De La Jornada
Entregan a sus integrantes aparatos de radiocomunicación
Nuestra revolución, de convenios, dicen brigadas de autodefensa
Si autoridades liberan detenidos ‘‘el águila va a agarrar a su presa otra vez’’
Policías de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante la asamblea en Cruz GrandeFoto Francisco Olvera
Rosa Rojas y Sergio Ocampo
Enviada y corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 11 de febrero de 2013, p. 7
Lunes 11 de febrero de 2013, p. 7
Cruz Grande municipio de Florencio Villarreal, Gro., 10 de febrero. ‘‘Esta
es una revolución de saliva más que de armas; es de convenios’’,
aseveró aquí ante la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de
Guerrero (UPOEG) Gonzalo Torres, durante una asamblea en esta población
de la Costa Chica, en la que se entregaron aparatos de radiocomunicación
a miembros de las brigadas de autodefensa surgidas en enero.
En el auditorio municipal se reunieron unas 300 personas, de las
cuales unas 50 portaban armas, pero, a diferencia de cuando instalaron
seis retenes los primeros días de enero de este año en diferentes
poblados de la región, ‘‘para frenar a la delincuencia’’, esta vez no
estaban encapuchados, cumpliendo así con el compromiso adquirido con las
secretarías de Gobierno estatal y de Gobernación federal.
Varios de los hombres armados portaban camisetas con el escudo de la
policía comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC-PC), cuya ‘‘casa de justicia’’ en el municipio de San
Luis Acatlán continúa en poder de disidentes de esa organización afines
a la UPOEG.
Torres informó que el próximo viernes 15 la dirigencia de la
organización se reunirá en Tecuanapa –también en la Costa Chica– con los
delegados federales en la entidad para tratar con ellos asuntos del
desarrollo de los pueblos, ‘‘porque siempre los apoyos llegan a los
ayuntamientos y ahora los recursos van a llegar directamente a las
comunidades... los comisarios que no tienen peticiones que la vayan
pensando’’, exhortó.
Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, consultado sobre el
número de radios entregados hoy, comentó que fueron 70 u 80; sobre quién
los financió, indicó que se compraron ‘‘con la cooperación de
transportistas y ganaderos’’ de la región. En su discurso ante la
asamblea aseguró que con la operación de las brigadas de autodefensa,
que ahora denominó abiertamente ‘‘policías comunitarios’’, se ha
devuelto ‘‘85 por ciento de la seguridad a los ciudadanos’’.
Este movimiento ‘‘no está contra los que tienen’’, dijo, convocando
al empresario a sumársele, ‘‘porque él tiene mucho que perder’’ con la
inseguridad, tiene más que quitarle la delincuencia, enfatizó.
Para los que todo el tiempo dicen que deben ajustarse a la ley,
comentó que el movimiento está fundamentado en la Constitución, que la
ley debe servir al pueblo y cuando es rebasada debe ser cambiada. ‘‘No
estamos contra el gobierno... hoy el pueblo se está organizando, pero no
para la guerra... las armas van a ser para defender la casa, la
dignidad, la vida’’, subrayó.
Instó a todos los pueblos a designar a sus policías
comunitarios y a que entreguen las respectivas actas de asamblea con los
nombramientos para que tengan legitimidad, y se va a hacer un
concentrado para que el Ejército y las policías estatal y federal sepan
quiénes son ‘‘los que pueden andar armados’’. Se hará una lista también
de a quién se le entregan los equipos de radiocomunicación y otro
concentrado para saber las tallas de los uniformes que se dotarán a los
‘‘policías comunitarios’’.
La coordinación con las instituciones tiene que darse, añadió.
Informó que de los 41 presuntos delincuentes detenidos por las brigadas
de autodefensa en enero le entregaron 11 al gobierno, ‘‘porque era
necesario’’, pero van a darle seguimiento permanente al convenio firmado
para que se les sancione conforme a derecho; si los liberan ‘‘el águila
va a agarrar su presa otra vez’’.
En San Luis Acatlán –en la zona de la Costa-Montaña–, miembros de la
CRAC-PC y de UPOEG, encabezados por Cirino Plácido Valerio, anunciaron
anoche que participarán en la reunión regional de la coordinadora a
efectuarse el próximo 23 de febrero en esa ciudad. Al mismo tiempo
designaron a 10 de sus miembros, una coordinación provisional que se
hará cargo de la ‘‘casa de justicia’’ en San Luis Acatlán, hasta que se
designe a los nuevos coordinadores.
A solicitud de la UPOEG, el sábado por la noche diez comisarios que
por la mañana habían participado en la asamblea convocada por la
dirigencia oficial CRAC-PC, se presentaron a dialogar, pero se negaron
a participar en la citada comisión provisional.
El sacerdote Mario Campos –a quien los disidentes de la CRAC-PC
designaron como intermediario entre las partes en conflicto, junto con
el presidente del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
Abel Barrera– propuso que se aceptara iniciar un diálogo este lunes con
la CRAC, y participar en la asamblea general del próximo 23 de febrero
en San Luis Acatlán. ‘‘No es una muestra de debilidad, somos los mismos;
hay que enderezar el barco’’.
Por otra parte, esta mañana en la comunidad de El Durazno, municipio
de Tixtla, ubicada a 20 kilómetros al oriente de la ciudad de
Chilpancingo, capital del estado, unos 30 ciudadanos armados y
encapuchados instalaron un retén en contra de la delincuencia
organizada. Además en Cualac, en la Montaña Alta, rindieron protesta 119
miembros de la policía ciudadana y popular, armados con escopetas y
uniformados.
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