De el Financiero
Estrictamente Personal
Raymundo Riva Palacio
Javier Corral ha puesto en jaque a Enrique Peña
Nieto. La acusación por peculado por 250 millones de pesos en contra de
su antecesor como gobernador de Chihuahua, César Duarte, colocó al
presidente en el centro de la lucha por la sucesión presidencial. Peña
Nieto no estará en la boleta, pero por él cruza el descarrilamiento de
la campaña presidencial del PRI. Corral lo ha emplazado desde el fin de
semana. Peña Nieto, dijo, tiene que responder a los mexicanos. La
estrategia detrás de él es clara y la ha delineado Ricardo Anaya,
precandidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano: hay que eliminar al
tercer lugar. Verbigracia, llevando la corrupción de Duarte al corazón
de Los Pinos, inhabilitará la candidatura de José Antonio Meade y al
final la lucha será entre dos, Andrés Manuel López Obrador y él.
En
tiempos de precampaña electoral, donde los aspirantes a la presidencia
no pueden pedir el voto ni hacer propuestas, Corral es el mejor
instrumento de Anaya para el ataque. La corrupción del neopriismo del
nuevo siglo ha construido involuntariamente las condiciones para su
vulnerabilidad. El presidente reconoció la gravedad de las acusaciones
de Corral, quizá no tanto por el fondo de su alegato, sino porque el
ruido que ellas producen impacta en su proyecto transexenal. Peña Nieto
fue forzado por las imputaciones de Corral a pelearse con él en el
fango, y buscar frenar el daño que les estaba infligiendo.
“El
gobierno de la República no puede ni merece ser descalificado, y menos
señalado, por no estar respaldando al gobierno de Chihuahua”, dijo Peña
Nieto horas después de procesar las imputaciones. “Yo les pregunto a los
medios de comunicación si ha habido otro momento en la historia
política del país donde algún funcionario del más alto nivel que hubiese
sido señalado con sustento o con presumible sustento a la acusación, no
esté enfrentando un proceso judicial alguno”. Improvisar en temas
complejos no es el mejor ambiente para el presidente. La respuesta es
simple: se equivoca, sí ha habido otros momentos de esos.
Secretarios
de Estado en regímenes priistas han ido a la cárcel por presuntos actos
de corrupción; senadores priistas desaforados para poder ser juzgados
por peculado, o gobernadores priistas por vínculos con el narcotráfico.
Funcionarios en gobiernos estatales y municipales también fueron a
prisión en el pasado. Una diferencia de aquellos años con los tiempos
actuales es que nunca fueron tantos priistas, ni con sumas de dinero tan
extraordinarias generadas por su presunta corrupción, los que habían
enfrentado a la ley. Otra diferencia es que las percepciones otrora con
las que se tienen ahora, es que nunca se concibió una corrupción tan
rampante como la que se ha vivido en la era Peña Nieto, asociada
intrínsecamente con la impunidad.
Las acciones de Corral en el
proceso contra Duarte, su antecesor en Chihuahua, ya tienen una primera
víctima de altos vuelos, Manlio Fabio Beltrones, quien ante la detención
de Alejandro Gutiérrez, uno de sus principales colaboradores cuando era
presidente del PRI, por el presunto desvío de 250 millones de pesos
para campañas políticas del PRI, tramitó tres amparos ante un juez. Al
hacerlo, automáticamente quedó inhabilitado para buscar un cargo de
elección popular, porque la ley lo prohíbe al estar involucrado en un
proceso judicial. Corral no ha quitado el interés sobre el exsecretario
de Hacienda, Luis Videgaray, que aparece en las indagatorias del Caso
Duarte de manera indirecta hasta ahora –por lo que se sabe–, por haber
presuntamente autorizado la transferencia ilegal de recursos
presupuestales para fines electorales. Si avanza sobre esa ruta y
procede judicialmente contra Videgaray, el siguiente en la lista será su
sucesor en Hacienda, Meade, el precandidato presidencial. De ser así,
no tardaría en aparecer en el camino, como se adelantó en este espacio
el martes, Luis Vega, el secretario de Finanzas y Administración del
PRI, incondicional del presidente Peña Nieto desde que era gobernador
del Estado de México.
Corral tiene en sus manos lo que quiere
Anaya, descarrilar al candidato del PRI y tener un proceso electoral
polarizado. La sangre que corre por las heridas abiertas de los priistas
ha sido claramente olida por muchos. La fotografía de la conferencia de
prensa que dio Corral, el lunes, para acusar formalmente al gobierno de
Peña Nieto de haber tomado venganza presupuestal contra Chihuahua por
abrir el proceso contra Duarte, presentó a varias víctimas o
denunciantes del priismo actual.
Entre ellos Santiago Nieto, el
exjefe de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales que inició
el proceso contra Duarte, que fue cesado y presionado con fotografías
que afectarían su vida personal para que desistiera que el Senado lo
repusiera en el cargo, y Paulo Díez, el abogado de Infraiber que hizo de
su denuncia de corrupción contra la empresa OHL y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes una cruzada personal. También Jacqueline
Peschard, Mariclaire Acosta y Octavio López Presa, miembros del Comité
Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, contra quienes El Universal, el periódico de batalla que ha utilizado el gobierno federal para fines políticos, enderezó una campaña de desprestigio.
Tiene
razón el presidente Peña Nieto al decir que el montaje de Corral tuvo
fines electorales. Pero hay matices. No todos los ahí presentes tienen
ambiciones políticas o electorales, pero son luchadores probados contra
la corrupción y por la transparencia. Estas dos variables son grandes
déficits del gobierno peñista, que hoy ve en la suma de fuerzas, una
alianza táctica y un piolet permanente contra la candidatura
presidencial de Meade.
Twitter: @rivapa
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