De Índice Político
Estado de los ESTADOS
• Crece el desempleo• Se perdieron 232 mil plazas en un mes
• Burocracia de angora con altos sueldos
• Funcionarios y magistrados consentidos
• Prisas para aprobar la reforma energética
• Nombres de los hombres del Dragon Mart
Enero 18, 2012.- El panorama nacional va enrareciéndose de nuevo
apenas a 50 días de haberse iniciado otra etapa gubernamental en la que
quienes aparecen en primera línea, a los que ya se creía con experiencia
suficiente para poder restaurar el orden pero fundamentalmente el
Estado de Derecho, dan muestras de no saber hacia dónde encaminar sus
pasos. A través de información oficial supimos de la detención de más de
700 supuestos delincuentes en los primeros 30 días y nada más. Tal vez
hubiese sido más creíble si hablan solo de unas cuantas decenas y
revelan los resultados de las investigaciones. El otro renglón
prioritario desde hace más de una década, el empleo, registra bajas que
alcanzaron en tan solo un mes las 232 mil plazas lo cual revela que
también existe un alarmante cierre de empresas o son muchas las que
enfrentan situaciones de crisis que les obligan a despedir a los
trabajadores.
De uno y otro tema solo tenemos declaraciones y buenas intenciones.
Con respecto a la seguridad el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam,
ha variado sus declaraciones en más de una ocasión y la última advierte
la necesidad de convertir a esa dependencia en una unidad de
investigación y no de acusación, con lo que esto quiera decir. Con
relación al empleo la cifra de la pérdida de plazas es alarmante si se
toma en consideración que tal registro obedece tan solo a un mes y el
del arranque gubernamental, en el que lo más visible ha sido siempre la
paralización de decisiones.
El baño de sangre, como revelamos a usted el día de ayer continúa y a
él se suman los 29 decesos de las últimas horas provocados por el frío.
Ante este panorama que se enriquece con datos que más adelante le damos
a conocer ¿es de vital importancia el ordenamiento rural o se trata
solo de otro efecto mediático que esperan pegue en el ánimo popular y
demuestre que se está trabajando? Por lo pronto y entre pactos y
acuerdos y diálogos y encuentros y muchos pero muchos discursos va
transcurriendo un tiempo que sigue desperdiciándose en renglones clave,
en los que le interesan a los ciudadanos, porque habrá que reconocer que
en otros avanzan como es el de imponer un IVA generalizado y la reforma
energética para poder contar con capitales extranjeros que les permitan
hacer uso de percepciones fuera de los presupuestos aprobados.
Así las cosas nada se dice sobre los reglamentos que deben acompañar
las reformas que ya han sido aprobadas aunque vale la pena señalar que
si algo ha habido a partir del sexenio de la tecnocracia, o sea del de
Miguel de Madrid, han sido reformas que solo han llevado al país a la
crisis. Ninguna resultó exitosa ni ha permitido el avance ni el
desarrollo nacional, ni siquiera la imposición de la ley en los delitos y
la fórmula se repite una y otra vez, como ejemplo está la de Víctimas
que como las otras nació insuficiente, coja. Se observan los oídos
sordos a reclamos que se repiten a cada día, a cada paso como es el de
las reclasificaciones de las tarifas eléctricas, los excesos que comete
la CFE en todo el país y en cada domicilio de los millones de familias
mexicanas, ni que decir de los gasolinazos y, de todo ello solo se
advierten “necesidades” para el gasto público aunque de él no se rindan
cuentas.
Si a las cifras de desempleo le agregamos el aumento al salario de
este año que ha sido de dos pesos con 43 centavos, ya se quedaron atrás y
muy lejos las promesas de campaña de EPN y sus intentos por llevar a la
práctica renglones propuestos por AMLO y que no dudó en repetir
públicamente haciéndolos pasar por suyos en el marco de un viraje que
resultó inexplicable y ahora se ve, falso. ¿Es necesario crear un
Instituto Nacional de Emprendedores? ¿Para qué? Dicen que para el
encadenamiento de las empresas y para el trabajo con universidades y
gobiernos estatales. ¿Eso qué será? Por lo pronto y como sintetizarían
antaño: “de lengua me como un plato”.
TRAMPOSA Y MEDIOCRE TRANSPARENCIA
La pretensión mediática del nuevo gobierno federal de “transparentar”
el patrimonio y los ingresos de su alta burocracia fracasó totalmente
al ponerse en evidencia ante la opinión pública que los sueldos y gastos
en servicios personales aumentan permanentemente en el sector público,
mientras que 6.7 millones de trabajadores en el país ganan apenas un
salario mínimo y la tercera parte de la Población Económicamente Activa
(PEA) tiene que refugiarse en la economía informal para sobrevivir. Los
reportes que pretendía “transparentar” los ingresos de los altos
burócratas federales, incluyendo al propio presidente Enrique Peña
Nieto, obligaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a precisar
que todos los secretarios integrantes del gabinete presidencial gozan de
una percepción mensual bruta por concepto de sueldos y salarios de 205
mil 122 pesos.
La SFP tuvo que explicar que una vez que se realizan las deducciones
aplicadas por ley, la percepción ordinaria mensual neta de todos los
secretarios de Estado es de 145 mil 284 pesos, aunque puede variar el
monto que reciban por diversas razones. La dependencia aclaró que además
de la percepción ordinaria mensual, algunos servidores públicos reciben
un pago por riesgo, en términos de lo establecido en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación. Dicho monto es determinado por
la propia SFP y no puede exceder del 30 por ciento de la percepción
ordinaria mensual por concepto de sueldos y salarios. En un comunicado,
la SFP precisó que los servidores públicos federales, incluyendo a los
integrantes del gabinete, tienen derecho a participar en el programa de
seguro de separación; en función de ello, explicó, deciden que un
porcentaje de su percepción ordinaria mensual se les retenga del pago de
nómina y se aporte directamente a dicho programa.
Además, a los integrantes de las fuerzas armadas se les autorizan
pagos adicionales a los que tienen derecho, de acuerdo con su antigüedad
en el servicio. El comunicado de esa dependencia subraya que el rubro
del sueldo mensual que los servidores públicos indican en sus
declaraciones iniciales de situación patrimonial tienen un carácter
exclusivamente informativo, es decir, únicamente mediático, toda vez que
la autoridad tiene la obligación de llevar a cabo el análisis de
variación de situación patrimonial considerando los pagos efectivamente
realizados al servidor público durante el periodo de consideración.
Las precisiones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) son
totalmente insuficientes para ocultar el hecho de que en el país hay más
de 25 mil servidores públicos cuyo ingreso supera el millón de pesos
anuales, lo que representa una erogación casi de 40 mil millones de
pesos anuales, mientras que el 13.5 por ciento de la Población
Económicamente Activa (PEA) recibe menos de un salario mínimo, de
acuerdo con un estudio desarrollado por el Centro de Investigación en
Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, plantel Estado de
México.
El hecho es que en el país predomina la opinión de que los
funcionarios públicos están “sobrepagados”. Si se lograra realizar una
disminución del 10 por ciento del presupuesto destinado a remuneraciones
de los funcionarios públicos, que ganan al menos un millón de pesos al
año, alcanzaría para pagar 178 mil salarios mínimos (3,948 mdp,
aproximadamente) de acuerdo con estimaciones referidas en el estudio
“2012: los retos de México ante el cambio de Gobierno”, realizado por
José Luis de la Cruz, quien subraya que si se recortara el 15% del pago a
los funcionarios que perciben más de un millón de pesos al año, más de
800 mil mexicanos alcanzarían un salario mínimo.
Lo escandaloso de estos datos es inocultable: en este año, 2013, 31
funcionarios federales ganarán un sueldo base superior al que recibirá
el presidente Enrique Peña Nieto (2.5 mdp), pero si se toman en cuenta
las prestaciones de ley que recibirán los burócratas, la cifra crece a
mil 315 servidores públicos con un salario bruto superior al del titular
del Ejecutivo Federal (3.3 mdp), a pesar del decreto emitido en 2009
que prohíbe que los trabajadores de los tres poderes del gobierno ganen
más que el Presidente de la República. El diferencial se mantiene a
pesar de la reducción de 5 por ciento determinado por el decreto de
austeridad firmado el pasado 10 de diciembre.
La mayoría de los servidores que tendrán un salario superior a los
3.3 millones de pesos, de acuerdo con el Análisis de Plazas del Proyecto
de Egresos de la Federación 2013, corresponden al poder judicial y sólo
uno al Legislativo. Este año hay en esta privilegiada situación 21
funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mil 251 del
Consejo de la Judicatura, 42 del Tribunal Electoral y uno de la Cámara
de Diputados. Un total de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), 6 consejeros de la Judicatura Federal y 8
magistrados del Tribunal Electoral percibirán un salario mayor al del
titular del Ejecutivo Federal.
El salario anual base de esos funcionarios asciende a 4.2 millones de
pesos, más otros 1.9 millones repartidos entre prestaciones de ley
(pagos por riesgo, seguros a la persona, fondos de ahorro, seguridad
social y otros derivados de los contratos colectivos de trabajo), lo que
resulta en un salario bruto de 6.1 millones de pesos, casi el doble que
el del presidente de la República (3.3 millones).
El escándalo por las elevadas percepciones de la burocracia mexicana
rebasa nuestras fronteras pues los ingresos de los secretarios de Estado
en México son superiores a las de sus homólogos en los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
de acuerdo con datos de ese organismo que confirma que el salario
promedio de los secretarios mexicanos supera el de los ministros de las
mismas carteras en naciones como Estados Unidos, Bélgica Austria e
Islandia. Los funcionarios mexicanos ganan en promedio 205 mil 122
dólares anuales, casi el doble que sus contrapartes suecos, cuyo ingreso
al año es, en promedio, de 110 mil dólares.
La diferencia se aprecia mejor si tomamos en cuenta que el nivel de
los salarios de la alta burocracia mexicana representa 21 veces el
Producto Interno Bruto PIB per cápita nacional, mientras que en Suecia
equivalen a 2.3 veces. Incluso en Estados Unidos, las percepciones de
los titulares de los departamentos de Estado llegan a 155 mil dólares
anuales en promedio, lo que representa 3.3 veces su PIB per cápita.
Todos estos datos lo menos que provocan es el encabronamiento de los
trabajadores mexicanos, cuyo poder adquisitivo se ve cada día disminuido
debido a las políticas neoliberales aplicadas desde hace al menos cinco
sexenios. Y todavía a lo anterior tenemos que sumarle que, según
declaraciones del encargado de la Función Pública hay tres tipos de
declaraciones patrimoniales: la que no tiene montos y se revela, la que
sí los tiene y se guarda y una más que se usa cuando hay necesidad,
significando lo anterior que, mientras para todos los mexicanos que
pagamos los sueldos de los funcionarios solo existe una declaración y es
Hacienda la que determina si validez, los que nos son impuestos gozan
también de este muy marcado e ilegal privilegio.
PRIORITARIA, REFORMA ENERGÉTICA: VIDEGARAY
En este contexto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso,
anunció que una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones del
Congreso de la Unión, en 12 días más, el gobierno federal hará pública
su propuesta de reforma al sector energético, dominado ahora por las
empresas estatales del petróleo y la electricidad. El funcionario hizo
el anuncio ante directivos de empresas y gestores de los principales
fondos de inversión con interés en Latinoamérica, frente a quienes
señaló que el titular del Ejecutivo hará propuestas para impulsar
también la competencia en la industria de las telecomunicaciones, “desde
telefonía celular hasta medios de comunicación”.
Durante la clausura de la decimoséptima conferencia anual de
directores de empresa de América Latina, convocada por el Grupo
Santander, que reúne responsables de compañías industriales y de
servicios, así como a gestores de fondos de inversión con intereses en
la región, el funcionario señaló que después de las reformas laboral y
educativa, el siguiente paso en la agenda de reformas que impulsa el
gobierno federal involucrará a los sectores de telecomunicaciones y
energía. Las propuestas, dijo, serán conocidas a partir de que inicie el
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el 1 de febrero
próximo.
Videgaray explicó a los representantes empresariales que la propuesta
de reforma energética que haga el titular del Ejecutivo Federal será
resultado del trabajo político que realiza el gobierno federal con las
tres principales fuerzas electorales del país y las dirigencias del
Congreso en el marco del llamado Pacto por México, firmado el pasado 2
de diciembre.
El nuevo gobierno busca flexibilizar el “rígido marco regulatorio
vigente” en materia energética para, dijo, poder ofrecer a las empresas
asentadas en el país productos energéticos de calidad y a bajo costo.
Para tal fin, cuenta con el apoyo-complicidad de las dos principales
fuerzas de oposición, el PAN y el PRD, cuyos dirigentes, Gustavo Madero
Muñoz y Jesús Zambrano, respectivamente, se han destacado por poner a
sus organizaciones políticas al servicio del nuevo gobierno federal. En
cuanto al Partido de la Revolución Democrática, en su interior persiste
el conflicto generado por la firma de dicho pacto y la entrega de su
dirigencia nacional al peñanietismo. Los “chuchos” que dirigen al Sol
Azteca enfrentan fuertes resistencias para lograr dar la vuelta a la
página y concentrarse en la elección interna de sus candidatos a cargos
de elección popular para hacer frente a los 14 procesos electorales que
tendrán lugar el próximo 7 de julio, cuando se elegirán más de la mitad
de los presidentes municipales del país.
Al interior del PRD se pretende alcanzar un “acuerdo de transición”,
que será discutido el próximo martes 22 de enero, en una reunión de la
Comisión Política Nacional, según lo reveló Alejandro Sánchez Camacho,
secretario general del PRD, quien admitió que a pesar de que no existe
ninguna mesa de negociación con el PAN para formar alianzas electorales
que aumenten sus posibilidades de triunfo frente a los candidatos
priístas, las dirigencias estatales serán las que decidan si compiten o
no en coalición. Hasta el momento, sólo en el estado de Oaxaca el
Consejo Estatal del PRD tomó la decisión de coaligarse con el PAN. No
obstante, las pláticas para tal efecto están adelantadas en los estados
de Veracruz, Baja California y Durango.
En el caso del PAN, más que preocuparse por el grado de servidumbre
que han alcanzado con Gustavo Madero al arrancar el gobierno de Peña
Nieto, sus militantes están más inquietos por la “campaña de golpeteo”
que dicen les ha acarreado su apoyo al Pacto por México. Durante una
reunión con su dirigencia nacional, los senadores del PAN que han hecho
pública su molestia por la forma en que se firmó el Pacto por México,
pidieron a Gustavo Madero que a cambio de aprobar las reformas incluidas
en dicho pacto, exijan al gobierno federal y a los gobernadores
priístas la firma por escrito de un compromiso de que durante el proceso
electoral de este año no se gastarán recursos públicos para debilitar
el blanquiazul y fortalecer al PRI.
El senador Roberto Gil Zuarth sostuvo que no se puede aceptar todo lo
que dice el Pacto por México a pie puntillas y, al mismo tiempo,
tolerar que haya un “golpeteo” a Acción Nacional para demeritar los
logros de los gobiernos de ese partido. Ante esos reclamos, Madero Muñoz
prometió a sus legisladores que exigirán al gobierno federal “piso
parejo” durante las elecciones, pero les advirtió que el Pacto por
México “no debe ser rehén” de la agenda electoral.
DE LOS PASILLOS
Los jaloneos por el Dragon Mart continúan y sigue sin aparecer el
proyecto definitivo y serio que deberían presentar los interesados de
manera directa, los que aportarán capitales, los integrantes o
accionistas de la empresa de exhibición que promueven. El rostro de
Carlos Manuel Castillo Medrano, propietario del terreno no se ha visto
pese a que se sabe es nacido en Yucatán y tiene en esas tierras algunas
empresas. Hasta donde se conoce tiene el 45 por ciento de las acciones.
Están con otro 45 por ciento Luis Felipe Salas, José Luis Salas Cacho,
Miguel Pedraza y Juan Carlos López, quien aparece como director del
proyecto. Salvo en el caso de éste último tampoco se tienen antecedentes
de los otros tres, aunque habrá que resaltar que el cuarto accionista
tiene un pasado que ha despertado inquietud.
El único nombre de un chino que aparece es el de Hao Feng quien
también representa a ChinaMex con solamente un 10 por ciento de
acciones. Ya que estamos en el tiempo de la transparencia bueno sería
saber a detalle quienes forman una empresa que pretende llevar a cabo un
proyecto de esta naturaleza y de una vez por todas dejar asentado cual
sería su forma de operación. Para mantener solamente un 10 por ciento
accionario se antoja ridículo que el gobierno de Calderón, durante las
últimas semanas, hubiese aprobado cerca de 10 mil visas para el
internamiento de Orientales y que también se hable tanto de un país con
un porcentaje mínimo que sería el máximo en el momento de la adquisición
tanto de locales como de vivienda.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los
Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como
presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los
Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y
100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9
de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en
el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
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