De La Jornada
Durante
la sesión estuvieron presentes familiares de personas asesinadas y secuestradas
Aprueba
el Senado en comisiones ley general de víctimas del crimen
La
legislación fija un monto de 500 veces el salario mínimo mensual para
reparación del daño
Confían
afectados en que el Estado asuma cabalmente su responsabilidad en estos hechos
Andrea
Becerril y Víctor Ballinas
Periódico
La Jornada
Miércoles
25 de abril de 2012, p. 5
El
Senado de la República aprobó ayer en comisiones la Ley General de Víctimas.
Durante la sesión estuvieron presentes familiares de jóvenes desaparecidos y
asesinados, quienes confiaron en que con esa legislación el Estado mexicano
asuma su responsabilidad y establezca un conjunto de medidas para asistir a los
afectados y reparar de manera integral el daño provocado por el crimen
organizado o por autoridades que incurrieron en violaciones de derechos
humanos.
El
dictamen fue presentado casi al final de la sesión –en primera lectura– y hoy
se votará ante el pleno, ya que la intención es turnarlo de inmediato a la
Cámara de Diputados.
Nueve
de los 189 artículos que conforman la nueva ley fueron modificados y se
adicionó uno. El cambio principal fue al artículo 71, para fijar un monto de
500 veces el salario mínimo mensual para reparar el daño.
Los
integrantes de las comisiones de Justicia, de Gobernación y de Estudios
Legislativos consideraron que no se podía dejar de establecer un tope, porque
de lo contrario el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral quedaría
vacío con el pago a una sola víctima.
La
reunión de las comisiones dictaminadoras comenzó muy temprano y en principio no
se permitía la entrada a las víctimas y a sus familiares. Margarita Pérez,
madre de una joven desaparecida en Oaxaca, se coló al lugar donde sesionaban y
a gritos denunció que el personal de seguridad del Senado la había
"golpeado" e impedía el paso a otros de sus compañeros.
El
presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam (PRI), pidió que
se revisara la denuncia y que esas personas ingresaran al recinto de Reforma e
Insurgentes. De esa forma, el sacerdote Miguel Concha Malo y Emilio Álvarez
Icaza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, acompañados por una
veintena de familiares de víctimas, pudieron atestiguar las más de dos horas de
discusión.
Al
final, cuando se aprobó la ley en lo general y en lo particular, la mayoría de
familiares de víctimas rompió en lágrimas. Saúl Armando Romo recordó a su hijo
de 29 años, que se llama igual que él y desapareció en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en julio del año pasado. Dijo que confía en que la legislación
sirva para evitar más casos como el suyo.
Teresa
García Carmona, con el rostro de su hijo, Joaquín García, pintado en la
camiseta que vestía, señaló que un día antes el joven habría cumplido 23 años.
Lo asesinaron hace "un año, ocho meses y tres semanas, y las
investigaciones no avanzan". Confió en que la nueva legislación permita
que haya justicia para ella y los demás familiares de las miles de víctimas.
Álvarez
Icaza dijo que se trataba de lágrimas de dolor. "La razón por la que
estamos aquí es que no haya más víctimas y que esta legislación sea un piso
para que el Estado mexicano tenga un poco de solidaridad". Tanto él, como
el sacerdote Miguel Concha, consideraron que la ley es buena y ahora falta el
compromiso de la Cámara de Diputados.
–¿Habrá
tiempo?
–Confiamos
en que sí. La legislatura termina el 28 de agosto. Sabemos que el tiempo
político hace difícil que se apruebe después del 30 de abril, porque tendría
que ser en un periodo extraordinario. Quedan seis días, ojalá se pueda lograr
–comentó Álvarez Icaza.
El
senador perredista Pablo Gómez Álvarez consideró que se trata de "un
instrumento completo de nueva generación, con atribuciones necesarias para
garantizar la protección de los agraviados".
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