De Sin Embargo
septiembre 7, 2015
- 21:11h
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Por Shaila Rosagel, Sandra Rodríguez, David Martínez y Sergio Rincón
Ciudad de México, 7 septiembre (SinEmbargo).- Organizaciones
internacionales defensoras de los derechos humanos y abogados penalistas
mexicanos recomendaron este lunes, luego del Informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), iniciar de cero la
investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal
de Ayotzinapa, Guerrero, y llamar a cuentas al ex Procurador Jesús
Murillo Karam, después del fiasco de su “verdad histórica”.
Al mismo tiempo, esta noche, el Fiscal de Guerrero, Miguel Ángel
Godínez Muñoz, confirmó la existencia de un quinto autobús, como lo dijo
el informe de los Expertos Independientes, y reveló además que Murillo
karam fue informado al respecto.
“Sí tuvimos conocimiento, participamos dentro de la investigación,
hay un expediente el cual se mandó a México”, dijo Godínez Muñoz.
En breve entrevista con los medios de comunicación, el Fiscal
guerrerense se negó a abundar sobre las indagatorias “porque es un caso
delicado”.
“Estoy por reunirme con la procuradora General de la República,
todavía no hay fecha para ver la estrategia a seguir en el tema, es lo
único que te podría decir por que ellos son los que llevan la
investigación”, agregó.
Por otra parte, los abogados que conforman el Instituto de Justicia
Procesal Penal en México destacaron que en la reacción de la
Procuraduría General de la República (PGR), “en un comunicado parco” de
la Procuradora Arely Gómez y la posterior defensa de la investigación
del subprocurador Tomás Zerón, ven “la predecible falta de compromiso
institucional con la verdad”.
Hace ya muchos años, plantearon en un comunicado oficial, que
diferentes organizaciones de sociedad civil, académicos y actores del
sistema de justicia reclaman investigaciones profesionales y
científicas.
“Sabemos que la fabricación de casos es común y que la debilidad de la persecución penal es constantemente subsidiada por dicho sistema. Son innumerables los casos fundados en ‘confesiones’ o testigos únicos, mientras que las víctimas siguen esperando la respuesta de las autoridades”.
También refirieron que, año con año, la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma la
falta de confianza en la policía y el sistema de justicia.
“Los legisladores presumen leyes punitivistas que elevan las penas de
los delitos y otros funcionarios públicos hacen alarde de prisiones de
alta seguridad para los ‘más peligrosos’. Nada de esto ha resultado en
un país más seguro ni menos impune”, expusieron.
Datos de la más reciente ENVIPE, publicados el 2 de septiembre
pasado, muestran que entre los motivos que llevan a la población víctima
de un delito a no denunciar están circunstancias directamente
atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida
de tiempo y la desconfianza que los ciudadanos tienen en los
funcionarios encargados de la impartición de justicia, con 65.6 por
ciento.
Por ello, el Instituto de Justicia Procesal Penal demandó
públicamente que las instituciones de justicia federal “reconozcan la
debilidad de la investigación realizada por la PGR; tomen en cuenta el
Informe en cuestión para determinar nuevas líneas de investigación, y
deslinden responsabilidades de las autoridades que hayan intervenido en
la definición de la versión oficial. Todo lo anterior con el más alto
respeto por el debido proceso de las personas imputadas y los derechos
de las víctimas”.
Además exigió “verdad, justicia y reparación”, pues expuso:
“Todas y todos somos víctimas cuando las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad contribuyen a la impunidad”.
La abogada Jazmín Sánchez Estrada, del Departamento de Derecho de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que el ex Procurador
Jesús Murillo Karam y todo su equipo que participó en la integración del
expediente de los 43 normalistas, puede ser investigado de oficio, sin
necesidad de una denuncia.
El ex Procurador está sujeto a la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos y debe responder por la “verdad histórica”.
“Puede ser investigado por cualquier tipo de evidencia, no sólo la del quinto autobús que no está en el expediente, sino toda la que haya sido modificada, desaparecida y alterada es objeto de responsabilidad del funcionarios que haya sido responsable de recabarla”, dijo.
Desde los peritos de la Procuraduría General de la República que
sostuvieron la versión de la incineración de 43 cuerpos en el basurero
de Cocula, Guerrero, hasta Murillo Karam pueden responder por el caso,
afirmó.
La pena de encontrarse culpables de algún delito puede ser desde la
separación del cargo, que en el caso de Murillo Karam ya no aplica,
hasta las inhabilitación por una cantidad determinada de años para ser
servidor público, explicó.
“El ex Procurador debió tener la sensibilidad de que era un tema muy
delicado, que no podía basar su dicho en declaraciones de los detenidos.
Debió primero realizar una serie de peritajes para avalarlo. La PGR
queda muy mal, porque el tema no sólo puede ser de corrupción, sino la
forma inadecuada en que se hacen las investigaciones, de una manera
express”, planteó la abogada.
“Hoy la PGR tiene dos vías para enfrentar la mala investigación del caso: por un lado empezar de cero y asear el desaseo que dejó Karam y fincar responsabilidades al ex Procurador y colaboradores”, afirmó.
En tanto, Gabriel Regino, profesor de Criminología y Sistema
Acusatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó
que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos devela que es
altamente cuestionable el nivel de investigación criminal en México.
El abogado penalista afirmó que el impacto más inmediato de las
recomendaciones del GIEI es político y mediático, ya que refuerza la
falta de credibilidad en la investigación oficial sobre lo ocurrido con
los 43 estudiantes normalistas el pasado 26 y 27 de septiembre del año
pasado.
Ante esta realidad, la Procuradora Arely Gómez ordenó que se
realizara un tercer peritaje para analizar si son fundadas las
contradicciones entre lo descubierto por los expertos internacionales y
lo informado por el ex procurador Jesús Murillo Karam en enero de este
año, cuando anunció la “verdad histórica” de la Procuraduría General de
la República.
Sin embargo, el abogado penalista consideró que aunque el resultado
del tercer peritaje confirme lo que hoy sólo son sospechas de la
sociedad civil, será difícil que fincar responsabilidades a algún
servidor o ex servidor público debido a que las recomendaciones del
GIEI no tienen efectos jurídicos en los procesos penales que se
encuentran en trámite y que la posición de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) persiste en que los 43 estudiantes sí fueron incinerados.
“Es muy probable que de ese tercer peritaje podamos empezar a obtener
conclusiones si nos mintieron o no nos mintieron. Pero ese tercer
peritaje solamente tendrá una vinculación ética hacia la PGR y no una
fuerza de prueba porque no estará siendo desahogado ante los jueces que
ya llevan los procesos”, explicó Gabriel Regino.
Cuestionado específicamente sobre la posibilidad de que el ex
Procurador Murillo Karam rinda cuentas por la posibilidad de haber
anunciado la conclusión de una investigación basado en hechos que no
ocurrieron, el penalista explicó que el tema de las responsabilidades
van a fundamentarse, sólo si se comprueba que la información que Murillo
Karam recibió era notoriamente contradictoria y que a pesar de ello las
dio como validas.
“Estaríamos frente al delito de ejercicio indebido de ejercicio público, lo que le llevaría a la PGR a retirar los procesos penales que tiene en curso e iniciar una investigación penal contra Murillo Karam y aquellos que crearon esta verdad y a reconducir una investigación sobre que sucedió en estos hechos”.
Sin embargo, el especialista consideró poco probable que se puedan
fincar responsabilidades al ex procurador, de quien se dice podría en
poco tiempo formar parte del cuerpo diplomático de México como
embajador en algún país europeo.
“Es difícil que el ex Procurador alcance una responsabilidad porque él es mero titular del Ministerio Público, pero no es el Ministerio Público que investigó ni mucho menos el que consignó. Su responsabilidad quedaría limitada al aspecto político y mediático”, afirmó.
El académico de la UNAM consideró que lo deseable es que un tercer
organismo imparcial determine si hay o no contradicciones entre la
investigación de la PGR y las observaciones del GIEI, “porque al final
del día, la PGR –que pertenece al Ejecutivo federal–, es la única
autoridad la que podrá definir si lo que está diciendo la investigación
de expertos tiene o no tiene validez”.
Agregó que para poder concluir que la PGR falseó la conducción de la
investigación, sería preciso que hubiese una determinación judicial que
así lo confirmara.
No obstante, hasta ahora, todos los jueces que han recibido
consignaciones por el caso Ayotzinapa han validado la teoría de la PGR.
“No hay todavía una sentencia firme de un tribunal mexicano que diga
‘todo esto fue mentira’”.
Sin embargo, sostuvo que sí existe la percepción en la opinión
pública de que se ha mentido o por lo menos de que se desvío la
investigación con el ánimo de limitarla a una sola línea de
investigación debido a la presión mediática, la urgencia política y el
panorama internacional.
El abogado penalista Gabriel Regino consideró que podría haber una
trampa en la orden de realizar un nuevo peritaje sobre los hechos
ocurrido en Iguala, Guerrero.
“Es decir puede haber los peritajes que usted quiera, pero mientras no se reproduzcan ante los jueces, los jueces no tienen por qué siquiera voltear a mirarlos”, destacó.
Por su parte, el abogado José Antonio Ortega dijo que los integrantes
del GIEI que participaron revisando la investigación de la PGR sobre la
desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa pueden también presentar
una denuncia ante el mismo Ministerio Público de la Federación por las
irregularidades que hayan encontrado.
“Ellos están para hacer una investigación, tienen las más altas
facultades para ser coadyuvantes, tienen inmunidad, porque hay
ampliación del acuerdo con el que trabajan, si consideran que hay
omisión grave, que presenten la acusación, tienen inmunidad política, y
en ese contexto político pueden proceder, no pueden interrogar a los
soldados, porque no son autoridad, y tienen en todo caso que motivar
para que sea el Ministerio Público el que haga las diligencias que ellos
creen que faltaron”, indicó.
En entrevista, el también director del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal cuestionó el resultado del informe
debido, dijo, a que muestra “determinación para que la investigación
siga una determinada dirección, independientemente de los hechos
verdaderos”.
Sobre la afirmación de que no hubo incineración masiva de los
normalistas en el basurero de Cocula, y que fue una de las principales
conclusiones de los expertos extranjeros que contradijo la versión de la
PGR, Ortega comentó los años de la violencia mostraron que, en diversas
regiones del país, los criminales han usado diferentes métodos para
calcinar cuerpos.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde mi punto de
vista, no es un organismo imparcial, íntegro y justo, interesado en la
protección de los Derechos Humanos y en alcanzar la verdad”, agregó.
Para Gilberto Santa Rita Tamés, investigador y académico de la
Universidad Iberoamericana, cuando surge un hecho como el de Ayotzinapa y
una reacción como la que tuvieron los tres órdenes de gobierno, lo
natural es que la ciudadanía busque a responsables, no en un sentido
moral sino penal. Sin embargo, en el caso del ex Procurador Jesús
Murillo Karam no puede haber una imputación criminal porque finalmente
la PGR tomó la investigación cuando ésta ya había sido iniciada en
Guerrero.
“Las primeras diligencias, que son las más delicadas en una
averiguación previa o investigación ministerial son las más importantes
porque son las más vinculadas a la inmediatez y a las pruebas más puras,
que van a dar inicio a una averiguación y una posible consignación y
después ya poner las pruebas ante un Juez”, detalló el abogado.
Es decir que, ante un escenario donde la Procuraduría General de la
República aceptara que hubo ocultamiento de hechos o mintió sobre el
basurero de Cocula, Murillo Karam no podrá ser castigado penalmente a
menos que se demuestre que el ex Procurador dio la orden o participó
directamente en la alteración de la investigación. Si acaso, explicó el
experto, podría recibir un castigo administrativo.
“Sólo podríamos ver a Murillo Karam en prisión si se demostrase que alteró con dolo o imprudencia la escena de los hechos, ahí sí surgiría una averiguación previa al proceso principal”, explicó Santa Rita Tamés, quien agregó que la propia Fiscalía local o autoridades federales –dependiendo del momento: antes o después que la PGR atrajera el caso– tendrían que determinar que hubo irregularidades.
Además, dijo, si se determina que hubo irregularidades en
funcionarios de la PGR, antes que haya castigo penal a Jesús Murillo
Karam se procederá contra sobprocuradores, fiscales, secretarios,
peritos, agentes, policías, que son quienes integran la averiguación.
El jurista adelantó que si se descubren anomalías en la investigación
de Ayotzinapa, antes que penales habrá castigo político debido al
perfil del entonces Procurador Jesús Murillo Karam.
WOLA, PREOCUPADA POR MENTIRAS DEL GOBIERNO
Los
padres de los 43 calificaron el domingo de “mentira histórica” a las
conclusiones que Jesús Murillo Karam presentó en enero pasado y que
calificó entonces como la “verdad histórica” del caso Iguala. Foto:
Francisco Cañedo, SinEmbargo
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus
siglas en inglés) mostró su preocupación porque la respuesta del
Gobierno mexicano “no reconoce los graves errores” cometidos en la
investigación inicial, luego de que el Nuevo Informe de los Expertos de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la
versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas
de Ayotzinapa es incorrecta y no tiene evidencia científica.
“El informe de los Expertos deja claro que el Gobierno trató de vender a las familias, a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional una versión de los hechos que, lejos de ser la verdad, no tiene evidencia científica […] El gobierno prefirió la conveniencia sobre la veracidad y tomó varias medidas, incluyendo posiblemente el uso de tortura, para respaldar su versión de los hechos”, sostuvo este lunes en un comunicado Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México de WOLA, organización que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe .
El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes
(GIEI), integrado por cinco representantes de la CIDH, aportó ayer al
menos dos nuevas líneas de investigación que echan a la basura “la
verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 alumnos de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el
destino de los normalistas, no existe evidencia de que los jóvenes
fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula, como lo afirmó
el 27 de enero de 2015, el entonces titular de la Procuraduría General
de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien mostró extractos de
peritajes con los que armó su verdad histórica.
En este sentido, WOLA dijo estar “profundamente preocupada por la gravedad de los errores en la investigación hecha por el gobierno y apoya el llamado del GIEI para que el Gobierno mexicano siga nuevas líneas de investigación para esclarecer lo que sucedió con los estudiantes y ofrecer verdad y justicia a sus familias”.
En un comunicado difundido hoy, la organización internacional detalla
que la Procuradora General, Arely Gómez González, quien reemplazó al ex
Procurador Jesús Murillo Karam, poco después de que se diera a conocer
el Informe el día de ayer, afirmó que su oficina analizara todos los
aspectos del informe para determina si incorporarlos en la
investigación, sin embargo, criticó, “se abstuvo de hacer declaraciones
sobre los graves errores del gobierno en la investigación”.
“En lugar de hacer nuevos peritajes para demostrar una teoría que ya ha sido descartada, el Gobierno mexicano debe trabajar para reestructurar la investigación y llevar a cabo todas las líneas propuestas de investigación”, sostuvo Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa México en WOLA.
Además la organización insta al Gobierno de México a que se cree un
nuevo equipo dentro de la PGR para que se haga cargo de la investigación
ante los “múltiples errores de los peritos del Gobierno”.
“Teniendo en cuenta los múltiples errores de los peritos del
Gobierno, se debe crear un nuevo equipo dentro de la Procuraduría
General de la República para estar a cargo de esta siguiente etapa de la
investigación”, agregó Meyer.
El documento destaca que el informe del GIEI también muestra que
varias áreas de investigación permanecen sin explorar. En particular,
los Expertos sugieren que la extrema violencia que se utilizó en contra
de los estudiantes puede estar relacionada con el hecho de que autobuses
en Iguala son regularmente utilizados por grupos del crimen organizado
para transportar heroína.
El informe deja en claro, agrega la organización, que las fuerzas de
seguridad estatales y federales sabían que los estudiantes estaban
siendo perseguidos y atacados por la Policía Municipal pero no hicieron
nada para ayudarlos.
“Las familias de las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre
lo que pasó –cuándo, dónde, y por qué–. El informe de los Expertos es
una base fundamental para seguir adelante con la investigación”,
finaliza Meyer.
Finalmente, WOLA celebra que el Gobierno mexicano haya aceptado la solicitud de prórroga del mandato del GIEI.
“Esperamos que su trabajo, en colaboración con la PGR, lleve a las
familias y estudiantes de Ayotzinapa, la sociedad mexicana y la
comunidad internacional un paso más cerca de saber la verdad sobre este
grave caso y de llevar a los responsables ante la justicia”, agrega.
AI Y HRW EXIGEN AL GOBIERNO ATENDER “DEFICIENCIAS”
Ayer, las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch
(HRW) exigieron al Gobierno de México llevar a la justicia a los
responsables de las fallas en las investigaciones y abordar de manera
“inmediata” las deficiencias descubiertas en la investigación del Grupo
de Expertos de la CIDH de la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
La organización Amnistía Internacional consideró que los resultados
del informe del GIEI dejaron al descubierto la “absoluta incompetencia y
la falta de voluntad del Gobierno federal para encontrar y castigar a
los responsables”.
“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la
teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la
necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente,” dijo
Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía
Internacional.
En un comunicado, la organización destacó que México vive una de sus
peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas. “El catálogo
de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43
normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha
en la reputación del gobierno mexicano, que sólo podrá comenzar a
resarcirse si se encuentran a los responsables”, expuso.
En tanto, Human Rights Watch (HRW) urgió a México que aborde
“inmediatamente” las deficiencias descubiertas en la investigación de la
desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero el 26 de
septiembre de 2014 y analice las denuncias de abusos y obstrucción de la
justicia planteadas por expertos internacionales.
“A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los
enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o
no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”, lamentó en
un comunicado el director para las Américas de la organización, José
Miguel Vivanco.
“Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la
actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de
los últimos tiempos”, señaló hoy Vivanco.
HRW sostuvo que México debe abordar inmediatamente las fallas en su
investigación y la PGR debería investigar las denuncias de graves abusos
y obstrucción de la Justicia planteadas por los expertos
internacionales.
Consideró que la investigación oficial estuvo además marcada por el
manejo irregular, la pérdida y la posible destrucción de pruebas clave.
“Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación
probablemente nunca hubieran salido a la luz, y el caso de los 43
estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.
“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado, para
que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este
y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones
judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se
repita este desempeño lamentable”, añadió.
En
una petición lanzada hoy en la plataforma Change.org, los firmantes
exigen al Presidente Enrique Peña Nieto investigue al ex Procurador, y
próximo Embajador de México, Jesús Murillo Karam. Foto: Change.org
CON PETICIÓN EXIGEN SE INVESTIGUE A MURILLO KARAM
La organización Resonar lanzó hoy una petición en la plataforma Change.org
dirigida al Presidente Enrique Nieto, en la que se le exige abra una
investigación al ex Procurador General Jesús Murillo Karam, así como a
todos los servidores públicos implicados, “por sus mentiras sobre
Ayotzinapa”.
“‘Creyeron que nos podrían engañar pero no pudieron. Hoy la verdad
histórica se convirtió en una mentira histórica’. Las familias de los 43
estudiantes sabían que les habían intentado engañar, pero no pudieron”,
se lee al inicio de la petición.
En el documento se detalla que las conclusiones presentadas por el Grupo de Expertos de la CIDH fueron claras:
El incendio en Cocula: imposible
Los testimonios: contradictorios
Autoridades implicadas: los 3 niveles
Pruebas: Perdidas o destruidas
¿Y el paradero de los 43? Desconocido
“Adiós a su verdad histórica, que de histórica sólo tiene la mentira.
Y el ex Procurador Karam, quien presentó esta mentira, cuenta los días
para su nombramiento como Embajador. ¿Y el resto de servidores públicos
implicados en este fraude a las familias, a los estudiantes y a todo
México? Todavía cobrando sueldos públicos y participando en
investigaciones”, recrimina la organización.
Finalmente destaca que lo anterior “no puede quedar así”.
“Murillo Karam y los funcionarios implicados deben rendir cuentas de
por qué se ocultó información, por qué intentaron engañar a las familias
y a todo México. La justicia verdadera para las víctimas y sus familias
necesita también que los responsables del engaño rindan cuentas”,
finaliza la petición.
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