De La Jornada-Editorial
El pleno de la Cámara
de Diputados aprobó ayer en lo particular y en lo general el dictamen de
reformas a la Ley Federal del Trabajo que había sido previamente
devuelto a San Lázaro tras su modificación en el Senado, y que tuvo
origen en la iniciativa de carácter
preferentepresentada por el Ejecutivo a principios de septiembre....
Durante dicha votación el Partido
Acción Nacional mostró un viraje en sus posturas de apoyo –manifestadas
en el Senado– a los contenidos de la reforma relacionados con la
democracia, la transparencia y la rendición de cuentas de los
sindicatos, y votó, junto con el Revolucionario Institucional,
modificaciones que dejaron fuera de la reforma el voto libre, directo y
secreto como mecanismo para la elección de las dirigencias gremiales
(artículo 371), así como la obligación de éstas de rendir cuentas sobre
el manejo de las cuotas y patrimonio de los trabajadores (artículo 373).
Por lo que hace a las estipulaciones que concedían a los asalariados
el derecho de conocer el contenido de sus contratos colectivos antes de
firmarlos (artículos 388 bis y 390), propuestas por los partidos de
izquierda, fueron rechazadas por la mayoría legislativa integrada por el
PRI, el PAN y el PVEM y Nueva Alianza, y quedaron eliminadas de la
minuta que regresará al Senado para su ratificación final.
Con la luz verde legislativa de ayer se consumó, en suma, un nuevo
golpe a los derechos y conquistas de la sociedad en general, y de los
trabajadores en particular, así como al avance democrático del país. Por
añadidura se exhibió en toda su crudeza la fractura creciente entre la
clase política y los ciudadanos a los que dice representar: la mayoría
legislativa integrada por tricolores y blanquiazules
en ambas cámaras ratificó disposiciones gravemente lesivas para los
asalariados y favorables a los patrones: el pago por hora, la
proliferación de los contratos a prueba, el abaratamiento del despido,
entre otros aspectos de la llamada
flexibilidad laboral; y rechazó, en cambio, los únicos puntos positivos de la reforma: los que habrían otorgado a los trabajadores mejores condiciones para pugnar por la democratización de sus organizaciones sindicales.
La decisión de dejar intactas la antidemocracia y la opacidad
que prevalecen en la mayoría de los gremios y de consumar al mismo
tiempo el atropello a los derechos laborales confirma la persistencia de
una coalición partidista de facto que ha gobernado al país,
formada desde 1988 por PRI y PAN y a la que se han sumado
posteriormente, como socios menores, el Verde y Nueva Alianza. Aunque
los socios de ese frente muestren fisuras coyunturales por disputas de
posiciones de poder, se encuentran de acuerdo en lo fundamental: la
continuidad del proyecto económico neoliberal aplicado en el país desde
hace más de cinco lustros.
Dicha coincidencia, que se ha expresado previamente en episodios como
la aprobación del fraude del Fobaproa/IPAB, la privatización de los
sistemas de pensiones, el traslado paulatino de la industrias eléctrica y
petrolera a manos de particulares y los recurrentes aluviones
impositivos, volvió a ponerse de manifiesto ayer, con la aprobación de
una reforma que beneficia a unos cuantos –empresarios y burocracias
sindicales, fundamentalmente– y perjudica a los sectores mayoritarios
del país.
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