De el Vigia
AGENCIA REFORMA
Ciudad de México
Una semana después de que el PRI perdió la elección en julio de 2018, la Policía Federal arrendó patrullas con sobreprecios con un contrato anómalo, tramitado de manera expedita y que incluso no fue cumplido cabalmente por el proveedor.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan ahora esas anomalías en el arrendamiento de mil 500 patrullas para la PF y que autorizó la Secretaría de Gobernación con una adjudicación directa.
El contrato fue adjudicado a la empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, por un monto total de 4 mil 156 millones de pesos hasta el año 2021.
Según las investigaciones, los montos del contrato se pactaron con sobreprecios y, además, hubo incumplimientos en la entrega y en las características y equipamiento pactado para las patrullas, y que en su momento no fueron sancionados por los funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Segob.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Alfonso Durazo afirmaron que la dependencia también solicitó a la SFP indagar qué funcionarios dieron luz verde al millonario contrato plurianual.
Según las indagatorias, los ex funcionarias podrían estar vinculados a delitos de corrupción administrativa, cohecho y abuso de atribuciones.
Las mil 500 patrullas, según el contrato, fueron distribuidas en las 32 coordinaciones estatales de la PF en el país, con pólizas de 3 millones de pesos por evento y un seguro de muerte por 150 mil pesos por cada ocupante.
Ciudad de México
Una semana después de que el PRI perdió la elección en julio de 2018, la Policía Federal arrendó patrullas con sobreprecios con un contrato anómalo, tramitado de manera expedita y que incluso no fue cumplido cabalmente por el proveedor.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan ahora esas anomalías en el arrendamiento de mil 500 patrullas para la PF y que autorizó la Secretaría de Gobernación con una adjudicación directa.
El contrato fue adjudicado a la empresa Integra Arrenda, de Grupo Andrade, por un monto total de 4 mil 156 millones de pesos hasta el año 2021.
Según las investigaciones, los montos del contrato se pactaron con sobreprecios y, además, hubo incumplimientos en la entrega y en las características y equipamiento pactado para las patrullas, y que en su momento no fueron sancionados por los funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad, adscrita a la Segob.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Alfonso Durazo afirmaron que la dependencia también solicitó a la SFP indagar qué funcionarios dieron luz verde al millonario contrato plurianual.
Según las indagatorias, los ex funcionarias podrían estar vinculados a delitos de corrupción administrativa, cohecho y abuso de atribuciones.
Las mil 500 patrullas, según el contrato, fueron distribuidas en las 32 coordinaciones estatales de la PF en el país, con pólizas de 3 millones de pesos por evento y un seguro de muerte por 150 mil pesos por cada ocupante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario