De Índice Político
Estado de los ESTADOS
• Estado de excepción
• Masacre, “legitima defensa”: FCH
• Giras de cierre sexenal sin brújula
• ONU exige a México abolir arraigo
• Lo dicho: Murillo Karam va a PGR
• ¿Burla o inconsciencia de Saynez?
• “Todos al Ángel”, convoca Morena
Noviembre 23, l2012.- Las últimas giras de Felipe Calderón,
realizadas sin ton ni son, se han convertido para el michoacano en un
amargo adiós, en el que el tema central, al igual que a lo largo de su
gestión, fue su “guerra al narcotráfico”. No puede ser de otra manera
pues no hay otro rubro que destacar, su sexenio tuvo el signo de la
muerte, desde el principio hasta el final. Lo mismo en Sinaloa, que en
Veracruz, Michoacán o Quintana Roo, el inquilino de Los Pinos ha
dedicado los últimos días de su gestión a justificar su fracaso en
materia de seguridad, la carnicería que desató su declaración bélica a
los cárteles de la droga y las múltiples violaciones a los derechos
humanos que se cometieron a lo largo su administración, con frases
elaboradas por sus propagandistas como “el Estado Mexicano actúo en
legitima defensa” y “se golpeó como nunca antes” las estructuras
logísticas y financieras del crimen organizado, las cuales no se apegan
para nada a la realidad.
En Michoacán, uno de los cárteles que no logró desarticular, el de
“Los Caballeros Templarios”, lo despidió esta semana con narcomantas;
volantes y carteles se distribuyeron en comunidades rurales y cabeceras
de al menos una decenas de municipios de Guanajuato, Guerrero y el
Estado de México, en los que le reprocharon la guerra emprendida en
contra de los grupos delictivos. Los recorridos para presuntamente
inaugurar obras de salud o de infraestructura vial, menores todos ellas
que no justifican el enorme gasto federal, fueron opacadas por las
justificaciones del michoacano que no encontró argumentos para
disculparse ante el pueblo mexicano, pero si siguió insistiendo en que
“cumplió” con su deber.
En Veracruz, felicitó a las fuerzas armadas por secundarlo
ilegalmente en labores policíacas que no les corresponde; en Quintana
Roo, sólo fue a supervisar el puente fronterizo Subteniente López II
“Chactemal”, en el que dice que se invirtieron 180 millones de pesos, y
que servirá para fortalecer el intercambio comercial entre México y
Belice. En Chetumal volvió a defender su “ocurrencia” de cambiar el
nombre al país de Estados Unidos Mexicanos a simplemente México; en
Ciudad del Carmen, Campeche, tuvo otra “genial” ocurrencia, poner en
marcha la obra de un boulevar que llevará el nombre de Juan Camilo
Mouriño, quien fuera su secretario de Gobernación y a quien le tuviera
un gran cariño. No importa que la actuación en la administración pública
federal del funcionario fallecido en un lamentable y todavía no
aclarado accidente aéreo fuera sumamente cuestionada, sobre todo por
favorecer los intereses económicos de su familia, ligados a empresas
españolas.
Hacia mucho tiempo que un gobierno federal no gastaba tanto para
alcanzar tan pobres resultados. Los saldos que deja y los pendientes que
hereda son muchos, particularmente en el área de seguridad pública, sin
dejar de destacar una Nación completamente endeudada con una economía
en franca desaceleración que sigue golpeando al empleo y a los
trabajadores mexicanos.
GRAN DESAFIO EN SEGURIDAD
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús
Murillo Karam, será el procurador general de la República al arrancar el
gobierno de Enrique Peña Nieto. El hidalguense solicitará licencia a su
encargo a partir del martes 4 de diciembre, una vez que haya presidido,
el día 1 de diciembre, la sesión solemne de toma de protesta de Enrique
Peña Nieto como Presidente de la República. Su trabajo, coordinado con
el de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación, será
delicado y sumamente complejo por las condiciones de inseguridad que
imperan en todo el país y las violaciones a los derechos humanos que
deja la gestión calderonista, en la que prevalecieron y se incrementaron
los casos de tortura, cateos ilegales, personas desaparecidas,
detenciones arbitrarias, una grave crisis penitenciaria y fugas de reos,
entre otros, que metieron a México en un régimen de “estado de
excepción” de facto, aunque no se hayan cumplido los requisitos legales
para tal efecto.
Como consecuencia de la ilegal utilización de las fuerzas armadas
contra los cárteles de las drogas, durante el agónico sexenio
calderonista hubo un grave retroceso en este rubro porque el área de
seguridad pública no dio el resultado al verse relacionada a casos de
violaciones en la materia. Ante este escenario, Felipe Calderón deja un
enorme reto al grado que tanto al interior del país como desde el
exterior urgen atender, comenzando por mejorar la impartición y
procuración de justicia, porque han imperado la corrupción, el
influyentismo, la complicidad y la impunidad.
Se ha demostrado fehacientemente que a lo largo del régimen
calderonista hubo un incremento exponencial de casos de tortura, cateos
ilegales, personas desaparecidas, detenciones arbitrarias, entre otras,
no obstante el gasto exagerado para seguridad pública. En entidades de
la República que ya enfrentaban condiciones inusitadas, con regiones en
donde la gente vivía con gran tranquilidad, ahora sobreviven en
condiciones de inseguridad que no tenían. Para el Ombudsman nacional
Raúl Plascencia “la incidencia delictiva se fue a las nubes, la
violencia por parte de los delincuentes se vio cada vez más acentuada,
las violaciones a los derechos humanos se incrementaron”. Añadió que “no
hubo el éxito esperado, no hubo resultados y lo que si hubo fue un
gasto exorbitante destinado a la seguridad pública y resultados
verdaderamente contrarios a lo que la sociedad esperaba”.
Un buen inicio para la administración de Peña Nieto sería atender
cabalmente la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU de
abolir la figura del arraigo e impulsar la aprobación de una Ley general
sobre desapariciones forzadas. Hay que recordar que la administración
calderonista impulsó en 2008 elevar a rango constitucional la figura del
arraigo, la cual también fue avalada en varias entidades de la
República. Este hecho tuvo un efecto contraproducente al que dicen se
buscaba, es decir que propició un aumento progresivo de desapariciones
forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos
criminales o particulares que actuaron con el apoyo directo o indirecto
de agentes del Estado, en amplias regiones del país, entre las que
destacan los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y
Tamaulipas.
Se abandonó así la investigación de casos de desapariciones forzadas,
las cuales únicamente fueron archivadas y congeladas. Los responsables
de dichas desapariciones fueron cubiertos por la negligencia de las
autoridades (in) competentes y eludieron fácilmente cualquier tipo de
sanción. La indolencia exhibida por los tres niveles de gobierno
permitió un alarmante aumento del uso de la tortura durante
interrogatorios de personas sometidas a detenciones arbitrarias por
efectivos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado en el
marco de la guerra contra los cárteles de la droga. Se hizo una
costumbre que durante el periodo anterior a la entrega al Ministerio
Público se infligiese tortura y malos tratos a los detenidos con el
propósito de obtener confesiones forzadas y declaraciones
autoinculpatorias que posteriormente fueron utilizadas para encubrir
múltiples irregularidades cometidas durante la detención.
Ante estas prácticas, el CAT de la ONU urgió al Estado mexicano a
modificar su Código de Justicia Militar de conformidad con las
sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el propósito de
excluir la competencia de la jurisdicción militar para juzgar sobre
casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los
que haya militares involucrados. Pidió a las autoridades mexicanas
permitir la realización de exámenes médicos independientes cuando así lo
solicite el sospechoso ante el tribunal. En el ámbito legal, demandó
modificar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura a fin de
que la definición de tortura abarque todos los elementos que figuran en
el Artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pidió que las entidades federativas
tipifiquen los actos de tortura; que garanticen que el delito de tortura
no prescriba y que se conforme un registro centralizado de denuncias de
tortura y malos tratos.
La lista de recomendaciones del CAT es amplia: cumplir con el
Protocolo de Estambul; aprobar una Ley de Justicia para Adolescentes;
mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos y centros
para migrantes; redoblar esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar
la violencia contra las mujeres, incluidos los asesinatos y
desapariciones por motivos de género y llamó a cumplir con las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese ámbito;
instó a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad e
integridad física de defensores de derechos humanos y periodistas; pidió
acelerar el mecanismo de protección previsto en la ley en la materia.
Los políticos hidalguenses a cargo de la SG y la PGR están obligados a
trabajar eficientemente para encabezar los esfuerzos a fin de atender
la petición del Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) de abolir la figura del arraigo e impulsar una
ley general sobre desapariciones forzadas. El cambio de fisonomía del
área de seguridad pública al mando de la Secretaría de Gobernación, que
quedará a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, y la Procuraduría General
de la República, con Jesús Murillo Karam al frente, tienen que dar
mejores resultados. Sin embargo, hay riesgos que deben tomarse en
cuenta, como el que se refiere a la incorporación de la Policía Federal a
la Secretaría de Gobernación que puede llevarla a convertirse en una
“Policía política”, tal y como lo han denunciado dirigentes de
oposición.
DEROGAR ARRAIGO: MC
En la Cámara de Diputados ya se presentó una iniciativa para que la
figura de arraigo sea derogada por considerarse que constituye una forma
de detención arbitraria que viola los derechos de libertad personal,
legalidad y presunción de inocencia, así como las garantías de debido
proceso y el derecho a un recurso efectivo. El vicecoordinador de la
bancada del Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Ricardo Mejía Berdeja,
presentó dicha iniciativa con el fundamento de que durante el arraigo,
los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos,
sus familias, abogados y servicios médicos independientes que agravan su
aislamiento y acrecienta la dificultad para presentar denuncias por
tortura o tratos que no son ajustados a derecho.
Mejía sustentó que en el gobierno de Calderón el número de órdenes de
arraigo concedidas por el Ministerio Público federal aumentó de 542 en
el 2006 a casi dos mil en el 2010. Además, dijo, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos ha recibido más de mil denuncias relacionadas con
órdenes de arraigo ejecutas por la Procuraduría General de la República
(PGR) entre 2009 y 2011. El legislador coahuilense reprobó que la figura
del arraigo implica que “primero te detengo y luego te investigo”, con
lo que la persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica
clara, “ya que no es indiciada ni inculpada; lo que es más, ni siquiera
está vinculada a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de
la liberad para ponerla a plena disposición de la autoridad
investigadora”.
¿BURLA O INCONSCIENCIA?
Si no se tratara de un asunto de extremada seriedad provocaría risas y
burlas la declaración del secretario de Marina Armada de México,
Mariano Francisco Saynez Mendoza, a Felipe Calderón, durante un acto en
la escuela naval en Veracruz, donde le expresó: “Gracias mi Comandante,
misión cumplida”, y le aseguró que los marinos se sienten orgullosos de
haber servido a la Patria bajo su mando, cuando los resultados de la
dirigencia del “comandante Calderón” en la guerra contra los cárteles de
la droga son a todas luces adversas para el país.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico que emprendió la
administración calderonista desde diciembre de 2006 –y hasta octubre de
2012- soldados, marinos, cabos, sargentos, subtenientes, tenientes,
capitanes y coroneles forman parte de los 395 elementos que las
secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina Armada de
México (Semar) admiten que fueron asesinados, sin contar con los 137
efectivos de las fuerzas armadas que fueron reportados como
desaparecidos en 28 entidades del país. Los militares y marinos
perdieron la vida en una guerra estúpida y cayeron bajo impactos de arma
de fuego y punzocortantes, por descargas eléctricas, ahogados,
asfixiados, por contusiones en la cabeza, por golpes de calor,
atropellamiento, deshidratación y accidentes automovilísticos, aéreos o
en alta mar.
Todo lo anterior sin contar los más de 150 mil cadáveres que dejo
esta guerra irregular de baja intensidad pero graves perdidas, no sólo
materiales, sino sobre todo humanas. Felipe Calderón sigue
justificándose, sin que por equivocación se le ocurra pedir disculpas al
pueblo de México, señalando falazmente que el crimen organizado
representaba la principal amenaza para la seguridad interior del país
por lo que como titular del Ejecutivo federal actuó en “legítima
defensa”. Nada más falso. También miente cuando señala que “se golpeó
como nunca antes” las estructuras logísticas y financieras de los
cárteles de la droga, cuando los reportes de inteligencia señalan que
las organizaciones criminales aumentaron su fortaleza y capacidad de
fuego y sus recursos financieros fueron ampliados exponencialmente
durante esta administración.
DE LOS PASILLOS
Andrés Manuel López Obrador informó en su cuenta de Twitter que las
manifestaciones por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como
Presidente de la República se realizarán a partir de las 11 horas en las
capitales de los estados de la República, incluyendo la Ciudad de
México… Todos al Ángel de la Independencia el sábado 1 de diciembre a
las 10 de la mañana. ¡Peña Nieto no ganó las elecciones; las compró!,
escribió en su cuenta de Twitter Martín Batres, presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El
dirigente opositor señaló en una entrevista de radio que realizarán ese
día protestas en las 32 entidades de la República contra Enrique Peña
Nieto. Explicó que en el monumento a la Independencia se leerá el
dictamen de un tribunal popular y denunciarán las presuntas
irregularidades en la pasada elección presidencial.
Los datos que presentó Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función
Pública (SFP), son sólo la punta del iceberg de la corrupción que inundó
al país en el sexenio de Felipe Calderón. No obstante, son muestra de
la dimensión de la misma que será heredada al gobierno de Enrique Peña
Nieto. Según el funcionario, al menos 2 mil procesos “vivos” en materia
de actos de corrupción, que están en manos de jueces para su resolución,
serán heredados a la gestión federal que sigue. Lo peor es que hay el
riesgo de que con la eventual desaparición de la Función Pública, los
procesos iniciados queden sin efecto. Según Morgan, en este sexenio se
castigaron a 50 mil funcionaros públicos por actos de corrupción, y de
ellos 9 mil “fueron serios” y 600 “peces gordos”, es decir, directores
de área para arriba.
Un incendio en el tren conocido como “La Bestia”, provocó que miles
de migrantes permanezcan varados desde hace tres días en las vías
férreas en el Estado de Chiapas. Alrededor de 2 mil 500 migrantes
centroamericanos han estado durmiendo a la intemperie, a la espera de
que los trabajadores ferroviarios reemplacen un motor que estalló en
llamas a principios de esta semana… Maestros de la Sección 22 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) retiraron los
bloqueos que mantenían en 37 puntos carreteros del Estado de Oaxaca para
exigir al gobierno estatal la desaparición de la Sección 59 del SNTE,
la renuncia del director del Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca, del director de Seguridad Pública y la destitución del alcalde
de Mitla… Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los
Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como
presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los
Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y
100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9
de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en
el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
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