Desapariciones forzadas,
homicidio, persecuciones, amenazas, extorsión... así se consigue
despojar de tierras a ejidatarios de la Riviera Maya. Las dinámicas de
despojo responden a una guerra abierta entre empresarios corruptores y
políticos corruptos, que han tomado a los tribunales agrarios como
rehén, corrompiendo jueces en ocasiones. Tulum es un botón de muestra de
lo que enfrenta el país: una batalla por desaparecer los ejidos en un
contexto de pulverización institucional en el que la ambición
empresarial se impone a la ley y a los planes de desarrollo sustentable.
Esta es una investigación especial de la reconocida periodista Lydia Cacho/ @LydiaCachosi,
autora de libros como “Los Demonios del Edén” (2005), “Memorias de una
infamia” (2007), “Esclavas del poder” (2010), entre otros. La
ganadora de reconocimientos nacionales e internacionales, como el Human
Rights Watch (2007) y el Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de
Libertad de Prensa (2007), difunde este lunes su trabajo, de forma
simultánea, en Aristegui Noticias y la revista Newsweek.
A
lo largo de los últimos meses, ha revisado múltiples documentos,
recogido testimonios, y ha consultado múltiples fuentes, tras lo cual
obtuvo esta pieza periodística. Actualmente,
hay al menos 120 ejidatarios y posesionarios peleando sus tierras.
“Todos tenemos miedo de que nos maten o que los desaparezcan”, suelta
doña Anita. Aquí la historia:
Eran las 9:35 de una soleada mañana del jueves 17 de mayo de 2012, cuando un hombre de tez morena, vestido con una playera polo color verde entró en las oficinas del despacho López Joers & Varela Abogados, ubicado en la calle Dos poniente, cerca del centro de Tulum.
El hombre –que dijo llamarse Erik– solicitó al abogado Luis Hernández Patiño
que le señalara la oficina de Álvaro López Joers. Al abrir la puerta
para presentarlos, el visitante sacó un arma tipo escuadra y encañonó a
Hernández, exigiéndole que se metiera en el baño y se postrara boca
abajo. Inmediatamente, el hombre armado se acercó a López Joers, de 52
años, le exigió que se hincara frente al escritorio y le disparó dos
tiros precisos que le dieron muerte, uno en el pecho, otro en el cuello.
El asesino salió corriendo, dos sujetos
en un auto le esperaban en la esquina y los testigos los vieron huir sin
que, hasta la fecha, se conozca el nombre, los motivos y el paradero
del criminal.
Álvaro López Joers
nació en el Distrito Federal. Era litigante especializado en juicios
mercantiles y agrarios. Entre 1992 y 1996 fue subdelegado jurídico de la
Procuraduría Agraria en Chetumal, capital de Quintana Roo, lo que le
convirtió en un experto en el tema. Él documentó los incontables
intentos de despojo, robo e invasión de terrenos propiedad de
ejidatarios originarios de la región. En el momento de su homicidio,
Álvaro llevaba la defensa de 40 personas, propietarias legítimas de diversos terrenos en el ejido de Tulum,
denominado oficialmente Ejido José María Pino Suarez; López Joers
también representaba legalmente a la Asociación de Colonos Turísticos
Ecológicos Pino Suárez.
Las y los ejidatarios, a quienes
entrevistamos para este reportaje, aseguran que la muerte de su abogado
fue una advertencia para todos los que buscan justicia por la vía
institucional.
El litigio más complejo que llevaba
López Joers al momento de su muerte estaba relacionado con el despojo de
seis predios costeros, ubicados en el kilómetro 10 de la carretera
costera Tulum-Boca Paila, especialmente en los hoteles ecoturísticos
denominados “Vía Laktea”, “Hamaca Loca”, “Xicho”, “Casa del Jaguar”,
“Tierras del Sol” y “Sueños”. Según los ejidatarios, el juicio
presentaba avances positivos para los afectados.
*Videos de los referidos desalojos:
Unas semanas antes de su muerte, el 16 de abril de 2012, el abogado López Joers manifestó ante un reportero del diario Poresto! De Quintana Roo, publicado en esa misma fecha, que
como parte de los litigios para conservar la propiedad de terrenos de
la zona costera interpuso una demanda contra documentación apócrifa
presentada ante esta instancia por una familia de Nuevo León, de apellido Garza Ponce, que pretendía quedarse con una fracción de la franja costera de seis kilómetros, perteneciente al ejido de Pino Suárez.
El defensor dijo que los empresarios José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza,
pretendían despojar a los dueños de las tierras costeras pertenecientes
a este ejido ubicado entre la selva y el mar Caribe, mediante
escrituras públicas cuyo origen es un falso título de propiedad (No. 673, de fecha 27 de diciembre de 1948).
López Joers aseguró públicamente que
Garza Ponce le amenazó, argumentando tener una relación cercana con el
gobernador Roberto Borge.
Luego del asesinato de su abogado
defensor, los integrantes de la Asociación de Colonos Turísticos
Ecológicos Pino Suárez, denunciaron ante las autoridades y los medios de
comunicación el despojo que pretendían llevar a cabo los empresarios
José María Garza Ponce, Agustín Villarreal Elizondo, Esteban Schiavon
Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza, representados por Carlos
Amador Treviño Lozano, también originario de Monterrey, Nuevo León.
Los despojos se sostienen en operaciones
que vinculan directamente a políticos, servidores públicos y
empresarios oportunistas. Como en todos los ejidos del país, la cantidad
de títulos apócrifos y de ventas fraudulentas de terrenos representa un
problema legal de grandes proporciones.
En el informe de la FAO denominado Mercado de Tierras en América Latina,
Héctor Robles, quien analiza el caso México, explica el contexto de la
desactualización del registro catastral, transacciones dudosas, ventas
irregulares y vacíos legales que favorecen esta crisis.
Índice
¿Por qué son ejidatarios?
El
8 de octubre de 1974 el gobierno federal, presidido por Luis Echeverría
Álvarez, determinó que el territorio del sureste mexicano con 50,000
kilómetros cuadrados, denominado Quintana Roo, se
convertiría en estado libre y soberano. Con el decreto, Quintana Roo
precisaba 80,000 habitantes, muchos traídos de diversos estados, pues se
exigía una infraestructura agrícola, comercial y educativa mínima para
tener independencia económica y considerarse estado federal; de allí que
los migrantes se convirtieron en pioneros y, en algunos casos como el
ejido Pino Suárez de Tulum, viviendo en condiciones precarias en medio de la selva,
sin servicios, con la promesa de la Secretaría de la Reforma Agraria de
que sus tierras eventualmente les permitirían tener un patrimonio
propio al pasar de los años.
El 25 de febrero de 1972 el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) descubrió que parte de los terrenos baldíos propiedad de la Nación eran reclamados por dos ciudadanos que no vivían en Quintana Roo: Antonio González Avilés (105 hectáreas) y Felipe Hernández Collí
(10 hectáreas), ambos frente al mar. Esos títulos de propiedad eran
locales y no tenían respaldo; ellos eran, según el comisario ejidal
Hidalio Martínez, “empresarios acaparadores de tierras”.
*Entrevista con el presidente del comisariado ejidal de José María Pino Suárez, Hidalio Martínez Gutiérrez y documento de su demanda ante el Tribunal Agrario.
Al crear el Centro de Población Ejidal (CPE), con autorización presidencial el DAAC entregó a Hernández Colli y a González Avilés
200 hectáreas de ejido a cada uno a fin de cancelar futuros conflictos
de posesión. Ninguno se inconformó y sus escrituras antiguas quedaron
canceladas de facto. Sin embargo, González Avilés vendió
ilegalmente 60 terrenos a José María Garza Ponce, Agustín Villarreal
Elizondo, Esteban Schiavon Magaña y Felipe de Jesús Montemayor Garza.
Los ejidatarios siguieron erigiendo
pequeños hoteles, restaurantes y tiendas, pero las cosas se complicaron
cuando los Garza Ponce comenzaron a mencionar al ex presidente Miguel
Alemán como su defensor. Ya López Joers había explicado que Garza Ponce
documentaba el acto ilegal con escrituras públicas derivadas de un
apócrifo Título de Propiedad 673, con fecha del 27 de octubre de 1984,
expedido a Antonio González Avilés, por el entonces
presidente de la República, Miguel Alemán Valdez, el cual ampara una
parcela ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chetumal, el 20 de
octubre de 1970, pero extrañamente se inscribió 22 años después de haberse emitido dicho título, denominándose “Punta Piedra”Tulum.
Las autoridades agrarias han determinado
una y otra vez que los títulos con los que éstos compraron son
apócrifios, sin embargo desde el año 2000 la familia Garza Ponce, agotadas
las vías jurídicas federales, ha utilizado operativos de desalojo de
todo tipo a través de asociados locales y su representante, Carlos
Amador Treviño Lozano.
El 20 de noviembre de 2011 el Tribunal
Unitario Agrario 44 elevó a carácter de cosa juzgada y emitió sentencia a
favor de los reales ejidatarios. Hasta la fecha se han girado juicio de
nulidad de los títulos de propiedad de Garza Ponce y otros, así como 18
sentencias sobreseyendo el juicio de Amparo de Garza Ponce y otros,
dichos documentos están en poder de esta reportera. (Ver el Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario para la creación del ejido “José María Pino Suárez” del
30 de marzo de 1973, que señala que la Dirección de Terrenos Nacionales
no encontró ningún expediente a nombre de Antonio González Avilés)
La resolución presidencial de 1973, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de ese mismo año,
fundó el Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) José María Pino
Suárez. Se otorgó una superficie de 10,410 hectáreas de terrenos baldíos
propiedad de la Nación, de las cuales 980 se destinaron para formar 49
unidades de 20 hectáreas cada una, entregadas a 47 capacitados. La
superficie total tenía que dividirse en terrenos de cultivo, centros
escolares, la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer (que nunca
existió), así como 50 hectáreas para la zona urbana y su equipamiento
con servicios públicos y campos deportivos. El resto, 9,379 hectáreas
quedaron bajo el control de la Junta Ejidal y se convirtieron en lo que
se conoce mundialmente como el centro ecoturístico Tulum.
Hace 40 años, el 9 de enero de 1975, fue
aprobada la Constitución Política de Quintana Roo; desde entonces hasta
la fecha, políticos y algunos empresarios poderosos, ayudados por cada
gobernador en turno, han intentado acaparar tierras. El grupo de
empresarios de Monterrey señalado por el abogado asesinado y la junta
ejidal, operan en conjunto con políticos del norte.
Fábrica de juicios laborales
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo –según diversos testimonios recogidos para este reportaje, algunos anónimos, otros no– ha sido facilitador del despojo de una veintena de terrenos costeros en Tulum, noveno municipio del estado y uno de los destinos turísticos del Caribe Mexicano con mayor potencial de crecimiento.
El mandatario estatal, de acuerdo a las
versiones de un grupo de personas que trabajó con los operadores en el
despojo de terrenos en seis kilómetros de la zona costera Tulum-Boca Paila y los alrededores de la Laguna “Nopalitos” en el Ejido Pino Suárez, ha echado mano de la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social, con el subsecretario Enrique de la Cruz Pineda
(foto de abajo), para fabricar litigios laborales promovidos por
supuestos empleados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa
del Carmen, municipio de Solidaridad, y así despojar a particulares de
terrenos, casas en zonas residenciales y hoteles en Tulum.
De acuerdo al contador, un ex trabajador
de la dependencia, De la Cruz Pineda propuso a Borge aprovechar los
remates de bienes embargados por la Junta Especial de Conciliación y
Arbitraje (JECA), fruto de algún litigio entre empleador y trabajador.
Según el contador se contrata gente para indagar la
situación de inmuebles en zonas de alta plusvalía o con potencial de
desarrollo. Una vez ubicados los inmuebles, se fabrican “empleados”, que
demandan laboralmente a falsos dueños de terrenos, residencias y
hoteles.
En una casa de dos pisos, color salmón,
sin número en la calle 3 Durazno, casi esquina con Avenida Náder en el
centro de Cancún, encontramos las oficinas de Luis López, originario de Monterrey y supuesto operador de los despojos vía juicios laborales.
En las afueras de las oficinas nos encontramos con “el contador”, quien laboró durante casi un año bajo el mando de López,
hasta que, según su propia versión, se dio cuenta de que lo que hacían
era una operación ilegal de despojo, ordenada por el gobernador Roberto
Borge y por un grupo de socios del mismo
“Cuando tú como empleado vas a la Junta y
demandas al patrón, cuando ya pasaron años y hay sueldos caídos y al
final la sentencia es favorable para el trabajador, la Junta verifica
las propiedades del patrón, se gravan y se embargan. Se llama embargo
precautorio. Si el patrón tiene el dinero, le paga al trabajador; en su
defecto, se vende en una subasta ese bien y el dinero se entrega al
trabajador”. Dice el contador. “Ese es el procedimiento legal. Pero De
la Cruz le propuso (al gobernador) investigar la situación de los predios; el “gober” le dio el visto bueno (…) fabrican empleados, fabrican empresas, fabrican todo”, explica.
“Cuando lo nombran gobernador, comienza a
llamar a todos sus amigos; todos los que puso, si te fijas, son chavos;
son sus cuates. Su gran amiguísimo es Enrique de la Cruz. El de la idea original de empezar a adjudicarse todos los terrenos y propiedades por medio de la Junta, fue Enrique de la Cruz (…) pero el cerebro es Luis López Naranjo (foto de abajo), egresado del TEC de Monterrey, que estudió con Beto Borge.
“Por medio de la Junta se ha hecho de muchísimos terrenos; uno de ellos en Punta Venado”, narra el contador.
Punta Venado está
dentro del municipio de Tulum; el presidente Enrique Peña Nieto denominó
novena decisión prioritaria de su sexenio el Tren Transpeninsular con
una inversión e 20,000 millones de pesos. En enero 2015 se canceló el
proyecto por recortes presupuestales, pero el gobierno federal pagó
1,343 millones de pesos a la empresa AdHoc Consultores, propiedad de
Aarón Dychter Poltolarek por los estudios sobre Tulum.
“Todo lo empezaron a hacer por medio de la Junta. Primero por un terreno, que no recuerdo dónde [se ubica],
pero fue en un día inhábil. Había días en que no se trabajaba, sólo se
quedaban las personas que tenían que hacer ‘las cosas’. Ellos hacían los
juicios. Trabajan principalmente con Alexis”, prosigue el contador
para referirse a Alexis Zavala Ávila, quien preside la Junta de
Conciliación y Arbitraje II, en Cancún.
“Yo estuve presente cuando orquestaron
la fabricación del juicio laboral JECA/PC/1164/2011. Lo fabricaron
escondiendo todo de los verdaderos dueños de los negocios turísticos
Puerta del Cielo, Hotel Playa Azul, Cabañas Ixchel y Cabañas dos
Ceibas”, recuerda.
La fuente muestra los documentos de lo que se denominó el megadesalojo del 23 de mayo del 2014.
“El supuesto empleado, que es cualquier
hombre al que contratan de fuera para suplantar, por ejemplo un jefe de
meseros, o un gerente, no demanda al verdadero posesionario del predio
ejidal, sino que asegura falsamente que su patrón era Carlos Amador Treviño Lozano (hombre
con sombrero en foto de abajo). Entonces los de la Junta de
Conciliación nunca citan al verdadero dueño para preguntar si ese sujeto
trabajaba con ellos, sino, supuestamente, citan a Amador Treviño, que o
nunca se presenta o si va, acepta que efectivamente les quedó a deber
sueldos caídos. Pierde el caso y sin previo aviso a los verdaderos
posesionarios, llega la gente de López, de Enrique de la Cruz,
acompañados de algún notario y con cientos de policías, se apropian de
las tierras, dicen que están en litigio y rápidamente la ‘venden’ a un
prestanombres”.
En la imagen, Carlos Amador (de sombrero) junto con policías. (Foto: Héctor Valdéz Hernández/Tulum en Red)
El testigo, que teme por su integridad
física desde que se atrevió a hablar de esta operación, asegura que
estas transacciones, de las que hay evidencia, se repiten
sistemáticamente, que han despojado a hoteleros extranjeros, a
empresarios mexicanos de dinero y a ejidatarios que no tienen dinero
pero sí su tierra. A todos, según la fuente, les une un punto en común:
temen la ira y venganza del gobernador y socios empresarios. Sus
testimonios coinciden con los de tres arrendatarias argentinas que
rentaban parcelas ejidales para operar pequeños restaurantes, boutiques,
escuelas de yoga y pequeños hoteles ecoturísticos en los que
invirtieron todo su capital y que la policía les robó.
A fines de 2012, Carlos Amador Treviño Lozano acudió
a la unidad VIII del Ministerio Público de Tulum y sin pruebas aseguró
que su predio había sido invadido ilegalmente y que quienes lo ocupaban
le amenazaron. La “investigación” procedió bajo total secrecía y el 19
de julio 2013, la gente de Treviño Lozano apareció acompañada de 15 camionetas policíacas con 200 elementos de la policía judicial de Quintana Roo
portando armas largas. Despojaron a los propietarios de 14 hoteles. La
policía amenazó y golpeó a quienes defendieron su propiedad, los
huéspedes de los hoteles fueron sacados a rastras por la policía
estatal; se les robaron cámaras y celulares para impedir que utilizaran
las imágenes captadas en el ataque policíaco, a pesar de ello existen videos que muestran el despojo violento.
La gente salió corriendo sin poder tomar sus artículos personales y documentos oficiales. Los medios locales
dieron cuenta gráfica y crónica de estos hechos. Inmediatamente se
instaló un grupo de policías del estado y un centenar de trabajadores de
una empresa de seguridad privada, ilegalmente armados, a resguardar las
propiedades con cadenas, candados y alambres de púas. Las amenazas de
muerte a los ejidatarios no se dejaron esperar. Cuarenta turistas
interpusieron denuncias ante la PGJ por robo de posesiones personales y
por haberles sacado a golpes de los hoteles. Ninguna procedió.
El 23 de mayo de 2014 se llevó a cabo el denominado megadesalojo de cuatro hoteles de playa en Tulum.
Dos supuestos trabajadores (que nunca
laboraron ni vivieron en Tulum), los supuestos trabajadores de llaman
Omar Homero Tijerina Herrera y Samuel Aguilar ibarra, cuyos nombres
aparecen en el exhorto Playa NUM:40/2013 ganaron un juicio laboral de
forma expedita.
La fuerza pública desalojó a
trabajadores, turistas hospedados y empleados gerenciales de cuatro
hoteles. Los propietarios de dichos predios quedaron paralizados frente a
la toma ilegal de sus terrenos, operada nuevamente por un centenar de
policías estatales y municipales fuertemente armados. Uno de los
empleados de la junta local de Conciliación y Arbitraje dio orden al
jefe de la policía municipal de que detuviera a cualquier reportero que
estuviera tomando fotografías. Los fotorreporteros fueron advertidos.
Testigos y propietarios aseguran que la policía les robó tanto a ellos
como a los turistas cámaras y teléfonos celulares con los que
documentaban el desalojo. Las quejas de diplomáticos ante el gobernador
no surtieron efecto alguno. El despojo hecho bajo el juicio laboral
expedito número 138/2912 fue rebatido en tribunales por los ejidatarios.
El amparo frente al juicio laboral
interpuesto por el equipo de Treviño y López fue ganado con el número de
expediente 138/2912, las autoridades locales se niegan a ejecutar la
devolución de los predios a pesar de que los amparos salieron publicados
el 26 de enero de 2015 y la policía carece de documentos oficiales para
sustentar su presencia.
Ya organizaciones ambientalistas como
GEMA y CEMDA, así como el INAH, junto con buzos y espeleólogos, han
denunciado públicamente las pretensiones de empresas y políticos para
destruir casi diez mil hectáreas de selvas y manglares a fin de crear un
proyecto hotelero de alto impacto.
Tulum, que pertenecía a Cozumel, se convirtió en municipio libre en 2008
debido a los cambios del Plan Maestro de Desarrollo Tulum, orquestados
por el ex gobernador Félix González Canto (actualmente presidente del
PRI en Nuevo León).
En 2011, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación invalidó el nuevo Plan de Desarrollo y ordenó que
se protejan las zonas naturales y sitios arqueológicos. Fue
entonces que González y su sucesor movieron los planes hacia la zona
sur, en donde se encuentra el Ejido Pino Suárez; el Parque Nacional
Tulum y una parte de la Biósfera de Sian Ka´an serían zonas afectadas
por esta inmobiliaria.
El estudio denominado Turismo, Áreas Naturales Protegidas y Apropiación Territorial: el caso del Parque Nacional Tulum elaborado por el investigador de CIESAS, Gustavo Marín Guardado, señala
que “la Corte determinó que es facultad exclusiva de la Federación
regular y proteger los Parques Nacionales, y que por lo pronto contuvo
la embestida de particulares y funcionarios interesados en disponer de
este espacio, para la urbanización y los grandes negocios.
No obstante, este es sólo un capítulo
más de las perennes confrontaciones, donde autoridades federales,
ambientalistas y grupos sociales tratan de contener la presión intensa
de particulares, empresarios y autoridades locales que intentan
privatizar y construir en Áreas Naturales Protegidas y que entrarán en
acción cuando convoquen nuevamente a la actualización de un esperado
PDDU para dar orden al crecimiento de la ciudad.
Lo cierto es que las construcciones
siguen avanzando; la evidencia física y fotográfica es irrefutable. La
violencia se ha incrementado en la medida en que empresarios y políticos
están vendiendo por internet tierras que no les pertenecen con el proyecto Maya Zamá I y II.
*Entrevista con la abogada Marcela Gómez y plano del Ejido Pino Suárez.
Un testigo presencial
El
señor R.T, abogado de Quintana Roo desde hace treinta años, y quien
trabajó muy cerca del gobernador Hendricks y era un hombre cercano del
abogado asesinado descrito al inicio, narra la historia de ilícitos
gubernamentales para expropiaciones y despojos ejidales desde tiempos
del gobernador Mario Villanueva hasta la fecha.
Respecto a Tulum se le preguntó a R.T.
si tiene conocimiento de quién dio la orden del asesinato del abogado
López Joers: “Yo no se si él (el gobernador Borge) dio la orden (de
asesinarlo), pero fue el equipo”. Se le pregunta quién es el equipo: “Todos los que están metidos en el despojo de tierras. […]
Los que se encargan de sacarte de tus terrenos son la policía
municipal, ya ni siquiera se toman el trabajo de contratar villanos para
irte a sacar”.
R.T., que ha testificado en los juicios de despojo, narra que hay dos tipos de invasión: la elegante y la callejera.
Para explicar el despojo “elegante” recurre a un juicio laboral como ejemplo: “[Se]
inventan un empleado que trabajó contigo y cuando te das cuenta, en
cuestión de tres meses el juicio ya está sentenciado. Ya quisiera
cualquier empleado del país lograr una sentencia laboral tan rápida… ah,
y ejecutada y que al día siguiente la puedas vender (la tierra) porque
ni siquiera entran a remate los predios. Al día siguiente ya tienen las
escrituras y luego vas a preguntar por el juicio a la Junta de
Conciliación y Arbitraje, y no aparece. Obviamente el director de la
junta está coludido. Por ser estatal tiene que haber una orden del
gobernador. Y los mismo es con los penales, con los laborales, con los
mercantiles, con todos tipos de juicio han quitado diferentes hoteles,
sacando a los turistas. Todos los periódicos (locales) lo sacaron en su
momento”.
Siete mujeres y cinco hombres habitantes de Tulum
que fueron despojados de sus tierras y solicitan que sus nombres no
sean revelados por temor a las represalias, aseguran que detrás de la
operación para robarles sus tierras ejidales está la aprobación del gobernador Roberto Borge Angulo.
La señora Blanca Pech, cuyos dos hijos fueron amenazados por la policía municipal que incautó sus terrenos sin aval judicial,
vigila constantemente su tierra y describe lo que ha denunciado ante la
Procuraduría de Justicia: “Hay tres policías cuidando mi terreno, todos
están armados, antes usaban el uniforme de la policía de Tulum, ahora
tienen uniformes negros como los de la (policía) judicial. Estuve
vigilando y detecté quién les paga a los que me impiden regresar a mi
predio: cada viernes viene un abogado en una camioneta roja, se llama
Gilberto Díaz”.
Las mujeres, al igual que el resto de
los 120 ejidatarios de la zona, han entablado denuncias penales sobre el
despojo, han ganado juicios en el Tribunal Agrario, pero a pesar de
ello la policía sigue resguardando los predios.
Pablo, originario de Tenosique Tabasco, habitante de Tulum desde hace treinta y cinco años, explica: “El gobernador Borge viene a cada rato, lo vemos llegar con sus escoltas.
Se hospeda en el nuevo hotel Copal que construyeron sus amigos en
tiempo record y sin permisos para destruir la duna y el manglar. Allí se
queda Borge los fines de semana y hacen fiestas; ponen a los policías
municipales a limpiar la playa. Una vez los hoteleros, que son
eco-amigables de bajo impacto, se quejaron por el escándalo de las
fiestas; la policía vino y nos dijo que no nos quejáramos porque era la
fiesta del gobernador
Como en otras zonas ejidales del país, los despojos van acompañados de violencia, amenazas de muerte, actos extrajudiciales y ecocidios.
El abogado Edgar Mauricio Pumaro de la
Cruz representaba a seis ejidatarios víctimas de despojo. Miembros de la
Asociación de Colonos Turísticos Ecológicos Pino Suárez aseguran que
Pumaro renunció a llevar todos los casos luego de que en mayo del 2014
se presentaron en sus oficinas siete hombres que viajaban en autos con
placas de Nuevo León. Estaban armados y le exigieron que se retirara de
la defensa legal.
La señora Columba Archundia asegura que en ningún despojo ha habido orden judicial. “Los policías llegan armados a sacarnos como si fuéramos ladronas,
traen una carta simple que dice que están asegurando el predio por un
juicio laboral”, cuenta. “Conmigo entró la policía judicial. Traían
armas largas, detrás venían cuatro encapuchados con armas de alto poder.
¿Y me va usted a decir que eso pasa sin conocimiento del gobernador?
¡Si salieron las fotos en el periódico! Todas nuestras denuncias penales
han desaparecido de la Procuraduría del estado. Cuando nos expulsaron
de nuestras casas y negocios, Chabela, de la junta ejidal, le llamó al
jefe de la policía de Tulum para pedir que vinieran en nuestra ayuda,
porque tenemos todos los papeles para demostrar que estos terrenos son
nuestros”.
Chabela confirma: “Sí, yo le hablé al jefe de la policía y me dijo: ‘No la puedo atender porque esta orden viene desde arriba’”.
Policía custodia predios costeros
En plena playa, un oficial de la Policía
Municipal de Tulum –armado con pistola y rifle– se ostenta como
guardián de terrenos costeros. Se le pregunta la razón por la que un elemento de Seguridad Pública cuide predios.
“¿Cómo que por qué la policía? Porque
hay un oficio del Ministerio Público que nos giraron para custodiar
predios que invadieron (sic) gente ajena”, explica y pide la presencia
de un notario para que se nos permita el ingreso a la playa. Durante la
conversación, el oficial, que no porta una sola identificación, es
videograbado e intenta sacar el arma y arrebatar la cámara al
fotorreportero. El agente asegura que la Constitución prohíbe que se le
tomen fotos a la policía.
Cuestionado sobre la identidad de
quienes –dice– invadieron los terrenos que cuida, responde que la
desconoce. Al escuchar que existen versiones de que quienes han invadido
los terrenos son gente del gobernador, el oficial se ríe y exclama: “No, ¿qué pasó? O’ra sí que es puro cuento, a nosotros nos mandan a custodiar nada más los predios, que no haya gente ajena”.
El policía explica su presencia como
custodio por instrucciones del director de Seguridad Pública, Luis
German Sánchez Méndez, con base en una presunta orden del Ministerio
Público, que no exhibe. “Yo nada más obedezco órdenes”. Esta reportera
intentó entrevistar al director de la policía municipal, Luis German Sánchez, quien declinó hablar del asunto con la prensa.
En las oficinas de la Procuraduría
General de Justicia de la zona norte los cuatro ministerios públicos
adscritos aseguran que, hasta donde ellos saben, no existen órdenes
judiciales para la custodia de predios por parte de la policía. “Esos
son asuntos entre civiles” –asegura el ministerio público–, la policía
no tiene por que intervenir”.
Ante la solicitud de una entrevista
grabada, los agentes aseguran que las órdenes del gobernador son que
nadie hable con la prensa, “porque se está aprobando una nueva ley para
regular la libertad de expresión”.
En una visita a los predios invadidos
por la gente de Treviño Lozano -el representante legal originario de
Monterrey-, pudimos contar a 150 personas vigilando los terrenos, desde
miradores construidos con madera. Todos están armados y portan walkie talkies.
Además, hay 70 guardias privados vestidos de negro y también armados
con pistolas 9 milímetros; ellos pertenecen a una supuesta agencia de
seguridad, propiedad de Rafael Zozil Rodríguez, alias “El dóber”. No se
encuentran registros oficiales de dicha agencia. Zozil ha sido acusado
por las autoridades y señalado de pertenecer al cártel de Sinaloa en la
Riviera Maya. Al aproximarnos para preguntar a los hombres si trabajan
para Zozil Rodríguez, estos respondieron escuetamente: “mejor no pregunte y chínguele”.
Doña Chabela, ejidataria de Tulum desde
1970, narra frente a otras mujeres de la Junta Ejidal cómo se han vivido
los desalojos. “Cuando a nuestras familias les entregaron las tierras
ejidales estábamos en la plena selva, con puro manglar, lleno de moscos y
alimañas. Allí comenzamos a construir unas cabañitas, hicimos pozos y
un camino de terracería para entrar en el poblado. Pero nada más se
dieron cuenta de que en el decreto presidencial dice que a todos los
ejidatarios nos corresponde el acceso al Caribe, comenzaron a
hostigarnos”.
“Hace 22 años empezaron a pelear nuestras tierras.
Nos quedábamos a dormir en tiendas de campaña en la playa, para que no
nos invadieran de noche”, interviene entonces Columba, otra ejidataria
que llegó de Tabasco hace treinta años. “Los invasores se metían a los
terrenos y quemaban las palapas en las que vivíamos, no les importaba
que tuviéramos nuestra ropa y papeles allí. Desde ese entonces era la
gente de Santiago Pizano, contratado para robarse las tierras y pagado
por políticos corruptos. Nos amenazaban con matarnos, pero nosotras no
nos dejamos, lo hemos peleado solas”.
Tanto doña Chabela como Columba aseguran
que hay al menos 120 ejidatarios y posesionarios peleando sus tierras
frente a las autoridades. “Aquí no hay unión de la gente” –dice
Columba–. “En Atenco la gente salió a defender sus tierras, aquí
todos tienen miedo de que el gobernador los mande matar como al abogado
López Joers”.
Doña Anita admite tener miedo: “Todos
tenemos miedo de que nos maten o que los desaparezcan como a los hijos
de don Andrés, que se enfrentó a la policía. A sus dos hijos, que
cuidaban las cabañitas que rentaban a turistas; primero se metieron para
simular un robo, ellos se defendieron y denunciaron. El Ministerio
Público les dijo que mejor vendieran sus tierras y se fueran, que la
denuncia no iba a prosperar. Ellos hablaron con un reportero de Por esto!
Para decirle los nombres de la gente del gobernador Borge que les había
dicho que les iba a dar un millón de pesos por sus dos hectáreas y que
se fueran si no querían morirse ahogados. Luego los muchachos
desaparecieron. Su papá los sigue buscando y un policía de Tulum le dijo
a don Andrés: ‘Si quiere encontrar a sus hijos búsquelos en el mar’.
Andrés se fue a Tabasco, por miedo a que le desaparezcan a su hija que
le sobra”.
Vía telefónica, preguntamos a don Andrés quién desapareció a sus hijos: “Pues quién va a ser, la policía estatal”.
Advertencias
El
año 2007, el diputado Mario Rivero (PAN), aseguró que el ex gobernador
Joaquín Hendricks, en acuerdo con su sucesor Félix González, planeaba
apoderarse de Tulum y aliarse con empresarios del norte para venderlo.
En 2008, el gobernador González Canto vendió los terrenos destinados para la Universidad
Pesquera a los desarrolladores del megaproyecto comercial y
habitacional denominado Downtown Tulum (hoy rebautizado como Maya Zamá I
y II) que pretende ocupar 450 hectáreas y apoderarse del ejido
Pino Suárez; la guerra contra los ejidatarios es para construir ese
gran proyecto y se basa en el cambio del Plan Maestro de Desarrollo
impulsado por Félix González.
“El ex gobernador Hendricks se adueñó de
esos terrenos para la universidad y los vendió en millones de dólares,
allí han construido en terrenos arrebatados ilícitamente los hoteles
Aldea Zama, Copal y Papaya Playa”, dice Columba. Pretenden construir,
además un club de golf y fracturar la tierra para abrir uno de los
sistemas acuíferos subterráneos, clasificado como el más grande del
planeta, para hacer canales navegables semi-artificiales.
Las constructoras
La compañía Desarrollos Punta Piedra S.A de C.V es propiedad de Felipe Enríquez Hernández, ex diputado federal (PRI) por Nuevo León y ex candidato para la alcaldía de Nuevo León, Monterrey.
Hasta hace unos meses fue embajador de México en Uruguay y es compadre del presidente Peña Nieto.
En 2001, Enríquez fue secretario
particular de la Secretaria de la Reforma Agraria y tiene grandes
inversiones en Quintana Roo; además, es amigo cercano del ex gobernador
de Quintana Roo, Félix González Canto, y propietario del desarrollo
turístico de Isla Blanca, al norte de Cancún, que pasó por un tortuoso
litigio que los ejidatarios señalaron como despojo.
Este medio tiene en su poder el documento original de 64 páginas de la denuncia penal interpuesta por el ex gobernador Mario Villanueva Madrid en contra de sus socios en el proyecto Isla Blanca: Félix González Canto, Felipe Enríquez y Hugo Flores Toba. Estos cuatro crearon las empresas Desarrollos IM S.A de C.V y GLS4 S.A de C.V.
En su denuncia Villanueva detalla la
estrategia planteada por el ex embajador en Uruguay para triangular la
compa-venta de tierras ejidales y desalojar a quienes se decían
posesionarios de los predios ejidales de Isla Blanca con “un grupo
especial de la policía del estado capacitado para desalojos”..
En esa propiedad, Enriquez y González Canto están asociados
legalmente con el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás
y su hermano el abogado Luis Francisco González Parás, como bien
documentó el periodista Hugo Gutiérrez en una serie de reportajes
denominados El compadre incómodo de Peña Nieto.
El 21 de enero de 2012 desde la prisión de Nueva Jersey, Estados Unidos, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid presentó una denuncia por fraude contra Felipe Enríquez y Félix González Canto, por haber incumplido en pagarle 40 millones de pesos por la venta de tierras ejidales de Isla Blanca
a la empresa de Nuevo León. Villanueva asegura que nunca se le pagó ese
dinero a pesar de que pusieron a su esposa Isabel Tenorio de Villanueva
como socia de la constructora. El propio Mario Villanueva corroboró su
versión para este reportaje, desde la cárcel de Nueva Jersey.
Desarrollos Punta Piedra fue creada en marzo del 2010 en Monterrey. Como miembro del Consejo de Administración aparece Hugo César Flores Toba, cuñado de Enríquez.
*Documento obtenido por Hugo Gutiérrez y EnFoco.mx
Las actividades empresariales de Enríquez y Flores Toba crecieron en el sureste mexicano gracias a su amistad y sociedad con el entonces gobernador Félix González.
Esta sociedad mercantil tiene como proyecto el desarrollo hotelero de
la zona (ejido Pino Suárez). Debido a la opacidad con al que llevan a
cabo sus negocios, no queda claro si Enriquez es también socio de los
constructores neoleoneses José María Garza Ponce y su hijo José María Garza Treviño,
dueños del grupo constructor GP que pelea por los mismos terrenos de
playa. En este momento, mientras la policía ocupa los predios ejidales,
en internet se han puesto en venta los proyectos Maya Zamá I y II.
*Video de lo que planean construir en Tulum:
La Riviera Maya, en la que se encuentra Tulum, devino en un polo
de turismo internacional y destino de inversiones hoteleras de primer
mundo, sostenido con formas de organización política de tercer mundo.
En entrevista, la doctora y antropóloga Lorena Careaga,
autora de diversas obras sobre Quintana Roo, explica que la crisis
política, de derechos humanos y ambiental que ahora vive el estado, sólo
es explicable por el choque de estos dos mundos.
La historia, explica Careaga, va desde gobernadores rupestres o
vinculados con la corrupción y la delincuencia organizada como el
primero, Jesús Martínez Ross (1975 a 1981) —creador del Movimiento de
Unificación Quintanarroense (MUQ), que ha promovido el sectarismo y la
discriminación de los no nacidos en Chetumal—, del cozumeleño Pedro
Joaquín Coldwell, señalado por Ayda Levy , viuda de Roberto Suárez gómez
“El rey de la cocaína” como aliado en la entrada del Cartel de Medellín
a México vía Cozumel, Quintana Roo. Después Mario Villanueva Madrid
(1993-1999, hoy preso en Nueva Jersey, sentenciado por lavado de
dinero), o las multimillonarias fortunas y redes de extorsión a
empresarios orquestadas por Joaquín Hendricks Díaz, quien protegiera a
la red de pederastas de Cancún y aún mantiene su empresa de aviación
privada junto a Mario Marín Torres. O su sucesor Félix González Canto,
propietario de varias mansiones en los Emiratos Árabes y socio del grupo
de Monterrey que, junto con Borge, pretende apropiarse de Tulum
para convertirlo en un megaproyecto que podría destruir el equilibrio
del ecosistema y la red de ríos subterráneos más grande del mundo.
Quintana Roo es ignorado por los medios nacionales porque genera una
gran derrama económica, tras la cual subyace una organización social de
escasa institucionalidad, con precariedad de justicia y un estilo de
gestión social anclado en el caciquismo, la intervención personal y el
peso decisivo de la voluntad e idiosincrasia de los gobernadores. Con
mayor intensidad que en el resto del país, la sociedad civil de esta
región se encuentra inerme, sin instituciones de peso frente al aparato
de poder que representa la fusión de los intermediarios enriquecidos y
los políticos de usos y costumbres tradicionales; por una mayoría de
medios locales cooptados por el presupuesto de publicidad estatal que
condiciona la libertad de prensa a la voluntad política. Ante tal vacío
institucional, apenas comienzan a construirse las redes de solidaridad
social.
Todos los entrevistados explican que el gobernador Borge tiene más mano dura que sus antecesores. R.T.,
testigo y víctima de los despojos, y quien ha recibido amenazas,
asegura que “la gente tiene mucho temor, que vive con temor en Quintana
Roo. Antes era por la inseguridad, ahora es por la autoridad”.
El investigador de CIESAS, Gustavo Marín Guardado, concluyó en su estudio sobre la crisis de esta zona que:
Mientras
editábamos este reportaje, el 24 de agosto recibí una llamada de
ejidatarios a quienes entrevisté: el viernes 21 de agosto a las 8:30 am
la policía judicial del estado entró en los hogares de tres de mis entrevistados hostigando a familiares,
los buscaron por el pueblo y encarcelaron sin motivo alguno a Miguel
Ángel Benítez Rasgado y a Juan Manuel Ayala Mariano. Al mismo tiempo, la
policía judicial, sin orden de aprensión detuvo a otras fuentes que
habían pedido sigilo por temor a represalias: Héctor Apolinar Huesca
Damián, Cruz García Ramírez y Miguel Vázquez Nieva fueron retenidos por “sospechosos”, a unos de ellos le acusaron de llevar una dosis personal de mariguana. Después de ser fuertemente golpeados, los pusieron en libertad sin acusación de ningún tipo.
Esta misma semana desparecieron otras dos personas del ejido,
partícipes del movimiento cívico en defensa de Tulum. Sus abogados
interpusieron ya amparos para localizarlos bajo el número 1175/2015
Juzgado 4º de distrito, el 1137/2015-1 Juzgado 3º de Distrito y el
1193/2015-D-7 Juzgado 5º de Distrito. Los desaparecidos son José Tec
Poot, Miguel V y un tercer testigo cuyos familiares no desean que se
publique el nombre. “Esto es un levantón policiaco, tenemos miedo
señorita, entiéndalo” me dijo, llorando, la esposa de uno de los
desaparecidos.
Las investigaciones de las y los demás ejidatarios cuyas familias
aseguran que son víctimas de desaparición forzada están en los amparos
de localización 1176/2015 Juzgado 1º de Distrito, 1153/2015 Juzgado 2º
de Distrito y 1136/2015 Juzgado 3º de Distrito. Los demás expedientes
que señalan despojo, hostigamientos, amenazas de muerte y desapariciones
o secuestro han quedado sin investigar bajo los expedientes 341/2013,
1134/2014, 251/2015, lo mismo sucede con las averiguaciones previas
PGJE/DPRAM/AMP/TULUM/951/2011 y 950/2011. El temor persiste en la localidad.
Los sucesos recientes que asocian los despojos con homicidio,
desapariciones forzadas, fraudes frente a los cuales el aparato
gubernamental hace caso omiso, las amenazas de muerte y un férreo
control informativo, no podrían darse con tal fuerza si no se
hubiera planeado, desde la llegada del ex gobernador Félix González
Canto, la reestructuración del Plan Maestro de Tulum para cambiar el uso
de suelo y convertirlo en la joya de la corona del Caribe de la cuál
todos desean una tajada.
Los pobladores de Tulum aseguran que Roberto Borge, junto a González
Canto, operan un plan que se ha gestado durante al menos doce años, y
del que saldrán beneficiados sólo los empresarios dispuestos a someterse
al sistema, a jugar a la guerra en medio de la selva, una guerra contra
ejidatarios y pequeños empresarios, contra el desarrollo sostenible, el
ecoturismo y los derechos humanos.
Gráficos
Nota de la reportera: Debido a las restricciones de la nueva ley Borge
referente a la libertad de prensa y defensoría de derechos humanos, me
vi obligada a sacar un amparo contra acciones del Estado para publicar
esta investigación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario