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jueves, mayo 21, 2015

La decisión final del caso ARISTEGUI – MVS podría estar en manos del “Tele-Ministro” Medina Mora… #EstamosconAristegui

De HugoSadh


Denise Dresser, académica y periodista, informó que los amparos interpuestos por los analistas de la Mesa Política del espacio en MVS, -que era conducido por Carmen Aristegui y estaba integrado por Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Manuel Gil y la propia Denise-, con el objetivo de defender los derecho de las audiencias a la información y la libertad de expresión, se encuentran en un tribunal colegiado y permanecerán congelados hasta que se resuelva una queja interpuesta por la radiodifusora.



Los amparos fueron tramitados en contra de tres autoridades: la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y contra MVS como concesionaria, pues de acuerdo a la reforma en telecomunicaciones, los concesionarios deben ser vistos como autoridad.
A pesar de que los amparos fueron admitidos, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía argumentó que los “quejosos” -es decir, los académicos- no son conductores de las emisiones informativas de MVS, por lo que no tienen interés en el juicio y que los nuevos lineamientos dictados por la emisora no les causaban ningún conflicto.
“Si uno ve los lineamientos, había una cláusula a la que la periodista Katia D’ Artigues se refirió como la ‘cláusula contra Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser’ porque en esos lineamientos se decía que iba a haber revisiones de los contenidos de las mesas de análisis y que habría un comité que revisaría los temas que se discutían, cómo se discutían y si los colaboradores eran o no los adecuados”, sostuvo la también maestra en ciencias políticas.
Pero “dos días antes de que fuera despedida, Alejandro Vargas le dijo (a Carmen Aristegui): ‘está bien, recontratamos a los periodistas que habían negociado lo de Méxicoleaks, a cambio de que tú firmes los lineamientos’”.
Dresser argumentó que la empresa insiste en que la problemática es una relación entre particulares y no reconoce el carácter público de la concesión que ejerce, ni las implicaciones de ser considerada como autoridad en el juicio de amparo, lo que significa ir en contra de lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones recientemente reformada y en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por México, y que en su artículo 13 señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos.
“MVS ha presentado una queja en contra de la admisión de nuestros amparos; insiste en que no es autoridad a pesar de que el juez ha argumentado lo contrario…los argumentos de MVS cambian todos los días, ahora su demanda es porque supuestamente (Aristegui) usó contenidos de MVS para su portal. Sería de gran utilidad pública que la empresa fuera consistente en su posición, frente a la opinión pública y las autoridades”, dijo la académica.
Suprema Corte… Medina Mora
Pero el proceso de amparo podría dar un giro inesperado dependiendo de la resolución que emita el tribunal colegiado, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría atraer el caso; sin embargo, en esa instancia está otro de los personajes a los que las investigaciones del equipo de Aristegui exhibieron en toda su figura, el flamante ministro Eduardo Medina Mora.

“Hubo un tiempo en el que algunos de nosotros pensábamos que la Suprema Corte era un espacio en el que se podían dimitir los grandes temas de derechos humanos, pero una y otra vez la Corte nos ha defraudado…la realidad es que este caso dependerá de cómo resuelva el colegiado, o en dónde caiga si la Suprema Corte atrae el caso, con la posibilidad de que sea en la sala en la que está el ministro denunciado (Medina Mora), una y otra vez en el programa de Carmen Aristegui”, señaló Dresser.
Cabe señalar que Denise Dresser fue la encargada de presentar las 45 mil firmas recabadas en Change.org, en contra de la designación política de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte, y afirmó que si el caso es turnado a la Sala 2 de la SCJN, exigirán que Medina Mora se excuse de tomar parte en la discusión, por conflicto de intereses.
El respaldo social
Karla Michel Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), informó que se han presentado ante los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, 3 mil 580 amparos de la sociedad civil en defensa del derecho de las audiencias y la libertad de expresión.
“De acuerdo a la información que hemos ido recopilando, un aproximado de 2 mil 853 demandas de amparo, las cuales se tienen que sumar a las que se están presentando en por lo menos nueve entidades federativas, entre ellas, el Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Morelos y Veracruz, a través de recepciones masivas”, declaró la litigante.
Salas sostuvo que a la fecha, los juzgados han rechazado 535 amparos por falta de algún documento o alguna formalidad que no se realizó debidamente, lo que le da a la ciudadanía la posibilidad de volver a presentar el recurso.
“El camino que sigue en todo este proceso, por supuesto que puede parecer largo y tortuoso, pero vale la pena defender el derecho a la libertad de expresión en este país; vale la pena continuar exigiendo y ejerciendo nuestros derechos humanos”, dijo la abogada.
En tanto, David Peña, presidente de la ANAD, informó que además de presentarse los amparos argumentando la violación a la libertad de expresión por la omisión en la que incurrieron las autoridades, particularmente el IFT, pues de acuerdo a la reforma constitucional de 2013 y la ley secundaria en materia de  telecomunicaciones, publicada en 2014, se le obliga a garantizar la libertad de expresión, velar su ejercicio y por la pluralidad de información en los medios de comunicación.
“Aunque MVS diga que no es autoridad responsable, lo que estamos solicitando en el amparo es que las instancias especializadas resuelvan que en el caso de medios de comunicación, de telecomunicaciones que tienen una concesión de bien público, tienen la obligación de respetar la libertad de expresión y garantizar la pluralidad informativa, como lo dice el artículo 7 constitucional”, argumentó.
Peña informó que en uno de sus informes, el IFT argumenta que la defensa está haciendo una interpretación errónea de la Constitución, argumentando “que a ellos no les compete nada, ni velar por las audiencias, respetar la libertad de expresión ni garantizar la pluralidad informativa y que aunque esté en su mandato legal y aunque esté en la reforma constitucional, si nadie se lo pide, ellos no tienen por qué intervenir y que hasta el momento no tienen conocimiento de lo que pasó con Carmen Aristegui y MVS; que nadie le ha informado ni le ha pedido que intervenga”.
El abogado litigante informó que hoy jueves acudirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) para interponer una denuncia por el ataque al sitio online Aristegui Noticias, luego de documentar cómo se operó un ataque contra el servidor de la página.
“Lo que pedimos es que las instancias, en este caso la PGR, investigue de dónde provino ese ataque, elaborado horas antes del informe sobre la masacre de Apatzingán”, subrayó Peña.
El activista y actor Héctor Bonilla declaró que es abrumador la semejanza, en materia de libertad de expresión, entre lo que ocurría en el porfiriato y la actualidad: “estamos, en estos momentos en una especie de neoporfiriato peligrosamente porque cada vez hay más gente depauperada y acumulación de riqueza en muy pocas manos”.
“Por el bien del país, por el bien del sistema, para que no se desquebraje, debemos ser congruentes y restituir a la vocera, a la líder de la sociedad civil, que es Carmen Aristegui”, señaló. (revoluciontrespuntocero)




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