De Índice Político
Estado de los ESTADOS
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”: Albert Einstein• Mantienen “Iniciativa Mérida”
• Ausente PGR de acuerdos en EU
• Permanecen estrategias fallidas
• Bloquean aprobación de la LFT
• Investiga PGR a “Jeniffer”: JMK
• Oposición a la reforma del IMSS
• Extranjeros dueños de haciendas
Abril 18,2013.- Durante su campaña proselitista el año pasado,
Enrique Peña Nieto prometió que al asumir el poder modificaría la
estrategia contra el narcotráfico, es decir, la guerra de baja
intensidad iniciada por Felipe Calderón al firmar con George Bush el
Plan México o “Iniciativa Mérida” y cuya aplicación provocó oficialmente
67 mil muertos a lo largo del sexenio del panista o 150 mil según otras
fuentes más fidedignas. A lo largo del primer cuatrimestre de su
gestión, el mandatario priísta ha mantenido la misma estrategia seguida
por su antecesor, con lo que se obtuvieron los mismos resultados: muerte
y violencia, reflejados en más de 4 mil 500 homicidios vinculados al
crimen organizado desde que inició esta administración.
Y no sólo eso, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, reveló que firmó el miércoles en Washington con la secretaria de
Seguridad Interna de EU, Jane Napolitano, una nueva etapa de la
“Iniciativa Mérida”, para destinar ahora mayores recursos a la
prevención y la justicia. En palabras sencillas, frente al problema de
los cárteles de droga y el tráfico de estupefacientes hacia los Estados
Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto no implementará cambios
significativos en la estrategia seguida a lo largo del sexenio anterior,
por lo que mantendrá la guerra de baja intensidad que se combate en
territorio mexicano al servicio de los intereses de los Estados Unidos,
obsesionados no en terminar con el narcotráfico sino en que la
administración de las actividades de éste se mantengan bajo su control,
lo que facilita proveer de drogas a su creciente población adicta, más
de 30 millones, a lo largo y ancho de ese país, y que las ganancias que
genera esta ilícita actividad, al menos 300 mil millones de dólares al
año, se “laven” y se queden en sus sistema financiero porque se han
convertido en un importante pilar de su economía.
Así, la “Iniciativa Mérida”, es decir el tratado internacional entre
Estados Unidos y México, impuesto a Felipe Calderón por George Bush en
2008, pasará a su siguiente etapa, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos
2013 de los Estados Unidos, operada por el Departamento de Estado y el
Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el
Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI y la DEA, y
ejecutada parcialmente por las secretarias de Gobernación, de la Defensa
Nacional, de Marina Armada de México, la Procuraduría General de la
República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen).
No importa en absoluto que la estrategia seguida permita también
criminalizar la lucha social y de sindicatos de trabajadores. Tampoco es
relevante que la “Iniciativa Mérida” agudice la guerra de baja
intensidad en el país o que se aproveche para reforzar la
contrainsurgencia en diversas regiones del territorio nacional. Tampoco
es relevante que se mantengan e incluso se incrementen los abusos a los
derechos humanos por parte de las fuerzas policíacas y militares. Nada
de eso importa frente al negocio y las ganancias que deja el
narcotráfico en los Estados Unidos.
Osorio Chong difundió este jueves que “firmamos una nueva carátula de
la Iniciativa Mérida, que hasta la fecha ha presupuestado unos mil 600
millones de dólares, en una reunión el miércoles con la Secretaría de
Seguridad Interna estadounidense, Janet Napolitano”. Y añadió que
“estamos planteando el que pueda ocuparse parte de estos recursos para
la prevención, que no estaba considerado”, y también para aplicar el
nuevo marco de justicia penal “que estamos implementando” en el país. El
funcionario informó que la semana entrante se instalará una mesa
binacional que permitirá coordinar los nuevos proyectos “rápidamente” y
que también servirá para agilizar la entrega de los recursos de la
Iniciativa Mérida que aún siguen represados.
El político hidalguense defendió los “avances” en materia de
seguridad desde que asumió en diciembre pasado el presidente Enrique
Peña Nieto, al señalar que en lo que va del año han disminuido los
homicidios en un 17 por ciento, en comparación con el mismo periodo del
año 2012. “No vengo a decir que esto está resuelto, quiero dejarlo muy
claro, quiero decir que estamos haciendo lo que nos corresponde para que
pueda suceder”, aclaró. Sin embargo, hasta esos datos están siendo
cuestionados. Según Javier Hernández, representante en México de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, las reducciones de homicidios en México, no son producto de la
nueva estrategia de seguridad del gobierno de Peña Nieto, sino de los
acomodos y acuerdos de los grupos criminales.
Explica que en algunas regiones, la consolidación de un grupo del
crimen organizado, es decir, su hegemonía entre otros grupos que se
disputan la plaza, lleva al cese de la conflictividad, y eso explica
también la reducción de muertes violentas. Argumenta que “alegrarse
porque se redujo la cantidad de muertes en una localidad puede llevarnos
al efecto perverso de no darnos cuenta de que ahí tal vez el mayor
riesgo (sigue presente): el control, sin disputa, de una organización
criminal, con todo el potencial de sustituir la voluntad ciudadana y de
las autoridades”.
Además, la percepción de un menor número de delitos tiene que ver
también con la difusión que se le da en los medios de comunicación a los
sucesos violentos y lo que se ha visto hasta ahora es que hay una
reducción en la cobertura de éstos, derivada de la estrategia del
gobierno federal en la materia, por un lado, y por el otro como medida
de autoprotección de los propios representantes de dichos medios. Para
Hernández, el “camino de salida” a la situación de violencia en México
pasa por la toma de decisiones al más alto nivel, para el retiro del
Ejército y de la Marina de tareas de seguridad pública, o de la puesta
en marcha de la anunciada Gendarmería Nacional.
La posición de subordinación asumida por el responsable de la
política interna de México, les cayó a las autoridades estadounidenses
como anillo al dedo para llevar a cabo el replanteamiento de la
“Iniciativa Mérida” diseñado en el Departamento de Estado, quien subraya
que los mil 600 millones de dólares invertidos en dicho plan han sido
utilizados desde 2008 en la compra de equipo y capacitación de elementos
de seguridad, en proporcionar tecnología, el reforzamiento de las
tecnologías de información, el desarrollo de infraestructura y la
seguridad fronteriza, por lo que futuros esfuerzos bilaterales “deben
enfocarse en fortalecer las instituciones mexicanas, expandir
continuamente los programas a los estados y municipios, y progresar más
para adquirir metas compartidas”.
Tras el acuerdo alcanzado por México y Estados Unidos durante la
visita de Osorio Chong a Estados Unidos, se espera que los 234 millones
de dólares solicitados por el Gobierno de Barack Obama al Congreso para
financiar la “Iniciativa Mérida” este 2013, finalmente fluyan para los
programas tendientes a reducir la violencia y el número de homicidios en
el país. Al gobierno estadounidense y a legisladores en el Senado y la
Cámara de Representantes les inquieta que Peña Nieto se enfoque en
reducir la violencia, y le ponga menos atención al asunto del tráfico de
drogas y a la captura de capos.
Al término de una reunión con altos funcionarios responsables de
seguridad en Estados Unidos, entre los que se encontraban el Procurador
de EU, Eric Holder; Michelle Leonhart de la DEA; Robert Muller del FBI y
Todd Jones de ATF, Osorio Chonge admitió que la coordinación entre
autoridades de México y Estados Unidos resulta fundamental para el
combate al crimen organizado en ambos lados de la frontera. El
funcionario confirmó que “los mecanismos de coordinación entre ambas
naciones de mantienen vigentes y funcionando, por lo que deben traer
beneficios tangibles para nuestras naciones”.
Osorio Chong hizo en Washington algo que no ha podido o querido hacer
en nuestro país: explicar en qué consiste la nueva estrategia del
gobierno federal contra el crimen organizado, durante las reuniones que
sostuvo con funcionarios de la administración de Barack Obama. El
funcionario expuso que para reducir la violencia en México se tiene una
estrategia que incluye una adecuada planeación, programas de prevención
social, protección y respeto a los derechos humanos, coordinación entre
autoridades, un nuevo modelo de justicia penal y la evaluación y
retroalimentación de la estrategia de seguridad.
Por lo anterior, sostuvo que resulta imperativo que la relación
bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad esté
enfocada hacia el intercambio de información y experiencias a través de
la cooperación y la confianza. Ahora bien, parte de lo acordado y
expresado corresponde al área de la Procuraduría General de la
República, es más, el antecedente de operaciones conjuntas y la
Iniciativa Mérida eran acuerdos en los que intervenía el responsable
directo de las acciones, ¿Qué está pasando entre dos importantes
miembros del gabinete que uno de ellos no está presente? Es una simple
preguntita.
ATORADA, REFORMA EN TELECOMUNICACIONES
Al no alcanzarse los consensos necesarios en las comisiones de Puntos
Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio y Televisión, y
Estudios Legislativos, se “atoró” la dictaminación de la Ley de
Telecomunicaciones en el Senado de la República, debido a diferencias
entre las fracciones políticas en dos temas fundamentales: la red
troncal y la suspensión provisional sobre las resoluciones del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y la Comisión Federal de
Competencia (Cofeco).
El coordinador del PRD en la Cámara alta, Miguel Barbosa, sostuvo que
“el tema de al red troncal se debe de preservar como cualquier servicio
público, todos los servicios públicos son propiedad del Estado mexicano
y éste puede concesionarlos, pero no puede hacer en la Constitución una
previsión de que deba ser concesionado, que deba ser entregado al
sector privado”.
Por otro lado, la discusión sobre el tema de la suspensión se debe a
que el PAN empuja la demanda de la iniciativa privada para que las
resoluciones de los órganos reguladores del sector puedan ser
suspendidas por el Poder Judicial.
A pesar de los diferendos, los coordinadores parlamentarios de las
principales fuerzas políticas representados en el Senado hacen esfuerzos
para que la reforma en Telecomunicaciones sea aprobada en este periodo
de sesiones.
AUMENTO A CUOTAS DEL IMSS
La factura para cubrir los déficits de operación del IMSS hasta el
2015 se la quieren pasar a los trabajadores y empresarios, a lo que al
menos éstos últimos se oponen firmemente y cabildean con los
legisladores para que no se apruebe, en los términos en los que la
presentó el diputado con licencia Sergio Torres, la iniciativa de
reforma a los artículos 27 y 32 de la Ley del IMSS, que va encaminada a
homologar las bases gravables a partir de las cuales se estiman las
cuotas obrero-patronales con las del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo
que significaría un aumento que podría llegar hasta el 30 por ciento en
los pagos a ese instituto.
La oposición de los empresarios, de los trabajadores y hasta de
algunos legisladores que han captado como viene la jugada es no sólo por
el aumento de las cuotas y el fácil pase de factura, sino porque no se
va a resolver la cuestión de fondo toda vez que después del 2015 el
déficit del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvería a ser
de por lo menos 22 mil 776 millones de pesos. El fondo del asunto es que
el IMSS se encuentra en una situación deplorable debido a una gran
cadena de corruptelas en las que están implicados funcionarios que lo
han dirigido en la última década y que se han caracterizado no
precisamente por su honradez o su competencia administrativa sino por
todo lo contrario.
Ahora resulta que otro caso de corrupción como la que se ha
denunciado existe en el IMSS y lo que ello ha provocado de nueva cuenta
pasará a las cuentas por pagar o a los impuestos a pagar de los
mexicanos y todo ello coronado con un deficiente, malo, insuficiente
servicio médico.
COSTAS A EXTRANJEROS
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos Constitucionales
aprobó el proyecto de reformas al artículo 27 de la Constitución
Política para autorizar a los ciudadanos extranjeros adquirir terrenos
para uso de vivienda y sin fines comerciales, en las fronteras y playas
mexicanas. Cabe destacar que actualmente el texto constitucional prohíbe
la propiedad de ciudadanos de otros países en una franja de 100
kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 kilómetros junto a los
litorales del país.
Según el coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones,
con dicha reforma “se pretende acabar con simulaciones, subterfugios y
hasta actos de prestanombres por parte de ciudadanos de otros países
para adquirir una casa habitación en playas mexicanas.
A lo anterior se opone el coordinador del Movimiento Ciudadano,
Ricardo Monreal, quien calificó el cambio de “muy grave” por considerar
que existen razones históricas para conservar la prohibición de
propiedad a extranjeros en fronteras y playas. Indicó que “hoy me temo
que si esto se aprueba, pronto los mexicanos dejarán de ser dueños en
las costas en territorio nacional y simple y sencillamente se estará
avalando la entrega del patrimonio nacional a los extranjeros, ¡es muy
grave!”, sostuvo. ¿Quién y cuantos ganan al obtenerse esa aprobación?
Habrá que hacer cuentas y considerar los miles de millones de dólares
invertidos en terrenos que todavía tienen factura nacional.
BLOQUEAN MAESTROS AUTOPISTA DEL SOL
Mientras en el Congreso del Estado de Guerrero se “atoró” el proyecto
de reforma a la Ley Estatal de Educación presentado por la Coordinadora
de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CEETEG), los maestros
disidentes iniciaron una marcha junto con otras organizaciones que
conforman el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) para exigir a los
legisladores locales que apruebe dicho decreto de reforma a la
legislación de Educación en la entidad.
Desde la mañana llegaron contingentes que tomaron el carril que va de
norte a sur, con dirección a Acapulco, de la Autopista del Sol, y al
filo del mediodía día tomaron el otro carril, con lo que bloquearon la
vía en su totalidad. De ahí se trasladaron al Congreso local para
presionar a los legisladores para que aprueben su propuesta de reforma a
la Ley Estatal de Educación.
Pero en el Congreso no se han alcanzado acuerdos. Los integrantes de
las comisiones unidas de Educación y Presupuesto siguen sin alcanzar un
acuerdo para dictaminar la iniciativa presentada por los mentores
disidentes. Los perredistas decidieron no mover la redacción que al
inicio de la semana dejo satisfecha a la CETEG, pero los priístas y
verde ecologistas se oponen a firmar el dictamen.
También en Michoacán, estudiantes normalistas iniciaron bloqueos en
uno de los principales accesos a Morelia, paso obligado de mercancías
procedentes de Lázaro Cárdenas. Estudiantes de la Normal de Tiripetio
cerraron carriles de la carretera Morelia-Pátzcuaro, para exigir
cumplimiento a demandas económicas y académicas. En caso de no ser
atendidos por las autoridades, los estudiantes amenazaron con
radicalizar sus acciones mediante el secuestro de autobuses.
DE LOS PASILLOS
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, adelantó
que ya iniciaron las investigaciones en torno a las personas que
participaron en la acusación que mantuvo en prisión al ex subsecretario
de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare. El funcionario reiteró
que la PGR entregó conclusiones no acusatorias en el juicio contra el
militar porque no había elementos de prueba para hacer lo contrario.
Sobre el particular, penalistas coincidieron en que las investigaciones
que inicie la PGR en contra del testigo protegido “Jenniffer” será “una
pérdida de tiempo” y un “gasto inútil” para el Ministerio Público
Federal, si no se incluye en esas pesquisas al ex presidente Felipe
Calderón y a sus ex colaboradores Eduardo Medina Mora, Marisela Morales
Ibáñez y Genaro García Luna, en calidad e inculpados, pues “está
quedando claro que toleraron fabricación de pruebas y manipulación de
testigos”.
Derivado de las denuncias que hiciera el dirigente nacional del PAN,
Gustavo Madero, quien pidió la renuncia de cinco funcionarios en el
Estado de Veracruz, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social,
Rosario Robles Berlanga, anunció que separó temporalmente al delegado en
Veracruz, Ranulfo Márquez, y destituyó a Felipe Sosa, coordinador
operativo de Sedesol; Elí Jeffer Mendoza, jefe de zona; Raúl Molina,
jefe de zona; Graciela Tejeda, enlace operativo del programa 65 y más;
Jesús Balbuena, de Oportunidades, y Mariana Molina, supervisora de
Oportunidades. Dijo que estas personas estuvieron involucradas en hechos
de “manipulación electoral” de la ayuda. En torno a este asunto, el
Senado de la República citó a comparecer para el próximo martes a la
titular de Sedesol, Rosario Robles, para que explique el presunto uso,
con fines electorales, de los programas sociales contra la pobreza. El
perredista Alejandro Encinas dijo que el problema no se resuelve con
despedir a seis funcionarios menores de Veracruz, sino en impedir el
manejo corporativo del PRI en todo el país.
Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com en donde
podrá escuchar los programas radiofónicos de “Estado de los Estados”,
que se transmiten por Radio 620 de la Cadena Rasa, así como presenciar
los programas televisivos peninsulares “Estado de los Estados” y “Fuego
Cruzado”, que se transmiten por canal 10 de Cancún y 100 en caja
digital, canal 29 de Mérida y 117 en caja digital, y canal 9 de Campeche
del sistema de cable. Esperamos también sus comentarios en el correo
lilia_arellano@yahoo.com; así también en Facebook con (Lilia Arellano) o
twitter: @Lilia_arellano1.
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