De Índice Político
Estado de los ESTADOS
• Narcoestado
• Renuncia titular de SSP de Coahuila
• Moreira teme por vida de su familia
• Miente procuradora Marisela Morales
• Fracasó la guerra contra los cárteles
• EU incrementó su injerencia en AL
Octubre 26, 2012.- La renuncia de Jorge Luis Morán Delgado a la
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Coahuila por “motivos
personales”, luego de las acusaciones del ex gobernador Humberto Moreira
en el sentido de que hay narcoempresarios de la industria minera
ligados a la muerte de su hijo José Eduardo, hechos que constatan el
grado de penetración de las organizaciones criminales en los círculos
político y económico del país, así como el informe del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el incremento
de los homicidios dolosos en prácticamente todo el territorio nacional,
desmienten anticipadamente las declaraciones de la procuradora general
de la República, Marisela Morales, en el sentido de que “juntos hemos
acotado los márgenes de maniobra de las organizaciones delictivas a
través de una mejor coordinación en los tres órdenes de Gobierno”.
Las afirmaciones de la funcionaria -que protagoniza una violenta
purga el interior de la propia PGR por la penetración de los cárteles en
sus propias filas, al grado de que presuntamente utilizan incluso la
flota aérea de la dependencia para el trasiego de drogas- carecen del
mínimo fundamento cuando destacan los avances en el combate al
narcomenudeo, tráfico de personas y bases de datos de perfiles genéticos
de personas desaparecidas. En la Conferencia de Procuración de Justicia
de la Zona Occidente, en la ciudad de Guanajuato, a la que asistieron
los procuradores de Justicia y delegados de la PGR de los estados de
Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato,
Morales no hizo más que tratar de justificar la fallida estrategia
seguida a lo largo del sexenio de Felipe Calderón que tan nefastas
consecuencias ha traído para el país.
El caso de Coahuila es el último ejemplo de ese fracaso. Este viernes
el secretario de Gobierno de esa entidad, Heriberto Fuentes Canales,
informó sobre la renuncia de Jorge Luis Morán Delgado a la Secretaría de
Seguridad Pública. El anunció se hizo una semana después, ya que el
ahora ex funcionario tomó la decisión el 19 de octubre, pero al día
siguiente de la denuncia del ex líder nacional del PRI, Humberto
Moreira, de que hay narcoempresarios ligados al crimen de su hijo y su
exigencia de que sean identificados, perseguidos, exhibidos y castigados
por todo México. La renuncia de Morán Delgado no se trató de una
destitución, sino de una “decisión personal”, insistió Fuentes Canales,
quien no obstante no descartó la posibilidad de que el ex funcionario no
haya acreditado los exámenes de control de confianza que aplica el
Sistema Nacional de Seguridad Pública. La renuncia de ese funcionario se
da en medio de una severa crisis en materia de seguridad en Coahuila
luego de la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras, el pasado 17
de septiembre, así como el asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez.
El ex gobernador Humberto Moreira no quita el dedo del renglón y
ahora dijo temer por su seguridad y la de su familia ante la presunta
venganza del narcotráfico por la muerte de un sobrino del llamado
“Z-40”. Durante una entrevista radiofónica, destacó que en el caso de la
muerte de su hijo sólo han sido aprehendido los policías vinculados con
su asesinato, quienes no habían acreditado su examen de confianza, pero
no se ha detenido a los asesinos materiales ni al autor intelectual.
Moreira pidió ampliar las investigaciones a la incursión de la
delincuencia organizada en la extracción de carbón en Progreso,
Coahuila, para que se indague quién está comprando el mineral, porque
Heriberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca”, quien pasaba como minero en
el lugar, no podía vendérselo directamente a la Comisión Federal de
Electricidad.
El ex mandatario manifestó que desconoce quienes son los empresarios
mineros que están relacionados con el crimen organizado, pero advirtió
que cuando tenga más pruebas dará a conocer los nombres, y pidió a las
autoridades federales que realicen las investigaciones necesarias.
Humberto Moreira también criticó la estrategia diferente que ha seguido
su hermano Rubén en el combate a la delincuencia organizada. Dijo que
hace dos año, cuando dejó el gobierno, entregó el mando de la seguridad a
los militares, quienes daban “tiros certeros, no a lo loco”, mientras
que ahora son policías estatales los que se encargan de la seguridad, en
coordinación con la policía federal, la Marina y el Ejército.
A pesar de las pruebas, las evidencias y los hechos ocurridos todos
los días en el país, la procuradora Marisela Morales, al igual que los
integrantes del gabinete de seguridad de Felipe Calderón, mantendrán
hasta el final el discurso de que se ha golpeado a los cárteles del
narcotráfico y que ha dado resultados la estrategia seguida a lo largo
del calderonato. Ni por equivocación pretenden discutir un cambio en
dicha estrategia que les es dictada desde los Estados Unidos, quienes
rechazan tajantemente propuestas de los gobiernos latinoamericanos para
encontrar un nuevo enfoque para combatir el tráfico de drogas en el
mundo, con consideración a “medidas regulatorias y de mercado”.
FALLIDA GUERRA A CARTELES
La guerra de las drogas de Felipe Calderón ha fracasado. Hasta el ex
secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha señalado que “cuando uno
mira los resultados de la estrategia de Calderón, la mayoría de la gente
dirá que no ha funcionado. Ha muerto demasiada gente”, por lo que pide
un cambio de estrategia basado en la despenalización, tal y como lo
recomendó la Comisión Global de Políticas sobre Drogas dirigida por el
ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien recomendó
regular el consumo de marihuana y despenalizar el uso de otras
sustancias. Annan dijo que los gobiernos “se enfocan demasiado a menudo
en el lado del suministro y olvidan el de la demanda, y estos dos
aspectos tienen que trabajar juntos”. Añadió que “hay que trabajar esto a
través de la educación y la salud, en lugar de con acciones brutales”.
También la Unión Europea ha señalado que la seguridad en México debe
ser manejada en modo ”mas tradicional”, no con militares como ha
ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. El representante
especial de la UE para los derechos humanos, el griego Stavros
Lambrinidis, destacó que la estrategia seguida permitió capturar
importantes lideres criminales, pero al mismo tiempo exacerbó la
violencia en el país, “donde más de 50 mil personas murieron en
enfrentamientos entre narcotraficantes y de éstos con las fuerzas de
seguridad”. En una reciente visita a nuestro país, Lambrinidis confió en
que políticas como la utilización de militares en labores de seguridad
“puedan ser temporales” y “no durar mucho tiempo”.
Los datos del fracaso en la estrategia están empapados de sangre. El año
pasado, el número de muertes por homicidio en México se incrementó al
registrarse 27 mil 199 homicidios, de acuerdo con información del propio
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Fueron casi
1,500 muertes más que el año anterior. A pesar de la opacidad en que se
ha manejado la administración de Felipe Calderón en la materia, para
este 2012 el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) revela que en 12 entidades de la República
–Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Morelos, Colima, Durango, Nuevo León,
Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sonora- se ha superado la
media nacional de homicidios dolosos, que entre enero y agosto fue de
12.52 crímenes por cada 100 mil habitantes. En términos globales se
habían reportado hasta el octavo mes de este año 14 mil 79 homicidios
dolosos, de los que más de la mitad se perpetraron con armas de fuego.
Las bajas globales por la guerra contra el narco en lo que va del
sexenio calderonista llega a 90 mil víctimas, según cifras no oficiales,
pues la administración federal se ha negado a informarlas.
A pesar de todo, el cambio de estrategia no se llevará a cabo, al
menos al iniciar el gobierno de Enrique Peña Nieto. La razón: el
gobierno de Estados Unidos se opone a ello. El director de Políticas
sobre Drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, descartó hace unos días
la despenalización de estupefacientes y negó que hacerlo pudiera poner
fin a la violencia de los cárteles. Al citar un estudio de la
Corporación RAND en 2010, destacó que las organizaciones criminales
mexicanas obtienen sólo menos de un cuarto de sus ingresos de la venta
de mariguana en Estados Unidos, por lo que argumentó que si dejan de
obtener recursos del narcotráfico se dedicarían a otras actividades
criminales como el secuestro, la piratería, el contrabando, la extorsión
y la prostitución, negocios ilícitos que de hecho llevan a cabo.
También dijo que existen testimonios que sugieren que la actividad más
lucrativa de los cárteles de la droga en México es la extorsión a los
negocios locales de las ciudades donde operan.
Esos son argumentos que han manejado una y otra vez los funcionarios
de la administración de Barack Obama para ocultar lo evidente: que
utilizan regularmente la “guerra contra las drogas” como un pretexto
para intervenir en los asuntos internos de naciones soberanas. Esta
guerra le ha permitido avanzar en los objetivos de la política exterior
estadounidense, en un país tras otro -desde que Richard Nixon declaró la
“guerra contra las drogas” en 1971 y desde entonces cada presidente de
EU ha repetido el mismo planteamiento, para justificar su
intervencionismo en América Latina- teniendo como punta de lanza una
fuerza de élite de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA),
que están formados por socios y con cada rama de los militares de EU.
MILITARISMO DE EU
No hay que olvidar ni pasar por alto los datos históricos: la CIA y
el Pentágono intervinieron en Bolivia en 1964, Brasil en 1961, Chile en
1973, Costa Rica y República Dominicana en 1963, Ecuador en 1960, El
Salvador en 1980, Granada en 1983, Guatemala en 1954, Guyana en 1953,
1959 y 1987; Haití, Honduras y Nicaragua en la década de 1980; México y
Colombia desde 1980 hasta el presente; Panamá en 1989, Perú en 1965,
Uruguay en 1969, Venezuela en 2002 y Honduras en 2009. El éxito de estas
intervenciones se basó en “alianzas” internacionales e
interinstitucionales que camuflaron la interferencia militar de EU en
naciones soberanas con pretextos de búsqueda de “intereses comunes”,
“protección de las fronteras” y “lucha contra la delincuencia organizada
trasnacional”.
Para inducir la cooperación de las élites gubernamentales de América
Latina, el Pentágono promueve sus especialidades en ciber seguridad,
capacidad de transporte aéreo, logística, asistencia humanitaria, fusión
de inteligencia, entre otras. Ofrece plataformas militares, personal,
sistemas y capacidades que soportan las agencias federales de aplicación
de la ley y las fuerzas de seguridad extranjeras que participan en
misiones contra el narcotráfico, presencia que se ve reforzada por
grupos de tareas, ejercicios, actividades, acuerdos internacionales y
formación en general.
Tampoco hay que pasar por alto que el Comando Sur del Ejército de EU
(USSOUTHCOM) ha controlado el tráfico de drogas en América Latina
durante más de 20 años. No es extraño que esto se haya logrado luego de
la aplicación de programas ejecutivos, legislativos y acuerdos
internacionales que permiten la expansión internacional del Pentágono.
Entre dichos programas podemos destacar la Iniciativa Andina contra las
Drogas (ACI), la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de
Drogas (ATPDEA), el Plan Colombia –país que se convirtió en un ejemplo
excelente de cómo el Pentágono opera en América Latina, plan que se
adaptó a México-, la Iniciativa Mérida o Plan México firmado por Felipe
Calderón y George W. Bush, la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del
Caribe (CBSI), el diálogo Estados Unidos-Brasil de Cooperación de
Defensa, la Iniciativa de Seguridad Cooperativa de África Occidental,
entre oros.
Detrás de la guerra contra las drogas, al igual que de la guerra
contra el terrorismo, se encuentran también los intereses de la
industria armamentista estadounidense. Cuando los funcionarios del
Pentágono hablan de “transferencia de tecnología” con los gobiernos
latinoamericanos, como uno de los “intereses comunes” que unen a América
Latina con Estados Unidos, simplemente significa “comprarnos a
nosotros”. Los fabricantes de armas se benefician excesivamente de la
producción de aviones, armas y municiones con los que “combaten” a los
cárteles de las drogas, a quienes también proveen. Con Obama la
industria de las armas ha vivido un auge, sus ventas aumentan, las
acciones de las principales empresas de armas han subido de precio.
Asimismo, la industria de prisiones privadas está a favor de este estado
de guerra que les permite mantener sus cárceles llenas. También los
intereses de las trasnacionales estadounidenses alientan esta guerra.
Empresas como Pfizer, Johnson & Johnson, Locekheed Martín, Raytheon,
Grupo GEO, CCA, MTC, hacen presión diaria a las leyes locales sobre
drogas para mantener sólidas sus ganancias. Particularmente, las
empresas farmacéuticas favorecen el actual estado de cosas.
Con la administración de Barack Obama, EU aumentó su injerencia
militar en América Latina, Asia Sudoccidental, África y otros lugares.
Con este presidente “demócrata” la guerra contra el terrorismo y la
guerra contra las drogas son prácticamente indistinguibles. La primera
pretende matar a los terroristas, la segunda aplastar la oferta de
drogas. Las dos han fracasado en sus objetivos expresos, pero han
generado enormes costos y resultados perversos. En todo el mundo se ha
fallado en detener el cultivo, la producción y el consumo de drogas. El
comercio mundial de drogas está valorado en 325 mil millones de dólares
al año, la mayoría de los cuales se “lavan” en el sistema financiero
anglosajón. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor consumidor de
drogas ilegales a pesar de su propia guerra fallida de más de 40 años.
En México, los resultados están a la vista con la guerra calderonista
contra los cárteles de la droga: decenas de miles de muertos, cárteles
fortalecidos con capos cada vez más sanguinarios, incremento
extraordinario en el consumo local de estupefacientes, policías de los
tres niveles de gobierno cooptadas por el narcotráfico, un Ejército
desgastado y cada vez más vulnerable, gobernantes corrompidos hasta la
médula, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cárceles
saturadas, en suma, un país con condiciones características de un
“Estado fallido”, con una población empobrecida y con peores
perspectivas para los años venideros. La impunidad y la violencia
rebasan al Estado mexicano que exhibe una gran incapacidad para impartir
justicia.
DE LOS PASILLOS
Tras las declaraciones de Manlio Fabio Beltrones de “congelar la
reforma laboral”, el panista Ernesto Cordero, presidente del Senado,
acusó al PRI de interponer sus intereses como partido a los del país y
exigió no postergar la discusión sobre las modificaciones a la Ley
Federal del Trabajo. En tanto, el priísta Emilio Gamboa Patrón aseguró
que los diputados actuarán de acuerdo con los tiempos estipulados por la
ley y que verán con detenimiento los artículos que se modificaron.
Luego de las negociaciones con normalistas de Michoacán, donde se
acordó levantar el paro y regresar a clases la próxima semana, el
titular de la SEP, José Ángel Córdova Villalobos, sostuvo que nadie le
“dobló las manos” a esa dependencia. El funcionario destacó que las
clases de inglés para los maestros de zonas urbanas serán obligatorias,
mientras que para las rurales se privilegiará la enseñanza de su lengua
nativa y tendrán como optativa la materia de inglés.
El Banco de México reportó que la inflación general anual alcanzó su
nivel más alto del año en septiembre pasado. No obstante, consideró que
cerrará el año en alrededor de 4 por ciento. Además, confió que en 2013
la inflación retrocederá hasta el 3 por ciento. Banxico determinó
mantener sin cambios la tasa de interbancaria a un día en 4.5 por
ciento.
Parte de guerra: policías ministeriales se enfrentaron con hombres
armados en la colonia Cumbres Colonial, en Monterrey, Nuevo León, con
saldo de dos presuntos delincuentes muertos… Los cadáveres de dos
hombres fueron abandonados en un vehículo compacto de reciente modelo en
las inmediaciones de la colonia El Orito, en la zona conurbada de la
ciudad de Zacatecas… Un agente del Departamento de Seguridad Pública de
Texas (DPS) disparó desde un helicóptero contra un vehículo en el que
viajaban indocumentados y mató a dos de ellos en la comunidad de La
Joya, en la frontera de Texas con México… La Agencia Estatal de
Investigación de Nuevo León presentó a cuatro presuntos delincuentes que
confesaron 43 ejecuciones cometidas en los municipios de Juárez y
Guadalupe… Y la cuenta sigue… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los
Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como
presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los
Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y
100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9
de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en
el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario