De Índice Político
Estado de los ESTADOS
• Autoritarismo• Criminalizan protestas sociales
• Manifestaciones contra la CFE
• Protestas y bloqueos en estados
• Amparos en el limbo legaloide
• Impunes, ataques a periodistas
• EU desempolva el “moreirazo”
• Dan multota a Telmex y Telnor
Febrero 7, 2013.- Dentro de la amplia serie de factores que ni el
gobierno de Felipe Calderón ni ahora los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) tomaron en cuenta al decretar la
extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), resolver la legalidad de
dicha acción y arrojar a la calle de decenas de miles de trabajadores
electricistas, se encuentran no sólo las adversas consecuencias para los
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por dichas
acciones, sino las afectaciones para la población en general de las
regiones que atendía LFC, que de la noche a la mañana vio afectado su
nivel de vida con las altas tarifas y el pésimo servicio que presta la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la persecución contra los
usuarios cautivos, que han sido obligados a pagar facturas
estratosféricas que no corresponden a su consumo regular de energía
eléctrica.
Con la utilización de toda la fuerza del Estado, la CFE y el gobierno
federal han ido al extremo de criminalizar la protesta y han optado por
encarcelar a líderes sociales que se han opuesto al atraco oficial, a
través de las facturas, que realiza la CFE en contra de los usuarios,
con la complicidad de las autoridades federales. Lo injusto de esta
abusiva situación ha obligado a la población organizada a la
movilización social contra la altas tarifas eléctricas, como se registró
este jueves no sólo en la capital de la República, sino en los estados
de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Chiapas, en
donde se realizaron acciones de protesta también en contra de los
megaproyectos eólicos, mineros e hidroeléctricos que le representan
pingües ganancias a los funcionarios involucrados.
En la Ciudad de México, integrantes del Sindicato Mexicano de
Electricistas, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía
Eléctrica y de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas
tarifas, entre otras organizaciones, realizaron marchas de protesta por
diferentes vialidades y organizaron mítines frente a la Secretaría de
Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de
la Unión, en donde demandaron poner fin a los abusos de la Comisión
Federal de Electricidad en los cobros del servicio, parar la
criminalización de los usuarios amparados y los dirigentes del
movimiento, frenar la privatización de este servicio público y se
manifestaron en contra de los megaproyectos de empresa trasnacionales
que impulsa la CFE, además de solucionar el conflicto del Sindicato
Mexicano de Electricistas.
En la Secretaría de Gobernación, exigieron a la dependencia a cargo
de Miguel Ángel Osorio Chong, que no se criminalice la lucha social y no
se use la fuerza pública y “grupos de choque” contra esos movimientos.
Entregaron al subsecretario de Gobierno de la Segob, Luis Enrique
Miranda Nava, una lista de personas que enfrentan procesos penales,
promovidos por la Comisión Federal de Electricidad, “por su
participación en acciones de resistencia civil contra las altas tarifas
de energía eléctrica”. En la relación se enumeran los casos de siete
integrantes de Resistencia Civil de Agua Dulce Veracruz; cinco de la
Asamblea de Pueblos de Tehuantepec; dos de los frentes de los pueblos de
Puebla-Tlaxcala-Morelos; veinte de la organización Fuerza Social
Choapense; dos del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa; uno de
Resistencia Civil de Candelaria Campeche; un integrante de Luz y Fuerza
del Pueblo Chiapas; tres del Movimiento Amplio de Resistencia Civil
Chihuahua; uno del Frente de Consumidores de Chihuahua; y tres de la
Organización Resistencia Civil Indígena y Popular del Sur de Veracruz.
Los manifestantes pidieron a la Secretaría de Gobernación que se
ponga fin a las “amenazas de muerte” contra integrantes de esos grupos, y
exigieron que no haya cortes de luz y que se cancele la instalación de
medidores digitales, entre otras medidas. Los inconformes que marcharon
del Movimiento de la Revolución al Palacio de Bucarelí exigieron también
que se regule las tarifas de energía eléctrica.
Otros contingentes se desplazaron posteriormente a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en el centro histórico de la Ciudad de México,
y a la Cámara de Diputados también en protesta por los “cobros
excesivos” y el mal servicio que presta la CFE, por lo que demandaron
ante legisladores federales se aplique un “borrón y cuenta nueva” en los
adeudos que tienen con la paraestatal. Frente al Palacio Legislativo de
San Lázaro, integrantes del SME, amas de casa, trabajadores, y
simpatizantes de Morena, así como activistas de diversas organizaciones
sociales se pronunciaron por “no pagar la luz” y acusaron al gobierno
federal de “cobros locos” a través de la CFE.
Ante los diputados, al igual que lo hicieron en la Secretaría de
Gobernación, los manifestantes demandaron: “una tarifa social justa,
renacionalización de la industria eléctrica, electricidad como un
derecho humano, solución al conflicto del SME, no a la criminalización
de la protesta de los usuarios de energía eléctrica, libertad a los
presos políticos, alto a los cortes arbitrarios de luz, no a los
medidores digitales, borrón y cuenta nueva para los usuarios en
resistencia y no a la construcción de megaproyectos”.
Movilizaciones similares se reportaron también en Morelos, Puebla,
Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua y Chiapas. De acuerdo con los
reportes del Frente en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla
y Tlaxcala (FDTAMPT), se realizaron tres bloqueos carreteros: uno
intermitente en la carretera Cuautla-Oaxaca, a la altura de Huexca,
Morelos; otro permanente en la carretera federal México-Puebla a la
altura del pueblo de Zacatepec; y uno más en la autopista Tlaxcala-San
Martín Texmelucan, a la altura de la Trinidad, Tlaxcala. La
organización destacó que Huesca, Morelos, Zacatepec, Puebla, y La
Trinidad, Tlaxcala, son algunos de los más de 60 pueblos que serán
afectados por el megaproyecto que pretende imponer la CFE, el Proyecto
Integral Morelos, que incluye dos termoeléctricas en Huexca y un
gasoducto de 160 kilómetros que cruza partes de las tres entidades
mencionadas en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
La FDTAMPT explicó que las movilizaciones que se están realizando son
también en protesta contra la represión hacia los movimientos sociales y
por la cancelación de todas las demandas penales que hay en contra de
integrantes de los movimientos sociales; también, en apoyo a la
oposición a la construcción del parque eólico en San Dionisio, en el
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en donde ha sido golpeado el plantón que
indígenas zapotecas e ikjoots realizan en la colonia Álvaro Obregón para
impedir el paso de la maquinaria de las trasnacional Mareña Renovables,
así como en oposición a la construcción de la presa La Parota, en
Guerrero.
A su vez, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del
Istmo de Tehuantepec (UCIZONI) reportó que en Chihuahua los
manifestantes tomaron dos oficinas centrales de la CFE; en Campeche se
realizó un bloqueo intermitente de carretera en el entronque de
Candelaria, carretera federal; en Chiapas, se realizaron cuatro bloqueos
en la región fronteriza: en la entrada de Comitán, viniendo de
Guatemala a la altura de la colonia Chichima, junto al cuartel militar;
en la salida a San Cristóbal en la gasolinera de Quija y en la carretera
que va de Comitán a Villa las Rosas a la altura de la comunidad San
Cralampio, entronque con el Ejido Hidalgo.
Informaron también que en la región chiapaneca Selva-Ríos estaban
bloqueando en la carretera lagos de Montebello-Benemerito de las
Américas, a la altura del ejido Francisco I. Madero, municipio de La
Trinitaria; asimismo, en la entrada principal de Las Margaritas, a la
altura del aserradero; otro bloqueo se instaló en la región Sierra, en
la carretera Motozintla-Huixtla, a la altura del ejido Buenos; uno más,
en la región Norte, en playas de Catazajá, en donde se bloqueó la
carretera Escárcega-Villahermosa-Palenque, donde fueron retirados por
militares. En el estado de Veracruz, se bloqueó la carretera federal
Acayucan-Minatitlán, a la altura de la desviación de Oteapan.
Y en Oaxaca, la UCIZONI reportó la toma de oficinas de CFE en
Huajuapan; el bloqueo de Tuxpetepe por parte de la CNA en la carretera
que conecta Oaxaca-Veracruz; en Salina Cruz la toma fue simbólica frente
a las instalaciones de CFE; en Sarabaia se realizó una manifestación
frente a la CFE, con lugareños de 26 comunidades.
HASTA LA ONU
Martín Esparza, dirigente del SME, informó en la Cámara de Diputados
que integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas realizarán una
caravana de la Ciudad de México a los Estados Unidos, a fin de informar
a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la violación de sus
derechos laborales por la reciente decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). El dirigente de los electricistas precisó
que partirán en dos camiones a la frontera norte donde serán recibidos
por organizaciones sindicales de mineros y estibadores de la Unión
Americana.
Ahora, dijo Esparza, la lucha será política, para lo cual es
necesaria la solidaridad de todos los trabajadores y organizaciones
sociales para hacer valer la Constitución. El dirigente explicó que una
vez que entregue el engrose a la Corte se entrará en una etapa de
racionamiento para que se reconozca el amparo otorgado por un tribunal
colegiado que obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a asumir el
papel de patrón sustituto. Esparza Flores subrayó que “los argumentos
que definieron los magistrados del máximo tribunal del país carecen de
sustento”.
Ahora que falta por saber y conocer cual será el rumbo, como
arreglaran los miles de amparos de usuarios del servicio de energía
eléctrica que fueron interpuestos a través del SME y que se encuentran,
después de los dictados de la Suprema Corte en el limbo legal. ¿También
los ministros de la “Tremenda Corte” desconocerán los amparos?
IMPUNIDAD
Un hecho por demás conocido a nivel internacional es que México es
uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y hacer
valer la libertad de expresión. La gravedad del asunto se incrementa al
conocer que el índice de impunidad en las investigaciones de las
agresiones y asesinatos a periodistas es de 81 por ciento, como lo
aseguró Javier Tapia Urbina, director de la Quinta Visitaduría de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante la instalación en
el Senado de la República de la Comisión Especial para dar Seguimiento a
las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
En México, “la vida de los periodistas está en riesgo y la seguridad
de los medios de comunicación se encuentra comprometida”, como lo señaló
el senador del PT, Marco Antonio Blázquez Salinas, presidente de esa
comisión especial, quien resaltó que entre 1983 y 1999, 22 periodistas
fueron asesinados; y entre 2000 y 2006, fueron 66 las víctimas de este
gremio; mientras que entre 2007 y 2012, en el calderonato, la cifra
subió a 127. Tan sólo en el 2012 hubo 10 periodistas asesinados, dos
desaparecidos y 27 agredidos. Se registraron 11 agresiones a medios de
difusión y México ocupó el tercer lugar mundial en asesinatos de
comunicadores, después de Siria y Somalia.
Según Tapia Urbina, del 2000 a la fecha tienen registrados 82
homicidios de periodistas, 18 desapariciones, 33 atentados a medios de
comunicación, y de estos 133 casos sólo 19 han sido consignados, es
decir, sólo el 14.2 por ciento. Del año 1999 a la fecha, la CNDH tiene
843 expedientes de agresiones a periodistas. De acuerdo con la CNDH, en
los últimos cinco años se han investigado 28 ataques contra los medios
de comunicación en diversos estados. La CNDH expresó su preocupación por
las agresiones a comunicadores que además de violentar sus derechos
humanos, vulneran el derecho de la población a estar bien informada.
También el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) reporta
que a causa de la violencia que vive el país, existe un “desplazamiento
forzado” de periodistas, donde “la capital se convierte en un refugio
temporal”, para comunicadores que migran principalmente de Veracruz,
Morelos, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Estado de
México, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca.
Ante una treintena de Senadores de todos los partidos, entre los que
se encontraban los coordinador de los panistas, Ernesto Cordero; el
coordinador de los priístas, Emilio Gamboa, el coordinador de los
perredistas, Miguel Barbosa, y el coordinador de los del PT, Manuel
Bartlett, se destacó que la criminalización de las opiniones sigue
siendo un tema pendiente en la agenda legislativa.
EXPERTOS SE CONFRONTAN
En el caso del estallido en las oficinas administrativas de Pemex,
instituciones académicas y empresas de seguridad privada se contraponen.
Por un lado, académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM),
expertos en seguridad, ingeniería y protección civil, pusieron en
entredicho que el estallido en el edificio B-2 de la Torre de Pemex se
haya debido a una concentración de gas metano, como afirma la PGR.
Guillermo Garduño, experto en seguridad, concluye que las versiones
oficiales “terminan siendo una ofensa para la inteligencia de
cualquiera”, y “más que respuestas dejan muchas, pero muchas dudas”.
Descarta que el gas metano haya provocado la referida explosión, porque
si este gas hubiera sido la causa “se hubiera producido un incendio
monumental; la humareda producida hubiera sido enorme y las víctimas
hubieran ardido, pero ningún herido está quemado”.
Para Rafael Lugo Leyte, investigador de la división de Ciencias
Básicas e Ingeniería de la unidad Iztapalapa de la UAM, debió de
tratarse de unos 6 mil metros cúbicos de gas metano para causar esa
explosión, y descartó que éste pudiera acumularse sin que nadie se diera
cuenta.
En contraposición, el director general de Pemex, Emilio Lozoya,
reiteró que una acumulación de gas metano provocó la explosión en el
edificio B de las instalaciones corporativas de Pemex. A su vez, Bryan
Dunagan, vicepresidente de integridad operacional global de la empresa
de peritaje SGS, sostuvo que una chispa fue suficiente o incluso
electricidad estática para causar la explosión por la acumulación de gas
metano, aunque falta determinar por dónde provino éste. Sobre la
cantidad de gas necesaria para producir una reacción de esta naturaleza,
refirió que una concentración del 5 al 10 por ciento podría
desencadenarla, misma que no habría sido detectada por los trabajadores.
Según los expertos de la empresa SGS, la explosión de los pilotes en
el edificio B2 de la Torre de Pemex pudo haber sido causada por una
concentración de hasta un metro cúbico de metano, que se confinó en una
celda de construcción muy pequeña. Se trató de “una explosión limpia”,
según Sergio Martínez, subdirector de Servicios Corporativos de Pemex.
REVIVE MOREIRAZO
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reactivó el llamado
“moreirazo”, al informar que detectó en las Islas Bermudas una cuenta
por más de 2 millones de dólares que pertenecen al prófugo ex tesorero
de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien se apropió de manera ilegal
de al menos 35 millones de dólares del erario coahuilense. El ex
funcionario transfirió esa suma millonaria a diferentes cuentas y se
hizo de propiedades y empresas en Estados Unidos. Los 35 millones fueron
transferidos desde abril de 2009 y se usaron para comprar propiedades
en San Antonio, Brownsville, y South Padre Island, en Texas.
Villarreal fue el principal operador financiero del ex gobernador de
Coahuila y ex líder del PRI, Humberto Moreira, Es acusado por la PGR de
retirar 3 mil millones de pesos de créditos bancarios solicitados de
forma fraudulenta y registrados como deuda estatal.
De inmediato, en Saltillo, el actual gobierno de Coahuila negó que
los recursos que buscan incautar a Javier Villarreal las autoridades
estadounidenses, 2.2 millones de dólares de una cuenta en un banco de
las Islas Bermudas, provengan de los créditos bancarios obtenidos
durante la administración estatal del priísta Humberto Moreira.
En el Senado de la República, legisladores del PAN, PRD y hasta del
PRI demandaron al gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto
continuar con las investigaciones del llamado “moreirazo”, y castigar a
los responsables para evitar que el caso quede en la impunidad.
La bancada del PAN en el Senado propuso incluso una reforma
constitucional con la que pretende castigar con sanciones
administrativas, juicio político y hasta con cárcel a los gobernadores y
alcaldes que incurran en manejos ilegales relacionados con el
endeudamiento.
Por su parte, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz,
deslindó totalmente a su partido de la investigación que realiza el
gobierno de EU en contra de Héctor Javier Villarreal.
DE LOS PASILLOS
La Comisión Federal de Competencia (CFC) confirmó la multa a
Teléfonos de México (Telmex) y a Teléfonos del Noroeste (Telnor), ambas
empresas afiliadas a América Móvil, por un monto de 657 millones 391 mil
350 pesos debido a que esas empresas incurrieron en prácticas
monopólicas relativas en el mercado de arrendamiento mayorista de
enlaces dedicados, locales y de larga distancia. La sanción se derivó de
una denuncia interpuesta por Axtel, debido a que Telmex se negó a
brindar esos servicios en el mercado de arrendamiento mayorista de
enlaces dedicados y de larga distancia.
Dichas empresas cuentan con 30 días hábiles para interponer un
recurso de reconsideración ante la CFC. De inmediato, Telmex respondió
que la CFC no valoró debidamente las pruebas aportadas sobre la
investigación de enlaces dedicados y larga distancia. Sostuvo que
“realizará el análisis exhaustivo de esta resolución a fin de determinar
las acciones conducentes ante las instancias a que haya lugar, en
estricto apego a derecho”.
El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta pidió al
gobierno federal cancelar todas las concesiones mineras en dicha zona,
al argumentar que está en riesgo no sólo el equilibrio ambiental de la
región, sino la supervivencia de la misma de los pueblos indígenas que
ahí habitan. El Consejo subraya la necesidad de echar atrás los permisos
de explotación concedidos a la empresa de origen canadiense First
Majestic Silver. Por tal motivo, exige que los trabajos de las minas y
de las granjas tomateras de explotación intensiva sean cancelados y se
inscriba a Wirikuta en el listado de patrimonio natural y cultural de la
humanidad de la UNESCO. También demanda que el Estado mexicano haga
valer los convenios nacionales e internacionales que protegen a las
comunidades indígenas, entre ellos los Acuerdos de San Andrés… Lo
invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com
en donde podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los
Estados”, que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como
presenciar los programas televisivos peninsulares “Estado de los
Estados” y “Fuego Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y
100 en caja digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9
de Campeche del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en
el correo lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o twitter: @Lilia_arellano1.
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