De El Financiero
Aldo Munguía
Santa LucíaFuente: Elaborado con Shutterstock y Cuartoscuro
El 28 de octubre, el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tomó
la primera decisión polémica, que enfrentó a técnicos, expertos,
autoridades y simpatizantes del mandatario: la cancelación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Tras una consulta ciudadana en la que participaron un millón 89 mil ciudadanos, el 69.9 por ciento de los encuestados votó por ‘enterrar’ el proyecto en Texcoco para,
en su lugar, construir un par de pistas en la base militar de Santa
Lucía, además de remodelar los puertos aéreos de la Ciudad de México y
Toluca.
A un año de aquella
decisión la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía apenas toma
forma después de turbulencias financieras y legales derivadas de la
cancelación del que sería uno de los aeropuertos más grandes del mundo.
“Fue
una de las primeras decisiones como presidente de López Obrador. Aunque
se pueda cuestionar la validez del ejercicio de la consulta, ésta tuvo
como efecto la cancelación del aeropuerto en Texcoco”, recordó el
abogado en derecho aéreo Rogelio Rodríguez.
Tras
la suspensión de las obras en Texcoco, el Gobierno tuvo que pagar los
contratos celebrados con los constructores involucrados, además de
tranquilizar a los mercados internacionales en donde se colocó deuda por 6 mil millones de dólares, los cuales pagó a los bonistas.
Asimismo, tanto Javier Jiménez Espriú, secretario
de Comunicaciones y Transportes, como Gerardo Ferrando Bravo como
director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
encabezaron el pago de la Fibra E, para luego enfrentarse a 147 amparos promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, en contra de la edificación de la base aérea en Santa Lucía.
A un año de la cancelación del NAIM en Texcoco, esta es la ruta de vuelo que culminó con el aterrizaje de Santa Lucía.
Los bonos
Tras
el anuncio de la cancelación de las obras en lo que fuera el Lago de
Texcoco, el gobierno tuvo que hacer frente a sus obligaciones
financieras. Decidió pagar en diciembre mil 800 millones de dólares a
los tenedores de bonos en el mercado internacional, a los que sumarán
erogaciones por 200 millones de dólares anuales durante dos décadas para
saldar la deuda por 4 mil 200 millones de dólares.
“Esa
cantidad se pagará durante casi veinte años con la Tarifa de Uso
Aeroportuario (TUA) proveniente del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, recursos que deberían, por ley, invertirse en
infraestructura aeroportuaria”, recordó Rodríguez, quien fue también
secretario jurídico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
Además,
López Obrador ordenó el pago de la Fibra E, un instrumento financiero
con fondos de las Afores que tenía 34 mil millones de pesos disponibles
para cubrir los contratos pendientes de pagar del NAIM que se edificaba
en Texcoco.
Los contratos
El
pago de los 692 contratos celebrados para la edificación del aeropuerto
tomó al secretario de Comunicaciones y Transportes siete meses de
negociación con las constructoras que se empeñaban en cobrar por daños y
perjuicios, además de la cantidad total por la que habían sido
contratadas.
Sin embargo, el
titular de la SCT logró acuerdos con los contratistas para entregarles
en suma 75 mil 223 millones de pesos por obras realizadas, así como
gastos no recuperables.
Ante esto,
Jiménez Espriú señaló durante su comparecencia en el Senado que “aún
faltan algunos trámites para terminar de pagar a dos contratistas del
aeropuerto en Texcoco”.
Además, de
la cantidad total pagada, 4 mil millones de pesos son de acero que será
ocupado para la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa
Lucía, apuntó el secretario.
Los amparos
La
batalla legal contra la destrucción del NAIM fue capitaneada por el
colectivo #NoMásDerroches, una asociación ciudadana-empresarial que
tramitó 147 amparos contra la suspensión de las obras en Texcoco y el
inicio de la construcción de Santa Lucía.
Después
de una serie de resoluciones a favor, diversos jueces en materia
administrativa echaron atrás las suspensiones definitivas que inhibían
la construcción de Santa Lucía y que alimentaron la posibilidad del
regreso al ‘aire’ de Texcoco.
En
ese sentido, Gerardo Carrasco, abogado integrante del colectivo reveló a
El Financiero que aún existe un amparo con suspensión definitiva que
obliga al gobierno a preservar las obras de Texcoco y evitar su
hundimiento que planeaba la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Aún
hay una suspensión definitiva que impide la destrucción del NAIM”, dijo
Carrasco, quien prefirió no dar más detalles respecto al amparo para
evitar interferir con el proceso judicial.
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