De el Economista
Sindicatos y fideicomisos, en la mira de la UIF
Fernando Gutiérrez
DETECTA MEJORAS EN LEY ANTILAVADO
La vigilancia hacia los sindicatos está acotada a las
donaciones que reciben, con el cambio se podrá requerir información en
cualquier momento.
La vigilancia hacia los sindicatos está acotada a las
donaciones que reciben, con el cambio se podrá requerir información en
cualquier momento.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza
Santiago Nieto Castillo, ha detectado áreas de oportunidad en la
legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado
de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y
fideicomisos que realicen una actividad vulnerable.
De acuerdo
con un documento preliminar a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos,
que será presentada en los próximos meses, son necesarios algunos
ajustes a la legislación con el fin de atender las observaciones que el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo a México en su
última evaluación al país, así como robustecer y mejorar el régimen
nacional de la prevención del lavado de dinero para las actividades
vulnerables.
El documento, del cual tiene copia este medio, indica
que es necesario modificar la ley para la prevención e identificación
de operaciones con recursos de procedencia ilícita o ley antilavado.
Información de sindicatos
Respecto al tema de los sindicatos, la UIF tendría facultades para
requerir información sobre ellos y sus dirigentes en cualquier momento.
Para ello, la ley antilavado tendría que ser modificada con el fin de
que los donativos que reciban este tipo de organizaciones ya no sean
clasificados como actividad vulnerable, sino que se podría solicitar
información en cualquier momento.
“La información de los
sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la Unidad de
Inteligencia Financiera a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u
órgano equivalente a nivel local”, se puede leer en el documento.
En
la actualidad, los donativos que reciben los sindicatos son
considerados como actividad vulnerable cuando son superiores a 1,605
UMAs, que son poco más de 135,000 pesos.
Actualmente, la ley
establece que, al convertirse en una actividad vulnerable, los donativos
deben tener toda la información de sus clientes o usuarios y presentar
los avisos correspondientes, por conducto del Servicio de Administración
Tributaria a la UIF.
Mayor vigilancia sobre fideicomisos
En el caso de los cambios relacionados con fideicomisos, el objetivo
es tener una mayor vigilancia sobre aquellos que realicen una actividad
vulnerable como, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles o el
arrendamiento inmobiliario.
Según el documento, con este cambio se
obligaría a las personas que establezcan un fideicomiso (conocidos como
fideicomitentes) a que realicen una de las 20 actividades vulnerables
establecidas en la ley antilavado, a estar identificadas plenamente y de
acuerdo con su actividad o tipo de operaciones, para lo cual se
presentarían los avisos necesarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en términos de la normativa.
“La fiduciaria (institución
financiera) únicamente tendría la obligación de solicitar los acuses de
alta de los fideicomitentes en el Padrón de Actividades Vulnerables”, de
acuerdo con el documento de la UIF.
La última evaluación del GAFI
a México arrojó que existe un riesgo del uso indebido de fideicomisos,
que generalmente son utilizados por extranjeros para comprar bienes e
invertir en México, pues aunque los fiduciarios (instituciones
financieras) están obligados a identificar las diferentes partes de los
fideicomisos, esto no es así con los beneficiarios o clase de
beneficiarios.
“Si el fideicomitente es una persona jurídica, las
IF (instituciones financieras) no van más allá de identificar la
titularidad legal. Ha habido algunos casos donde los fideicomisos fueron
utilizados para invertir fondos ilícitos”, mencionó el reporte del GAFI
sobre México.
Sociedades mercantiles
Por otra parte, la UIF ha detectado que es importante que en el marco
normativo del combate al lavado de dinero se adicione un capítulo sobre
los beneficiarios finales, con el fin de que todas las sociedades
mercantiles, sin importar si realizan una actividad vulnerable o no,
detecten a su beneficiario final.
“Todas las sociedades
mercantiles deben reportar las modificaciones de tenencia accionaria que
se realicen en el libro de accionistas y la información del
beneficiario final, mediante el sistema electrónico de la Secretaría de
Economía”, refirió el documento.
Endurecerían penas por el delito de terrorismo
Asimismo, la UIF tiene identificadas las mejoras normativas que se
podrían hacer al Código Penal Federal, para endurecer penas por el
delito de terrorismo; al Código Nacional de Procedimientos Penales y a
la ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que la unidad
sea una invitada permanente a las reuniones que celebre el Comité
Coordinador del sistema anticorrupción.
El documento no explica en
qué momento se podrían presentar estas reformas; sin embargo, desde la
llegada de Nieto Castillo a la UIF se ha realizado un diagnóstico sobre
las áreas de oportunidad para mejorar el marco legal del combate al
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país, donde se
presume que se blanquean alrededor de 50,000 millones de dólares al año.
fernando.gutierrez@eleconomista.mx
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