De Redacción AZ
Asuntos Públicos
La ropa sucia de la contienda interna de Morena no se lava en casa,
se ventila en la opinión pública. Como en otras partes del país, el
proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido en el poder,
Morena, enfrenta a sus militantes en la designación de consejeros a la
asamblea nacional. Pero en Veracruz, donde se suspendieron este fin de
semana 7 asambleas por irregularidades y falta de seguridad, además se
ha destapado un fuerte conflicto que involucra al secretario de
Gobierno, Eric Cisneros, acusado de injerencia mediante influyentismo,
intimidación y uso indebido de recursos públicos.
En el paquete acusatorio van como operadores del funcionario estatal, Guillermo Fernández, secretario de Desarrollo Social, y el diputado local Eric Domínguez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso. Igualmente señalan a la “encargada de la Fiscalía”, Verónica Hernández Giadáns, ex empleada de Eric Cisneros en la Secretaría de Gobierno, presuntamente aún subordinada a aquel, de utilizar el aparato persecutorio con fines de intimidación en contra de los adversarios de su jefe.
Los acusadores son también de Morena. Desde la semana pasada un grupo de diputados locales encabezados por Magdaleno Rosales, representante por Medellín, denunciaron en conferencia de prensa, para que se enterara el gobernador si no lo sabía, que su secretario de Gobierno fraguaba manipular las 20 asambleas programadas para el fin de semana con el objeto de imponer como consejeros a personas afines, empleados suyos, apoyado con la estructura gubernamental.
No obstante que el gobernador acusó recibo del mensaje, y como lo hizo AMLO para el personal del Gobierno Federal, informó haber emitido una circular a los servidores públicos que manejan programas sociales y recursos se abstuvieran de intervenir en el proceso interno partidista, excepto para ejercer sus derechos como militantes. Según los relatos de lo ocurrido el domingo, lo habrían desobedecido tanto Cisneros como Guillermo Fernández. Uso de recursos públicos y persecución política
El diputado federal por Papantla, Humberto Pérez Bernabé, reseñó en video y en declaraciones posteriores, incluso ayer en una reunión de diputados federales, la intervención del secretario de Gobierno en el proceso interno; detalló el operativo desplegado por empleados de la oficina de Transporte Público para bloquear camiones de militantes e impedir que acudieran a las asambleas, así como la acreditación de personal del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad, como “militantes”, además del uso de tarjetas de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, y el pago en efectivo para orientar el voto en las asambleas. Asimismo acusó a Eric Domínguez como operador de Eric Cisneros, mancuerna a la que llamó la “la banda de los Erics”, y también de haber montado ya el negocio de extorsión a alcaldes; el “blanqueo” de las cuentas públicas, en las funciones de fiscalización del Orfis, a cargo de la morena Delia González Cobos, pero supervisadas por la Comisión de Vigilancia que preside Eric Domínguez.
Tan grave como el uso ilegal de recursos públicos para fines partidistas –lo que constituiría delitos de corrupción, no solo faltas administrativas– es la acusación de persecución política que hacen al secretario de Gobierno, Eric Cisneros. El diputado Jaime Humberto Pérez declaró tener información de fuentes internas de la Fiscalía que le abrieron una carpeta de investigación para él y alguno de sus familiares por el delito de secuestro, tema que dijo, reclamará a la encargada, Verónica Hernández. Apelando a la intervención del gobernador Cuitláhuac García, tanto el diputado federal Pérez Bernabé como el diputado local Magdaleno Rosales responsabilizaron al secretario de Gobierno de lo que pudiera pasarles en su integridad personal, de su familia y colaboradores.
¿Meterá orden el gobernador?, ¿se investigarán las graves acusaciones? El relato parece sacado de la época negra del peor PRI, se aplica Morena en asomar su gen del arcaico priismo. Catemaco, crímenes
Ahora le tocó a Catemaco ser trágico escenario de un ataque armado a un bar la madrugada del lunes. Aunque con un saldo menor en el número de víctimas –2 muertos y 8 heridos, tres de ellos menores de edad–, este nuevo ataque en el que resultó asesinado el “brujo de Catemaco” y su pareja, evoca las masacres de Minatitlán, donde fallecieron 14 personas, incluido un menor, y el incendio provocado en el Bar de Coatzacoalcos que tuvo 31 víctimas, por el similar modo artero e impune de actuación delictiva. Mesas inútiles
Las cifras delictivas oficiales de Veracruz, disparadas en secuestro y feminicidio, y apenas atenuada en homicidios dolosos, según la reciente actualización al mes de septiembre, constata el fracaso de la estrategia de seguridad del actual Gobierno del Estado, pese a los refuerzos federales tan cacareados como ineficaces. Frente a los pobres resultados para contener a la delincuencia, ramificada y en control territorial de diversas zonas de la entidad como enclaves, se ven ridículas –por su inutilidad– las fotos que difunden los servidores públicos locales de su presencia en las “mesas de coordinación para la construcción de la paz”, como les llaman aquí a la réplica de las reuniones diarias que celebra el presidente de la república AMLO con su gabinete de seguridad. Dicen que van a planchar calzón y a gorrear el desayuno, pero no sirven para garantizar la protección de las personas y abatir a la delincuencia.
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