De Pulso Político
Estado de los ESTADOS
• Repudio al espurio• Permeó mafia a todo el gobierno
• Zar anticrimen, despedido de PGR
• ¿Qué adiós pretende Peña Nieto?
• Asesinatos aumentaron un 84.58%
• Rechaza PRD crear policía política
• Coneval: sigue creciendo pobreza
Noviembre 15, 2012.- Las giras de cierre de sexenio de Felipe
Calderón se han convertido en escenarios de repudio, de rechazo, de
reprobación, de critica, de repulsión a su gestión, de desprecio a su
gobierno. En cada entidad que toca, el michoacano más impopular recibe
recriminaciones abiertas, públicas, inocultables por el Estado Mayor
Presidencial. Lo mismo en San Luis Potosí que Tamaulipas o Chihuahua o
cualquier entidad que pisa, los reclamos son a grito abierto o con
pancartas en las que se lee: “Felipe Calderón, ¿qué fue lo mejor que
hiciste? Muertos, viudas, ¿y la educación?; “Qué lastima Felipe, no
pudiste poner orden en Reynosa”; “Vamos a descansar de tantos atropellos
y abusos”; “Al fin descansaremos de ti, asesino”, entre otras. El
inquilino de Los Pinos entró por la puerta trasera, con una gran
ilegitimidad, se va por arrojado por la ventana al cesto de basura, como
un apestado.
La situación en la que deja al país, entre lo que más destaca es el
regadero de sangre y de cadáveres y la incesante producción de pobres, y
metas y promesas incumplidas, pero con las alforjas llenas para sus
forajidos blanquiazules, como consecuencia de que la corrupción y el
crimen organizado permearon a la administración federal -como ahora se
demuestra con el despido de Cuitláhuac Salinas, titular de la
Suprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia
Organizada (SEIDO), porque se investiga a su personal por sus relaciones
con el crimen organizado, según la orden de la propia procuradora
general de la República, Marisela Morales- debe poner a pensar al
presidente electo Enrique Peña Nieto que tipo de despedida quiere el
priísta que recuperó la Presidencia de la República, no por los aciertos
de los dirigentes de sus partidos, sino por los errores del
calderonismo infiltrado hasta la medula por la corrupción y el crimen
organizado, y la compra de sufragios.
Desde ahora, el nuevo equipo gobernante debe tener altura de miras y
visión de futuro para, desde este momento, determinar cuál va a ser su
despedida al concluir el próximo sexenio. Las opciones son simples, pero
definitivas: realizar un gobierno que atienda realmente las necesidades
de la población y el desarrollo no sólo económico y humano de las
familias, que deje la Presidencia de la República con un amplio
reconocimiento de la población, lo que les garantizaría un nuevo
mandato; o formar parte de un régimen que concluya la destrucción que
imperó a lo largo del calderonato, cuyo signo representativo fue, sin
duda alguna, la muerte, y hundido en una apabullante corrupción.
Las manifestaciones de rechazo a Felipe Calderón y las protestas
públicas por los abusos de las fuerzas armadas contra la población
mexicana, así como la muerte de inocentes en el estúpido combate al
crimen organizado, son sólo uno de los amargos frutos que el michoacano
cosechó a lo largo de seis años, que fueron de autoritarismo, de abusos,
de delitos de cuello blanco, pero cargados de impunidad. No es extraño
que ahora, precisamente en la Octava Zona Militar, en Reynosa,
Tamaulipas, una entidad dominada por la violencia generada por la
disputa de la plaza entre bandas delincuenciales rivales y acrecentada
por un uso sin inteligencia de las fuerzas armadas, colonos de colonias
populares como Lampacitos, Juárez, Unidad Obrera, Cumbres, Arco Iris,
mostraran las mantas de repudio al aún titular del Ejecutivo federal.
Los inconformes fueron frenados por un cerco de seguridad montado por
el Estado Mayor Presidencial, que impidió que llegarán hasta Calderón
con la instalación de vallas. No obstante, los militares no lograron
impedir que los fotógrafos captaran las mantas de repudio, de rechazo,
de reprobación, a pesar de que impidieron que los reporteros se
desplazaran al lugar de las protestas. Esta muestra pública de desprecio
al autodenominado “hijo desobediente”, se da a menos de 24 horas de los
reclamos que recibió en Ciudad Valles, San Luis Potosí, donde la señora
Edith Pérez, le recriminó que no ha recibido ayuda de su administración
para localizar a cuatro familiares que fueron “levantados” desde hace
varios meses en Ciudad Mante, Tamaulipas. A don Felipe no le quedó más
que admitir que el gobierno federal “no puede solo” contra la
delincuencia y el crimen organizado. No obstante, el reconocimiento de
su fracaso llega tarde, muy tarde, cuando debió de atender el reclamo de
las organizaciones sociales que le exigieron que “si no pueden, que
renuncien”.
Estos actos que se han ido multiplicando conforme se le acaba el
tiempo a la gestión calderonista no son nuevos, tienen muchos meses,
años, por la situación de inseguridad y el abandono de las autoridades
de todos los niveles de gobierno en este “calvario” de localizar
familiares. Ya Calderón no es bienvenido en ninguna entidad de la
República, sobre todo en las asoladas y arruinadas por el crimen
organizado. Al menos desde hace tres años se tienen registros de estas
reprobaciones populares a su fallida estrategia contra los cárteles de
las drogas en el país. Fresca en su memoria debe estar el 11 de febrero
de 2010, cuando la señora Luz María Dávila, quien perdió a sus hijos
Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero de ese año y
fue quien empezó el foro “Todos somos Juárez”, marcó la pauta de las
protestas que cercaron al inquilino de Los Pinos, a los secretarios de
Estado y a las autoridades.
Frente a esos horrendos hechos de sangre, sin ningún rubor y cinismo,
don Felipe mintió y calumnió al señalar que los homicidios fueron
resultados de pleitos entre pandillas. Calderón careció de autoridad a
lo largo de su administración para enfrentar a las víctimas, a sus
lastimados familiares, como Olga Esparza, de la organización Nuestras
Hijas de Regreso a Casa, que buscan afanosamente a cientos de jovencitas
que han sido desaparecidas o asesinadas, no sólo en la ciudad de la
maquila, sino en todo el territorio nacional. No hubo respuesta para
ellas, sólo ocultamiento de la información “por decisión institucional”,
que traducido es “porque nos dio la gana”, “porque nos perjudicaban
esos datos”, “porque no convenía para la imagen del señor presidente”.
Ni los feminicidios, ni los “juvenicidios”, ni la muerte de más de
150 mil víctimas de la guerra de la violencia, según datos del
Departamento de Estado de Estados Unidos, ni los más de 10 mil
desaparecidos han tenido respuesta de la autoridad, ni la tendrán… Ahora
sólo informan, porque así lo decidieron y “háganle como quieran”, de
los homicidios dolosos. Pero ni esas cifras los favorecen, mucho menos
los encubren. De acuerdo con el reporte del Observatorio Nacional
Ciudadano, organización no gubernamental (ONG), el homicidio doloso es
el delito de alto impacto que no dejó de crecer durante el presente
sexenio. Tan sólo en el segundo cuatrimestre de este año aumentó en un
6.43 por ciento con respecto a los primeros cuatro meses del 2012, y en
un 84.58 por ciento con respecto al mismo periodo de 2006. También
subieron entre mayo y agosto del presente año la extorsión en un 22.44
por ciento, el homicidio culposo en un 8.9 por ciento, y en general la
lista de homicidios 7.46 por ciento.
Las entidades federativas que presentaron un mayor incremento de
homicidios dolosos denunciados entre el primer y segundo trimestre de
2012 fueron Guanajuato, con 80.3 por ciento; San Luis Potosí, con 79.1%;
Coahuila, con 53.55%; Morelos, con 51.98 por ciento; y Zacatecas, con
51.28%.
Todos estos datos hablan de la inaplazable necesidad de realizar un
replanteamiento de la política de seguridad, pues es inocultable que no
se logró reducir los índices de delincuencia común, a pesar de los
enormes recursos presupuestales consumidos por las autoridades
federales.
REORGANIZAR AL ESTADO
Precisamente, ante la falta de éxito de la política seguida en ese
rubro, el Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y
la Legalidad respaldó la propuesta de Enrique Peña Nieto de desaparecer
la Secretaría de Seguridad Pública federal, y consideró que el cambio
resultará útil para subsanar la imagen de corrupción y escándalos de la
Policía Federal, y devolver Plataforma México, la base de datos más
importante para el país, a la Secretaría de Gobernación.
El coordinador de los diputados del PRI del Estado de México, Jorge
Manzur Quiroga, fue el encargado de presentar en la Cámara baja la
iniciativa de Enrique Peña Nieto para reformar la ley orgánica de la
administración pública, que esta enfocada a desaparecer la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) y trasladar el mando de la policía y las tareas
de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación. De inmediato la
iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación con el plan de que se
apruebe antes de que el mexiquense asuma el mandato del país. El
legislador, ex colaborado de Peña en el gobierno del Estado de México,
expuso que se viven tiempos de transición que demandan actuar con
rapidez y colaboración de Poderes para dar respuesta a los ciudadanos.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI,
confirmó que se busca que haya un tratamiento exprés a dicha iniciativa
sobre la reorganización de la Administración Pública. El sonorense
ofreció que la próxima semana acudirán a San Lázaro integrantes del
equipo de transición de Peña Nieto para que expliquen a los legisladores
los objetivos y alcances de la iniciativa presentada este jueves, que
contempla el fortalecimiento de las Secretarías de Gobernación,
Desarrollo Social y Hacienda, y la desaparición de las de Seguridad
Pública y Función Pública, la reformulación de la de Reforma Agraria, y
la regulación de la Oficina de la Presidencia. “No se trata de un cambio
cosmético, sino de profundo”, insistió Beltrones, quien también
descartó la posibilidad de un recinto alterno para la protesta de
Enrique Peña Nieto como Presidente de México. Subrayó que la ceremonia
en el Palacio Legislativo de San Lázaro el primero de diciembre “no está
a discusión”.
Mientras que en el Senado de la República, las fracciones
parlamentarias del PRI y del PVEM presentaron la iniciativa de Peña
Nieto para crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Al presentarla, la
senadora Lizbeth Hernández dijo que “hay evidencias documentadas para
sostener que debido a la corrupción se incrementan los precios de los
bienes y servicios y su calidad se deteriora, impacta la inversión y el
crecimiento económico, incrementa la desigualdad y afecta la legitimidad
del Estado”. La corrupción, subrayó, cuesta 1.5 billones de pesos al
año mientras que las empresas destinan el 10 por ciento de sus ingresos
al pago de sobornos. La iniciativa modifica 9 artículos constitucionales
y fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos Primera para su dictamen, con opinión de las comisiones de
Gobernación y la de Anticorrupción. Precisamente el presidente de esta
última, Pablo Escudero Morales, manifestó en el pleno su desacuerdo, ya
que, sostuvo, su comisión debería dictaminarla.
Por el contrario, la dirigencia nacional del PRD, que encabeza Jesús
Zambrano, advirtió que no permitirán una policía política en relación a
la propuesta priísta de modificar las funciones de dependencias como la
Secretaría de Gobernación. “El Chucho Zambrano” declaró que “lo que no
vamos a permitir, y que quede claro, es que esta Subsecretaría ahora
dependiente de Gobernación, se constituya en una policía política, eso
si no, esos tiempos aciagos no vamos a permitir que regresen”. Lo que no
dijo es el importante cómo.
DE LOS PASILLOS
Los senadores del PRI pidieron a Felipe Calderón la creación urgente
de un fondo contingente para rescatar a los estados y municipios
agobiados por su deuda, al considerar que el rescate financiero a cargo
de la Federación es el único camino para resolver un problema
multifactorial que podría derivar en un escenario negativo para las
finanzas del país. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, tan solo la
deuda de los municipios durante este sexenio pasó de 14 mil 600
millones de pesos a 44 mil 800 millones de pesos, lo que representa un
incremento real del 176 por ciento.
Felipe Calderón fue incapaz de reducir la pobreza en el país. El alza
de precios de productos básicos por encima de la inflación y el
estancamiento de los salarios contribuyeron a esa situación. El Informe
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, que presentó el
presidente del organismo, Gonzalo Hernández Licona, reportó que la
pobreza en el país aumentó en 3.2 millones de personas entre 2008 y
2010. En términos globales, informó que en el país hay 52 millones de
personas en pobreza, y 11.7 millones en pobreza extrema.
Para sustituir a los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo
Ortiz Mayagoitia, que concluyen sus periodos el próximo 30 de noviembre
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el inquilino de Los Pinos
envió dos nuevas ternas al Senado de la República: la primera, para
reemplazar a Ortiz Mayagoitia, la constituyen los magistrados Alberto
Pérez Dayán y Rosa Elena González Tirado, así como Julio César Vázquez
Mellado García, magistrado del séptimo tribunal en material civil; la
segunda para sustituir a Aguirre Anguiano, la integran el titular del
SAT, Alfredo Gutiérrez Ortíz; Norma Leticia Hernández, magistrada del
tribunal colegiado en materia administrativa, y Ricardo Romero Vázquez,
magistrado de primer tribunal colegiado en materia civil.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los
Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como
presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los
Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y
100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9
de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en
el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
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