De HugoSadh
Denise Dresser, académica y periodista,
informó que los amparos interpuestos por los analistas de la Mesa
Política del espacio en MVS, -que era conducido por Carmen Aristegui y
estaba integrado por Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Manuel Gil y la
propia Denise-, con el objetivo de defender los derecho de las
audiencias a la información y la libertad de expresión, se encuentran en
un tribunal colegiado y permanecerán congelados hasta que se resuelva
una queja interpuesta por la radiodifusora.
Los amparos fueron tramitados en contra
de tres autoridades: la Dirección General de Radio Televisión y
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) y contra MVS como concesionaria,
pues de acuerdo a la reforma en telecomunicaciones, los concesionarios
deben ser vistos como autoridad.
A pesar de que los amparos fueron
admitidos, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
argumentó que los “quejosos” -es decir, los académicos- no son
conductores de las emisiones informativas de MVS, por lo que no tienen
interés en el juicio y que los nuevos lineamientos dictados por la
emisora no les causaban ningún conflicto.
“Si uno ve los lineamientos, había una
cláusula a la que la periodista Katia D’ Artigues se refirió como la
‘cláusula contra Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser’ porque
en esos lineamientos se decía que iba a haber revisiones de los
contenidos de las mesas de análisis y que habría un comité que revisaría
los temas que se discutían, cómo se discutían y si los colaboradores
eran o no los adecuados”, sostuvo la también maestra en ciencias
políticas.
Pero “dos días antes de que fuera
despedida, Alejandro Vargas le dijo (a Carmen Aristegui): ‘está bien,
recontratamos a los periodistas que habían negociado lo de Méxicoleaks, a
cambio de que tú firmes los lineamientos’”.
Dresser argumentó que la empresa insiste
en que la problemática es una relación entre particulares y no reconoce
el carácter público de la concesión que ejerce, ni las implicaciones de
ser considerada como autoridad en el juicio de amparo, lo que significa
ir en contra de lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones
recientemente reformada y en contra de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita por México, y que en su artículo 13 señala
que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos.
“MVS ha presentado una queja en contra de
la admisión de nuestros amparos; insiste en que no es autoridad a pesar
de que el juez ha argumentado lo contrario…los argumentos de MVS
cambian todos los días, ahora su demanda es porque supuestamente
(Aristegui) usó contenidos de MVS para su portal. Sería de gran utilidad
pública que la empresa fuera consistente en su posición, frente a la
opinión pública y las autoridades”, dijo la académica.
Suprema Corte… Medina Mora
Pero el proceso de amparo podría dar un
giro inesperado dependiendo de la resolución que emita el tribunal
colegiado, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
podría atraer el caso; sin embargo, en esa instancia está otro de los
personajes a los que las investigaciones del equipo de Aristegui
exhibieron en toda su figura, el flamante ministro Eduardo Medina Mora.
“Hubo un tiempo en el que algunos de
nosotros pensábamos que la Suprema Corte era un espacio en el que se
podían dimitir los grandes temas de derechos humanos, pero una y otra
vez la Corte nos ha defraudado…la realidad es que este caso dependerá de
cómo resuelva el colegiado, o en dónde caiga si la Suprema Corte atrae
el caso, con la posibilidad de que sea en la sala en la que está el
ministro denunciado (Medina Mora), una y otra vez en el programa de
Carmen Aristegui”, señaló Dresser.
Cabe señalar que Denise Dresser fue la
encargada de presentar las 45 mil firmas recabadas en Change.org, en
contra de la designación política de Medina Mora como ministro de la
Suprema Corte, y afirmó que si el caso es turnado a la Sala 2 de la
SCJN, exigirán que Medina Mora se excuse de tomar parte en la discusión,
por conflicto de intereses.
El respaldo social
Karla Michel Salas, integrante de la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que se han
presentado ante los juzgados especializados en materia de competencia
económica, radiodifusión y telecomunicaciones, 3 mil 580 amparos de la
sociedad civil en defensa del derecho de las audiencias y la libertad de
expresión.
“De acuerdo a la información que hemos
ido recopilando, un aproximado de 2 mil 853 demandas de amparo, las
cuales se tienen que sumar a las que se están presentando en por lo
menos nueve entidades federativas, entre ellas, el Distrito Federal,
Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Morelos y
Veracruz, a través de recepciones masivas”, declaró la litigante.
Salas sostuvo que a la fecha, los
juzgados han rechazado 535 amparos por falta de algún documento o alguna
formalidad que no se realizó debidamente, lo que le da a la ciudadanía
la posibilidad de volver a presentar el recurso.
“El camino que sigue en todo este
proceso, por supuesto que puede parecer largo y tortuoso, pero vale la
pena defender el derecho a la libertad de expresión en este país; vale
la pena continuar exigiendo y ejerciendo nuestros derechos humanos”,
dijo la abogada.
En tanto, David Peña, presidente de la
ANAD, informó que además de presentarse los amparos argumentando la
violación a la libertad de expresión por la omisión en la que
incurrieron las autoridades, particularmente el IFT, pues de acuerdo a
la reforma constitucional de 2013 y la ley secundaria en materia de
telecomunicaciones, publicada en 2014, se le obliga a garantizar la
libertad de expresión, velar su ejercicio y por la pluralidad de
información en los medios de comunicación.
“Aunque MVS diga que no es autoridad
responsable, lo que estamos solicitando en el amparo es que las
instancias especializadas resuelvan que en el caso de medios de
comunicación, de telecomunicaciones que tienen una concesión de bien
público, tienen la obligación de respetar la libertad de expresión y
garantizar la pluralidad informativa, como lo dice el artículo 7
constitucional”, argumentó.
Peña informó que en uno de sus informes,
el IFT argumenta que la defensa está haciendo una interpretación errónea
de la Constitución, argumentando “que a ellos no les compete nada, ni
velar por las audiencias, respetar la libertad de expresión ni
garantizar la pluralidad informativa y que aunque esté en su mandato
legal y aunque esté en la reforma constitucional, si nadie se lo pide,
ellos no tienen por qué intervenir y que hasta el momento no tienen
conocimiento de lo que pasó con Carmen Aristegui y MVS; que nadie le ha
informado ni le ha pedido que intervenga”.
El abogado litigante informó que hoy
jueves acudirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la
República (PGR) para interponer una denuncia por el ataque al sitio
online Aristegui Noticias, luego de documentar cómo se operó un ataque contra el servidor de la página.
“Lo que pedimos es que las instancias, en
este caso la PGR, investigue de dónde provino ese ataque, elaborado
horas antes del informe sobre la masacre de Apatzingán”, subrayó Peña.
El activista y actor Héctor Bonilla
declaró que es abrumador la semejanza, en materia de libertad de
expresión, entre lo que ocurría en el porfiriato y la actualidad:
“estamos, en estos momentos en una especie de neoporfiriato
peligrosamente porque cada vez hay más gente depauperada y acumulación
de riqueza en muy pocas manos”.
“Por el bien del país, por el bien del
sistema, para que no se desquebraje, debemos ser congruentes y restituir
a la vocera, a la líder de la sociedad civil, que es Carmen Aristegui”,
señaló. (revoluciontrespuntocero)
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