De Zócalo Saltillo
Campos Elíseos
Katia D'ArtiguesDeclarar la elección del 1 de julio “inválida”, apelando a que —según el artículo 41 de la Constitución— no fue “libre” ni “auténtica”. Ése es el reto ahora de Andrés Manuel López Obrador y su equipo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Que tienen cientos de pruebas, dijeron ayer jueves en conferencia de
prensa:
— Boletas electorales auténticas, notariadas y reconocidas, marcadas a favor del PRI que encontraron en Tabasco (no dijeron cuántas son).
— El hecho de que las encuestas fueron propaganda y que dieron una percepción de una ventaja que no fue (lo que es cierto, ahora, ¿habría que probar que fueron con dolo? ¿un ‘compló’ de los encuestadores del país que ponen en riesgo su trabajo?) Además, encuestas cuyo sólo costo rebasaría el tope de gastos de campaña (¿y todas las pagó el PRI? ¿cómo demostrar eso?).
El tema de los topes de campaña —que no dudo que pudieran haberse rebasado— es algo improbable. Es decir, que no se puede probar, al menos en tiempo y forma.
La ley —que todos los partidos aprobaron— está diseñada para eso. Los magistrados que tienen que calificar —dar por buena la elección, legalmente— tienen hasta el 6 de septiembre para hacerlo… ¡y los partidos, por ley, deben entregar sus cuentas para ser fiscalizados, en octubre! ¿Así cómo?
Además, por ley, ¿con qué se castiga la compra de votos? Va de nuevo, según el artículo 403 del Código Penal Federal se castiga así: “Se impondrán de 10 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:
VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral;”.
¡Y ya! Salen, en todo caso con una fianza. Lo siento, es la ley. Me encantaría decir que si se prueba algo así o el rebase de topes de campaña hay más argumentos para, legalmente, anular o declarar inválida una elección, pero no es así. ¿Qué hacemos?
— La “compra de votos”: Dinero que circuló vía despensas, materiales de construcción y el caso de tarjetas prepagadas, que habrían hecho que los electores no votaran de manera “libre” (¿no es esto como tratar de demostrar un “hubiera”? Algo así como: Si no hubiera habido todo esto los electores libres hubieran votado por él. Ser libre es igual a votar por AMLO, la
premisa).
Además, aquí acusaciones, sin duda interesantes de que todos estos votos “comprados”, fueron principalmente en zonas pobres y rurales, donde además gobernadores del PRI habrían metido dinero extra.
De nuevo, no dudo que haya mexicanos que sí hayan “vendido” su voto. Que se hayan creído que el recibir alguna dádiva los obligaba a votar por equis candidato (de cualquier partido). Pero la cosa es, ¿cómo probarlo si las elecciones son secretas?
¿Acaso no el mismo AMLO llamó repetidas veces, en campaña, a que tomaran lo que se les ofrecía?
Sus palabras un 25 de junio en Nayarit, frase que más o menos repetía en cualquier mitin:
— Tomen todo lo que les ofrezcan: Despensas, materiales de construcción, vasos, todo lo que les den, pero a la hora de la hora, ¡toma tu voto!, es decir, voten de acuerdo con su conciencia, voten por el cambio verdadero.
¿Cómo demostrarán la “compra” de 5 millones de votos? ¿Y si mejor intentan legislar el “voto masoquista”?
Será muy interesante ver qué pueden probar y qué no. ¡Vaya papel que tienen los magistrados del Tribunal frente a ellos! Además, súmele la presión adicional que ya anunció AMLO que les pondrá al pedir a cualquier ciudadano que quiera a que se sume —vía diversas páginas web— al recurso de “inconformidad” que presentó ayer mismo…
Lo que ayer dijo AMLO era un poco lo esperado. Veamos si los magistrados piensan que con eso se puede declarar la elección inválida. Si así fuera, el nuevo Congreso tendría que nombrar un Presidente interino —ver artículos 84 y 85— y llamar a elecciones en un plano no mayor a 18 meses.
A todo esto, pregunta, si declaran que la elección es inválida, ¿se refieren a toda la elección? ¿También la de los seis gobernadores, el triunfo de Mancera en el DF? ¿los diputados y senadores? ¿No tendría que ser así?
Más interesante será que la semana que entra anunciará lo que llamó el “Plan Nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México”. ¿En qué consistirá? ¿Planteará de nuevo tomar calles? No lo creo. AMLO dijo que no darían pretexto para que los llamen “violentos”. Además, dicen sus cercanos, en corto, que para eso están los jóvenes. ¿Hacer boicots?
Y a todo esto, ¿qué hará el PAN? ¿Se aliará con el PRD? La respuesta se la digo en la edición online de esta columna, además de las decisiones en el IFE respecto a Ebrard y el PAN, y otro expediente que se les cae en la PGR, ahora contra un militar.
Que tienen cientos de pruebas, dijeron ayer jueves en conferencia de
prensa:
— Boletas electorales auténticas, notariadas y reconocidas, marcadas a favor del PRI que encontraron en Tabasco (no dijeron cuántas son).
— El hecho de que las encuestas fueron propaganda y que dieron una percepción de una ventaja que no fue (lo que es cierto, ahora, ¿habría que probar que fueron con dolo? ¿un ‘compló’ de los encuestadores del país que ponen en riesgo su trabajo?) Además, encuestas cuyo sólo costo rebasaría el tope de gastos de campaña (¿y todas las pagó el PRI? ¿cómo demostrar eso?).
El tema de los topes de campaña —que no dudo que pudieran haberse rebasado— es algo improbable. Es decir, que no se puede probar, al menos en tiempo y forma.
La ley —que todos los partidos aprobaron— está diseñada para eso. Los magistrados que tienen que calificar —dar por buena la elección, legalmente— tienen hasta el 6 de septiembre para hacerlo… ¡y los partidos, por ley, deben entregar sus cuentas para ser fiscalizados, en octubre! ¿Así cómo?
Además, por ley, ¿con qué se castiga la compra de votos? Va de nuevo, según el artículo 403 del Código Penal Federal se castiga así: “Se impondrán de 10 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:
VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral;”.
¡Y ya! Salen, en todo caso con una fianza. Lo siento, es la ley. Me encantaría decir que si se prueba algo así o el rebase de topes de campaña hay más argumentos para, legalmente, anular o declarar inválida una elección, pero no es así. ¿Qué hacemos?
— La “compra de votos”: Dinero que circuló vía despensas, materiales de construcción y el caso de tarjetas prepagadas, que habrían hecho que los electores no votaran de manera “libre” (¿no es esto como tratar de demostrar un “hubiera”? Algo así como: Si no hubiera habido todo esto los electores libres hubieran votado por él. Ser libre es igual a votar por AMLO, la
premisa).
Además, aquí acusaciones, sin duda interesantes de que todos estos votos “comprados”, fueron principalmente en zonas pobres y rurales, donde además gobernadores del PRI habrían metido dinero extra.
De nuevo, no dudo que haya mexicanos que sí hayan “vendido” su voto. Que se hayan creído que el recibir alguna dádiva los obligaba a votar por equis candidato (de cualquier partido). Pero la cosa es, ¿cómo probarlo si las elecciones son secretas?
¿Acaso no el mismo AMLO llamó repetidas veces, en campaña, a que tomaran lo que se les ofrecía?
Sus palabras un 25 de junio en Nayarit, frase que más o menos repetía en cualquier mitin:
— Tomen todo lo que les ofrezcan: Despensas, materiales de construcción, vasos, todo lo que les den, pero a la hora de la hora, ¡toma tu voto!, es decir, voten de acuerdo con su conciencia, voten por el cambio verdadero.
¿Cómo demostrarán la “compra” de 5 millones de votos? ¿Y si mejor intentan legislar el “voto masoquista”?
Será muy interesante ver qué pueden probar y qué no. ¡Vaya papel que tienen los magistrados del Tribunal frente a ellos! Además, súmele la presión adicional que ya anunció AMLO que les pondrá al pedir a cualquier ciudadano que quiera a que se sume —vía diversas páginas web— al recurso de “inconformidad” que presentó ayer mismo…
Lo que ayer dijo AMLO era un poco lo esperado. Veamos si los magistrados piensan que con eso se puede declarar la elección inválida. Si así fuera, el nuevo Congreso tendría que nombrar un Presidente interino —ver artículos 84 y 85— y llamar a elecciones en un plano no mayor a 18 meses.
A todo esto, pregunta, si declaran que la elección es inválida, ¿se refieren a toda la elección? ¿También la de los seis gobernadores, el triunfo de Mancera en el DF? ¿los diputados y senadores? ¿No tendría que ser así?
Más interesante será que la semana que entra anunciará lo que llamó el “Plan Nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México”. ¿En qué consistirá? ¿Planteará de nuevo tomar calles? No lo creo. AMLO dijo que no darían pretexto para que los llamen “violentos”. Además, dicen sus cercanos, en corto, que para eso están los jóvenes. ¿Hacer boicots?
Y a todo esto, ¿qué hará el PAN? ¿Se aliará con el PRD? La respuesta se la digo en la edición online de esta columna, además de las decisiones en el IFE respecto a Ebrard y el PAN, y otro expediente que se les cae en la PGR, ahora contra un militar.
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