De Zócalo Saltillo
Indicador Político
Carlos Ramírez
El inicio del sexenio de presidente Enrique Peña Nieto tendrá en la
seguridad el aspecto central de su gestión por la sencilla razón de que
el fondo del problema localiza una disputa por el Estado entre las
bandas criminales y el gobierno legalmente constituido.
No ha habido términos medios: Los cárteles de la droga se asentaron en
espacios territoriales del Estado para instaurar sus propias reglas y
derogar las derivadas del Estado mexicano. Así, las bandas del crimen
organizado crearon su propia administración pública, reglas políticas y
legalidad. De ahí la importancia de la decisión del presidente Calderón
de lanzar la ofensiva de seguridad contra el crimen organizado para
recuperar las zonas del Estado expropiadas por los narcos.
El nuevo gobierno de Peña Nieto tendrá un escenario estrecho pero con
posibilidades inexplotadas. Calderón enfatizó el combate contra las
bandas criminales pero sin estrategias integrales de prevención ni de
reinstalación de las leyes del Estado. De ahí que la estrategia se haya
ahogado en el debate simplemente policiaco, de seguridad. Al discurso
estatal le faltó la fundamentación política: La defensa del sistema
democrático que los narcos han querido sustituir por el sistema de
dominación por la violencia.
La definición de la estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto
tiene a la vista tres modelos de crisis de inseguridad en tres gobiernos
estatales priístas: Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. El primero
representa el Estado recuperado, el segundo exhibe el Estado en disputa y
el tercero es el Estado fallido.
Al terminar el sexenio del gobernador Eugenio Hernández Tamaulipas
estaba en poder del crimen organizado; el propio mandatario se había
replegado a sus oficinas; a ello se agregaban datos que surgieron
después: la connivencia del propio gobernador con las bandas de
narcotraficantes, El punto explosivo fue el asesinato, hace dos años,
del candidato priísta a gobernador Rodolfo Torre Cantú en una emboscada
de los propios narcos.
En dos años, el gobernador Egidio Torre Cantú --hermano del político
asesinado cobardemente-- logró recuperar las partes territoriales en
poder del crimen organizado. No fue una batalla fácil; con el apoyo del
ejército expulsó a las bandas de zonas como San Fernando y Ciudad Mier.
El gobernador operó también las partes política y social: inversiones y
presencia. Del Gobierno federal obtuvo sólo la ayuda en seguridad, no en
educación, salud, empleo y bienestar.
En su segundo informe de gobierno la semana pasada, Torre Cantú
exhibieron los logros pero también los desafíos: La lucha contra el
crimen organizado no se agota en el combate a balazos sino que exige la
restauración del Estado y su autoridad y la reinstauración de los
tejidos sociales y políticos. El modelo Tamaulipas muestra la
recuperación del Estado pero necesita de mayores apoyos federales.
En cambio, en Michoacán --recuperado por el PRI de manos del PRD-- se
presenta el Estado en disputa: Las banas criminales se asentaron en la
zona no sólo por la pasividad y complicidad de la sociedad y obviamente
de las autoridades políticas, sino por el enfoque político de la
izquierda al asumir la delincuencia como una expresión política. Lo
grave en Michoacán se encuentra en lo que bien podría llamarse la
narcocristiada, una alianza de bandas criminales con expresiones
religiosas cristianas del medioevo. La definición de cárteles como Los
Caballeros Templarios o La Familia Mexicana se basa en la utilización de
la religión no sólo como forma de absorber a la sociedad sino como una
manera de santificar el crimen.
El nuevo gobierno priísta de Fausto Vallejo ha sido rebasado por la
herencia de pasividad perredista en seguridad; de ahí el simbolismo de
que el medio hermano del gobernador anterior Leonel Godoy, Julio César
Godoy, haya sido ungido como diputado perredista a pesar de las
evidencias de la PGR de que trabajaba para el narco, que haya sido
destituido como legislador por esas pruebas y que hoy mismo sea un
narcopolítico prófugo de la justicia. El desafío del nuevo gobernador
priísta radica en romper con esas complicidades político-criminales
justificadas con la política y los derechos humanos.
Veracruz es el Estado fallido: la herencia del gobernador Fidel Herrera
Beltrán fue el asentamiento del narco en el estado y el nuevo gobierno
de Javier Duarte careció de un programa de reorganización de la
seguridad. La criminalidad ha pegado en uno de los sectores más
sensibles de la sociedad: Los medios de comunicación que se dedicaron a
denunciar la descomposición social y el auge de la criminalidad. Si
Tamaulipas combatió el crimen hombro con hombro con el ejército y
Michoacán parece decidido a quitarle el estado a los narcos, en Veracruz
no existe una verdadera estrategia de seguridad.
El gobierno de Peña Nieto encontrará en estados gobernados por el PRI
los prototipos de los saldos de la estrategia calderonista de seguridad.
Si bien el objetivo fue combatir a los narcos, la estrategia se centró
en lo policiaco y se olvidó de lo social y lo político: el desarrollo
social, la educación, la salud, el trabajo, la empresa y la limpieza de
los establos políticos.
En las versiones modernas de la ciencia política, el Estado es más que
el monopolio de la fuerza que establecía Gramsci. El politólogo
Alessandro Passerin D´Entrèves señala las tres tareas fundamentales del
Estado; como fuerza, como poder y como autoridad, las tres que fueron
conculcadas por el crimen organizado desde 1984. De ahí que no todo deba
ser la reorganización administrativa o la concentración de fuerzas,
sino el trabajo social y político que debe consolidar la recuperación de
la soberanía del Estado en zonas territoriales expropiadas por el
crimen organizado.
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