Editorial-La Jornada
Un sexenio desastroso
Mal se gestó la
administración que terminó ayer: desde el poder presidencial Vicente Fox
intervino en forma indebida en el proceso electoral de 2006 para
garantizar la continuidad de Acción Nacional e impedir la alternancia. A
ese designio se sumaron poderes corporativos privados que hicieron, de
manera abierta, campaña por Felipe Calderón, y a ello se agregó la falta
de pulcritud en el de-sempeño del Instituto Federal Electoral (IFE) y
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los
cuales, ante el margen mínimo de ventaja que los resultados oficiales
daban al candidato gubernamental sobre su más cercano competidor, se
negaron a realizar un recuento de los sufragios, una tarea que resultaba
indispensable para despejar dudas, otorgar legitimidad al ganador de la
elección y ahorrarle al país la fractura política que persiste hasta la
fecha...
Era improbable, pero no imposible, que un gobierno constituido sobre
tales fundamentos pudiera estar a la altura de las necesidades del país.
Se habría requerido, en todo caso, de voluntad política para escuchar
las críticas a los remanentes antidemocráticos, a la línea económica y
al creciente autoritarismo del régimen. Felipe Calderón no la tuvo. Por
el contrario, encabezó una administración formada por un pequeño grupo
de incondicionales, actuó sin tomar en cuenta a críticos y opositores y
desde las primeras semanas de su gobierno embarcó al país en un
conflicto armado que habría de costar –como se lo advirtieron desde un
inicio muchas voces de diversas orientaciones– miles de vidas, el
debilitamiento de las instituciones y violaciones masivas a los derechos
humanos de la población. Sin embargo, en el contexto de su cruzada
contra la delincuencia organizada, la administración calderonista sacrificó la soberanía nacional, gastó cantidades ingentes de dinero en aparatos de seguridad espectaculares pero ineficaces y generó una multiplicación de la violencia delictiva y del poderío de los criminales. Buena parte de los asesinados eran ciudadanos no involucrados en la delincuencia, y no pocos de ellos eran luchadores sociales, activistas de derechos humanos e informadores.
El Ejecutivo federal encabezado por Calderón fue señalado en
repetidas ocasiones por utilizar la procuración de justicia de manera
facciosa para golpear a adversarios políticos, como ocurrió con el michoacanazo
y las torvas filtraciones oficiales sobre pesquisas en torno a ex
gobernadores priístas. Por lo demás, de los miles de capturas de
presuntos delincuentes anunciadas por la autoridad, sólo un ínfimo
porcentaje desembocó en sentencias condenatorias y la administración
llegó a su fin en medio de una abierta confrontación entre la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) y con ambas instituciones en profunda crisis.
En el ámbito administrativo, condicionado y acotado por las alianzas
que hubo de realizar para ocupar la Presidencia a cualquier precio,
Calderón convivió con una corrupción siempre al alza, manejó las
finanzas con discrecionalidad, opacidad y derroche; toleró o propició
negocios tan escandalosos como el realizado por Repsol con la venta de
gas natural extranjero a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en
el que la corporación extranjera obtuvo un margen de ganancias de 16 mil
millones de dólares a costillas del erario nacional. Una obra
emblemática del sexenio que hoy termina es la Estela de Luz,
supuestamente erigida para conmemorar el bicentenario de la
Independencia y el centenario de la Revolución, inaugurada con un
retraso de más de un año y a un costo tres o cuatro veces superior al
originalmente presupuestado.
Por lo que hace a la economía, los saldos del calderonismo son
simétricamente inversos a las promesas de campaña del candidato Felipe
Calderón: estancamiento en vez de crecimiento; desempleo –abierto o
disfrazado– en lugar de creación de fuentes de trabajo; alzas de
impuestos y tarifas en vez de beneficios a los causantes; continuación
del proceso de concentración de la riqueza en unas cuantas manos e
indolencia ante la proliferación de la pobreza y la miseria. En el
terreno laboral, Calderón desarrolló una política de abierta hostilidad
contra los sindicatos independientes –el de mineros y metalúrgicos y el
Mexicano de Electricistas, principalmente– y coronó su sexenio
antiobrero con el envío al Legislativo de una iniciativa de reforma
laboral que cercenó derechos, extendió la indefensión de los asalariados
y preservó la opacidad y la falta de democracia en las cúpulas
sindicales leales al régimen.
En otros ámbitos los logros gubernamentales de los últimos seis años
constituyen una fabricación numérica: el crecimiento de los afiliados al
sistema público de salud no se traduce en mayor ni mejor cobertura, el
seguro popular –retomado del sexenio foxista– constituye una negación
del derecho a la salud, por cuanto es de paga y con un catálogo de
enfermedades muy limitado; se ha permitido un grave deterioro en la
calidad de la enseñanza que imparte el Estado, como lo muestran las
evaluaciones nacionales e internacionales y se ha alentado el
crecimiento de empresas privadas de enseñanza de dudosa calidad.
En estos seis años la soberanía nacional ha experimentado una merma
sostenida en diversos terrenos: por una parte se ha hecho entrega
excesiva y lesiva de territorio y recursos naturales a corporaciones
trasnacionales (particularmente en la minería y en la generación de
energía) y el Ejecutivo federal intentó abrir la industria petrolera a
la participación de empresas extranjeras. Por el otro, se ha permitido
la operación, en territorio nacional, de agentes de dependencias
policiales y de espionaje estadunidenses, se ha supeditado a
dependencias de seguridad a la fiscalización y coordinación de
Washington y se ha permitido que aeronaves militares no tripuladas
procedentes de la potencia vecina patrullen de manera regular en el
espacio aéreo nacional.
Por lo demás, el sexenio calderonista estuvo marcado por el traslado
sistemático de bienes, atribuciones y potestades de lo público a lo
privado: concesiones, ventas y subrogaciones han sido la norma, desde
autopistas y aeropuertos hasta guarderías. El periodo de gobierno que
terminó ayer no sólo será recordado por la extrema violencia, sino
también por el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y por
el incendio de la guardería ABC, ocurrido en un contexto de contratos
dudosos, omisiones de la normativa de seguridad y, sobre todo,
impunidad.
Tal es, en apretado balance, el resultado de un gobierno que empezó
mal, no quiso rectificar y al término de su gestión no entregó cuentas
claras y reales del desastre que dejó a su paso sino autoelogios y
descripciones triunfalistas de una nación imaginaria.
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