Pensiones. Cómo nos robaron el derecho a la jubilación

De El Blog, La izquierda Diario

Últimamente, a las generaciones más jóvenes se nos inculca que ya no nos podremos jubilar ni tener derecho a pensión. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo era el régimen de pensiones?

Óscar Fernández

Jueves 1ro de octubre  22:46

A las generaciones más jóvenes no nos tocará jubilarnos. Al menos esa es la idea que se nos repite constantemente en redes, círculos sociales, el trabajo y un largo etcétera. Un derecho perdido y para algunos un “privilegio” del que todavía gozan.

¿Cómo era el viejo régimen de pensiones?

El viejo régimen de pensiones se le conoce en México como el Régimen 73 del Seguro Social. Dicho régimen, instaurado durante la presidencia de Luis Echeverría en 1973, contemplaba el cálculo del retiro para los sectores nuevos de trabajadores, éste era un régimen que aplicaba para los trabajadores del sector privado, es decir, para los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Eran tiempos, todavía, del modelo de desarrollismo por industrialización y sustitución de importaciones, que en México en esos años se conocía como el desarrollo estabilizador. Dicho modelo ya estaba dando sus últimos suspiros y varios analistas preveían una fuerte devaluación monetaria; pero a la vez, el gobierno de Echeverría se enfrentaba, además del cuestionamiento político que conllevó la oleada revolucionaria de 1968 a nivel internacional —y que politizó a una generación que se fue a la militancia política, ya fuera a través de la guerrilla o con la organización partidaria-sindical—, a una juventud que se incorporaba al mercado laboral una vez terminados sus estudios.

Es así que en 1973 se instaura la ley de pensiones del Seguro Social para dar pie a un sistema de jubilaciones para poder retirarse posterior a los 65 años. El llamado “Régimen 73” aplicaba únicamente a los trabajadores del sector privado (por eso estaban afiliados al IMSS). En el caso de los empleados públicos —maestros, funcionarios y trabajadores del Estado— la afiliación corresponde al ISSSTE, el cual estaba regimentado según la Ley de 1983.

Ambas leyes funcionaban bajo un esquema solidario: la pensión se calculaba con base en el salario promedio de los últimos cinco años de cotización (250 semanas en el caso del IMSS, el promedio de los últimos años de servicio en el ISSSTE). Ese promedio se cruzaba con un tabulador oficial que consideraba la edad del trabajador y el total de semanas cotizadas (jubilación con al menos 500 semanas cotizadas para el IMSS a los 65 años y jubilación a los 60 con 30 años de servicio para los hombres o 28 años para mujeres en el ISSSTE). A partir de ahí, mientras más semanas acumuladas y mayor fuera el salario promedio, el monto de la pensión aumentaba según el tabulador, garantizando una pensión vitalicia financiada por el Estado.

¿Cuándo y cómo se cambió este sistema?

Sin embargo, en los años 90 la ofensiva neoliberal, con el TLCAN de por medio, vinieron a golpear duramente las condiciones de los trabajadores, cuyas direcciones sindicales dejaron pasar el ataque sin miramientos. Como parte del Consenso de Washington, una serie de medidas fueron adoptadas en todo el continente por los distintos gobiernos democráticos.

En el punto número 2, de los 10 que conforman las condiciones que el imperialismo estadounidense planteó a América Latina a finales del siglo XX, está la redirección del gasto público en subsidios y la eliminación de los «subsidios indiscriminados», entre los que se encontraban las pensiones. Con ello vino una reforma fiscal fuerte que eliminó el derecho de las jubilaciones de facto, privatizándolas.

En Chile, laboratorio neoliberal por excelencia, estas medidas se introdujeron en 1986, dando pie a las infames Administradoras de fondos de pensiones (AFP); pero en otros países el ataque fue prácticamente simultáneo: en Uruguay se instauró la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en 1996, en Argentina se crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) en 1994; en México, las AFORE vinieron en 1996 con la reforma implementada por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Siendo así que, a partir del 1ro de julio de 1997, las personas que ya no entraran en el régimen del 73 ya no podían disfrutar de su pensión estatal. En cambio, una vez que uno entra a trabajar debe de buscar una compañía que administre sus ahorros. Por su parte, la Ley 83 siguió vigente hasta que el gobierno derechista de Calderón impulsó la reforma que constituye la actual Ley 2007. Estas reformas sustituyeron el sistema solidario de pensiones por el esquema de cuentas individuales (Afore).

¿Cómo funciona el sistema de pensiones privatizadas?

El esquema es exactamente el mismo en toda la región: las administradoras (AFORE, AFP, AFAP o cualesquiera sean los nombres que adopten) especulan con el dinero de los trabajadores y lo usan como apuesta en el sistema financiero, de modo que deja de ser del trabajador y pasa directamente a manos de la empresa, que hace con ese dinero lo que quiera, incluso financiar proyectos capitalistas que podrían ir en contra de los intereses de las mayorías, como lo son el Tren Maya o el corredor trans-ístmico, por mencionar algunos ejemplos.

Aquí, el trabajador no puede objetar, pues es obligado a firmar un contrato para que administren sus ahorros, mientras que la patronal usa "su" dinero para financiar empresas u obras licitadas por el gobierno a la iniciativa privada. Es decir, una persona no sabría que están usando su propio dinero para financiar un proyecto que podría, por ejemplo, despojarla de su vivienda en un proceso de gentrificación, o una obra que contamine en extremo su localidad.

Las AFOREs en México generan intereses importantes con las inversiones de riesgo que realizan: en 2026 los rendimientos netos (IRN) van de alrededor de 7.5% hasta más de 9.6% anual, dependiendo de la administradora y el grupo generacional. Estos beneficios financieros son para las empresas, mientras los trabajadores cargan con la incertidumbre de si ese dinero se traducirá en una pensión digna. Por ejemplo, Profuturo lidera en 8 de los 10 fondos generacionales, con rendimientos netos de hasta 9.61% anual; SURA ocupa el segundo lugar en varios fondos, con rendimientos cercanos al 8.8%–9%; XXI Banorte: destaca en los grupos más jóvenes, con rendimientos superiores al 9%; Inbursa y Coppel: lideran en los extremos de edad (60–64 años y pensionados), con rendimientos de 7.6%–7.75%. Las comisiones son prácticamente iguales en todas las AFOREs privadas (0.54% anual) y ligeramente menores en PensionISSSTE (0.52%).

Sin embargo, esos beneficios no se traducen en seguridad para los trabajadores, pues dependen de la especulación financiera. Las administradoras cobran comisiones fijas y aseguran sus ganancias, mientras el trabajador queda expuesto a la volatilidad del mercado y a que su pensión futura se reduzca o incluso se esfume.

Son estas estafas las que han motivado protestas en distintas latitudes. En Chile, por ejemplo, se creó la coordinadora NO+AFP para eliminar ese esquema que solamente enriquece a los capitalistas aún más con el sudor de la clase trabajadora.

¿Por qué cambiaron el sistema de pensiones?

Aunado a los motivos políticos que mencionamos anteriormente, el capitalismo se sostiene bajo el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Por ejemplo, como lo explica la economista Paula Bach:

De acuerdo con la explicación de The Economist, la reconstrucción posterior a la segunda posguerra y el rápido crecimiento alentaron un veloz incremento de la tasa de natalidad que nutrió la generación de los denominados “baby boomers”. A mediados de la década del 60, estos hijos del boom se incorporaron a la fuerza de trabajo pero luego la tasa de nacimientos decreció y a esta altura, aquellos niños, ya se están jubilando. A su vez, las bajas tasas de natalidad se combinan con un incremento de las tasas de longevidad, cuestión que se traduce en un alto “costo” para la sociedad. [1]

Es decir, para los capitalistas, la culpa de que no se obtenga la misma cantidad de ganancias se debe a que la propia población mundial no sólo ha envejecido, sino que ya no tienen tantos hijos y la esperanza de vida ha ido en aumento. Por ello, sostener a esas generaciones de adultos mayores se vuelve un gasto cada vez más pesado para ellos.

En particular en México, la verdadera razón es que con el dinero de las pensiones se desviaban los fondos para las campañas políticas. Confiados en que la esperanza de vida no incrementaría, se mantuvieron ajustados a la idea de que la edad de mortandad rondaría los 60 años y no se tendrían que preocupar de otorgar una gran cantidad de pensiones.

Ante el déficit que se suscitaría una vez se vieran insuficientes esos fondos, la solución fue el ajuste. Descargando esa crisis en las espaldas de los trabajadores, esa es la razón por la cual las generaciones que no nos pensionamos bajo el régimen del 73 tenemos que buscar una empresa que quiera "gestionar" nuestros ahorros (y especular con ellos en lo que nos jubilamos, incrementos crediticios que nosotros no podremos disfrutar pero ellos sí).

¿Qué se puede hacer al respecto?

Esta situación, empero, no es perpetua. La movilización de las y los trabajadores exigiendo un sistema de pensiones dignas gestionadas por los trabajadores del Estado de manera democrática y con un salario que permita sostener a los adultos mayores equivalente por lo menos al costo de la canasta básica e indexado periódicamente conforme a la inflación es una manera de frenar las estafas que las empresas de "ahorros" hacen con nuestro dinero.

Para ello es importante no sólo retomar la solidaridad de la clase trabajadora en su conjunto, sino realizando acciones concretas, como lo son la huelga y el paro en exigencia a las direcciones sindicales para que exijan el fin del sistema privado de pensiones y todos los trabajadores podamos acceder a una pensión pública digna.

Lejos del fantasma de Argentina, que en 2008 eliminó las AFOREs y cuyas consecuencias se usan por la derecha para "advertir" del peligro de eliminar este sistema, desde La Izquierda Diario México sostenemos que un sistema único de pensiones se puede sostener sobre la base de impuestos progresivos a las grandes fortunas, una medida que el gobierno de "izquierda" de los Kircher, pagador serial de la deuda externa odiosa que contrajo la dictadura de Videla, nunca se propuso tomar.

En resumen: sí nos podremos jubilar, pero sólo mediante la organización independiente de los trabajadores con respecto a los partidos del congreso, desde la derecha neoliberal integrada por el PRI y el PAN hasta el Morena y sus allegados de la 4T, quienes abiertamente no pretenden "expropiar ni un tornillo" a los grandes capitalistas que se enriquecen con nuestro trabajo.[1] Bach,P. (2016) "Estancamiento secular, fundamentos y dinámica de la crisis" en Estrategia Internacional N° 29, págs. 184-85.