De La Razon
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
que representa a 193 casas de estudio, pidió que se castigue a los
responsables de las irregularidades detectadas en la llamada Estafa Maestra, no a los centros educativos.
El secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda,
aseveró: “que se sancione a las personas que se tenga que sancionar,
pero no a las instituciones; las instituciones son instituciones de
prestigio, son instituciones que han trabajado a lo largo de muchos años
y que prestan servicios, si algunos de estos están mal llevados a cabo y
son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley”.
A la fecha hay 21 universidades bajo la lupa y algunas
enfrentan querellas, lo anterior se desprende de las denuncias penales
presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al 19 de julio de 2019, según una revisión realizada por La Razón,
así como a los casos documentados en la investigación de la Estafa
Maestra, por parte de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.
Entre las universidades involucradas en un esquema de
triangulación de recursos, de instancias federales a éstas mediante
convenios, y que a su vez derivaron en desvíos del erario y daños a la
Hacienda Pública se encuentran laAutónoma del Carmen, la Autónoma de
Morelos, la Universidad Popular Chontalpa, la Juárez
Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, la Tecnológica
de Tabasco y el Instituto Superior de Comalcalco.
Además,
entre las últimas denuncias presentadas por la ASF están las
registradas en contra de la Universidad Tecnológica de Salamanca y la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Entrevistado tras participar en un foro y en el marco de la
vinculación a proceso de Rosario Robles por su vinculación con la Estafa
Maestra, Valls reconoció que hay distintas universidades señaladas por
la ASF como parte de una pesquisa por triangulación de recursos
públicos.
Las instituciones fueron contratadas por dependencias federales, como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
que en su momento dirigió Robles, y éstas subcontrataron a su vez
empresas ilegales, que derivaron en el desvío de más de cinco mil
millones de pesos.
La Ley de Adquisiciones considera la posibilidad de que se
eviten las licitaciones cuando se contratan a través de entidades
públicas, por lo que las secretarías utilizaron las instituciones
educativas para la subcontratación de servicios.
Al referirse a este tema, Valls Esponda puntualizó que en lo
que se refiere a las universidades involucradas, éstas ya han comenzado a
solventar las observaciones.
“Por parte de la ASF se hicieron auditorías, determinaron
algunas observaciones y éstas se están solventando, muchas de ellas por
parte de las instituciones involucradas y las que no la FGR determinará
si abre alguna carpeta de investigación”, dijo.
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