De Zócalo Saltillo
Aunque el género epistolar es periodísticamente válido, uno no puede dar
por hecha la contestación. Sobre todo si se trata de un alto
funcionario. Y más aún, recién llegado a un cargo de extrema complejidad
y exigencia. Por eso me sorprendió gratamente la rapidez con que Jesús
Murillo Karam, procurador general de la República, ha respondido a mi
carta abierta del pasado 26 de diciembre sobre el caso de Jacinta
Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio.
Las tres ciudadanas mexicanas indígenas ñha ñhus acusadas en 2006 de
haber secuestrado a seis agentes federales en la plaza de su pueblo
Santiago Mexquititán, en Querétaro; luego secuestradas –ellas sí–,
llevadas directamente a prisión y encarceladas injustamente tres años;
las mismas a las que con la inercia del anterior gobierno calderonista
se les negó el 19 de diciembre pasado la reparación del daño.
La respuesta de Murillo Karam se tradujo en una entrevista en la que
habla del caso y de sus visiones más amplias sobre la impartición y
procuración de justicia en este país. Para empezar, me recuerda que él
ha sido sensible a este asunto, al grado de haberlo subido a tribuna
como legislador, pero que al llegar a la PGR se encontró con hechos ya
consumados. Además de que en nuestra legislación actual no se contempla
la figura jurídica de reparación del daño.
Pero mi primera gran sorpresa es que me asegura que ha ordenado la
apertura de una investigación sobre los hechos habidos en todo el
proceso. Lo que le permitiría tener dos posibilidades de acción: una,
que haya habido irregularidades verificables que pudieran implicar una
violación a los derechos humanos de Jacinta, Alberta y Teresa.
Le pregunto si este caso podría inscribirse en la Ley de Víctimas
planteada por Javier Sicilia, impugnada por Felipe Calderón y
replanteada con carácter de urgente por el presidente Enrique Peña Nieto
en su primer mensaje. Me vuelve a sorprender cuando me dice que le
parecería injusto hacerles esperar su aprobación. Que lo que hará es
investigar de inmediato. Lo que, en mi opinión, significa una reapertura
del caso, que podría representar un hito en materia de justicia.
En otra parte de nuestra conversación, Murillo Karam me habla de sus
motivaciones para aceptar el cargo: hacer que la Procuraduría cumpla las
razones para las que fue creada; entenderla no sólo como la entidad
sancionadora, sino como la que es capaz de definir quién es inocente y
quién es culpable; quién debe ser protegido como víctima y quién debe
ser sancionado por transgresor, forjar una institución donde la
sensibilidad tiene que ir acompañada de la firmeza; donde la
sensibilidad cuenta, pero donde la firmeza es crucial.
Más adelante, establece que la presunción de inocencia es la base del
Estado de derecho. La culpabilidad se tiene que probar, mientras que la
inocencia se presume. Por eso, explica, se ha pronunciado abiertamente
contra las llamadas medidas cautelares; el abuso, el exceso y el mal uso
de figuras como el arraigo y los testigos protegidos.
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