapa estamos totalmente desprotegidos en
nuestros derechos por parte de las autoridades. Cómo no vamos a clamar
porque esto ya acabe y se vayan. Por fortuna, ya sólo faltan 65 días
para que ello ocurra. Esto ha terminado por ser una verdadera pesadilla.
Molina se deslinda del desplegado
A través de una entrevista vía telefónica para una estación de radio
de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el dirigente de la CNC en la
entidad, Juan Carlos Molina Palacios, fue tajante al señalar que nunca
firmó el documento que se hizo público a nombre de los sectores del PRI
de Veracruz apoyando al gobernador Javier Duarte.
Hizo notar que en lugar de su nombre pusieron una firma con las
letras P. A, por ausencia, aunque no pusieron ningún nombre, por lo que
ignora quién lo incluyó. Quiso dejar claro que no fue consultado y que
no está de acuerdo con que se engañe a los veracruzanos.
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