De HugoSad
Para 2030, la totalidad de los servicios
de salud estarán subrogados a la iniciativa privada; habrán desaparecido
el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector
privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado
de libre comercio artístico”. Los artículos 3 y 4 constitucionales
habrán sido radicalmente modificados; y los sindicatos de los sectores
energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinguido. Para
lograr los objetivos trazados sería necesaria iniciar una Guerra Social
oculta en la “guerra” contra el narcotráfico, conjuntar operativos
binacionales para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y la
iniciativa Mérida. Desde su gestación el Plan México 2030 vislumbraba la
intervención militar estadounidense en territorio mexicano.
Ataque a la educación pública
En el expediente México 2030, Proyecto de
Gran Visión, expuesto por la Revista Contralínea en 2010, señala que de
conseguir los objetivos trazados los mexicanos tendrán que sufragar
elevadas colegiaturas para que sus hijos accedan a la educación básica,
media y superior; también, deberán adquirir los libros que éstos empleen
desde la primaria ya que la reforma educativa también plantea
desaparecer el libro de texto gratuito: entre las metas transexenales
del proyecto está “el no uso de libro único y obligatorio”.
Salud, sólo para ricos
En caso de enfermarse y aun cuando tengan
“seguridad social”, solventarán un porcentaje aún no definido de los
costos por los servicios “públicos” de salud que reciban, pues éstos
habrán sido subrogados a la iniciativa privada. El sistema sanitario y
la Secretaría de Salud sólo funcionarán como gestoras de contratos. Para
lograrlo, el plan busca modificar el artículo 4 constitucional, las
leyes del Trabajo, General de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esa
reestructuración implica el desmantelamiento de las redes hospitalarias y
la subrogación de todos los servicios a favor del empresariado nacional
y extranjero. En el sector salud, estos proyectos permiten que la
construcción y operación de hospitales “públicos” de alta especialidad
sean concesionadas a privados hasta por más de 30 años, a nivel federal y
estatal. La industria farmacéutica también verá incrementado su negocio
a costa del erario: el cambio a la Ley de Adquisiciones tiene como
pretexto “garantizar el suministro y calidad de los medicamentos”.
Sindicatos, golpe inminente
De acuerdo con los planes, se
transformarán las “condiciones contractuales y sindicales”. El pretexto
es eliminar “los cacicazgos y (las) arraigadas prácticas de organización
sindical”, mismas que se identifican en los documentos oficiales del
Proyecto de Gran Visión como “intereses creados y corporativismo
excesivo”, que tiende a la “corrupción”. La llamada flexibilización
laboral es, en realidad, la precarización de las condiciones laborales
de los nuevos trabajadores. En la práctica, posibilitará restricciones
más severas en las condiciones contractuales. “Flexibilización también
significa darle todas las ventajas al capital para que pueda emplear
cuando quiera, en las condiciones que quiera, sin adquirir
responsabilidades con el trabajador, sin tener que dar seguro social ni
garantía de planta con un año de antigüedad”.
Biósfera, Minería, Energía y el Agua privatizados
En el Proyecto de Gran Visión, México
2030, se estipula que las Reservas de la biósfera deberán estar en manos
de la iniciativa privada nacional y extranjera. En cuestión de Minería
ya van muy avanzados en la entrega absoluta a empresas extranjeras,
cerca de 300 empresas con capital extranjero operan ya en 26 estados de
la república mexicana. Se puntualiza que en 2030 Pemex y la CFE deberán
estar completamente en manos de la iniciativa privada, teniendo el
control total de yacimientos de petróleo y gas, así como de las plantas
generadoras de energía. El agua deberá estar privatizada en las 33
regiones hidrológicas y los principales ríos del país, concesionar la
infraestructura hidráulica a particulares.
Catorce documentos – forman parte del
expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del
gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes
de la nación. Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud,
ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además,
se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras
hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto
de nación de Felipe Calderón Hinojosa fue ideado antes del 1 de
diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios,
políticos del PRI y del PAN y académicos afines.
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