De el Financiero
Estrictamente Personal
Raymundo Riva Palacio
El caso abierto en contra del exgobernador de
Chihuahua, César Duarte, es la explosión en las Torres Gemelas de Nueva
York en cámara lenta. Comenzó hace 13 meses con una acusación contra él
por un desvío de poco más de 14 millones de pesos para campañas
electorales del PRI y se fue incrementando, en recursos para el partido
en el poder y para personas de poder. El último gallo tricolor en ser
desplumado fue Alejandro Gutiérrez, quien era alto funcionario del PRI y
responsable en 2015 y 2016 del Proyecto Zafiro, utilizado por el
entonces líder Manlio Fabio Beltrones para diseñar la estrategia
electoral en las elecciones de aquel año. La Policía Federal lo detuvo
en Saltillo en diciembre, por petición del gobierno de Chihuahua, como
parte del proceso contra Duarte. La detención le pegó a Beltrones, y al
entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pero esta nueva novela
de altos vuelos que tanto prometía, a los pocos días se apagó.
Beltrones
declaró que era una infamia la acusación y tendrían que probar que
Gutiérrez realmente había hecho lo que dijeron que hizo. Hacienda
también negó que se dedicara a distribuir dinero presupuestal a campañas
políticas. No se podía esperar nada distinto, pero ante una defensa tan
débil y un beligerante e intrépido gobernador de Chihuahua como Javier
Corral, ¿por qué todo paró en seco? Si la convicción en el entorno
cercano de Duarte es que el aliado de Corral en todo esto es el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ahí se podría
encontrar, al menos como hipótesis de trabajo, la razón sobre la súbita
parálisis. ¿Se estaba comenzando a salir de control?
Las
acusaciones que ha formulado la Fiscalía contra Duarte tienen un patrón
criminal: el exgobernador ordenaba al exsecretario de Hacienda, Jaime
Ramón Herrera Corral, que dinero presupuestal fuera trasladado al PRI
para ser utilizado en campañas electorales, y que se disfrazara bajo
rubros distintos en diferentes dependencias. El caso escaló en diciembre
con la captura de Gutiérrez, señalado de ser el ingeniero financiero
del desvío de 250 millones de pesos en 2015, y que llevó todo a las más
altas instancias del partido y el gobierno federal.
El tema dejó
de ser local y pasó a ser federal. En la declaración ampliada de Herrera
Corral señala que “Gutiérrez (le) comentó que había un acuerdo con la
Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo
éstos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación
electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde
no se tenían gobiernos priistas y requerían recursos”. La afirmación del
exfuncionario chihuahuense refuerza los dichos del exgobernador de
Veracruz, Javier Duarte, sobre dos mil 500 millones de pesos que le
habían dado dentro del presupuesto, destinados a campañas electorales
–que decía haber usado para el PRI y Morena–, pero dejaba abierto el
mecanismo que presuntamente utilizaron desde el partido en el poder y el
gobierno mismo.
Pero el caso se detuvo en Gutiérrez, la más alta
figura priista involucrada en un tema de presunto financiamiento ilegal
de campañas, como si en ese momento se hubieran dado cuenta de que el
elefante en la sala podría empezar a ser visto. Para poder entender la
trama, hay que observar cómo funcionaba el sistema de recaudación de
fondos dentro del PRI, en el entendido de que el partido no se maneja de
manera independiente a lo que se le indica en Los Pinos. Cada vez que
el presidente en turno es priista, el partido juega más como una
secretaría de acción electoral.
En ese sentido, Gutiérrez no era
responsable único o final del dinero dentro del partido. Quien lo es,
Luis Vega, había sido colocado en la Secretaría de Finanzas y
Administración desde antes iniciar el gobierno del presidente Peña
Nieto, por el entonces gobernador del Estado de México. Nava llegó al
PRI en 2011, directo del PRI mexiquense, donde hacía una función
similar. Hombre de absoluta confianza de Peña Nieto, durante años ha
sido el responsable de recibir y administrar los dineros y las
aportaciones –legales y aquellas que no fueran registradas–, para
redirigirse hacia donde le indicaran. Ese nombramiento fue parte de los
ajustes que realizó Peña Nieto pensando en el futuro. Otro movimiento
estratégico fue el de Videgaray, a quien envió al Congreso para presidir
la Comisión de Presupuesto, donde se encuentra el origen de algunas de
las ampliaciones presupuestales a estados cuyos gobernadores han sido
acusados de desviarlos a campañas priistas.
Si la acusación contra
Gutiérrez es probada, será sólo un eslabón que conduzca a Nava Aguilar y
al corazón del peñismo. Si esto continúa, salpicará también a Nuvia
Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, que también ha sido uno de los conductos por donde
llegan al PRI recursos para campañas, y es incondicional de Osorio
Chong. Cercanos a Duarte comentaron que si Osorio Chong quiere saldar
cuentas con el exgobernador y los tecnócratas que le quitaron la
candidatura presidencial, está acotado porque el financiamiento
irregular al PRI también lo mancha.
Corral tiene en sus manos una
bomba para hacer explotar la candidatura presidencial del PRI y romper
el blindaje que hasta hoy tiene Peña Nieto. La pregunta es si Corral es
real, si actúa por convicciones más allá de sus fobias personales, o si
sus supuestos compromisos con Osorio Chong lo limitarán. Si no fuera
así, el proceso contra Duarte puede ser, de comprobarse las acusaciones,
el final histórico del PRI.
Twitter: @rivapa
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