De Índice Político
Estado de los ESTADOS
• Hay más violencia: EPN• No hay estrategia contra el crimen
• Limitada Cruzada contra el hambre
• Ajustan los sistemas penal y policial
• Segob admite: aumentan secuestros
• Reforma energética en 2013: LVC
Enero 25, 2012.- La seguridad pública de México es una compleja
asignatura pendiente de Enrique Peña Nieto, sobre todo cuando carece de
una estrategia de mediano plazo para lograrla y aplica los mismos y
fallidos métodos de su antecesor. El problema es de gran envergadura y
de urgente resolución, como lo tuvo que reconocer en su primera
participación como Jefe de Estado en un foro de carácter internacional
en Santiago de Chile. Ahí, ante empresarios y directivos de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tuvo que admitir que
los niveles de violencia se han acentuado en su país; tan sólo en su
entidad natal, el Estado de México, se cometieron 72 homicidios en los
primeros 24 días del año.
El nuevo gobierno mexicano que encabeza Enrique Peña Nieto no ha
tenido la capacidad de diseñar un nuevo modelo para combatir al crimen
organizado que fue potenciado y fortalecido con la fallida estrategia
seguida por su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, quien logró regar de
sangre todo el territorio nacional y hacer prevalecer la impunidad, la
corrupción y la injusticia que laceran al país y a su población. Al
arrancar su administración, el mexiquense sigue haciendo uso de las
mismas herramientas que su antecesor, apostando por un combate frontal
con el uso ilegal de las fuerzas armadas, estrategia que está más que
comprobada no da resultados y, por el contrario, eleva los niveles de
inseguridad y los “daños colaterales”.
Tan sólo en el discurso, el actual presidente de México –por encima
del caso Monex y los rebases de campaña- ha expresado que “la mejor
manera de combatir la inseguridad tiene que ver con la generación de un
circulo virtuoso, que permita abrir oportunidades de empleo y desarrollo
para todos los mexicanos”. En la práctica, sus acciones y las de sus
correligionarios se alejan de esa perspectiva. En el Congreso, su
administración presentó un proyecto de presupuesto que apuesta no al
desarrollo de la economía mexicana y a su crecimiento, con lo que se
generarían los cientos de miles de empleos que reclama su creciente
población, sino a la desaceleración de las actividades productivas y,
por ende, a un menor crecimiento, estimado en 3.5% del PIB por
organismos financieros internacionales. Así, por diseño gubernamental,
no habrá este año crecimiento económico, sino decrecimiento, ni mayor
productividad, y, por lo tanto, menor creación de fuentes de empleo.
En cuanto al combate a la pobreza, Peña Nieto está apostando por
colocar curitas en heridas profundas, de complejas causas, pero
identificables, con su mentada Cruzada Contra el Hambre que no ataca los
determinantes sociales de la pobreza y no crea oportunidades de empleo y
para el campo, ni mejora las condiciones de vivienda ni garantiza
siquiera el agua potable a las comunidades marginadas. El arranque de su
administración era una excelente oportunidad para mejorar la
alimentación de las comunidades y la oferta de alimentos a través de la
producción local de los mismos, que simplemente se dejó pasar, para
apostarle una vez más al manejo electorero de los programas sociales,
con la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) al frente y con una
funcionaria tan cuestionable como Rosario Robles, cuando la estrategia
debía encabezarla precisamente los ministerios de Agricultura y
Economía.
De acuerdo con el análisis del dirigente de la Central Independiente
de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), Federico Ovalle, la Cruzada
Nacional contra el Hambre incurre en contradicciones y limitaciones al
atender a menos de 50 por ciento de los mexicanos en condiciones de
pobreza extrema y carencia alimentaria, y dejar fuera a 60 por ciento de
los municipios que se encuentran en similar circunstancia. Además, en
los programas gubernamentales de combate a la pobreza y apoyo a los
productores en el país, se insiste en atacar las consecuencias y no las
causas de la miseria, pues persisten modelos de apoyo al campo que
privilegian a los grandes productores y comercializadores, incluyendo a
agroindustrias extranjeras.
Hasta las cifras oficiales confirman las limitaciones de la referida
cruzada que atenderá a sólo 7.4 millones de beneficiarios, cuando, de
acuerdo con las estadísticas oficiales, existen 15 millones de personas
en condiciones de pobreza alimentaria en el país. Además, únicamente
coloca su atención en 400 municipios, cuando alrededor de mil 22 se
encuentran entre los más pobres, correspondientes en su mayoría a la
región sur-sureste del país. Por si lo anterior fuera poco, los recursos
son menos al arrancar este gobierno federal: el monto asignado al
programa Sistema Nacional Alimentario ejerció poco más de 38 mil
millones de pesos en 2012, y ahora se disminuye dicho monto a 37 mil
millones de pesos para este año, no obstante que creció el número de
pobres.
Ovalle destaca que en el sexenio de Felipe Calderón se invirtieron
alrededor de 500 mil millones de pesos en programas sociales y creció el
hambre y la pobreza, no por falta de dinero, sino por el uso que se
hizo del mismo: el 96 por ciento de los recursos del Programa Especial
Concurrente (PEC), 305 mil millones de pesos en 2012, destinados a los
productores en condiciones de pobreza, fueron a parar a la bolsa de los
grandes productores y comercializadoras, y sólo un cuatro por ciento a
los pequeños y medianos productores del campo.
Al concluir la administración de Felipe Calderón la situación que
heredó a Enrique Peña Nieto es desastrosa: de 112 millones de mexicanos,
52 millones viven en condiciones de pobreza; 13 millones en extrema
pobreza y 28 millones padecen carencia alimentarias y desnutrición. Ese
es el desolador panorama y no se están llevando a cabo acciones
efectivas para mejorarlo.
AJUSTES AL SISTEMA POLICIAL Y PENAL
Por lo que respecta a la seguridad es sólo hasta que explotó el
escándalo por la liberación de la plagiaria de origen francés, Florence
Cassez, que puso en evidencia a nivel internacional al fallido sistema
de justicia mexicana, cuando se inician las acciones del gobierno
federal para garantizar el respeto al Estado de Derecho, a través de
ajustes al policial y penal. La ineficiencia de la administración y
procuración de justicia en el país es tal que tienen que iniciar desde
el abc, a través de un plan de capacitación exprés para el Ministerio
Público y la Policía Federal, así como las fuerzas armadas, que incluye
las acciones que deberán seguir policías y agentes ministeriales desde
el momento de una detención hasta la conclusión del proceso penal.
Después del niño francés ahogado se pretende tapar el pozo, pues
dicho plan pretende que las fallas de procedimiento no sean un obstáculo
para que el Poder Judicial determine culpabilidad o inocencia de una
persona, según el vocero para los temas de seguridad del nuevo gobierno,
Eduardo Sánchez, subsecretario de Normatividad de Medios de la
Secretaría de Gobernación. Es hasta después del escándalo de la Cassez
que la administración federal admite que “la delicada tarea de
procuración de justicia debe realizarse con absoluta eficacia y estricto
apego al marco jurídico que la regula”. Y añade que “los legítimos
anhelos de justicia de los mexicanos no deben truncarse por errores o
violaciones al debido proceso” que las autoridades deben observar en sus
acciones. Antes, a pesar de las múltiples denuncias en el plano
nacional e internacional de violaciones a los derechos humanos por parte
de las fuerzas federales, no se hizo nada y se ignoró la situación.
El plan de capacitación anunciado el viernes por Gobernación incluye
la revisión de protocolos y manuales en materia de investigación y
aprehensión de presuntos delincuentes, así como la discusión de reglas
que deben seguir los policías y agentes. El documento que portarán los
uniformados incluye los puntos siguientes: “usted se encuentra detenido
por los siguientes motivos…; usted es considerado inocente hasta se
considere lo contrario; tiene derecho a declarar o guardar silencio; en
caso de decidir declarar tiene derecho a no inculparse; tiene derecho a
un defensor de su elección, en caso de no contar con uno, el Estado se
lo dará de manera gratuita; tiene derecho a un traductor o un
interprete; tiene derecho a que se ponga en contacto con un familiar;
tiene derecho a ser puesto sin demora a las autoridades
correspondientes; en caso de ser extranjero, tiene derecho a que el
consulado sea informado.
Para el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la
Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) sus elementos deberán de
portar de manera obligatoria la cartilla sobre derechos humanos al
momento de sus operativos. De acuerdo con ese funcionario de
Gobernación, los procedimientos jurídicos deberán ser eficaces y
apegados al marco legal.
Más que a la situación de ausencia prácticamente total del Estado de
Derecho en México, las acciones y medidas implementadas y ordenadas por
la Secretaría de Gobernación responden al fiasco internacional que
representó para el país el caso de Florence Cassez, en el cual uno de
los principales argumentos de la “Tremenda Corte” para liberarla, fue
precisamente el montaje televisivo que se implementó durante su captura
junto con una banda de secuestradores.
SECUESTROS A LA ALZA
El cuadro de referencia de combate a la delincuencia publicado este
viernes en el Diario Oficial de la Federación, que sirvió como respaldo
para la asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y del Distrito Federal, aprobado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de este año, y que
asciende a 7 mil 631 millones de pesos, confirma que del 1 de enero de
2011 al 31 de octubre de 2011 y 2012, en estados como Veracruz, Nuevo
León, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos y Nayarit,
los secuestros se incrementaron, aunque se destaque que en total los
delitos de alto impacto bajaron en esos periodos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta
con información proporcionada por las Procuradurías Generales de
Justicia de las entidades federativas a través del Comité
Interinstitucional de Estadística e Información de Seguridad Pública por
conducto del Centro Nacional de Información, en el país se reportaron
mil 344 plagios de enero a octubre de 2011 y en el mismo periodo pero de
2012 se denunciaron mil 43 secuestros. Por lo que toca a homicidios, de
enero a octubre de 2011 fueron reportados 22 mil 480 crímenes, y en el
mismo periodo de 2012, se dieron a conocer 17 mil 491 asesinatos. No
obstante, en los estados de Colima, Guanajuato, Morelos Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas, las ejecuciones se incrementaron en ese periodo.
La ola de violencia que se mantiene en el país sobrepasa a las
autoridades locales. Este viernes, en Monterrey, Nuevo León, se
reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal, encabezados
por Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación; Salvador
Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional; Vidal Francisco Soberón,
secretario de Marina; y Manuel Mondragón, subsecretario de Seguridad
Pública, con los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San
Luis Potosí y Veracruz, para “revisar los avances en la lucha contra la
criminalidad”.
Mientras tanto, con la misma estrategia del sexenio pasado, el
Ejército Mexicano inició operativos de seguridad en los municipios
conurbados al Distrito Federal, entre los que se incluyeron
Huixquilucan, Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan. Mientras, el número de
muertos sigue incrementándose lo que obligó a la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) a crear la Licenciatura en Ciencias Forenses,
“ante la urgencia de crear profesionales que mediante métodos
científicos reúnan evidencias para comprobar delitos y evitar que se
procese a inocentes o haya impunidad de culpables”.
La adversa situación que resiente México en la materia, hace que “el
campo laboral de estos jóvenes –egresados de dicha licenciatura- parece
estar asegurado”, como puntualmente lo señaló Enrique Graúe, director de
la Facultad de Medicina de la UNAM.
REFORMA ENERGÉTICA ESTE AÑO: VIDEGARAY
Lo que si se ha convertido en una prioridad y obsesión para la nueva
administración federal es sacar a como de lugar en el Congreso de la
Unión una reforma energética que habrá a la inversión privada
trasnacional a Petróleos Mexicanos. Ahora fue en el 43 Foro Económico
Mundial, que se celebra en Davos, Suiza, donde el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray Caso, aseguró que la reforma energética se
realizará en este 2013 y subrayó que así fue acordado por los
representantes de las fuerzas políticas del país en el Pacto por México,
firmado en diciembre pasado.
Ante una mesa redonda de alto nivel de dicho foro, Videgaray admitió
que “no va a ser fácil hacerla pero la necesidad está ahí, las
condiciones están ahí y la oportunidad está ahí”. Quien es considerado
como el funcionario más cercano al presidente Enrique Peña Nieto,
admitió que para acometer la reforma energética será necesario “cambiar
el marco legal” mexicano y lamentó que durante años esta cuestión fuera
vista en México desde un punto de vista exclusivamente ideológico,
olvidando este funcionario que se trató de un elemento clave de
soberanía nacional.
Es muy difícil encontrar argumentos que sustenten las prisas de los
peñanietistas para abrir y entregar Pemex a las trasnacionales
energéticas de Estados Unidos, aunque las españolas también se están
frotando las manos. Precisamente en Madrid, España, el presidente de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México, Francisco Salazar,
aseguró que las reglas para la participación de empresas en el sector
energético “son claras y estables”. Al participar en la conferencia
“Nuevo escenario para el sector español de energías renovables”,
organizado por el foro Iberoamérica Empresarial, confirmó que hay
perspectivas de crecimiento del sector energético, principalmente en
renovables. Ante empresarios españoles, Salazar señaló que las
previsiones para 2014 estiman que el 35 por ciento de la energía que se
genera en el país no sea fósil, lo que abre potencial para tecnologías
renovables.
DE LOS PASILLOS
Tras las quejas, inconformidades, denuncias y amenazas de los
legisladores y dirigentes nacionales de oposición por la exoneración del
PRI y Enrique Peña Nieto en el caso Monex, realizada por el Consejo
General del Instituto Federal Electoral (IFE), el coordinador del PRD en
el Senado, Miguel Barbosa, sostuvo que ese caso y la exoneración del
PRI ponen en riesgo el Pacto por México. No obstante, no dio a conocer
un posicionamiento claro de la fracción del Sol Azteca en cuanto a
rechazar o apoyar las reformas legislativas que impulsan los priístas en
el gobierno con dicho pacto, entre las que se incluye la energética.
Como está más que comprobada la rentabilidad económica de contar con
una franquicia política, ahora fue el ex candidato presidencial de
izquierda, Rafael Aguilar Talamantes, quien solicitó al Instituto
Federal Electoral (IFE), el registro de la agrupación Ciudadanos
Socialistas de México como partido político. Como se recordará Aguilar
Talamantes fundó el Partido Socialista de los Trabajadores en la década
de los ochenta y posteriormente en 1988 éste adoptó el nombre de Partido
del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y se anexó al Frente
Democrático Nacional para respaldar la candidatura presidencial de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien rompió políticamente meses
después.
A una semana de que venza el plazo para que las agrupaciones
políticas soliciten su registro como partido, suman catorce
organizaciones de diversa índole las que han acudido al IFE para tal
propósito.
Otra vez fue el sonorense Manlio Fabio Beltrones, coordinador del PRI
en la Cámara de Diputados, quien salió en defensa de lo indefendible:
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras su
falló que dejó en libertad a la plagiaria francesa Florence Cassez, tras
siete años de permanecer en prisión por el delito de secuestro.
Beltrones dijo que la culpa no es de los togados sino de quienes
hicieron que hubiera elementos suficientes para que el amparo,
solicitado por Cassez, surtiera efecto debido a que se violó el debido
proceso.
Será el próximo lunes cuando los consejeros electorales del IFE
conozcan el dictamen de la Unidad de Fiscalización del órgano electoral
sobre los gastos de campaña del pasado proceso federal. Marco Antonio
Baños, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos
del IFE, advirtió que el órgano electoral sólo podrá sancionar con una
multa a los partidos y/o candidatos que hayan rebasado el tope de
campaña en la pasada elección presidencial… Lo invitamos a visitar
nuestra página www.liliaarellano.com
en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los
Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como
presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los
Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y
100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9
de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en
el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
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