Estado de los ESTADOS
“Cuando vienes al mundo lloras. Cuando mueres, el mundo calla”: Evangelina Sobredo (Cecilia)
• Gabinete achicado
• Justifican la ausencia de resultados
• Hambre y seguridad tareas titánicas
• Reducen ejecutados con Calderón
• Disminuyen percepción de violencia
• Impunes ataques a comunicadores
• Siguen crisis en Guerrero y Oaxaca
Abril 8, 2012.- Tal parece que conforme pasan los días, se van
achicando los integrantes de las supersecretarías del “gabinetazo”
constituido por decreto por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora tocó
el turno al responsable de la política interna del país, el secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien declaró que el país
enfrenta grandes retos en materia de derechos humanos y que ésta es una
“tarea de grandes dimensiones”. La falta de resultados al arrancar este
gobierno, la ausencia de nuevas estrategias y políticas para afrontar
los retos de México, y la poca capacidad exhibida por los funcionarios
de primer nivel, los han llevado a declarar que es inmensa y titánica la
labor que se tiene que llevar a cabo para resolverlos, lo que lleva a
pensar que los retos sobrepasan sus capacidades.
Antes que su jefe, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa,
había señalado la semana pasada que “la crisis de seguridad que vive
México es una “tarea titánica” que tiene profundas raíces”, para
justificar la falta de resultados en el combate a la violencia y el
crimen organizado y el hecho de que la ola de violencia sigue con igual
intensidad a lo largo y ancho del país. Días antes, al echarse andar la
Cruzada Nacional contra el Hambre, la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, Rosario Robles, declaró que “es una tarea titánica
(…) un reto enorme”. Lo que no han explicado es por qué no hay cambios
de fondo en las políticas públicas para atacar los añejos problemas del
país. ¿Por qué ocupan la mayoría del tiempo en justificar el tamaño del
problema para explicar la falta de resultados tangibles no obstante que
ya llevan en el poder más de cuatro meses?
Lo que se ha hecho hasta el momento es poco, realmente muy poco a lo
que esperan los electores que les permitieron recuperar la Presidencia
de la República. En cuestiones de seguridad sólo se ha trabajado para
bajar la “percepción” de violencia. Han llegado al grado de filtrar a
“amigos” periodistas que la cifra oficial de muertos vinculados con
delitos federales en el sexenio de Felipe Calderón es de “sólo” 65 mil
362 homicidios relacionados con delitos federales, es decir con el
crimen organizado y los cárteles del narcotráfico, cuando datos de
autoridades estadounidenses y observadores internacionales estiman al
menos 150 mil los muertos en el sexenio de Felipe Calderón. Cálculos de
organizaciones no gubernamentales y activistas hablan de al menos 90 mil
muertos. Así que hay un “gran recorte” en la cifra de caídos en la más
estúpida de las guerras decretadas y escenificadas en el territorio
nacional.
También se ha trabajado intensamente en disminuir la cobertura de los
actos violentos en los medios de comunicación del país, para bajar la
“percepción” de violencia.
Como prueba podemos apuntar que en el séptimo informe sobre el
análisis del cumplimiento del Acuerdo para la Cobertura Informativa de
la Violencia, el Observatorio reportó que los espacios en la prensa del
centro del país dedicados a cubrir la violencia se redujeron a la mitad
durante diciembre de 2012 a febrero de 2013. La menor presencia de la
información relacionada con la violencia y los delitos asociados con la
delincuencia organizada, en los medios de comunicación con influencia
nacional, se vincula directamente con el cambio sustancial en la
política de comunicación del gobierno federal. Así, por un lado, el
combate al narcotráfico desapareció del discurso presidencial, a
diferencia de la administración anterior, mientras que la Secretaría de
Gobernación ha concentrado el manejo de la información oficial sobre el
tema.
Un aspecto que no menciona el reporte es la autocensura de los medios
de comunicación como una medida de defensa ante los ataques de las
organizaciones criminales, porque las autoridades se han demostrado
incapaces para proteger a los medios informativos y a los periodistas
que trabajan en éstos. No obstante, la prensa y los medios audiovisuales
de los estados del país no han dejado de considerar entre sus titulares
principales el tema de la violencia relacionada con el crimen
organizado.
El gobierno federal también suspendió la práctica de exhibir ante los
medios de comunicación a personas detenidas por delitos federales.
Hasta la fecha, de manera formal, no se ha hecho públicos los criterios
para el manejo de información de la violencia asociada con la
delincuencia organizada, ni para la información sobre personas
detenidas, por lo que resulta indispensable que la nueva política de
comunicación social no dé lugar a la opacidad o al ocultamiento de
información.
El Observatorio recomienda mantener la publicación de información
relacionada con la violencia asociada con delitos de delincuencia
organizada, ya que la no publicación de notas sobre el tema abona a la
impunidad pero no desaparece la violencia. El Observatorio pugna por dar
seguimiento periodístico con el objetivo de garantizar el derecho de
acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, el castigo a los
perpetuadotes y la responsabilidad del Estado para lograrlo.
Las instituciones gubernamentales deben transparentar su política de
comunicación social en materia de seguridad y justicia; homologar los
criterios de comunicación social sobre seguridad y justicia entre los
diferentes órdenes de gobierno, conforme a los más altos estándares en
materia de protección a los derechos humanos y rendición de cuentas. El
Observatorio sostiene que el Poder Judicial debe informar
sistemáticamente el inicio de procesos penales, a partir de la etapa de
auto de formal prisión o de vinculación a un proceso, así como de las
resoluciones de los jueces penales.
Por su parte, el Congreso de la Unión ha incumplido con la obligación
legal de reglamentar el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo
73 Constitucional, sobre la persecución de delitos contra periodistas y
la libertad de expresión, así como de armonizar el marco jurídico
correspondiente.
El Observatorio reporta que a dos años de la firma del Acuerdo para
la Cobertura Informativa de la Violencia, continúan constatándose
resultados positivos en torno a uno de los objetivos centrales de este
ejercicio de autorregulación de los medios de comunicación: el cierre
gradual de espacios a la propaganda del crimen organizado.
En contraste, lamenta que durante el periodo revisado en el informe
de referencia, un periodista fue asesinado (Jaime Guadalupe González
Domínguez, en Ojinaga, Chihuahua); se cometió un secuestro colectivo de
empleados de un diario (El Siglo de Torreón) y tres medios fueron objeto
de ataques con arma de fuego (El Siglo de Torreón, el Diario de Juárez y
Canal 44 de Ciudad Juárez). Además, a partir de amenazas en su contra,
la cadena de diarios Zócalo de Coahuila anunció que dejará de publicar
temas relacionados con delincuencia organizada, al no existir garantías
para el ejercicio periodístico en la región.
Lo peor de todo es que en ningún caso se ha castigado a los responsables.
DERECHOS HUMANOS, ASIGNATURA PENDIENTE
Las declaraciones del Secretario de Gobernación en torno a la
“titánica labor” que tiene enfrente el actual gobierno federal en torno
al respeto a los derechos humanos, se derivó de las declaraciones del
presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia,
quien sostuvo que en el pasado reciente las políticas de seguridad
pública fomentaron un incremento sustancial en quejas por violaciones a
garantías individuales, cateos injustificados, desapariciones forzadas,
tortura y homicidios.
Precisamente frente a Miguel Ángel Osorio Chong, Plascencia aseguró
que no hay justificación alguna para que las autoridades incumplan con
su responsabilidad en materia de seguridad pública y de justicia, pero
tampoco para los ciudadanos determinen hacerse justicia por su propia
mano. El funcionario le respondió que el tema de los derechos humanos es
de “altísima” prioridad para el Ejecutivo. En el salón Juárez de la
Secretaría de Gobernación, dijo que prueba de ello es que de los 96
compromisos del Pacto por México, 36 están relacionados con derechos y
libertades, y 9 más con gobernabilidad democrática. Sostuvo que
“avanzamos en el cumplimiento de lo establecido en el Pacto por México
en el que se acordó defender los derechos humanos como una política de
Estado”.
Sin embargo, Plascencia insistió en que es el momento para que el
Estado refuerce su compromiso por garantizar el Estado de derecho y el
respeto a los derechos humanos que permita la reconstrucción del tejido
social.
JUSTICIA POR PROPIA MANO
Y ya que hablamos de derecho humanos, hay que destacar que el
abandono, la marginación, la impunidad y la injusticia empujan a
comunidades enteras a aplicar la justicia por propia mano. Un ejemplo de
esto se desarrolló el lunes, cuando un hombre acusado de robar un taxi
en San Cristóbal Las Casas, Chiapas, fue identificado, detenido,
golpeado y quemado vivo por cientos de indígenas de varias comunidades
de San Juan Chamula, que bloquearon la intervención de las autoridades
estatales… Este tipo de situaciones de hartazgo social, abonan a la
proliferación de las guardias comunitarias que generan otro tipo de
problemas a las autoridades estatales, como sucedió en el estado de
Guerrero, donde el rechazo a la reforma educativa se contaminó con la
actividad que realizan las guardias comunitarias.
Así, decenas de policías comunitarios de El Troncón, Acatempa,
Tecozintla y Zacatzonapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero, se
congregaron para demandar en Chilpancingo la liberación de Nahúm Santos
Bartolo, quien fue detenido en un retén por policías estatales y
entregado a la PGR. A los policías se les unieron estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa. Los integrantes de la policía comunitaria
ingresaron armados a la capital estatal arropados por unos dos mil 500
maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en
Guerrero (CETEC).
Lo anterior, no obstante que militares y policías federales colocaron
un retén en las inmediaciones de la colonia Indeco, al oeste de
Chilpancingo, para evitar que integrantes de la policía comunitaria
entraran armados. Los maestros arroparon a los policías comunitarios
armados con rifles de bajo calibre, a quienes los colocaron en medio del
contingente, por lo que los policías federales y los militares no
pudieron hacer nada para evitarlo.
El contingente se dirigió a la delegación de la PGR, donde
protestaron para exigir la liberación del maestro Mario Durán Torres,
detenido por policías federales el pasado viernes durante el desalojo de
la Autopista del Sol. Los policías comunitarios también demandaron la
liberación de su comandante Nahúm Santos, detenido la noche del domingo
por policías estatales por portación de arma de fuego de uso exclusivo
del Ejército.
Antes de llegar a las instalaciones de la PGR, el comandante
comunitario fue entregado a los maestros de la CETEG por el director
estatal de Gobernación, a efecto de que los comunitarios no ingresaran a
Chilpancingo, lo que no fue suficiente. Bajo las reservas de la ley, la
PGR liberó a Nahúm Santos Bartolo, quien pagó una fianza de 25 mil
pesos. Refirió que su liberación se debió a la intervención y
movilización de sus compañeros.
EDUCACIÓN EN PUGNA
Ante las movilizaciones magisteriales que repudian la reforma
educativa, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio
Chuayffet, advirtió que México vive un momento decisivo en el que mejora
la educación o se estanca, como si en materia educativa nuestro país no
estuviera más que rezagado comparado con otras naciones no sólo del
mundo, sino del propio continente americano. El funcionario advirtió que
los maestros inconformes deben ceñirse al cumplimiento de la Ley. En su
discurso, señaló que el Estado mexicano tiene la capacidad de
sobreponer los intereses generales de la Nación a los intereses
particulares, por medio del derecho.
También en relación a las marchas de los maestros, la titular de la
Secretaria de Educación en Guerrero, Silvia Romero Suárez, reportó que
pese al movimiento magisterial, las clases en la entidad reiniciaron con
tranquilidad en la mayoría de las escuelas de educación básica. Por su
parte, Gonzalo Juárez Ocampo, dirigente de la CETEG, aseguró que fueron
unas tres mil instituciones educativas las que continuaron con el paro
laboral.
En Oaxaca, integrantes de la Sección 22 del SNTE regresaron a sus
labores en más de 14 mil 500 instituciones educativas de nivel básico y
superior, en donde asisten más de un millón 500 mil estudiantes. Los
maestros amenazaron con boicotear las actividades de La Guelaguetza y
las elecciones del 7 de julio… Por otro lado, el Congreso de Oaxaca
desechó la contrarreforma educativa elaborada por el magisterio y el
Gobierno del Estado, reveló el presidente de la Junta de Coordinación
Política, el perredista Alejandro López Joaquín.
En Michoacán, más de un millón 200 mil estudiantes regresaron a
clases, no obstante la amenaza de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) de iniciar un paro indefinido de
labores… En Morelos, el gobernador Graco Ramírez anunció que los
“gobernadores progresistas” respaldarán a los mandatarios de Guerrero y
Oaxaca, ante los conflictos magisteriales que enfrentan en sus entidades
contra la reforma educativa.
DE LOS PASILLOS
A raíz del desfalco de las finanzas del Estado de Tabasco, el
diputado local del PAN, Francisco Castillo, acusó penalmente al ex
gobernador Andrés Granier y a su hijo, Fabián, por peculado,
malversación de fondos y asociación delictuosa. Esta denuncia, que quedó
asentada en la averiguación previa DGI-71/2013, se suma a las otras que
a finales de febrero presentó la Contraloría del Estado en contra de al
menos una decena de ex funcionarios, a excepción del ex gobernador,
luego de que el gobernador Arturo Núñez difundió un informe sobre
desvíos de recursos federales, adeudos a proveedores y un
sobreendeudamiento público por más de 20 mil millones de pesos… También
en el caso de Chiapas, el abogado Horacio Culebro Borrayas interpuso una
denuncia ante la PGR contra el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, y
50 ex funcionarios de su administración por los delitos de
enriquecimiento ilícito, fraude procesal y desfalco por 40 mil millones
de pesos. La denuncia pretende que el ex mandatario y sus ex
colaboradores paguen por el daño cometido al patrimonio de los
chiapanecos.
De las 35 personas procesadas por el caso News Divine, donde murieron
doce personas en junio de 2008, a 22 les fueron resueltas sentencias
condenatorias, y a quienes se les informó que podrían pasar en prisión
entre 5 y 24 años, dependiendo del delito, informó el presidente del
Tribunal de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar. Los dos
mandos de policía que recibieron las sentencias condenatorias más
severas, fueron María de Jesús Graciela Márquez Chávez y Luciano Baeza
Chávez, quienes fueron encontrados culpables del delito de homicidio
culposo y lesiones culposas, por lo que se les dictó una pena de 24 años
seis meses de prisión.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde
podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”,
que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar
los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego
Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja
digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche
del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo
lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o
twitter: @Lilia_arellano1.
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