De Sin Embargo Mx
septiembre 10, 2015
- 00:05h
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Protesta
en Xalapa, Veracruz, por el multihomicidio de la Narvarte, en el
Distrito Federal, donde fueron asesinados la activista Nadia Vera y el
fotoperiodista Rubén Espinosa. Foto: Cuartoscuro.
Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– La violencia no es
el único enemigo de los periodistas en el estado de Veracruz. Antes que
ésta, indica uno de los pocos estudios académicos que analiza el
problema de la prensa en aquella entidad, operaba ya el “clientelismo”
que, como en todo el país, permite a los dueños de los medios de
comunicación acceder a los recursos públicos a cambio de ceder a los
Gobiernos control sobre sus contenidos editoriales.
De acuerdo con el estudio “Relaciones Prensa-Poder en Veracruz. Del
modelo clientelar-autoritario a la nueva estrategia de negocios en un
entorno violento”, publicado en una revista de historia en España, es
esta “estrategia de negocios” extensiva a casi toda la prensa mexicana
la que, en aquel estado hoy convertido en el más peligroso para el
periodismo en México, ha precarizado aún más las condiciones de los
reporteros.
“De manera creciente las relaciones entre medios y Gobierno del Estado han venido definiéndose como una estrategia de negocio en donde el Gobierno es el cliente que contrata un servicio a los medios. Los actores de este tipo de negociación son, por una parte los encargados de las oficinas gubernamentales de comunicación social, y los dueños de las empresas mediáticas por la otra. Esta operación de negocios no resulta clara, ya que las cantidades en juego son absolutamente secretas, como ya se dijo, y los términos de la negociación son igualmente oscuros”, dice el estudio, publicado en 2014 por la Revista de Historia Jerónimo Zurita, de una editorial científica aragonesa.
“Esta estrategia ha tenido como resultado la precarización aún mayor de los periodistas, quienes no tienen ninguna incidencia en dichas negociaciones. Ejercen entonces como simples ‘obreros’ al servicio del patrón que, a su vez, debe complacer a su cliente que, si no encuentra la información de su agrado, puede pedir al dueño del medio que despida al periodista o que lo cambie de fuente de información. Y en lo que se refiere a la información publicada, ésta debe ser manejada a ‘modo’ y ‘gusto’ del cliente, por lo que pueden ‘bajarse’ notas que hagan quedar mal al Gobierno de los portales informativos o simplemente no ser publicadas. Todo ello tiene como resultado una información estandarizada y sobre todo, silencio sobre asuntos concernientes a la seguridad pública y la violencia”, agrega.
La investigación fue escrita por la historiadora Celia del Palacio
Montiel, una de las pocas académicas dedicadas a analizar la situación
de la prensa en Veracruz y donde, hasta el momento del artículo,
contabilizó 11 asesinatos de periodistas, cuatro desapariciones, 12
ataques a instalaciones de medios –físicos o digitales- varios
despedidos por “su enfoque” informativo y otras seis decenas de
reporteros agredidos.
“La impunidad prevalece en el estado en lo que se refiere a la
resolución de estas agresiones, en particular en lo que se refiere a los
asesinatos de los periodistas. (…) Se recurrió a la criminalización y
el desprestigio de las víctimas. Esto ocurrió claramente en el caso de
Regina Martínez, de la que se hicieron correr calumnias diversas,
publicitándose incluso supuestos detalles de su vida íntima a fin de
culpabilizarla de su propia muerte. La resolución del caso ha quedado en
entredicho, ya que las autoridades rehusaron relacionar el trabajo
periodístico de Martínez con su muerte. El proceso judicial adolece de
fallas graves, incluida la fabricación de culpables y tortura”, agrega.
DEL CLIENTELISMO A LA VIOLENCIA
Con
la llegada del priista Javier Duarte de Ochoa al Gobierno de Veracruz
las condiciones para el ejercicio periodístico tomaron visos
“alarmantes”, afirma el estudio realizado por la académica Celia del
Palacio Montiel. Foto: Pedro Mera, Xinhua
La autora plantea en el texto que, al clientelismo en el que
regularmente operan las relaciones de dueños de medios con gobiernos de
diferentes niveles, se sumó la irrupción de la violencia atribuida al
crimen organizado “que deseaban visibilidad pública de sus actividades
para infundir temor”.
En ese contexto, el estudio identifica una modificación en la
“estrategia de control” sobre los medios que, ante la también creciente
deuda del estado y un interés del Gobierno estatal por no difundir los
hechos de violencia, llevó a éste a dejar la política de cooptación a
través de regalos por el empleo de un sistema de “castigos y
recompensas”.
Este cambio en la política de control de los medios, dice el
análisis, ocurrió a partir de que llegó Javier Duarte al Gobierno del
Estado en 2010.
“Hasta antes de diciembre de 2010 –en particular durante el sexenio
del Gobernador Fidel Herrera (2004-2010)–, las dádivas en especie a los
periodistas como estrategia se delinearon con especial claridad: el
mandatario regaló a los periodistas automóviles y tarjetas de tiendas
departamentales, y prodigó otros favores como créditos para viviendas,
facilitando a su vez becas a los que quisieron hacer cursos relámpago de
periodismo en el extranjero. Se dice que el Gobernador creó una falsa
élite. Florecieron entonces los periódicos y las páginas electrónicas
que glorificaron al régimen”, dice.
“Sin embargo, a partir de que Javier Duarte de Ochoa asumió la gobernación del estado, las condiciones cambiaron lo suficiente como para tomar visos alarmantes. La gran estratega de la comunicación en el estado fue, desde diciembre de 2010 hasta el 20 de febrero de 2014, Georgina Domínguez, quien antes de ocupar el importante cargo de directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, había ocupado esa misma posición en el sureño estado de Quintana Roo con el Gobernador Mario Villanueva. Ella se convirtió en el todopoderoso personaje que estableció un sistema de control de los medios de comunicación basado en castigos y recompensas”, agrega.
Los factores que incidieron en la modificación de la estrategia de
control de los medios, dice, fueron “por una parte a la crisis global (y
nacional) del periodismo, que obliga a redefinir normas y prácticas
periodísticas, y por otra debido a la creciente deuda pública del
Gobierno del estado de Veracruz que impide ofrecer las mismas prebendas e
incentivos económicos a los periodistas como se había hecho en el
sexenio anterior”.
Al describir las características de la relación “clientelar” entre
Gobierno y dueños de medios, Del Palacio menciona que éstas se dan en un
entorno político “pluralista polarizado” en el que no hay separación
clara entre los medios y los grupos políticos, hay un desarrollo
histórico débil de los medios comerciales o privados y una fuerte
incidencia del Gobierno sobre los medios.
“En una organización social como esta florece el clientelismo político, caracterizado por el hecho de que el acceso a los recursos sociales está controlado por patrones que los facilitan a los clientes a cambio de favores, deferencias y diferentes formas de apoyo. En este tipo de organización, las reglas formales son menos importantes que las relaciones personales y el compromiso con un interés particular es más importante que el bien común o el interés público. Así, en este tipo de organización prevalece la instrumentalización de los medios de comunicación por parte de los grupos políticos”, plantea.
También a manera de contexto menciona que Veracruz es un estado en
donde no ha habido alternancia, sólo el PRI ha gobernado desde hace más
de siete décadas y vive el resultado del empoderamiento de los
Gobernadores que dejó el debilitamiento presidencial en 2000.
“Por este ejercicio discrecional del poder, que llegó a términos
escandalosos en el ejercicio de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010),
Veracruz se ha considerado uno de los regímenes subnacionales más
autoritarios del país”, explica.
“En este contexto, la escalada de violencia que se vivió en la
entidad a partir de 2011 sería el detonador que llevaría a ejercer
diversas formas de violencia contra los periodistas (por parte de
diferentes actores, tanto miembros del crimen organizado como servidores
públicos o una combinación de ambos) y al silenciamiento de la
información referente a seguridad pública”, expone.
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