De Zócalo Saltillo
Indicador Político
Carlos Ramírez
Así como el presidente George W. Bush aprobó leyes patrióticas para
perseguir terroristas o sospechosos de serlo pero violando derechos
humanos, ahora el presidente Barack Obama decidió acciones ejecutivas
para convertir a los doctores en policías para averiguar posesión de
armas de presuntos enfermos mentales.
En el fondo, las acciones ejecutivas del presidente de los EU sobre
control de armas se redujeron a querer reinstaurar la prohibición de
compra de armas de asalto y ninguna de ellas se refirió a la venta libre
de otras armas de fuego.
Las únicas restricciones son las que ya existían: Revisión de las solicitudes.
En este sentido, las decisiones de la Casa Blanca desencantaron a los
que esperaban restricciones para todas las armas y modificaciones a la
Segunda Enmienda.
Las veintitrés acciones ejecutivas y los cuatro objetivos se reducen a cuestiones muy concretas:
--Prohibir la venta de rifles de asalto que usan los militares y limitar capacidad a 10 balas.
--Vigilar el cumplimiento estricto de la información que se entrega para comprar armas.
--Vigilar que enfermos mentales no usen armas, aunque para ello se
convierta a los médicos en policías que pregunten a los enfermos si
tienen armas.
--Y poner en riesgo garantías individuales al utilizar conceptos como “personas potencialmente peligrosas”.
El debate abierto por el presidente Obama como efecto de la matanza de
niños en Newtown, Connecticut, dejó entrever la posibilidad de modificar
la Segunda Enmienda Constitucional de 1791 que establece la doctrina de
que el derecho a poseer armas es una condición para “la seguridad del
Estado”; es decir, que armas en manos de los ciudadanos fortalecen el
Estado. La Enmienda dice textualmente así: “Siendo necesaria una milicia
bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del
Pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.
Las decisiones ejecutivas de la Casa Blanca de hecho no modificaron la
posesión de armas sino que se buscarán que el Congreso sólo restaure las
restricciones de venta de armas de asalto de uso militar, tampoco
redujeron la posibilidad de posesión de armas y, eso sí, aumentaron los
mecanismos de vigilancia policiaca sobre los ciudadanos al establecer la
indagación del estado de salud mental de los ciudadanos para evitar que
algunos desquiciados usen las armas, a partir de datos oficiales de que
el 25% de los estadunidenses sufre alguna clase de problema de salud
mental.
Aunque la Casa Blanca considera que no existen restricciones legales
para obtener información de propiedad de armas en manos de potenciales
enfermos mentales, ello implicará una vigilancia policiaca que viola los
derechos de los ciudadanos porque la policía, en base a datos de los
médicos, pues establecer qué personas son “potencialmente peligrosas”,
igual que las leyes patrióticas de Bush decretaron posibilidades de que
la policía decida quién puede ser un terrorista sin pruebas legales.
El problema de resultado fue producto de las expectativas levantadas por
el gobierno de Obama para reformas la Segunda Enmienda. Pero la
oposición interna, mucho más allá de la Asociación Nacional del Rifle
--que aumentó su membresía en cien mil socios en las últimas semanas--,
tiene que ver con el hecho de que los casos de masacres estudiantiles
son menos que la seguridad que tienen millones de ciudadanos de poseer
armas como una forma de seguridad personal y de ahuyentar delincuentes.
La parte más importante de las decisiones de Obama, más allá del debate
sobre la prohibición a venta de rifles de asalto y cargadores de balas
no mayores a diez, tiene que ver con el papel de policías que deben de
jugar los médicos al examinar a posibles enfermos mentales en cualquier
grado e indagar si poseen armas. De acuerdo con algunos analistas, la
Ley de Asistencia Asequible, promulgada por Obama en el 2010 y diseñada
por republicanos, no contempla la posibilidad de preguntas que tienen
que ver con el criterio de “personas potencialmente peligrosas”, algo
que recuerda el cuento del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick
titulado “El informe de la minoría” y cuenta la historia de una policía
que tenía datos cibernéticos sobre delitos futuros y arrestaba a los
“potenciales” delincuentes.
Las iniciativas de la Casa Blanca pasan por alto dos hechos: La
mentalidad de violencia del ciudadano estadounidense como producto de la
doctrina militar de seguridad nacional y la carga histórica de que los
EU se consolidaron justamente por el uso de las armas por parte de sus
ciudadanos. Los muertos en balaceras en centros educativos no llegan a
doscientos, aunque el efecto mediático ha sido mayor. Y puestos a
elegir, la mayoría sigue pensando que la posesión particular de armas es
una seguridad ante el avance de la delincuencia.
Lo que se va a debatir también es el costo de la política antiarmas de
Obama, pues un cálculo de The Weekly Standard habla de cuatro mil 500
millones de dólares, sólo cuatro mil para los quince mil policías que
Obama quiere mantener en las calles.
La posesión ciudadana de armas es parte de la cultura histórica de los
estadounidenses y su modificación requiere de una reforma constitucional
hasta imposible de prever. La vinculación de armas con violencia es
correlativa con las políticas de guerra de los EU como potencia mundial:
Invadir Irak por venganza de Bush, atacar Afganistán para matar
terroristas, proteger a militares que matan civiles en operaciones de
guerra y celebraciones presidenciales por el asesinato de terroristas.
¿Por qué no salir completamente de Irak y Afganistán y prohibir más
invasiones por los más de cien mil civiles muertos?
Al final, Obama sólo comandó un acto mediático.
carlosramirezh@hotmail.com
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