Edmundo y Gabriel: ¿Dónde los tienen?

Jorge Salazar Salazar. 06/06/2021 

La información precisa sobre la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida en 2007, la recibí de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que se manifestaban (2016) en Xalapa para exigir al Estado mexicano la presentación con vida de sus compañeros. Durante esa jornada de lucha nacional, en varios lugares más de la república se replicaron acciones similares con igual lealtad conmovedora y estoica solidaridad para con los desaparecidos. En ese contexto, me fue obsequiado el libro titulado ¿Dónde los tienen? cuyo contenido es una recopilación detallada de su gran odisea por la Justicia, que aún no tiene fin. El 25 de mayo pasado, familiares y compañeros volvieron a plantarse en la Plaza Lerdo por la mismas razón y contra la criminalización de su lucha, ahora encarnada en Higinio Bustos Navarro, detenido el 3 de mayo pasado en Terrillos, Chicontepec, por fuerzas de seguridad estatal. 

¿Quiénes eran Edmundo y Gabriel que siguen presentes en el corazón de sus camaradas? 

De la obra citada, se obtuvieron los siguientes datos biográficos de estos dos luchadores sociales.

Gabriel nació el año de 1952 en la ciudad de Oaxaca, era el séptimo de 10 hermanos de una familia muy unida, solidaria y honesta. Como estudiante, fue brillante y; como hijo, excepcional. Muchos campesinos e indígenas acudían a él para recibir asesoría en temas agrarios. Siempre los atendió de manera responsable, comprensiva y humanitaria. Como universitario, creyó firmemente que su deber era estar del lado de la lucha estudiantil-popular y buscar mejores condiciones de vida para los demás. Disciplinado, combinaba el trabajo y el estudio con las causas populares. Participó en la organización de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca (COCEO) reprimida por luchar en defensa de los recursos naturales y energéticos de los pueblos campesinos. Cuando tenía 18 años, su compañero, Gastón Eruviel Martínez, fue asesinado por porros estudiantiles ligados al PRI. Para obligar al Estado a investigar el crimen, retienen a un destacado miembro de ese partido. El gobierno responde furioso ordenando detener a Gabriel quién, ya encarcelado, es salvajemente torturado. Después de 8 meses de protestas demandando su excarcelación, es liberado; pero, al no cesar la persecución, es orillado a irse a la clandestinidad. A partir de entonces, sus familiares, no vuelven a saber de él hasta el 2007 cuando los medios informan su detención-desaparición.

Edmundo, 3 años mayor que Gabriel, nació en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca. Es el segundo de 9 hijos. Desde niño trabajó para colaborar con el sostenimiento familiar. Igual que  a su compañero de lucha, le indignaban las injusticias. Por medio de la lectura, de la que era apasionado,  profundizó la investigación hasta comprender las causas de su condición social de explotado. En Oaxaca formó una familia con su esposa y dos hijos. Al emigrar a la ciudad de México y emplearse como obrero experimentó en carne propia  las extenuantes y explotadoras jornadas laborales que le imponían a cambio de un salario miserable. Es detenido y desaparecido en 2007 por las fuerza policiaco-militar del Estado.

Después de 14 años, el crimen de lesa humanidad cometido sobre Edmundo y Gabriel, los autores intelectuales sigue impunes y la represión de los movimientos populares que se oponen al modelo de mercado persiste. Ambos luchadores sociales fueron reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) como sus militantes, con el objetivo de que las autoridades los presentaran con vida y respetaran sus derechos humanos fundamentales. En el ámbito legal y de las instituciones (CNDH, tribunales, organizaciones no gubernamentales) tal demanda ha sido reconocida como justa; sin embargo, han existido múltiples trabas política, debido a que están involucradas las fuerzas armadas, pues ellas desplegaron la guerra contrainsurgente en las zonas indígenas y rurales para “SUPRIMIR” a quienes se oponen a la políticas neoliberales dictadas desde Washington.

En septiembre del año pasado, en plena pandemia y gracias a la resolución judicial 29/2014, la Fiscalía General de la República solicitó a la interpol ubicar y detener al ex procurador de Oaxaca Evencio Nicolás Martínez y al ex comandante de la policía judicial Pedro Hernández, hoy prófugos de la justicia. El comité de búsqueda no ha sido escuchado en su exigencia de que se investigue a los ex secretarios de defensa, general Guillermo Galván y  de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez, así como también al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al expresidente Felipe Calderón. Todos ellos ejercían sus cargos públicos durante la desaparición de Edmundo y Gabriel. Alguno de ellos tuvo que dar la orden de desaparecerlos. Ya el noveno tribunal colegiado de la federación reconoció que ese delito de lesa humanidad es atribuible al Estado y, consecuente con esa resolución, ordenó la apertura de cuarteles, campos militares y la comparecencia de oficiales para determinar el paradero de los revolucionarios. El problema es tan grave que el representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Jesús Peña, informó que oficialmente, a la fecha, hay más de 88 mil personas víctimas de desaparición forzada.

La actual administración ha expresado, al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos", su intención de atender su reclamo. Aunque hay avances, hasta el momento, Edmundo y Gabriel continúan desaparecidos. Y, peor, más allá del presidente, la guerra de exterminio y persecución, contra quienes luchan por causas del pueblo, persiste. Tal como lo demuestra, por ejemplo, la cruel represión y encarcelamiento de los normalistas de Mactumactzá (Palabra tzeltal que significa “encima de la Montaña donde va haciendo la cuenta el abuelo) ordenada por el gobernador de Chiapas. El presidente, aún estando bajo una intensa guerra sucia encabezada por quienes aprobaron la eliminación de quienes defienden sus recursos naturales o luchan por mejores condiciones de vida, podría hacer más. Sin importar quién gane la mayoría del congreso ni detenerse en cálculos políticos debe ordenar a sus subordinados dar una atención eficiente y humana a las familias de los desaparecidos; caiga quién caiga, porque si sus familiares no logran saber DÓNDE LOS TIENEN, la JUSTICIA nunca llegará.