De Al Calor Polìtico
- En total son 13 exservidores y el todavía Subsecretario de Finanzas y Planeación
- Anuncia García Guzmán sanciones como apercibimiento e inhabilitación hasta por 10 años
Ángeles González Ceballos Xalapa, Ver. 23/06/2015
El contralor general del Estado, Ricardo García Guzmán, señaló que tras
las investigaciones de la PGR y de la Fiscalía General del Estado por el
ejercicio de recursos públicos federales, se encontraron omisiones,
irregularidades, negligencia e irresponsabilidad en el desempeño de las
obligaciones de Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre.
Definió que sí se encontraron motivos suficientes para iniciar una
exhaustiva investigación del actuar de servidores y exservidores
públicos estatales, por lo que actuará con todas las facultades que le
concede la ley hacia quienes la han agredido, además lo hace en pleno
cumplimiento de las instrucciones del Gobernador.
Especificó que algunos de los exfuncionarios no documentaron ni
certificaron para su solventación la información que estaban obligados a
presentar, por lo que la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado establece sanciones que van desde el
apercibimiento hasta la inhabilitación temporal por 10 años para
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
El Contralor refirió que del informe detallado entregado al Mandatario
estatal se deriva la transgresión de diversas normas tales como: cumplir
con diligencia el servicio encomendado, abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspensión o deficiencia del servicio, asesorar a
los órganos y áreas administrativas para la elaboración de los
instrumentos jurídicos en materia de gasto público.
Asimismo, se transgredieron normas tales como: cumplir la normatividad
relativa al manejo de los recursos públicos, informar al superior
jerárquico de todo acto u omisión que pueda implicar inobservancia de
las obligaciones de los servidores públicos, asesorar en la
interpretación para efectos administrativos y aplicación de las leyes
financieras del Estado, establecer la coordinación y colaboración con la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de auditoría,
control y evaluación gubernamental y requerir a las dependencias y
entidades documentación e información que sean necesarias para el
ejercicio eficiente y eficaz de sus atribuciones.
“Por tal motivo y para que quienes le han fallado a Veracruz respondan
por sus actos, me permito informarles que hemos iniciado procedimientos
disciplinarios administrativos en contra de Mauricio Audirac Murillo en
su carácter de excontralor general del Estado; Carlos Aguirre Morales,
subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN; Juan Manuel Corral Verdugo,
exprocurador Fiscal”, reveló y agregó los nombres de otros exservidores
públicos.
Los otros que deberán responder por sus omisiones, negligencia,
irresponsabilidad y demás son: Ricardo Calles Cruz, exdirector de
Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría General del Estado;
Jesús Villegas Ríos, exdirector de Control y Evaluación de la
Contraloría General; Marieli Méndez Castillo, exdirectora de Auditoría
Gubernamental de la Contraloría General; Rosalba Aguilar Alonso,
exdirectora de Control, Evaluación y Auditoría de la Contraloría
General.
También, Roberto Pérez Ramos, exsubdirector de Contabilidad y Control
Presupuestal de la Secretaría de Educación; Adrián Bueno Bello,
excontralor interno de Servicios de Salud de Veracruz; Johnson Margarito
Méndez Ortiz y Óscar Javier Cárdenas Rodríguez, excontralores internos
de la SEFIPLAN; Eduardo Cárdenas Ruz, Edmundo Sosa López y César Agustín
Blancas Cubas, excontralores internos de la SEV.
García Guzmán confirmó que a pesar de que las denuncias de hecho en
contra de funcionarios y exfuncionarios públicos quedaron sin materia al
comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales, sí se
encontraron anomalías de orden administrativo suficientes para iniciar
una investigación del actuar.
En un mensaje que emitió en la sala de conferencias de Palacio de
Gobierno, aseguró que la administración estatal se desempeña y se
seguirá desempeñando con estricto apego a la normatividad que regula los
recursos públicos, lo cual aplica para todos y cada uno de los
integrantes del gabinete.
Detalló que hubo una “profunda” revisión de los archivos y documentación
de las dependencias ejecutoras del gasto público federal, en ese
sentido, reiteró que con base en la investigación de la Procuraduría
General de la República y de la Fiscalía General del Estado no hay
elementos para configurar algún delito de orden penal que perseguir; sin
embargo, deberán responder por sus actos.
Confirmó que los recursos fueron aplicados de manera puntual para la
prestación de servicios de educación y la formación de alumnos y
docentes de acuerdo a los lineamientos del Fondo de Educación Básica y
Normal (FAEB).
Lo que corresponde a los recursos del Seguro Popular de los ejercicios
2009, 2010 y 2011, fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente en
los términos de la normatividad correspondiente, agregó García Guzmán.
Asimismo, reiteró que toda la información que se dio a conocer ha
quedado certificada con notario público; sin embargo y pese a que las
denuncias de hecho han quedado sin materia al comprobarse la correcta
aplicación de los fondos federales, señaló que sí se encontraron
anomalías de orden administrativo.
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