De El Blog de Izquierda
El PRI sí obtuvo sus tarjetas de Monex por medio de la empresa fantasma Atama.
De acuerdo con una nota de Reforma, fue el propio representante legal de Alkino Servicios y Calidad, única empresa reconocida por el PRI para la compra de tarjetas de Monex, quien admitió que tramitó el financiamiento para las tarjetas de Monex por 66.3 millones de pesos por medio de Comercializadora Atama.
Atama es acusada por Andrés Manuel López Obrador de ser una de las empresas fantasma que triangularon fondos para la compra de tarjetas de Monex para la campaña de Enrique Peña Nieto.
"Atama fue quien encontró este sistema de envío del dinero, y ellos se los consiguieron (al PRI); como quien dice, ellos nos dieron el servicio, y nosotros, a su vez, lo pasamos al PRI", declaró en entrevista para Reforma el representante legal de Alkino, Rodolfo Antonio Jumilla.
"El PRI se acercó a nosotros como empresa que somos, que es Alkino, para que les buscáramos una estructura de cómo mandar el dinero o conseguirles el dinero en este caso, el PRI acercándose a nosotros, nos dimos a la tarea de buscar cómo conseguir ese dinero mediante préstamos", señaló.
Pero Atama, constituída el 27 de octubre de 2006, resultó tener como socios a Juan Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales. Ambos eran trabajadores de construcción, sin capital para iniciar una empresa, y el primero de ellos murió hace dos años, mientras que el segundo no tiene empleo fijo y se desempeña realizando trabajos informales.
Ambos nombres aparecen también como los socios de Grupo Comercial Inizzio, que fue la empresa que facturó parte de las tarjetas de Monex y que también es considerada como empresa fantasma.
La coalición Movimiento Progresista denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Atama e Inizzio triangularon recursos de Monex para el PRI y pidió investigar las operaciones.
El representante legal de Alkino asegura que el PRI no les ha terminado de pagar los 3 millones 652 mil pesos por sus servicios, facturados en dos facturas: la 0527, por un millón 450 mil 455 pesos más IVA por el concepto de Servicios de Desarrollo (diseño e implementación de soluciones de negocios para buscar quién financiara el crédito) y la 0528, por 2 millones 201 mil 946 pesos, por el mismo concepto.
Lo más extraño del caso es que el contrato con Atama fue un "contrato de préstamo comercial con intereses y servicios accesorios". Esto a pesar de que los socios de Atama no tenían recursos o actividad comercial como para hacer ese tipo de servicios.
Reforma indica que el nombre de la persona que tuvo el contacto directo para el contrato con el PRI fue Diana Beatriz Gil Rodríguez, administradora única de Alkino.
Alkino indicó que el monto del financiamiento al PRI no lo tendría que dar a conocer Atama, ya que, dice, lo único que hizo Alkino fue recger el dinero y enviarlo, ya que sólo fungen como intermediarios.
"Nosotros llegamos a Atama, quien fue quien encontró este sistema de envío del dinero y ellos se los consiguieron, como quien dice ellos nos dieron el servicio y nosotros a su vez lo pasamos al PRI", afirma Alkino, asegurando que el dinero salió directamente de Atama.
Esto contradice las declaraciones del PRI, en las cuales afirman que sólo tuvo tratos con Alkino y no con otras empresas.
Rodolfo Antonio Jumilla proporcionó una dirección a Reforma para buscar a Francisco González Romero, quien sería el apoderado legal de la empresa Atama.
El domicilio proporcionado por Jumilla es el 316 de la calle Homero, despacho 1004, en Polanco, misma que aparece en las facturas de 46.2 millones de pesos entre Inizzio y Monex para la compra de las tarjetas.
Pero en esa dirección funciona el consultorio dental de María del Rocío Lozada Neyra, hermana del presunto dueño de Inizzio.
Cabe señalar que en entrevista radiofónica, el diputado federal priista Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, alegó que el PRI no es responsable de las relaciones de la empresa Alkino con terceros, y que los contratos del PRI son con Alkino y no con empresas fantasma.
Pero segun Alkino, el trato fue entre Atama y el PRI, puesto que Alkino sólo actuó como intermediario.
De acuerdo con una nota de Reforma, fue el propio representante legal de Alkino Servicios y Calidad, única empresa reconocida por el PRI para la compra de tarjetas de Monex, quien admitió que tramitó el financiamiento para las tarjetas de Monex por 66.3 millones de pesos por medio de Comercializadora Atama.
Atama es acusada por Andrés Manuel López Obrador de ser una de las empresas fantasma que triangularon fondos para la compra de tarjetas de Monex para la campaña de Enrique Peña Nieto.
"Atama fue quien encontró este sistema de envío del dinero, y ellos se los consiguieron (al PRI); como quien dice, ellos nos dieron el servicio, y nosotros, a su vez, lo pasamos al PRI", declaró en entrevista para Reforma el representante legal de Alkino, Rodolfo Antonio Jumilla.
"El PRI se acercó a nosotros como empresa que somos, que es Alkino, para que les buscáramos una estructura de cómo mandar el dinero o conseguirles el dinero en este caso, el PRI acercándose a nosotros, nos dimos a la tarea de buscar cómo conseguir ese dinero mediante préstamos", señaló.
Pero Atama, constituída el 27 de octubre de 2006, resultó tener como socios a Juan Óscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales. Ambos eran trabajadores de construcción, sin capital para iniciar una empresa, y el primero de ellos murió hace dos años, mientras que el segundo no tiene empleo fijo y se desempeña realizando trabajos informales.
Ambos nombres aparecen también como los socios de Grupo Comercial Inizzio, que fue la empresa que facturó parte de las tarjetas de Monex y que también es considerada como empresa fantasma.
La coalición Movimiento Progresista denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que Atama e Inizzio triangularon recursos de Monex para el PRI y pidió investigar las operaciones.
El representante legal de Alkino asegura que el PRI no les ha terminado de pagar los 3 millones 652 mil pesos por sus servicios, facturados en dos facturas: la 0527, por un millón 450 mil 455 pesos más IVA por el concepto de Servicios de Desarrollo (diseño e implementación de soluciones de negocios para buscar quién financiara el crédito) y la 0528, por 2 millones 201 mil 946 pesos, por el mismo concepto.
Lo más extraño del caso es que el contrato con Atama fue un "contrato de préstamo comercial con intereses y servicios accesorios". Esto a pesar de que los socios de Atama no tenían recursos o actividad comercial como para hacer ese tipo de servicios.
Reforma indica que el nombre de la persona que tuvo el contacto directo para el contrato con el PRI fue Diana Beatriz Gil Rodríguez, administradora única de Alkino.
Alkino indicó que el monto del financiamiento al PRI no lo tendría que dar a conocer Atama, ya que, dice, lo único que hizo Alkino fue recger el dinero y enviarlo, ya que sólo fungen como intermediarios.
"Nosotros llegamos a Atama, quien fue quien encontró este sistema de envío del dinero y ellos se los consiguieron, como quien dice ellos nos dieron el servicio y nosotros a su vez lo pasamos al PRI", afirma Alkino, asegurando que el dinero salió directamente de Atama.
Esto contradice las declaraciones del PRI, en las cuales afirman que sólo tuvo tratos con Alkino y no con otras empresas.
Rodolfo Antonio Jumilla proporcionó una dirección a Reforma para buscar a Francisco González Romero, quien sería el apoderado legal de la empresa Atama.
El domicilio proporcionado por Jumilla es el 316 de la calle Homero, despacho 1004, en Polanco, misma que aparece en las facturas de 46.2 millones de pesos entre Inizzio y Monex para la compra de las tarjetas.
Pero en esa dirección funciona el consultorio dental de María del Rocío Lozada Neyra, hermana del presunto dueño de Inizzio.
Cabe señalar que en entrevista radiofónica, el diputado federal priista Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, alegó que el PRI no es responsable de las relaciones de la empresa Alkino con terceros, y que los contratos del PRI son con Alkino y no con empresas fantasma.
Pero segun Alkino, el trato fue entre Atama y el PRI, puesto que Alkino sólo actuó como intermediario.
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