De Reporte Indigo
Ernesto Santillán
Para 15 estados del país el “Día Cero” está cerca. La falta de agua para que miles de mexicanos puedan atender sus necesidades ya es una realidad y el problema crece día con día.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
revelan que hasta el 2018 en México existían dos millones de hogares sin
acceso a agua potable —debían acarrearla desde pozos, ríos, otras
viviendas o recibirla desde una pipa—; cifra que representa un total
aproximado de 7.4 millones de víctimas.
Desde el inicio de la actual administración, la entrega de concesiones para obtener control del agua de las 300 cuencas a las que se les levantó la veda en 2018 fueron suspendidas
A los retos hídricos que enfrenta la actual administración se suma la disputa que existe entre los pueblos indígenas, diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección del agua y la Comisión Nacional del Agua Conagua (Conagua) por el derecho a administrar este recurso.
Por un lado, la ONG Agua para Tod@s, acusa a la Conagua de ofrecer concesiones
a aguas nacionales por internet a través de Conagua en Línea “hasta
agotar existencias”, además de otorgar grandes concesiones en zonas
vedadas a empresas privadas, a la vez que no se ha permitido a los
pueblos indígenas registrar sus derechos sobre las fuentes de agua en sus territorios.
También aseguran que los 10 decretos de Reserva de Agua firmados por
Enrique Peña Nieto en 2018, con los cuales se levantó la veda de 300
cuencas de las 757 que existen en el país, “dejan a los pueblos
originarios especialmente vulnerables porque permiten que cualquier
empresa obtenga concesiones a sus ríos, manantiales o a las aguas
subterráneas de las cuales dependen, sin su conocimiento o
consentimiento”
Entre 1992 y 2018, se otorgaron 536 mil concesiones a aguas superficiales y subterráneas, en violación de vedas, disponibilidades, derechos humanos,
derechos de núcleos agrarios, derechos de pueblos indígenas, de
terceros y sin ningún sistema efectivo de control sobre la
contaminación, acusa la Elena Burns, integrante de Agua para Tod@s.
“Desde que el expresidente Enrique Peña hizo la declaración de la “reserva del agua”,
la Conagua ha asignado 127 millones de metros cúbicos anuales de agua
al municipio de Chilón para “uso público urbano”, es decir, cualquier
uso que el gobierno municipal determine.
“El punto de extracción registrada es una cascada ubicada en
territorio indígena tzeltzal, el cual actualmente está bajo sitio por
parte de paramilitares”, ejemplifica la organización.
Por su parte, Eugenio Barrios, Subdirector General
de Administración del Agua en la Comisión Nacional del Agua, comenta en
entrevista con Reporte Indigo que lo único que estas acusaciones han
provocado es confusión.
“Nada más falso que los 10 decretos firmados por EPN se extiendan a todo el país, creo que hay un mal entendido.
“La prioridad de este gobierno es proteger el agua para la gente; en
ese sentido se publicó el 1 de julio un decreto que protege el agua para
las comunidades indígenas y cualquier tipo de comunidad de ahora en
adelante, entonces como prioridad de esta administración vamos a estar
protegiendo toda el agua de la gente y en segundo término es la
protección del agua para el ambiente”.
En cuanto a las exigencias de los pueblos por administrar el agua que
se encuentra en sus territorios, derecho que se encuentra enmarcado en
el artículo dos constitucional, Barrios comenta que se
está confundiendo la falta de cumplimiento del derecho de los pueblos
indígenas con el marco legal vigente.
“La ley General de Aguas es reglamentaria del
artículo cuarto constitucional —reformado en 2012 para garantizar el
acceso al agua a los que menos tienen y asegurar su sustentabilidad— y
del 27, el cual establece el agua como un bien de la nación cuya
administración recae en el Ejecutivo. En cuanto a la reforma, se tendría
que tener una discusión en el Senado para ver hasta donde aplican y sus
alcances en materia de administración del agua”.
Hasta el 2018 en México habían 2 millones de hogares sin acceso a agua potable, lo que representa un aproximado de 7.4 millones de víctimas
Ante este dilema legal, la abogada Claudia Gómez Godoy, Fuente: World
Resources Institute quien llevó un amparo contra los decretos de Reserva del Agua
firmados por EPN, exigió a la Conagua dejar de otorgar concesiones
hasta que se emita el próximo año la Ley General de Aguas, la cual
tendría que cambiar la lógica del manejo de este recurso vital: en vez
del otorgamiento arbitrario por la Conagua de enormes concesiones
seguido por dinámicas de compra y venta, ahora se tendría que garantizar
su aprovechamiento y distribución sustentable y equitativa, bajo un
esquema de participación ciudadana y gubernamental.
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Acusan simulación y doble discurso
Rogel del Rosal, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de la Huasteca Potosina (COCIHP),
área localizada en San Luis Potosí, uno de los estados que destaca por
el estrés hídrico que padece, acusa que a pesar de que la nueva
administración de la Comisión Nacional del Agua, la cual encabeza Blanca
Elena Jiménez Cisneros, ha hecho público su compromiso con la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas de México, esto no se ha demostrado con acciones concretas.
“La posición que tiene la dirección de Conagua por lo visto no ha variado a la que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Representantes indígenas señalan que las promesas del gobierno morenista y de la nueva administración de la Conagua, relacionadas a la defensa de los derechos de los pueblos originarios, no se han concretado en acciones
“Siguen usando de manera indiscriminada el sistema de concesiones
para entregar a diestra y siniestra las aguas nacionales subterráneas y
superficiales, violando los derechos que tienen los pueblos indígenas
sobre sus territorios y también violando o entrando en contradicción con
el artículo segundo de la Constitución”.
Además, el activista y defensor del agua asevera que en todos los
foros realizados por la Comisión Nacional del Agua no ha existido la
menor intención de invitar e incluir a los líderes de los pueblos
indígenas, mientras que en los que ha realizado la Comisión de Recursos Hidráulicos
de la Cámara de Diputados, en la mayoría de los casos, están
presentando actitudes de aislamiento hacia las organizaciones sociales y
representaciones indígenas del país, dándole preferencia a la
Asociación Nacional de Unidades de Riego, a la Asociación Nacional de
Empresas de Agua y Saneamiento, a la Coparmex y a representantes
empresariales diversos.
En los foros que ha realizado la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, se dan actitudes de aislamiento hacia las organizaciones sociales y representaciones indígenas
“Esa es la actitud que te indica que no tienen la voluntad de
impulsar una ley que corresponda a los criterios que se marcan en el
artículo cuarto de la Constitución para salvaguardar los derechos
humanos al agua, restaurar los ecosistemas, promover la participación
social, lograr la equidad y la accesibilidad al agua para todos”.
No obstante, Rogel del Rosal admite que la posición en la que se
encuentra en este momento el Gobierno federal no es sencilla, pues
existen posturas muy diversas de los distintos funcionarios las cuales
muchas veces hasta contrastan con las que emite Andrés Manuel López
Obrador (AMLO). Como ejemplo, el activista potosino menciona el tema del fracking.
“Rocío Nahle tiene una posición bastante ambigua respecto al fracking
y sospechosa. A pesar de que su jefe, López Obrador, dice que no se va a
permitir, ella declara que se va a analizar la negativa porque como
ingeniera considera que se puede realizar de manera más sustentable,
algo que es imposible”.
En relación al apoyo que la Conagua dice ha recibido por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI),
el cual encabeza Adelfo Regino, Rogel del Rosal comenta que para las
comunidades indígenas esta institución es como un “cero a la izquierda”
El INPI es un cero a la izquierda, creo que más bien la posición que está desempeñando es la de legitimar las decisiones presidenciales a través de consultas simuladas que no cumplen con los mínimos requisitos que se establecen en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
- Rogel del Rosal
Integrante de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de la Huasteca Potosina
Por último, el integrante de la Coordinadora de Organizaciones
Campesinas de la Huasteca Potosina, revela que tanto el Gobierno federal
como la Conagua y el INPI deberían estar muy al tanto de la protección
de las comunidades indígenas.
“Ellos saben cuáles son las regiones que están siendo amenazadas por
el fracking, el trasvase de ríos, minas, por hidroeléctricas,
termoeléctricas y por las concesiones de agua.
“Conocen muy bien las problemáticas, no es necesario que esperen a
que sucedan los problemas y que la gente de las comunidades se quejen
para actuar, ellos deberían estar actuando de manera muy activa en la
protección de los derechos de los pueblos indígenas y evitando que se
introduzcan negocios y acuerdos que afectan el medio ambiente y la
propia vida de las comunidades originarias”.
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Manos a la obra para garantizar derecho al agua
Para Eugenio Barrios, Subdirector General de Administración del Agua
en la Conagua, las acciones que han implementado desde la entrada del
nuevo gobierno no tienen la intención ni afectan los derechos de los
pueblos indígenas o tienen como propósito entregar las aguas nacionales para que las manejen empresas privadas.
Eugenio Barrios asegura que el agua no le faltará a los mexicanos y responde a las acusaciones que organizaciones civiles han hecho en relación a la entrega de concesiones para administrar este recurso
“Definitivamente, una de las prioridades de la presente
administración es revisar todo este proceso de entrega de concesiones,
entenderlo, identificar lecciones aprendidas, acabar con el
acaparamiento, fortalecer la rectoría del Estado en materia de agua con
un fuerte componente ciudadano y convocar a todos a proteger y recuperar
nuestra agua”.
En relación a las acusaciones vertidas sobre los daños que los 10
decretos de EPN firmados en 2018 ocasionan a los pueblos indígenas, el
funcionario asegura que a inicios de este año la entrega de concesiones
que quedaban libres para adquirir el control de una parte del agua de
las 300 cuencas a las que se les levantó la veda fueron suspendidas.
“A principios de este año se publicaron unos lineamientos que indican
que todas las concesiones del agua que quedaron disponibles en estas
300 cuencas entrarán a un proceso llamado de programación hídrica, en
donde se definirán las condiciones para otorgarlas”.
Además, Barrios explica que de las 362 concesiones que se llegaron a dar, el 90 por ciento fueron para pequeños productores
agrícolas; y únicamente dos fueron a industriales muy pequeñitas a las
que sólo se les otorgaba el .25 por ciento de toda el agua disponible en
las 300 cuencas.
La falta de agua potable no es responsabilidad de la Conagua, sino de los estados y municipios que la administran
Sobre el problema de falta de agua potable en varios estados y municipios del país, Eugenio Barrios comenta que garantizar este servicio no es responsabilidad de la Conagua.
“Nosotros le entregamos el agua a los municipios y éstos la
distribuyen, por lo tanto es responsabilidad de ellos ser eficientes en
esta tarea”, dice.
Sin embargo, revela que ya hay dos programas en funcionamiento para apoyar a las entidades que sufren de mayor estrés hídrico.
Ahorita hay dos programas que tenemos en la Comisión con el fin de apoyar el fortalecimiento de estos municipios que están en dificultades por la falta del agua siempre y cuando cumplan con ciertos niveles de desempeño, de compromiso y de inversión
- Eugenio Barrios
Subdirector General de Administración del Agua en la Conagua
“En estos programas de inversión una parte la pone el estado, otra el
municipio, otra la Conagua y ya es responsabilidad del estado y
municipio entregar resultados y cuentas a la población”.
Por último, asegura que a pesar de que los problemas de falta de agua
en el país son una realidad, este recurso está lejos de agotarse por
completo.
“Habría que entender a qué se refieren por Día Cero,
si significa que la gente no tendrá agua, eso no va a suceder, la
prioridad de la Conagua es proteger este líquido, entonces eso no va a
pasar”.
A inicios de este año la entrega de concesiones que quedaban libres para adquirir el control de una parte del agua de las 300 cuencas a las que se les levantó la veda fueron suspendidas
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