De La Jornada-Editorial
El secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el jueves pasado que la
administración de la que forma parte investigará las
milesde desapariciones ocurridas el sexenio pasado, las que tuvieron lugar antes de 2006, así como las que pudieran ocurrir a partir del primero de diciembre del año pasado, fecha de inicio del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, y anunció la conformación de una base de datos con cerca de 27 mil registros de desaparecidos. Por su parte, el procurador federal, Jesús Murillo Karam, afirmó que la dependencia a su cargo no puede comprometerse a encontrar a los individuos faltantes y se limitó a prometer que hará
todo lo que está en nuestras manos para paliar un poco el dolor de estas pobres personas, en referencia a los ausentes y a sus familiares...
Por su parte, el representante en México de Amnistía Internacional
(AI), Daniel Zapico, saludó como paso positivo la divulgación de la base
de datos de desapariciones, acusó a la administración anterior y a los
gobiernos estatales haber tolerado e ignorado la práctica de la
desaparición forzada de personas y criminalizado a los familiares,
además, puntualizó que en una porción de los casos hubo participación
de funcionarios públicos.
Aunque así no fuera, el Estado mexicano tiene responsabilidad en
todas y cada una de las desapariciones, por cuanto éstas ocurrieron en
el contexto de una dislocación de la seguridad pública, cuya
preservación es una obligación estatal irrenunciable, como lo es
garantizar el derecho de la ciudadanía en general a la vida y a la
libertad. Y si bien ahora el país tiene un gobierno distinto al que
ejerció el mando hasta el 30 de noviembre de 2012, hay una continuidad
institucional que obliga al Estado a asumir responsabilidades de
sexenios anteriores.
En este sentido, resulta necesario que las autoridades
actuales, además de reconfortar a los familiares de los ausentes,
realicen los esfuerzos necesarios para esclarecer las circunstancias de
las decenas de miles de desapariciones y de ubicar el paradero de las
víctimas de este delito.
Pero es necesario ir más allá. Se requiere un ejercicio de
procuración de justicia para impedir que las desapariciones ocurridas
en el contexto de la
guerra contra la delincuenciadesatada por Felipe Calderón se salden con la impunidad. Ciertamente, será imposible esclarecer la totalidad de los casos e identificar y presentar a todos los responsables, pero entre esos escenarios ideales y la exasperante falta de justicia que impera hoy día hay un gran margen para lo posible.
Sin duda, los casos en los que el esclarecimiento y la procuración de
justicia resultan más practicables –y con mayor razón, exigibles– son
aquellos en los que hubo servidores públicos involucrados en las
desapariciones de personas, lo que las convierte en desapariciones
forzadas, las cuales pueden constituir, a su vez, un delito de lesa
humanidad.
En suma, el compromiso del actual gobierno ante las desapariciones
perpetradas en el país no debe limitarse a la enumeración y
sistematización de los casos; para que resulte creíble debe llegar
también al esclarecimiento y a la justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario